En 30 días más, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como Presidente de la República y se convertirá en el primer mandatario en llegar con un buen trecho de promesas de campaña cumplidas durante el periodo de transición. A la fecha el partido Movimiento Regeneración Nacional –su partido– ha presentado en el Senado de la República 74 iniciativas, mientras que en la Cámara de Diputados durante el mismo periodo 67. La mayoría de éstas se relacionan con la agenda del Presidente electo. A la par, AMLO ha delineado sus 25 proyectos estratégicos y ha cumplido con una de sus promesas más polémicas: la cancelación del NAIM en Texcoco.
Han sido 122 días agitados para el ganador de la elección presidencial desde el pasado 1 de julio, lapso en donde también se ha reunido con las víctimas de la violencia en México y con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes les hizo promesas concretas.
Así, aunque envuelto en la polémica y con desgaste en su imagen, el tabasqueño está a un mes de llegar “muy fuerte en respaldo popular”, aunque no que el de las élites económicas, afirman analistas políticos y económicos consultados por SinEmbargo.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– A 30 días de que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de México, el aún Presidente electo, en un hecho inédito para un periodo de transición federal, ha empezado a palomear su lista de promesas de campaña para llegar a la silla presidencial con un claro avance de lo que será su administración.
Para los más de 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador el 1 de julio, politólogos, analistas económicos, empresarios y oposición, las acciones del futuro mandatario a partir del 1 de diciembre ya no serán sorpresivas: AMLO ha cumplido con varias de sus promesas, aún a costa del desgaste de su imagen que conlleva tomar acciones de Gobierno.
“Nos encontramos ante algo inédito que tiene que ver con que todavía no entra en funciones y prácticamente desde que fue declarado el ganador de las elecciones ha borrado la administración saliente [encabezada por el priista Enrique Peña Nieto]. Tenía prisa, él y su futuro Gabinete, por preparar el terreno para que cuando llegue el 1 de diciembre, poder gestionar más rápido todo lo que tiene que ver con el Presupuesto y etiquetar gastos”, dijo Ivonne Acuña Murillo, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
¡Alégrense corazones! Estamos a un mes de iniciar la #4taTransformacion de la vida pública de México. ?
— Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 31 de octubre de 2018
Desde el 1 de julio a la fecha han pasado 122 días. Durante ese tiempo López Obrador ha tomado las riendas del país con “cancha libre” de parte del Gobierno de Peña Nieto para iniciar con la puesta en marcha de sus principales proyectos, consideraron los analistas.
No sólo se trata de los cambios que ya inició a través del Congreso de la Unión, como su plan de austeridad que incluye el ajuste del cinturón en las dos cámaras, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en los funcionarios de todos los niveles, sino también de cumplir con sus promesas más polémicas: quitarle la pensión a los ex presidentes y revisar y cancelar el proyecto estrella del actual Gobierno: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
“Es un Presidente electo muy activo; ha tomado el papel del Presidente Peña Nieto, que no ha disputado con él ni los temas, ni la agenda; parece que quien gobierna es él [López Obrador. Pero tiene sus riesgos porque después de acontecimientos como la consulta o algún tema que genere conflicto, él ya lo está viviendo como si estuviera gobernando, pero no está gobernando y puede empezar a desgastar su imagen. Él tiene la idea de que su imagen no se desgasta, pero ha perdido 10 puntos en las encuestas de la elección hasta ahora”, consideró Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm).
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PROMESAS CUMPLIDAS DESDE LA TRANSICIÓN
Antes del 16 de septiembre, cuando López Obrador inició con su primera gira por todo el país como Presidente electo y a un poco más de dos meses del 1 de julio, el tabasqueño ya había cumplido con varias de sus promesas de campaña y había anunciado buena parte de sus proyectos.
“Como no hubo litigio electoral quiere adelantar tiempos, preparar las cosas, para arrojar los resultados que espera de manera más rápida y tomar el poder. Tomar decisiones que empiecen a operar desde ahora y no hasta que llegue”, consideró José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Aunque para ello, dijo Crespo, fue necesario un “pacto de impunidad” con el aún Presidente de la República Peña Nieto para empezar a gobernar durante el periodo de transición.
Sin embargo, la principal plataforma de acción del tabasqueño se ha basado en el Congreso de la Unión votado el 1 de julio y su aplastante mayoría en las dos cámaras. Ahí, frente a una debilitada oposición, el tabasqueño puso en marcha su plan de austeridad que incluye, entre otras medidas, el que ningún funcionario en el país pueda ganar más que el Presidente de la República.
Los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propusieron la iniciativa de un recorte de 30 por ciento para la Cámara de Diputados y el Senado de la República que permitirá ahorrar 5 mil millones de pesos, 1,500 en el Senado de la República y 3, 500 en la Cámara de Diputados.
En septiembre pasado, Morena propuso la Ley de Austeridad Republicana, unas de las principales promesas de López Obrador y prioridades de la agenda legislativa del partido, que incluye la desaparición de seguros de gastos médicos mayores, de vida, de separación individualizada o colectiva para los trabajadores del estado.
La medida propone la prohibición de pensiones de retiro para los ex presidentes, la adquisición de boletos de avión en primera clase, el uso de vehículos lujosos y el recorte de viáticos que sólo serán autorizados de acuerdo con las medidas de austeridad del nuevo Gobierno.
En total, de acuerdo con el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal), Morena propuso en el Senado de la República entre el 4 de septiembre al 25 de octubre de ese año 74 iniciativas, mientras que en la Cámara de Diputados durante el mismo periodo propuso 67. La mayoría de ellas tienen que ver con la agenda de López Obrador.
Entre las más importes destacan las que buscan combatir la corrupción, sentar las bases para la austeridad republicana, seguridad y educación.
En materia de combate la corrupción se propuso eliminar el fuero constitucional del Presidente de la República y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que incluye la inhabilitación para el funcionario que incurra en actos graves de corrupción.
Morena presentó en el Senado la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y elevar a delitos graves los actos de corrupción y el robo de combustible.
Los morenistras propusieron el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, como parte de una de las principales promesas de López Obrador durante su campaña: la derogación de la Reforma Educativa.
El 27 de septiembre de 2018, la Senadora y ex candidata al Gobierno del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, y Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, propusieron un proyecto de decreto para reformar el Artículo 41 de la Constitución para reducir en un 50 por ciento el financiamiento público que reciben los partidos políticos, una propuesta que no fue bien recibida por la oposición, pero que forma parte del proyecto de austeridad de López Obrador.
El 13 de septiembre el Senador Salomón Jara Cruz propuso la revocación de mandato a través de una Consulta Popular por pérdida de confianza, incumplimiento del plan de trabajo o compromisos de campaña, actos de corrupción y violación de las leyes de todos lo servidores públicos que provengan de un resultado electoral, incluido el Presidente de la República.
Los legisladores de Morena también propusieron modificar el Artículo 35 de la Constitución para quitarle candados a la Consulta Popular, a través de la cual López Obrador piensa tomar decisiones importantes como ya lo hizo (a través de un ejercicio de consulta que sirvió para que el tabasqueño decidiera sobre la polémica y una de sus principales promesas de campaña) con la cancelación del NAIM y la construcción de dos pistas en el Aeropuerto de Santa Lucía.
“Ya metimos la iniciativa para que se puedan hacer las consultas la primera semana de julio de cada año y cuando haya asuntos importantes. Ahora sólo pueden ser cada tres años y hay restricciones sobre los temas que pueden consultarse. Nosotros vamos porque no haya restricciones, salvo en los temas fiscales que no puedes consultarlos”, dijo Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en una entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con Delgado, la iniciativa quedará dictaminada este mes, como lo prometió el lunes López Obrador durante la conferencia de prensa para dar a conocer su decisión de obedecer el resultado de la Consulta realizada sobre el futuro del NAIM y el proyecto de Santa Lucía.
PROMESAS A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Además de las promesas de campaña que ya se materializaron en iniciativas concretas en el Congreso de la Unión, el Presidente electo ha avanzado en su agenda con las víctimas de la violencia a las que les prometió durante su campaña “perdón sí, olvido no”.
El 8 de agosto iniciaron en Chihuahua los Foros por la Paz encabezados por Alfonso Durazo Montaño, futuro titular de la Secretaría de Seguridad y por Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaría de Gobernación.
Durante los foros López Obrador se reunió con víctimas de desaparición forzada y feminicidio. En concreto el Presidente electo avanzó con los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a quienes les prometió que a partir del 1 de diciembre creará la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa por decreto.
López Obrador avanzó en la solicitud de apoyo internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–una petición puntual de los padres–para continuar con las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes y rechazó la “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y vamos a cumplir”, dijo López Obrador el 26 de septiembre tras su reunión con los familiares de los estudiantes.
Luego de dos meses de incoados los foros, el 7 de octubre se anunció su cancelación en cinco estados: Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos y Tabasco.
Ivonne Acuña Murillo lamentó la cancelación de los foros, pues se trata de entidades con problemas serios de violencia y desaparición forzada.
“Pero va cumpliendo las promesas de campaña con las víctimas. Ahora lo que ha pasado con el aeropuerto es positivo, porque era una promesa de campaña; es positivo que vaya palomeando cosas. Es el primer Presidente que está trabajando en algo que pudiera no ser tan visible que es sus posibilidades en el ejercicio del poder. Lo consulta para el aeropuerto es un golpe político, es demostrar que su base le es fiel, aunque no fueron los 30 millones que votaron por él, pero eso le da la posibilidad de enfrentar las presiones de las élites económicas y políticas”, dijo Ivonne Acuña.
CONSULTA Y CANCELACIÓN DEL NAIM
Durante cuatro días, del 25 al 28 de octubre, López Obrador sometió a una Consulta Nacional el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El tema, fue una de las promesas de campaña más polémicas del Presidente electo, pero también una de las más importantes para sus electores.
El domingo 28, el presidente de la Fundación Rosenblueth Enrique Calderón Alzati anunció los resultados del ejercicio: participó más de un millón de mexicanos y 69.95 de ellos votó por la construcción de dos pistas en el Aeropuerto de Santa Lucía y sólo 29 por ciento por continuar las obras en Texcoco.
Al día siguiente, el lunes 29, López Obrador anunció la cancelación del proyecto del NAIM en Texcoco, generando la más grande polémica durante el periodo de transición y un rechazo de los empresarios involucrados en la obra.
El Presidente electo aseguró el lunes pasado que los intereses de los inversionistas quedarían a salvo pues hay “fondos que respaldan los compromisos de contratos y además existe el aval de nuestra palabra para atender las exigencias de los inversionistas”.
La decisión se tomó “con respeto absoluto al Estado de derecho”, sin afectar los intereses financieros, aseguró.
“Es buena noticia que se ha optado por la construcción de dos pistas en Santa Lucía. […] Estamos contentos porque se realizó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió”, insistió.
López Obrador anunció que los inversionistas del NAIM tendrán la posibilidad de seguir con los contratos en Santa Lucía o llegar a otro acuerdo.
Sin embargo las declaraciones del tabasqueño no fueron suficientes para los empresarios, quienes en una conferencia conjunta rechazaron la Consulta y la decisión de Andrés Manuel.
“Queremos hacer pública nuestra posición. La decisión del Presidente electo de cancelar la obra del NAIM en Texcoco e iniciar los estudios para construir en Santa Lucía envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados, inversionistas y a todo los mexicanos”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien leyó un documento conjunto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Concanaco-Servytur, el Consejo Mexicano de Negocios, y otros organismos empresariales.
Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), anunció que los trabajos en Texcoco continuarán hasta el próximo 30 de noviembre, día que finaliza la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que el Presidente electo va contra los principios que prometió respetar y que “había cambiado de parecer” respecto a lo que les había dicho en las primeras reuniones que sostuvo con ellos.
“Esta decisión es contraria a los tres postulados éticos postulados por el Presidente electo: no robar, no mentir, no traicionar […]. Nos dijo que la obra se podría concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer”, dijo.
Este miércoles los ánimos se calmaron y los directores de ICA y Hermes Infraestructura, empresas con contratos en la obra del NAIM, aseguraron que respetarán la decisión de la cancelación de la obra, luego de reunirse con López Obrador.
“Vamos a apoyar la decisión del Gobierno y vamos a trabajar por la infraestructura de este país, fue una muy buena plática y yo creo que tenemos que construir”, dijo Guadalupe Philips, directora general de ICA.
Alberto Pérez Jácome, director de Hermes Infraestructura, precisó que luego de la reunión se descarta que se vayan a interponer amparos por la cancelación del proyecto.
“Estamos muy contentos de que se hayan establecido ya las mecánicas, las mesas de trabajo. Estamos confiados de que se va a actuar conforme a Derecho y que vamos a llegar a cumplir los acuerdos que estableció el señor Presidente electo […]. Estamos hablando apenas de la terminación de Texcoco y eso es lo que estamos confiados. Vamos a tener una convocatoria más extensa, grupos de trabajo para comenzar a actuar conforme a la decisión que tomó el Presidente”, dijo Pérez Jácome.
José Antonio Crespo opinó que la decisión de López Obrador envía una señal al mercado de cómo va a gobernar.
“De manera arbitraria, impositiva, con simulaciones como la Consulta, que no tiene formalidad y sustento. No es echar abajo Texcoco, se trata de confianza: los sectores de inversionistas, grupos empresariales, calificadoras están viendo cómo va a gobernar. La manera genera desconfianza en muchos sectores porque a los empresarios les dijo una cosa e hizo otra y avala sus decisiones en prácticas demagógicas como la Consulta. Para los empresarios significa que no cumple con los compromisos de Estado, porque es importante para quienes invierten en proyectos de largo plazo”, explicó.
De acuerdo con Crespo, la decisión sobre el NAIM será la que más le generará desgaste en imagen a López Obrador, sin embargo aún así llegará “muy fuerte en respaldo popular” al 1 de diciembre.
“El país como tal es un país que se hace menos confiable, porque no respeta los acuerdos. La señal para afuera es que México no cumple”, consideró.
POLÉMICA Y EFECTOS ECONÓMICOS
Para los analistas económicos la decisión de López Obrador sobre el aeropuerto es una mala noticia, pero aún está por verse el impacto real.
Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, opinó que la decisión sobre el NAIM genera incertidumbre para el país y una señal de que a partir del 1 de diciembre iniciará la marcha atrás de las reformas estructurales de Peña Nieto.
“La historia personal de López Obrador indica que estamos en la víspera de un gobierno autoritario, incendiario, que polariza y que va a dividirnos más. El costo será político y económico. En lo económico es que va a cerrarle la oportunidad a México de proyectar una imagen de confianza a la inversión de largo plazo. Alfonso Romo tenía cara de cementerio durante la conferencia, porque él invirtió gran parte de su capital intelectual en articular puentes con la iniciativa privada y se desmoronaron en unos segundos”, dijo.
Tenorio Aguilar explicó que el objetivo de crecer a un 4 por ciento anual, una de las promesas del Presidente electo, ha quedado en duda por el “golpe sobre la mesa contra el poder económico”.
“Yo tengo muchos amigos, aquí y en el extranjero, y están sorprendidos de que esté faltando a su palabra de unir al país”, dijo.
El economista explicó que en indemnizaciones el Gobierno de López Obrador pagará 104 mil millones de pesos.
El tabasqueño dijo en conferencia de prensa que hay dinero, alrededor de 85 mil millones de pesos, para pagar los compromisos contraídos en el fideicomiso para el NAIM y que se ahorrarán 100 mil millones de pesos en su construcción, pero Tenorio Aguilar explicó que ese dinero que se ahorrará por no terminar la obra, se tendrá que pagar en indemnizar a los inversionistas.
“En los libros contables hay dinero líquido no de 85 mil, hay 105 mil millones de pesos. Tiene dinero por la venta de bonos, de fibras, de aportaciones de empresas que en el fideicomiso sirve para pagar el avance de obra. Pero en la hoja de balance hay pasivos. Hay 120 mil millones de pesos de bonos de desarrollo y 36 mil millones de pesos en fibras. Suman 156 mil millones de pesos, menos 105, da una diferencia de 41 mil millones de pesos que harán falta para entregarle dinero en bonos para la construcción. Si se cancela la obra tendrá que liquidarse el total de la obra contratada que son 63 mil millones de pesos, más 41 mil, te dan los 104 mil millones de pesos”, explicó el economista.
Entonces, cuestionó, “¿para qué vas a pagar 104 mil millones de pesos en indemnizaciones, si los puedes pagar en terminar el aeropuerto”.
José Luis de la Cruz, director de Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), consideró que para conocer el verdadero impacto económico de la decisión de López Obrador se debe dar la presentación del Presupuesto de Egresos 2019, prevista para mediados de diciembre, y el Plan Nacional de Desarrollo, pues lo que se conoce hasta hoy son sólo algunos proyectos.
El 6 de agosto Andrés Manuel sostuvo un encuentro con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y Colegio de Ingenieros Civiles de México en el Palacio de Minería y presentó 25 programas estratégicos para su administración que incluían la construcción del NAIM, el desarrollo del istmo de Tehuantepec, el tren maya, la modernización de las refinerías y la construcción de las nuevas refinerías.
Entre los proyectos prioritarios del nuevo Gobierno están las obras de infraestructura para el istmo de Tehuantepec, la producción de energía eléctrica, la perforación de pozos petroleros y la rehabilitación de las seis refinerías con una inversión de 50 mil millones de pesos, así como la construcción de una nueva.
Además de la construcción de caminos rurales y de concreto en el país para comunicar a los pueblos y generar empleos.
López Obrador anunció que el próximo año su Gobierno destinará 75 mil millones de pesos para extraer petróleo. Su propuesta será rehabilitar las seis refinerías que tiene el país y construir una nueva para dejar de depender de las importaciones de combustibles.
“Se van a iniciar obras o se les van a dar programas existentes un tratamiento distinto. Vamos a continuar con obras en proceso, no vamos a dejar tiradas obras, no vamos a construir nuevos hospitales hasta no terminar los 56 hospitales abandonados”, dijo en agosto.
El director del IDIC explicó que lo que sí puede advertirse hasta este momento con certeza, es que “se están haciendo realidad los planteamientos que López Obrador hizo en campaña” y que “habrá un cambio importante en materia de política económica”.
Ayer, la calificadora internacional Moody’s consideró que si bien la cancelación del Nuevo Aeropuerto envía señales negativas a los inversionistas, no afecta la perspectiva de su calificación crediticia que dejó en A3 con perspectiva estable al ver un alto nivel de solvencia.
Jaime Rosche, analista senior de Moody’s, dijo que la reunión de López Obrador con los contratistas del proyecto (Grupo Hermes e ICA) muestra que se están buscando soluciones, pero “seguimos en modo de observación sobre cómo evolucionan las políticas públicas”.
Pero los analistas de la calificadora dijeron que la mayor preocupación es si el gobierno entrante a partir del 1 de diciembre cancela o modifica la concesión en Texcoco, pues detonaría “un evento de incumplimiento” de la deuda de 6 mil millones de dólares del fideicomiso Mecxat.
