En 2011, el director de la Comisión Estatal de Aguas de Jalisco, César Luis Coll Carabias, y el Secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen Farah, recibieron un estudio académico que revelaba que un 40 por ciento de niños de la región aledaña al río Santiago –contaminado por la industria sin regulación– tenía metales pesados en su cuerpo. Lo ignoraron.
El colectivo Un Salto de Vida exige la cárcel para ellos. La autora del estudio, la doctora Gabriela Domínguez, lamentó que si le hubieran dado seguimiento se hubieran atendido los menores… pero ahora es tarde.
Ciudad de México, 2 febrero (SinEmbargo).– Huele a una mezcla entre huevo podrido, detergente y heces de ganado. El río Santiago, que pasa por el corredor industrial de El Salto hasta Ocotlán, Jalisco, está invadido por una espuma blanca tóxica. Un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregado en 2011 a la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco, que a su vez notificó a la Secretaría de Salud estatal, advirtió que en promedio 40 por ciento de niños de la zona tenía metales pesados en sus cuerpos como plomo o cadmio que se quedan en el organismo por décadas. Sin embargo, los funcionarios del gobierno panista de Emilio González Márquez (2007-2013) ignoraron los resultados.
El director de la CEA Jalisco en ese periodo era el panista César Luis Coll Carabias, quien estuvo preso en 2015 por presunto desvío de 3 millones de pesos durante esa gestión. El ex Secretario de Salud estatal era el Dr. Alfonso Petersen Farah, actual Vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Su primo Fernando Petersen Farah es el actual Secretario de Salud local.
«No lo podemos clasificar de otra forma más que de un crimen de Estado que contribuyó a la enfermedad y muerte que está ocurriendo aquí. Pedimos mínimo la cárcel para estos funcionarios que decidieron ocultar el estudio. Lo peor es que algunos de ellos se han mantenido en cargos en los dos sexenios subsecuentes [Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) y Enrique Alfaro Ramírez (2018-actual)], es decir, no han tenido ningún escrúpulo. Nunca lo van a asumir, pero siempre ha habido un encubrimiento a la industria porque los capitales son muy grandes. Podemos acusarlos de homicidio», aseguró Alan Carmona, de la organización Un Salto de Vida conformada por habitantes de El Salto y Juanacatlán.
Contó que han habido muertes de niños y adultos por enfermedades crónicas como cáncer, insuficiencia renal y abortos espontáneos. También se han presentado malformaciones, daños en la piel y hasta enfermedades neurológicas como depresión o esquizofrenia que han terminado en suicidios. No descarta que estén relacionados con el ambiente enfermo.
La cláusula de confidencialidad del informe venció en noviembre pasado, los resultados por fin se publicaron en diciembre y los pobladores «quedaron en shock sabiendo que está uno inmerso en este ambiente enfermo y que nuestros hijos son los más vulnerables», dijo el habitante.
También culpan de encubrimiento al Dr. José Mario Márquez Amezcua, quien recibió el estudio y es Director General de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Jalisco, y al Ing. Ricardo Robles Varela, entonces Director de la Unidad Ejecutora de Abastacemiento y Saneamiento de la Comisión Estatal de Agua.
La coordinadora del estudio del Departamento de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Dra. Gabriela Domínguez Contreras, compartió en entrevista que están consiguiendo fondos a través de Conacyt o fundaciones, independientemente del Gobierno, para poder darle continuidad a los resultados de hace una década.
«Este seguimiento por su puesto que lo debió de dar la Secretaría de Salud estatal en su momento», dijo quien entregó los resultados en persona a la Comisión Estatal del Agua, la cual pidió una reunión con la Secretaría de Salud estatal de Petersen Farah. Al ver que no actuaron, sintió mucha impotencia. «Me hicieron a un lado y no me volvieron a hablar», recordó.
«No tiene justificación posible que no hayan hecho nada. Desgraciadamente a diez años muchas situaciones que se hubieran podido prevenir, corregir, atender, revertir, a lo mejor ahora para muchos niños ya fue tarde», aseveró la Doctora Domínguez.
«LA REGULACIÓN HA SIDO NULA»
«Nunca hemos visto un río sin espuma», recordó Alan, habitante de la región del río Santiago. «Desde principios de los años ochentas ya estaba presente. La contaminación química por las industrias comenzó desde la instalación de la primera fábrica textil en 1906 y posteriormente la de Nestlé en 1936. El crecimiento del corredor industrial, que fue a partir de las políticas de apertura comercial en los ochentas y con mayor intensidad en los noventa con el Tratado de Libre Comercio, nos tiene metidos en este ambiente tóxico e insoportable».
Otro estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) reveló que el 94 por ciento de las industrias aledañas al río Santiago incumplen con la NOM-001-SEMARNAT-1996 y vierten 507.5 toneladas diarias de contaminantes.
Vía telefónica, Alan enlistó las empresas que producen en el corredor. Dice que hay más de 600, entre ellas, las trasnacionales Nestlé, IBM, Hershey’s, Honda y mexicanas como Papel San Francisco y Empaques Modernos de Guadalajara.
«Uno de los argumentos de la CEA y del IMTA para no darnos los resultados era que se ponían en riesgo las ventajas competitivas de las industrias si la población y otras industrias conocían qué tipo de contaminantes estaban vertiendo», afirmó el activista de Un Salto de Vida.
«La regulación ha sido nula. No ha habido una política de vigilancia, sanciones y clausuras efectivas. La prueba está que la contaminación es peor», añadió.
El Gobierno de Jalisco actual manifestó en un comunicado de prensa que aunque el informe fue realizado hace una década, toman los resultados como una referencia que permite robustecer el plan integral de acciones «para recuperar» el río Santiago.
Resaltó que durante 2019 la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 358 visitas de inspección e interpuso ocho sanciones y 11 clausuras. Hay 263 procedimientos abiertos y 76 en etapa de dictaminación.
ARSÉNICO, CADMIO, PLOMO… EN NIÑOS
En 2009, el Gobierno panista de Emilio González planeaba construir una presa en la barranca del río de Santiago, por lo que el agua contaminada llegaría a los ciudadanos. La sociedad civil se opuso y exigió un estudio de riesgo en salud antes de echar la primera piedra. Ante los resultados se canceló la obra.
En 2011, la coordinadora del estudio del Departamento de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Dra. Gabriela Domínguez Contreras, presentó los resultados en una reunión con miembros de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría de Salud.
En una muestra de 330 niños de seis poblados aledaños al río Santiago el arsénico (relacionado con cáncer) estuvo presente en más del 40 por ciento de los niños de Juanacatlán y La Cofradía; el cadmio (causa daño renal) fue hallado en 98 por ciento de menores de El Salto, 71 por ciento de Juanacatlán, y 84 por ciento en la Cofradía y en 77 por ciento de los de Puente Grande.
La presencia de plomo en la sangre de los niños muestreados de Juanacatlán estuvo en el 93 por ciento, y del 60 al 80 por ciento de los niños de El Salto y Juanacatlán presentaron ácido mucónico por ingesta de benzeno, un contaminante asociado a cáncer.
«Encontrar tantos metales en tan porcentaje de niños es algo muy preocupante, porque ahí no vemos el efecto en cada uno de ellos de manera aislada, sino es un efecto combinado donde se dan sinergias y se potencian los daños», dijo en entrevista la Dra. Gabriela Domínguez.
«El plomo y el cadmio son metales que se quedan en el organismo. El plomo se aloja en hueso y puede permanecer hasta 60 años, y el cadmio se aloja en riñón y ahí se queda hasta 40 años. Al hacer daño por el resto casi de la vida útil de las personas, no hay una reversibilidad posible», explicó.
En los determinantes sociales el estudio documentó que en El Salto, la población más afectada por tóxicos, el 28 por ciento no era derechohabiente hace una década y otro 12 por ciento no contaba con clínicas de salud gratuitas. En Juanacatlán, el 18 por ciento no tenía seguridad social.
