El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece esta tarde un mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México por su tercer año de Gobierno, el cual culmina con una alta aprobación entre la ciudadanía, pero con grandes retos en economía, inseguridad y combate a la corrupción.
–Con información de Romina Gándara y Obed Rosas
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador cumple tres años en la Presidencia de México con uno de los mejores niveles de aprobación, pero con retos sustanciales en crecimiento económico —en gran medida por la pandemia—, inseguridad y combate a la corrupción, una de las principales banderas que lo llevaron a Palacio Nacional.
«Sin querer excusarme con la pandemia, lo cierto es que la COVID-19 afectó la economía de todos los países del mundo», escribió López Obrador en su libro A la mitad del camino (Planeta) en relación al primer desafío. «Por un factor llegado del exterior, la economía del país se hundió y es muy difícil cumplir el compromiso de crecer al 4 por ciento», reconoció.
Economistas consultados por SinEmbargo señalaron que además de la situación derivada de la contingencia sanitaria, el que no se alcance la meta trazada al inicio de su Gobierno también se debe a factores internos pues la recesión empezó desde 2019.
De igual forma se le cuestiona al Presidente la falta de apoyos a pequeños y medianos empresarios durante los inicios de esta crisis por la COVID-19, aunque se le reconoce que no se haya adquirido más deuda. Lo cierto es que la economía de la Cuarta Transformación es considerada por los analistas como “ortodoxa”, con un manejo adecuado de la deuda y tipo de cambio.
En cuanto a la situación de inseguridad, López Obrador ha atribuido esta problemática a las tendencias que arrastra el país desde gobiernos pasados, aunque ha reconocido que «aminorar la violencia y conseguir la tranquilidad en el país es un gran desafío, un enorme reto que estamos empeñados en superar”.
Las cifras muestran el tamaño de este reto: al menos 100 mil 242 personas han sido asesinadas en el país, de ellas al menos 70 mil 559 fueron atacadas con arma de fuego. A eso se suma la descomposición que se ha agudizado en algunas entidades como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas a causa de la disputa que mantienen las organizaciones criminales.
A estos dos pendientes se suma el de la corrupción, la principal cruzada del Presidente López Obrador. Uno de los aspectos que se le ha criticado es que a tres años no ha consolidado las herramientas y organismos para su combate efectivo, a la par que arrastra el descrédito de la Fiscalía General de la República (FGR) —un organismo autónomo— frente a los grandes casos de corrupción cometidos en gobiernos pasados.
Pese a ello, López Obrador llega de cara a su tercer año con niveles de aprobación mayores a los de sus antecesores. Las cifras más recientes del poll of polls que elabora Oraculus muestran que el actual Presidente promedia un 62 por ciento de popularidad, un nivel mayor al de Enrique Peña Nieto (34 por ciento), Felipe Calderón Hinojosa (61 por ciento), Vicente Fox Quesada (56 por ciento) y Ernesto Zedillo Ponce de León (58 por ciento).
El ponderado de encuestas muestra que a lo largo de su segundo año en el poder, el mandatario ha mantenido, en promedio, una aprobación mayor al 60 por ciento. En este periodo su mayor nivel lo reportó justo a los 24 meses de su gestión, cuando tuvo un 65 por ciento de respaldo.
ADIÓS CRECIMIENTO DE 4 POR CIENTO
Durante su primer año de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador insistió en que el país crecería un 4 por ciento, el doble que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, en medio de la crisis económica mundial que generó la pandemia, el Presidente reconoció en su último libro que será muy difícil cumplir el compromiso.
Economistas aseguran que no alcanzar la meta también se debe a factores internos pues la recesión empezó desde 2019. Aquel año se decreció un 0.2 por ciento. En general los primeros años de un gobierno suelen ser «flojos» porque apenas arrancan planes y proyectos, recordó el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal.
«Aunque en diciembre de 2018 se presentó un Paquete Económico relativamente bueno que los mercados tomaron bien, no ayudó que antes del primer año de Gobierno ya estaba la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto, lo que golpeó muy fuerte a la confianza de inversionistas y un declive en la Inversión Extranjera Directa», dijo.
En 2020 llegó la crisis sanitaria acompañada de la económica. López Obrador moderó el discurso y comenzó a hablar de que era más importante medir el bienestar y «la felicidad del pueblo» que el PIB. Ahora ha reconocido que a finales de su gestión México seguirá en la inercia del 2 por ciento anual en promedio, de la mano de las obras insignia y el T-MEC.
Dado que la pandemia orilló a parar diversas actividades económicas y con ello al consumo interno —causando quiebres, desempleo y aumento de pobreza—, el Producto Interno Bruto (PIB) del país cayó un 8.5 por ciento en el primer año de pandemia, un decrecimiento no visto desde la Gran Depresión en la década de los 30.
La estrategia gubernamental para evitar un desastre económico no fue suficiente, sobre todo por la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que dan siete de cada diez empleos formales, aseguró la economista de la UNAM, Rosalina Báez Martínez.
«Cuando otros países sí apoyaron a las empresas, el Gobierno no apoyó a las empresas que más lo necesitaban. El 79 por ciento reportó una caída de sus ingresos del 50 por ciento», afirmó. «El regalar dinero nunca será una buena idea, es un paliativo temporal, lo que se requiere es que se invierta para recuperar los niveles de empleo».
Héctor Villarreal, también economista del Tec de Monterrey, comentó que «el Gobierno se resistía a actuar. Pensaba que iba a ser algo mucho más corto o pasajero y no gastaba ni cambiaba su estrategia, pero la realidad se fue imponiendo».
Por el efecto rebote, la Secretaría de Hacienda (SHCP) y bancos estiman que este 2021 cerrará en un 6 por ciento, un salto que se está desacelerando en este último trimestre por la crisis global en las cadenas de suministro que a su vez está aumentado el precio de combustibles y demás productos básicos.
Este tercer año de Gobierno, inmerso en esta crisis global que se está comiendo el aumento histórico al salario mínimo, cerrará con una tasa de inflación por arriba de 7 por ciento, su mayor nivel en 20 años, lo que está afectando al poder adquisitivo de las familias en el marco de una precariedad laboral, 2 millones de desempleados y 3.8 millones más en situación de pobreza respecto a 2018.
«La inflación nunca es bienvenida y ésta trae un sesgo fuerte en alimentos, que puede vulnerar a los pobres de manera muy importante. Y, al menos de manera pública, no estamos viendo que se tomen medidas. No se habla de canales de abastecimiento ni de programas de transferencia personal», planteó Villarreal.
Luego de que ocho empleos se perdieron por minuto entre marzo y julio del año pasado, el Presidente López Obrador prevé cerrar el año con casi 21 millones de empleos formales registrados, pero en esta época pospandemia —pese a la regulación al outsourcing— las empresas están creando trabajos con menos remuneración.
Aunque en octubre aumentó la población ocupada en más de 3.6 millones de personas respecto a octubre de 2020, el 59 por ciento gana entre 4 mil 251 y 8 mil 503 pesos mensuales mientras el costo de la canasta básica está aumentando, muestran cifras del Inegi.
«Muchos sectores económicos y regiones del país están bien dañados. Hemos vivido tiempos en que lo político está muy por encima de cuestiones técnicas», comentó Villarreal.
López Obrador, plantea en su libro, se dice optimista en alcanzar el 2 por ciento de crecimiento en promedio al no incrementar la deuda (al tercer trimestre de 2021 en un 48.5 por ciento del PIB) y seguir creando empleos con la construcción de obras como el Tren Maya, la extracción de petróleo, las refinerías, la industria eléctrica, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos, las carreteras, las presas y otras acciones financiadas con el presupuesto.
También, dice, es fundamental mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, con quien se reunió recientemente en la Cumbre de Líderes de América del Norte, y cuidar el cumplimiento del tratado comercial, lo cual ha estado en riesgo por la Reforma Eléctrica que compromete el capítulo de competitividad.
«El libre comercio ha venido funcionando bastante bien, sin problemas, como puede constatarse con el aumento de la exportación del azúcar, aguacate y hortalizas», concluye en su apartado llamado «El porvenir».
ERRADICAR CORRUPCIÓN, LA GRAN PROMESA
Una de las principales promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador es erradicar la corrupción, que considera el mayor problema del país. El Congreso, de mayoría morenista, aprobó en febrero de 2019 que sea un delito que amerita prisión preventiva.
Sin embargo, durante estos tres años de Gobierno han cambiado de titular la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Si bien ya hay un Sistema Nacional Anticorrupción, observó el académico Daniel Vázquez Valencia, así como los sistemas locales anticorrupción, aún faltan nombramientos básicos en instituciones y órganos dedicadas al combate a la corrupción.
La Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros, fue despedida en junio pasado luego de las elecciones estatales, donde su hermano Pablo intentó ser candidato en Guerrero. Junto con el esposo de Sandoval, el académico John Ackermann, criticó la designación del aspirante de Morena, Félix Salgado Macedonio.
«La Secretaría de la Función Pública no ha cambiado. No investiga nada; el 50 por ciento de las sanciones que establece son por falta de declaración anual, lo cual, se supone que debería ser sancionado en automático porque es un sistema», comentó Vázquez.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, renunció hace unas semanas luego del escándalo del avión privado en el que llegaron invitados a su boda en Guatemala. Ahora la Función Pública la comanda Roberto Salcedo Aquino y el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda es dirigida por un personaje político, Pablo Gómez.
A esto se suma la carga que ha representado para el Gobierno la lentitud de la Fiscalía General de la República en la resolución de casos clave como Odebrecht y la Estafa Maestra, herencias del gobierno peñista que involucran a personajes como Emilio Lozoya Austin, en prisión preventiva; al excandidato panista Ricardo Anaya Cortés; al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, también en prisión preventiva.
Pese al discurso oficial de que «las escaleras se barren de arriba para abajo», México sigue ocupando los primeros lugares entre los países más corruptos en el mundo.
El ranking Estado de Derecho 2021 del World Justice Project, que considera sobornos y malversación de recursos públicos de funcionarios del Gobierno, ubicó a México en la posición 113 de 139 a nivel mundial.
En el rubro de “Ausencia de corrupción” el país se encuentra en cifras rojas con el lugar 135, por lo que está entre los cinco peores lugares a lado de naciones africanas.
LA SEGURIDAD PENDIENTE
Bajar la violencia y pacificar el país fue una de las principales promesas que hizo López Obrador desde su campaña electoral y al arranque de su administración. El Presidente incluso ha establecido plazos para una mejora en la seguridad, siendo el último en enero de 2020 cuando dijo que para el 1 de diciembre de 2020 se reduciría.
No obstante, el mandatario nacional llega a la mitad de su sexenio con cifras de violencia que, a decir de analistas, apenas si se contienen, pero que no muestran una reducción total. El propio López Obrador ha reconocido en diferentes momentos que la violencia es uno de sus pendientes y que los homicidios, los feminicidios y las extorsiones en México no han podido bajar notablemente.
“Aun con la complejidad del asunto, no deja de representar una gran oportunidad para acreditar con hechos la efectividad de nuestra convicción humanista de no responder a la violencia con la violencia ni combatir el mal con el mal”, escribió, en ese sentido, en su libro A mitad del camino.
Las cifras oficiales muestran que de enero a octubre del presente año se han registrado al menos 28 mil 101 homicidios dolosos, lo que significa un 3.38 por ciento menos que el total de número de asesinatos reportados en el mismo periodo del año anterior.
El año 2020 cerró con al menos 34 mil 558 víctimas de homicidio dolosos, apenas 132 víctimas menos que los reportados el año 2019, considerado el más sangriento de la historia, lo que representa una reducción de 0.38 por ciento.
En los primeros tres años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muestran los mismos datos, se han registrado, además, un total de 3 mil 543 víctimas de secuestro y al menos 25 mil 716 víctimas de extorsión.
Para analistas en seguridad, el Gobierno no ha implementado las bases para una política que vaya enfocada a la pacificación del país, que dé resultados a largo plazo. Ahora, por el contrario, las postales de inseguridad se han recrudecido en estados como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas, entidades que se disputan las organizaciones criminales.
“Los retos son exactamente los mismos que el primer día, porque el problema es que las promesas hechas al inicio del sexenio fueron falsas”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Daniel Vázquez Valencia, profesor investigador y doctor en ciencias sociales por la UNAM.
En su último libro, un ensayo sobre la primera mitad de su mandato, López Obrador señala que la dificultad para reducir la violencia radica «en lo enraizadas que están las bandas o cárteles de la delincuencia organizada”. A su vez reiteró que se trata de un problema heredado.
“Las bandas de ahora y los principales jefes vienen del periodo neoliberal o neoporfirista”, escribió.
Los especialistas aclararon que, si bien la crisis de inseguridad que heredó la actual administración no se resuelve a medio sexenio, sí resaltaron que tampoco se ven avances en la materia, pues coincidieron en que se esperaría al menos una reducción de la violencia con un porcentaje visible y no una reducción menor.
Víctor Sánchez, profesor investigador de seguridad por la Universidad de Coahuila, ha señalado que los problemas de seguridad son complicados y no pueden resolverse de la noche a la mañana, e incluso, se necesitan décadas, sin embargo, recalcó que en los procesos de reducción y pacificación sí se pueden presentar avances.
“Uno no espera que los homicidios dolosos se acaben, pero sí espera que haya bajado el porcentaje. Tampoco esperamos que en dos años y medio baje el 50 por ciento de los homicidios dolosos, pero sí esperábamos una reducción de a lo mejor un 10 por ciento y ni siquiera eso estamos viendo eso ”, ha explicado.
El Presidente ha señalado también, a mitad de su sexenio, que la «verdadera confrontación es con los jefes de las bandas”, y que la estrategia real y profunda «es evitar que se lleven a los jóvenes, y dejar ( a las bandas criminales) sin un ejército de reserva para delinquir”.
A su vez, ha manifestado que a pesar de las burlas que ha recibido, continuará con su máxima de “abrazos, no balazos”, bajo la cual ha optado por dar oportunidades de empleo y estudio a los jóvenes e impedir que sean reclutados por el crimen organizado. Esta premisa fue integrada en el plan que el Gobierno federal presentó la semana pasada en Zacatecas, entidad donde los crímenes violentos se han agudizado.
Daniel Vázquez indicó que aunque el diagnóstico puede estar en parte en lo correcto en el sentido que las principales víctimas de la violencia criminal en México son hombres jóvenes en situación de pobreza, destacó que la política social por sí sola no desmoviliza a esa base criminal.
“Dan por hecho que dar más programas sociales en automático va a generar reflexión social y eso no es así. No habrá tal si antes no hay un proceso efectivo de movilización y desarme. Eso es lo que no están haciendo […] Los programas sociales por sí solos no sirven de nada. La política social por sí sola no hace desarme, no hace desmovilización, no hace reinserción social”.
De acuerdo con el académico, algo que ha faltado en la aplicación de la estrategia de seguridad es un buen proceso de coordinación interinstitucional en estrategias de desmantelamiento de las redes macro criminales y un programa específico de construcción de paz, el cual el Gobierno sí tenía contemplado o al menos habían planteado en el Plan Nacional de paz y seguridad del 2018 y que se supone iban aplicar entre el 2019 y el 2024.
Para desmantelar la base criminal, destacó el especialista, es necesaria la construcción de paz, la cual, supone al menos tres procesos: estabilización, desarme y reinserción social.
