Durante 2019, cuando hubo una contracción del crecimiento económico de 0.1 por ciento, de los 84 bienes y servicios que conforman la canasta básica, 26 elevaron sus precios en un porcentaje mayor al de la inflación, de acuerdo con la Conasami. Sin embargo, el ex Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, días después de ser elegido como dirigente interino de Morena, propuso aumentar un peso al IEPS de cigarros, refresco y alcohol para destinar los recursos al Insabi, cuestionado por la oposición. Para la ANPEC y la Canacope CDMX, no es viable, sino una ocurrencia con fines políticos.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso cobrar un peso adicional por cajetilla de cigarros, litro de refresco, alcohol y cerveza al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), lo cual permitiría obtener recursos adicionales por 72 mil millones de pesos para hospitales del tercer nivel del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Al sumarlo con las estimaciones contenidas en la Ley de Ingresos de la Federación 2020, daría un total de 206 mil 532 millones de pesos. Sin embargo, comerciantes lo ven como una «ocurrencia» inviable con fines políticos, en el marco de una tendencia alcista de precios en 2019 que continuó este enero.
En medio de una disputa por la dirigencia del partido en el poder, el domingo pasado la Consejera nacional Bertha Luján celebró un Congreso Nacional donde se eligió a Ramírez Cuéllar, pero la Secretaria nacional Yeidckol Polevnsky planea impugnarlo ante el Tribunal Electoral (TEPJF) al considerarlo contrario al estatuto del partido.
«No debemos permitir que se siga haciendo política con base en ocurrencias. Está ganando la ambición de la popularidad fugaz para ganar notoriedad. Él sabe –fue el presidente de la Comisión de Presupuesto– que en noviembre y diciembre se votó el Presupuesto para 2020. Ni legal ni económicamente hay condiciones para este tipo de propuestas de incremento al IEPS de estos productos, siendo que el Gobierno federal ha ratificado su compromiso de no incrementar los impuestos ni crear nuevos», dijo Cuauhtémoc Rivera, director de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). «Es una ocurrencia, total imprudencia e irresponsabilidad que en poco ayuda a la situación económica que priva en el país. La gente es la que vería más agujerado su monedero».
Durante 2019, cuando hubo una contracción del crecimiento económico de 0.1 por ciento, de los 84 bienes y servicios que conforman la canasta básica, 26 productos elevaron sus precios en un porcentaje mayor al de la inflación, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).
Entre los productos que incrementaron sus costos destacan los de primera necesidad como el huevo (16.75 por ciento), azúcar (10.43 por ciento), frijol (10.39 por ciento), chocolate líquido y para preparar bebidas (6.39 por ciento), pan de caja (6.28 por ciento), sopas instantáneas y puré de tomate (6.20 por ciento), pasta para sopa (5.46 por ciento), jamón (5.38 por ciento), concentrado de pollo y sal (5.31 por ciento), chiles envasados (5.18 por ciento), pan blanco (4.85 por ciento), refrescos (4.62 por ciento), leche fresca pasteurizada (4.43 por ciento) y las masas y harinas de maíz (4.59 por ciento).
«Esta tendencia alcista que encarece la calidad de vida de los mexicanos se ha recrudecido en esta cuesta de enero», aseguró Rivera. «Es muy momento duro para agregar este tipo de políticas de simulación».
Eduardo Contreras Pérez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canacope) de la Ciudad de México, coincidió en que no es viable «ya que ya existen impuestos sobre cigarros y bebidas azucaradas y adicional está el IEPS a las gasolinas que también hace que los costos en esos productos se eleven» por el costo del transporte.
«También sabemos que al inicio de año algunos productos de anaquel ajustan sus precios y suben sus costos. Subir un peso no se escucha mucho ni tan gravoso, pero para el pequeño y mediano comerciante, en el nivel que lo adquieren para poderlo revender, les estaría siendo un poco complicado y les afectaría», dijo Contreras.
El monitoreo mensual realizado por la ANPEC a los precios de los productos de la canasta básica del 15 de diciembre al 15 de enero –ya considerando el ajuste al IEPS para 2020– detectó incrementos a nivel nacional en el precio de jitomate (51.93 por ciento), tomate (36.2 por ciento), limón (36.75 por ciento), naranja (21.98 por ciento) y azúcar (17.92 por ciento).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en la primera quincena de enero de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un alza quincenal de 0.27 por ciento, así como una inflación anual de 3.18 por ciento, frente al 4.29 por ciento del mismo periodo del año pasado. Además, en su comparación anual, en el último mes de 2019 el Índice de Confianza en el Consumidor mostró una disminución de menos 1 punto.
«Lo vemos más como un acto político para afianzar su nuevo puesto que algo que se pueda llevar a cabo, porque el Presidente ya indicó que no quiere más reformas fiscales este año», afirmó el presidente de la Canacope de la capital del país.
PROPUESTA DEL DIRIGENTE DE MORENA
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, más de 6 millones de mexicanos fuman y más de 10 millones ingieren alcohol de manera cotidiana. Estas acciones, a la larga, además de afectar severamente la salud de los consumidores deriva en altos costos de atención en el sector salud (555 mil millones de pesos al año) y en una baja productividad por enfermedades asociadas, argumentó el ex Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, por lo que inhibir su consumo mediante el incremento de su precio puede reducir el número de casos de enfermedad y reducir los costos de atención.
Pero el director de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) Cuauhtémoc Rivera afirmó que, si bien México tiene un problema de salud pública muy complejo, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se vinculó la recaudación fiscal con ese argumento, «pero al llegar a la Hacienda Pública ese dinero no se destinó a la salud como los bebederos de agua que se prometieron. Fue una medida para recompensar la caída de ingresos de las finanzas públicas y no se logró desincentivar el consumo de estos productos dañinos».
El Insabi, dirigido por Juan Ferrer Aguillar, busca atender las demandas de entre 20 y 30 millones de personas que no tienen acceso efectivo a los servicios de salud. Se planea garantizar el personal de salud, tanto general como especializado; rehabilitar la infraestructura física, lograr el abastecimiento de insumos y equipos y basificar al personal.
En el tercer nivel de atención al que planea llevar los recursos adicionales se proporcionan servicios de especialidad, para atender enfermedades complejas como cardiopatías congénitas, padecimientos hemato-oncológicos, nefrológicos y neurológicos, entre otros. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2018, las familias mexicanas gastan 161 mil millones de pesos en gasto de bolsillo en salud, y alrededor de la tercera parte del desembolso se ubica en rubros que pudieran considerarse del tercer nivel de atención.
Hasta el lunes pasado, 21 estados han aceptado adherirse a este modelo y 11 están en proceso, de acuerdo con el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Los gobernadores del PRI han decidido adherirse, pero los panistas siguen en contra.
El dirigente interino de Morena justificó que el 30 por ciento del personal de salud se encuentra contratado bajo esquema eventual, por lo que se necesitan alternativas financieras que permitan su basificación y condiciones laborales dignas, así como ingresos para medicamentos, insumos para la atención e higiene del paciente, gastos administrativos, equipo médico de calidad y recursos para investigación.
«Esta medida solo es el comienzo de una transformación gradual que es necesaria en el sector salud, pues aunque se inyectarían recursos adicionales, no son suficientes para financiar la gratuidad universal», expuso.
Agregó que será necesario reformar el artículo 36 de la Ley General de Salud que señala el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
