Junto a otras ex altas autoridades, Quintana está asilado en la residencia de México en La Paz, a la espera de que el Gobierno interino de Bolivia les otorgue un salvoconducto para cumplir asilo en el país norteamericano.
La Paz, 2 enero (EFE).- El Vicepresidente del partido español de ultraderecha Vox, Víctor González, y el eurodiputado por esa formación Hermann Tertsch llegaron a La Paz en busca de información sobre el reciente incidente que derivó en la expulsión de diplomáticos de España y México.
Ambos políticos llegaron a Bolivia «por expreso deseo» del Presidente de Vox, Santiago Abascal, «para buscar claridad» sobre lo ocurrido el pasado 27 de diciembre, dijo Tertsch en una rueda de prensa posterior a una reunión con los ministros bolivianos de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.
«Necesitamos claridad sobre lo que pasó el día 27 con esa extraña irrupción de unos encapuchados que iban a la Embajada mexicana y que después hemos tenido unas explicaciones para nada convincentes que a nosotros no nos han parecido suficientes y por eso hemos venido aquí», sostuvo el eurodiputado.
Por su parte, González manifestó el «compromiso total y absoluto» de su partido de «investigar hasta las últimas consecuencias los rarísimos acontecimientos de estos últimos días».
Vox buscará que los resultados de esa investigación lleguen por «todas las vías legislativas y judiciales» en España, aseguró.
Los políticos también señalaron su intención de «saber cuál es el alcance» y los «vínculos» del partido político español Podemos con «ex dirigentes del partido de (Evo) Morales».
Algunos señalamientos apuntaron principalmente hacia el ex ministro de la Presidencia de Morales Juan Ramón Quintana sobre el que pesa una orden de apremio por terrorismo y sedición.
Junto a otras ex altas autoridades, Quintana está asilado en la residencia de México en La Paz, a la espera de que el Gobierno interino de Bolivia les otorgue un salvoconducto para cumplir asilo en el país norteamericano.
Tertsch manifestó que todas las labores que realicen en Bolivia se harán públicas de manera que sirvan a bolivianos y españoles para saber sobre los peligros de «ciertas relaciones y personas».
El Gobierno interino de Bolivia decidió el lunes pasado declarar personas no gratas a la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y al cónsul Álvaro Fernández, tras valorar que dañaron la soberanía boliviana.
La declaración también afectó a la Embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a quien junto a los dos diplomáticos señalados se dio 72 horas para que abandonen el país.
La determinación boliviana se originó en la visita el pasado 27 de diciembre de los diplomáticos españoles acompañados de individuos «encapuchados» y «presumiblemente armados» a la embajadora de México en su residencia en La Paz.
El Ejecutivo español ha negado en todo momento aquello, al asegurar que se trató de una visita de «cortesía» y que los diplomáticos iban acompañados de «personal de seguridad» para su propia protección.
España también ha calificado de «gesto hostil» la decisión del Gobierno boliviano y replicó con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos que, según la Cancillería del país suramericano, fueron designados durante la gestión de Evo Morales.
Este jueves la canciller boliviana se reunió con embajadores de los países miembros de la Unión Europea (UE) en La Paz para dialogar sobre el incidente y la decisión de expulsar a los diplomáticos.
También anunció que el vicecanciller del país, Gualberto Rodríguez, asumirá el rol de nuevo Encargado de Negocios ante España.
