Integrantes de organizaciones civiles enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Segob se ha hecho mediante favores políticos. «Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde», recordó Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social hicieron un llamado este martes para dar un giro a la política de prevención del delito en México.
Después de congratularse por la salida de Arturo Escobar y Vega como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), los grupos civiles alertaron del riesgo que existe de que otros servidores públicos que no son idóneos vuelvan a ocupar el puesto.
Entre los posibles candidatos que las organizaciones acusan de no llenar los requerimientos del cargo señalaron al director general de Planeación Estratégica para la Prevención Social, Eduardo Vásquez Rossainz, y a la actual directora general de Participación Ciudadana, Ruth Zavaleta.
«Vásquez tiene un perfil meramente de Policía y queda en duda la parte de prevención del delito, y Zavaleta, más bien, tiene una trayectoria política, fue Diputada Federal por el Verde. Por eso pedimos que desde ya se revisen sus perfiles», dijo Clara Jusidman de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social.
Los integrantes de las organizaciones enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha hecho mediante favores políticos. «Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde», dijo Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.
La Coalición expuso que la salida de Escobar, ex vocero y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue un primer paso para «el desmantelamiento de la clase política mexicana que ha capturado al Estado».
Escobar y Vega salió el 25 de noviembre de la Segob luego de una solicitud por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a un juzgado de girar una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.
En conferencia de prensa las organizaciones exigieron que la Segob incorpore una red de vigilancia ciudadana para la designación de cargos públicos que esté compuesta por ciudadanos expertos en la prevención del delito.
«Lamentablemente en México nunca se ha hecho. Estamos haciendo una exigencia y no es necesario hacer una asamblea en una plaza. Nosotros tenemos experiencia en esto y queremos que nos dejen hacerlo» , dijo Alfredo Peña de México Unido contra la Delincuencia.
Entre otras cosas, las organizaciones instaron a las autoridades a dar protección al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, quien tomó el cargo en febrero y dirigió durante seis meses la investigación a Arturo Escobar.
“Nosotros no tenemos conocimiento de que Nieto haya sido amenazado, ni hemos hablado con él, pero lamentablemente, sabemos de las presiones que surgen a raíz de estas investigaciones”, explicó Carlos Cruz.
Sobre si la posible la designación de Escobar ameritaba la salida del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la representante de la asociación civil Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, dijo:
“No sabemos si el Secretario de Gobernación sabía de la investigación que se estaba realizando a cabo sobre Arturo Escobar, pero sí creemos que los perfiles que fueron designados no tenían el sustento moral para estar en ese puesto”.
Cuando Arturo Escobar fue designado a principios de septiembre como subsecretario, los miembros de la Coalición manifestaron su rechazo, por el menosprecio que se hace a los funcionarios de carrera y el favoritismo político a un personaje que arrastraba con varias polémicas durante su gestión en la campaña del PVEM.
“Ahora, que la consignación de Escobar está en manos de la instancia jurisdiccional, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento pugnamos por la pronta resolución del caso en un marco de absoluta libertad, independencia, imparcialidad y apego irrestricto a la ley”, citó en una misiva la Coalición.
El PVEM realizó una violación reiterada de las normas electorales, por lo que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo multaron con 189 millones de pesos en multas firmes, que aún podrían ascender, de confirmarse, a un monto de 597 millones 471 mil pesos.
