Antonio Salgado Borge
01/12/2017 - 12:03 am
Meade, “el ciudadano honesto”
Votar por un individuo no afiliado a un partido, se supone, equivale a respaldar alguien renovará u oxigenará aquello que los partidos han podrido desde sus raíces.
Rechazado como consecuencia de un sexenio de corrupción, impunidad y disfuncionalidad, el PRI ha visto venir la que podría ser su hora más oscura. Esta posición explica en parte que José Antonio Meade haya sido seleccionado como el candidato presidencial del partido más desprestigiado de México. Y es que, gracias a las loas y a las exaltaciones de algunos medios y columnistas, es fácil ver que dos de las virtudes con que se etiquetará al ex Secretario de Hacienda contrastan específicamente con la imagen que caracteriza al actual grupo en el poder. Meade, se nos dice, es honesto y no es priista. Sin embargo, hay motivos para afirmar que, incluso si estas cualidades fueran ciertas, una eventual presidencia de Meade no sería honesta ni estaría alejada de los usos priistas.
Empecemos por el supuesto de que Meade encabezaría un gobierno honesto. Se nos ha sugerido que tendríamos que derivar esta inferencia del hecho de que el virtual candidato presidencial del PRI no ha sido acusado directamente de cometer actos de corrupción. El razonamiento al que se nos invita es el siguiente: en contraste con, por ejemplo, el Presidente Peña Nieto o con funcionarios como Gerardo Ruíz Esparza, José Antonio Meade no tiene “casas blancas” o “vínculos” con empresas como OHL u Odebrecht. Además, mucho se comenta que Meade es un hombre “decente” o, en palabras de Manlio Fabio Beltrones, con “valores”. En consecuencia, tendríamos que aceptar que Meade es un hombre honesto. Luego, que su gobierno sería honesto.
Dado que no hay evidencia concreta y directa de lo contrario, supongamos para fines argumentativos, que lo primero es cierto; es decir, que durante su paso como secretario de estado en dos Gobiernos -el de Calderón y el de Peña Nieto- que se caracterizaron por la corrupción rampante y generalizada, José Antonio Meade, por los motivos que uno quiera, se mantuvo al margen del saqueo grosero y se dedicó única y exclusivamente a hacer su trabajo.
Pero aquí uno podría apelar, como lo hizo -con razón- Jorge Castañeda, que la Secretaría de Hacienda a cargo de Meade incubó la llamada “estafa maestra”, o que su Secretaría de Relaciones Exteriores fue parte del entramado que permitió que “Juntos Podemos”, la organización de la panista Josefina Vázquez Mota, dispusiera –literalmente- de miles de millones de pesos para gastar como se le viniera en gana. Además, a ello tenemos que sumar que ninguna de estas dependencias se caracterizó por haber cambiado radicalmente en lo relativo al combate a la corrupción.
Dado que los hechos anteriores están confirmados, para seguir creyendo en la honestidad de Meade no nos quedada más que optar por uno de los dos cuernos del siguiente dilema: o bien aceptamos que (a) Meade conoció y permitió los actos de corrupción documentados, pero no se benefició personalmente de ellos – los solapó, por ejemplo, por instrucciones de sus superiores-; o (b) suponemos que Meade, a pesar de ser el primero en la línea de mando de ambas secretarías, no supo de actos de corrupción que habrían sido operados en sus narices.
El problema es que si tomamos la opción (a) -el primer cuerno de nuestro dilema-, entonces tendríamos asumir que Meade no es un hombre honesto; un individuo que conoce, acepta y permite que se realice una actividad ilegal claramente es un individuo corrompido. En todo caso, hablamos de un alto funcionario; un hombre que, a diferencia de los mandos más bajos del Gobierno Federal, pudo haber buscado otro trabajo si verdaderamente le hubiera molestado estar ligado a actos ilegales o personas inmorales.
Lo importante para nuestro dilema es que siguiendo esta misma línea tendríamos que preguntarnos, ¿por qué esta permisividad cambiaría en caso de que Meade sea presidente? Y es que se supone que, en caso de llegar a Los Pinos, movido por sus “valores”, el ex Secretario automáticamente transmutaría en un individuo intolerante a la corrupción, que rechazaría y perseguiría todas las corruptelas de los corruptos que hoy lo apoyan desbordada y desinteresadamente. Pero, si aceptamos (a) esto es, por decir lo menos, inverosímil e improbable.
Ahora bien, si tomamos el segundo cuerno de nuestro dilema –(b)- nos veríamos obligados a suponer que, a pesar de que los titulares de las secretarías del Gobierno Federal tienen la responsabilidad de garantizar el trabajo eficiente y honesto de todos sus subordinados, Meade no pudo percatarse de los actos de corrupción que ocurrían en sus narices. Pero entonces tendríamos que preguntarnos si tiene sentido pensar que un individuo que no fue capaz de ver la corrupción podría detener la corrupción dentro de una esfera relativamente delimitada como es una secretaría de estado tendría la capacidad de notar la corrupción que, de cabo a rabo, permea en toda la estructura del Gobierno Federal.
En este punto es justo abrir un paréntesis para señalar que un dilema análogo podría construirse contra Andrés Manuel López Obrador -quien gobernó una ciudad durante todo un sexenio-, contra Miguel Mancera, o contra cualquier panista, incluido Ricardo Anaya, que haya tenido posiciones de poder.
Pero regresemos a Meade. Sin importar qué cuerno tomemos, nuestro dilema nos deja con el mismo resultado: corrupción garantizada. Las perspectivas se ensombrecen aún más cuando enfocamos nuestra atención en los funcionarios corruptos que han promovido y apoyado desde el gobierno la candidatura de Meade, y que probablemente buscarán perpetuar sus beneficios. La existencia de este grupo es crucial, pues se supone que el PRI buscará convertir en un activo la postulación de un candidato no priísta.
La idea es que Meade, siendo un tecnócrata externo al PRI, no reproducirá los vicios del PRI. Votar por un individuo no afiliado a un partido, se supone, equivale a respaldar a alguien que renovará u oxigenará aquello que los partidos han podrido desde sus raíces. Pero este argumento tampoco puede sostenerse. Y si no se sostiene es, en primer lugar, porque, priísta o no priísta, Meade no ha dudado en subirse al tren de los usos y costumbres del PRI, y ha corrido a abrazar a sectores y personajes que encarnan algunos de sus vicios más lacerantes. Si lo anterior no fuera suficiente, basta con considerar que el principal vicio del PRI es la corrupción. Y si, por los motivos expuestos arriba, Meade se rodeará de priístas de mala fama y no querrá o no podrá detener a los corruptos, entonces la idea de un candidato “ciudadano” se convierte automáticamente en un cascarón vacío.
Supongamos que “Meade Presidente” transmuta inexplicablemente o mejora sus capacidades perceptivas y de pronto ve y se decide a terminar con la corrupción. Si este fuera el caso, “Meade Presidente” tendría que empezar procediendo contra algunos de quienes hoy lo apoyan y arropan. Probablemente esto implicaría una investigación contra Luis Videgaray, su amigo, principal promotor y, según algunos, potencial titiritero transexenal. Y claro, no podría quedar fuera Enrique Peña Nieto, el hombre cuyo dedo lo hizo candidato. Si esto nos suena improbable, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿de qué nos servirá un Presidente no priísta si éste actuará en función de los intereses de una cúpula ligada a este partido?
Nada de lo arriba dicho implica que uno pueda equiparar un posible gobierno de Meade con el de Enrique Peña Nieto. Este artículo ha estado enfocado en la corrupción y en la militancia partidista; sin duda una enorme brecha separa la capacidad y la trayectoria del virtual candidato priista y la del actual presidente. En este sentido, desde luego que, comparado con “Peña Presidente”,“Meade Presidente” puede ser ganancia.
Sin embargo, dadas las circunstancias antes expuestas, estaríamos ante una ganancia muy poco significativa o de plano irrelevante. Todo indica que si José Antonio Meade, el “ciudadano honesto”, llegara a ser presidente, los mexicanos tendríamos un mandatario no priÍsta que, en el mejor de los casos, no se enriquecería en lo personal, pero que garantizaría seis años más de corrupción e impunidad. Y nuestro país no está para seis años más de lo mismo.
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