La Secretaría de Energía también ha despertado cuestionamientos por realizar estas modificaciones, sin considerar los comentarios de más de 60 empresas, asociaciones industriales y organizaciones civiles, y obtener una exención especial de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
Por Pedro Pablo Cortés
México, 1 nov (EFE).- El Gobierno mexicano desincentiva la inversión en energías renovables y se aleja de sus compromisos climáticos internacionales, como el Acuerdo de París, por modificar las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL), advirtieron este viernes expertos del sector consultados por Efe.
Los nuevos lineamientos de la Secretaría de Energía (Sener), que entraron en vigor esta semana, han desatado críticas por permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propiedad del Estado, obtenga un CEL por sus plantas hidroeléctricas y nucleares, lo que pondría en desventaja a los generadores del sector privado.
Esto porque los CEL, que surgieron en 2013 con la reforma energética, estaban reservados a los nuevos inversionistas de 2014 en adelante,como un mecanismo con valor de mercado sujeto a la oferta y la demanda para que generaran energía limpia, explica Inder Rivera, del World Resources Institute (WRI) México.
«Es un incentivo para empresas generadoras, para desarrolladores de energía eléctrica. Sin este incentivo, solo venderían la electricidad bajo las mismas condiciones que los fósiles. Son un ingreso adicional para los generadores limpios y básicamente ayudan a costear los costos fijos de la planta», detalla Rivera.
En los últimos dos años, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha expedido 13.8 millones de CEL, pero con las nuevas reglas se liberará un estimado de 73 millones, de los que la mayoría serán para la CFE, por lo que el exceso de oferta bajará su valor y desincentivará nuevas inversiones, comenta el especialista.
Esto complicará que México cumpla con la meta establecida en la Ley de Transición Energética para el 2024 de generar el 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias, que ahora es de 23 por ciento, y por ende la del Acuerdo de París, pues el objetivo de reducir las emisiones para el 2030 depende en una tercera parte del sector eléctrico.
INVERSIONES MERMADAS
Las modificaciones de Sener «ponen en riesgo» más de 9 mil millones de dólares en inversiones privadas nacionales e internacionales que se realizaron bajo las reglas originales, afirmó esta semana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.
Paul Alejandro Sánchez, director de Ombudsman Energía México, señala que las inversiones que ya estaban pactadas van a ver «mermada una parte importante» de sus ingresos porque algunas plantas que ya estaban operando van a tener que hacer ajustes «muy fuertes» por afectaciones en sus proyecciones financieras.
«Esta era quizá la única herramienta de política pública que se había estado ejecutando de manera consistente para impulsar y promover el uso de energías renovables en México. Muchos proyectos hicieron sus pronósticos basados en un costo estimado de los CEL», indica.
Sánchez sugiere que la decisión «parece un malentendido» de Sener sobre la realidad del mercado eléctrico que busca mejorar las condiciones de la CFE frente a las empresas privadas, lo que genera desconfianza en el país.
«Las inversiones futuras se ven afectadas porque se vuelve menos atractivo invertir. De por sí, había sido complicado entrar al país y con este incentivo que se elimina hace que sea menos atractivo el país otra vez, comparado con otros lugares», asegura.
DECISIÓN «IDEOLÓGICA»
La Secretaría de Energía también ha despertado cuestionamientos por realizar estas modificaciones, sin considerar los comentarios de más de 60 empresas, asociaciones industriales y organizaciones civiles, y obtener una exención especial de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
Daniel Chacón Anaya, director de Energía de la Iniciativa Climática de México, atribuye esta decisión a un «asunto ideológico al 100 por ciento», porque el Gobierno tiene una idea de ser «omnipotente» y tener el control «absoluto» de las áreas que considera estratégicas, cuando en otros países son actividades comerciales.
«Hay países como Estados Unidos que tienen 3 mil empresas que venden electricidad a todo mundo y a precios competitivos. Aquí queremos seguir teniendo ese control por una nostalgia del pasado revolucionario del país donde el estatismo y Estado era el rector de toda la economía», opina.
Chacón argumenta que «no tiene sentido económico» el «afán de darle a la CFE todo el predominio», pues las nuevas reglas solo traerán una energía «más cara y sucia» para los consumidores.
El especialista enfatiza que estas acciones, aunadas a la suspensión de las subastas eléctricas, harán que el país ni siquiera alcance el ‘statu quo’ que tenía antes de la reforma que abrió el sector energético a los inversionistas privados.
«Más que la propia reforma energética, que fueron una serie de consideraciones legales, lo que está pasando es que el país va para atrás en el suministro de energía eléctrica y en la mitigación de las emisiones. Entonces esos dos efectos son resultado de estas políticas», concluyó.
