La detención arbitraria y expulsión de sus propios ciudadanos por los Gobiernos locales sobre la base de la creencia religiosa, violan claramente la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos en México, asegura Isaac Seis, defensor de los cristianos perseguidos.
Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Hablar de México es hablar de corrupción, violación a los derechos humanos, muertes… Pero también es hablar de religión. Cerca del 83 por ciento de los mexicanos en el país son católicos, lo que significa que el resto de las religiones son, en definitiva, la minoría, asegura un artículo publicado en el medio Gospel herald.
El cristianismo evangélico es una religión que aparentemente está creciendo, lo que podría explicar, en parte, por qué algunos estados mexicanos se han vuelto hostiles a ellos.
El pasado 15 de diciembre, siete familias del Ejido Gabriel Leyva Velázquez del Municipio de las Margaritas, Chiapas, fueron encarceladas luego de que se negaran a abandonar su religión para unirse al catolicismo.
La pena de prisión se presenta como la culminación de un ultimátum que le fue otorgado por los funcionarios locales de Leyva Velázquez a la comunidad evangélica local para convertirse al catolicismo, de lo contrario se ven obligados a enfrentar la pena de prisión.
De acuerdo con Isaac Seis de International Christian Concern (ICC), un defensor de los cristianos perseguidos, se trata de un caso que está dejando a cientos de hombres, mujeres y niños sin hogar en el país, pues muchos de ellos optan por seguir sus creencias. ICC es una organización cristiana no confesional que se encuentra en Washington DC.
«Es [un hecho] emblemático de un clima generalizado de la intolerancia religiosa que estrangula la vida de las comunidades rurales de México. Los funcionarios de todos los niveles del Gobierno mexicano ignoran o intencionalmente se hacen de la vista gorda hacia los ataques basados en la religión que violan claramente su propia Constitución y las normas internacionales de derechos humanos en México «, aseguró Isaac Seis, en entrevista con el medio Gospel herald.
Se trata de un incidente que refleja una tendencia creciente de la persecución religiosa en las zonas rurales de México, así como la renuencia por parte del Gobierno estatal y federal para proteger a las minorías religiosas.
Los pueblos indígenas no son libres de elegir sus propias creencias religiosas, pues estos ultimátum atacan contra sus derechos, lo que ha provocado que se queden sin hogar y sin protección.
«Es simplemente inconcebible para los Gobiernos estatales y federales de México ignorar repetidamente la detención arbitraria y expulsión de sus propios ciudadanos por los gobiernos locales sobre la base de la creencia religiosa. Sabemos que el Gobierno federal, así como el Estado de Chiapas, fue advertido días antes de que la comunidad evangélica de Leyva Velázquez estuviera bajo amenaza, sin embargo, incluso después de que siete personas fueron arrojadas en la cárcel por sus creencias religiosas, no se tomó acción.
