Las demandas civiles son totalmente inusuales, ya que lo ordinario es que el Gobierno mexicano pida la participación de las autoridades de Estados Unidos. Pero el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, del Revolucionario Institucional (PRI), ha entorpecido acciones legales en contra de ex gobernadores que son miembros de su partido. Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex mandatarios priistas, fueron detenidos en el extranjero o por autoridades locales.
Y la PGR simplemente no ha movido un dedo para pedir la extradición del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte, un priista con relaciones políticas de altos vuelos y vinculado a desvío de fondos.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El Gobierno de Veracruz entabló varias demandas civiles esta semana para recuperar decenas de propiedades en el área de Houston que fueron compradas con millones de dólares robados por el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, reveló este día el diario texano Houston Chronicle.
Las demandas civiles son totalmente inusuales, pues lo ordinario es que el Gobierno mexicano pida la participación de las autoridades de Estados Unidos.
Veracruz es gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN). Con anterioridad, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, del Revolucionario Institucional (PRI), ha entorpecido acciones legales en contra de ex gobernadores que son miembros de su partido. Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex gobernadores priistas, fueron detenidos en el extranjero o por autoridades locales.
La Procuraduría General de la República (PGR) simplemente no ha movido un dedo para enjuiciarlos por corrupción, como sucede con el ex Gobernador César Duarte, de Chihuahua, o con el ex titular de Pemex.
“Las autoridades de Veracruz han acusado a Javier Duarte de Ochoa de desviar casi mil millones [de pesos] de las arcas de ese estado rico en petróleo a varias compañías ficticias y propiedades en todo el mundo, según declaraciones del Fiscal General mexicano. Las demandas civiles presentadas esta semana alegan que parte de ese dinero fue lavado a través de terrenos y casas suburbanas en Woodlands y Spring”, dice el diario.
Anthony Buzbee, un abogado litigante que ha sido contratado para representar al gobierno de Veracruz, dijo a los periodistas Robert Downen y Lise Olsen que había varias formas por medio de las cuales Duarte escondía dinero.
“A veces eran maletas de dinero», dijo Buzbee. «A veces se trataba de contratos falsos para amigos y compañías ficticias. A veces era ‘Vamos a construir este camino y asignar 100 millones’ y luego el camino nunca se construyó. El desafío es encontrarlo todo», dijo.
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El Houston Chronicle dice que en cinco demandas presentadas esta semana en el Condado de Harris, el actual gobierno de Veracruz busca recuperar más de 75 millones de dólares que, según afirma, fueron reinvertidos en parte en 40 propiedades distribuidas en los condados de Harris y Montgomery por individuos y compañías de Texas que se describen como asociadas con Duarte, según los alegados y registros de propiedad.
“Duarte visitó The Woodlands y compró allí una membresía en el club de golf, pero no posee bienes inmuebles bajo su propio nombre. En cambio, los hogares mencionados en los juicios fueron comprados por otros acusados por el gobierno de Veracruz de ser prestanombres”, cita el diario texano.
«Duarte orquestó un plan en el cual cientos de millones de dólares asignados a programas sociales fueron desviados a una elaborada red de compañías fantasmas, entre otras fechorías», argumentan las cinco demandas civiles separadas, aunque interrelacionadas, presentadas en cortes de distrito en el condado de Harris. “El dinero robado por Duarte legítimamente pertenece a la gente del Estado de Veracruz”.
El periódico texano dice que es inusual que un gobierno extranjero intente contratar a un abogado privado para recuperar mediante el uso de demandas civiles los activos supuestamente robados. La opción más común sería buscar acciones de confiscación civil con la ayuda del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro.
Meses atrás, las autoridades mexicanas le pidieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que les ayudara a rastrear los activos de Duarte. Una portavoz del Departamento de Justicia rechazó el jueves comentarios sobre las demandas civiles y los cargos penales presentados contra Duarte en México.
