Los recientes casos de tortura y motines en las cárceles del país son parte de una crisis que lleva años sin atenderse debido a que el Gobierno y parte de la sociedad considera que las personas privadas de su libertad no deben de gozar de la protección del Estado, destacaron especialistas. Sin embargo, dicen, México está obligado a garantizar los derechos de los presos ante los convenios internacionales a los que está adherido.
En México hay 233 mil 469 personas privadas de libertad, de las cuales el 40 por ciento –92 mil 369– aún esperan sentencia, es decir no han sido declaradas culpables o, en su caso, inocentes.
La ONU y a CNDH han llamado en reiteradas ocasiones a atender la problemática al interior de los centros penitenciarios, en los que la corrupción, el autogobierno, el hacinamiento y las vejaciones son la regla.
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Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La negligencia de las autoridades estatales y federales ha generado la crisis en las cárceles del país, coincidieron organizaciones de la sociedad civil.
Esta semana, una serie de videos y denuncias sobre tortura en la carcel de Nezahualcóyotl, Estado de México, evidenciaron el abandono del sistema penitenciario.
“El hecho de que el Estado no sea capaz de proveer de las condiciones mínimas sí propician que dentro de las cárceles existan incentivos para que las autoridades, o internos que tienen poder, estén proveyendo servicios que el Estado no da, y a valerse de herramientas como la violencia o la corrupción”, dijo Karen Silva, investigadora de México Evalúa.
El 26 de octubre una serie de videos filtrados sobre el penal de Neza Bordo mostraron a reclusos torturando para cobrar pagos. Y en otras imágenes quedó exhibida la complicidad de custodios para permitir las riñas internas.
Dos semanas antes, en el penal de Cadereyta, Nuevo león, 18, un motín cobró la vida de 18 personas, en este mismo penal también fueron asesinados otros reos en el mes de marzo de este año.
El 6 de julio, un enfrentamiento entre reos en el penal de Las Cruces de Acapulco, Guerrero, debido a una pugna “permanente” entre grupos contrarios en el interior, dejó 28 muertos y a otros tres heridos. Y un mes antes, cuatro reos murieron y tres custodios perdieron la vida en un enfrentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez -sobre su visita a México en el 2014- hace referencia a las malas condiciones de infraestructura y salubridad en la que viven los reclusos.
Desde entonces, Méndez señaló que en penal mexiquense había una sobrepoblación del 120 por ciento.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en reiteradas ocasiones han condenado los hechos de violencia en los centros penitenciarios y exigido que se castigue a los responsables de los hechos, además ha recordado que el Estado mexicano está adherido a tratado como las «Reglas mandela» que lo obligan a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) ha hecho lo propio cada vez que ocurren este tipo de eventos en los centro federales y estatales.
En México las cárceles están a cargo de los tres niveles de gobierno: los Centros Federales de Readaptación Social, los llamados «ceresos», los Centros de Rehabilitación Social y reclusorios, que están bajo control de los gobiernos de los estados y la cárceles municipales.
A julio del 2016, de las 379 cárceles del país, 17 estaban bajo tutela del Gobierno Federal (4.49 por ciento); los gobiernos municipales tienen el mando en 71 (19 por ciento), y 291 (76 por ciento) los administran los gobiernos de los estados.
“Forma parte de esas quejas, generalizadas, sobre la mala situación al interior de los centros de reclusión que favorecen el hacinamiento y que provocan que se generen las condiciones de autogobierno”, dijo Nancy López, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Imágenes difundidas por Noticias MVT sobre en uno de los videos, que data de abril del 2017, muestran al reo Luis Alberto González Nieto, alias “El Tatos”, y otros tres reclusos mientras agreden a otro joven privado de libertad.
Un día después, el director del Penal Neza Bordo, José Duarte Franco, fue destituido.
“Es claro que esto es consecuencia no sólo de un tema de falta de políticas públicas y de abandono, sino de negligencia clara por parte del Sistema Penitenciario. No hay justificación que puedan dar las autoridades penitenciarias que sirva de excusa”, señaló López.
El informe de Méndez, que concluyó que en México la tortura era una “práctica generalizada”. Un calificación que la Cancillería negó. Pero, hoy la responsabilidad de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto vuelve a flote.
“Se trata de un reclusorio local [Neza Bordo], pero sin duda hay una responsabilidad federal importante”, agregó López, que además señaló que estos hechos generan dudas sobre el papel que están jugando las autoridades de ambos niveles de gobierno.
ESTADO DE LAS CÁRCELES
Esta semana el titular de la CNDH Luis Raúl González Pérez insistió en que el abandono también es presupuestal.
«Cuánto dinero no se ha canalizado a los penales tanto en el ámbito federal, pero también ha habido asuencia de los gobiernos estatales», acusó González, quien alegó falta de voluntad política para complementar la disposición de los recursos destinados a cárceles.
El diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó que en 86 de 131 centros penitenciarios visitados, entre febrero y octubre de ese año, no implementaban acciones de prevención ni atención a incidentes violentos.
En el informe se detalla que las entidad con más abusos, como agresiones, delitos sexuales y lesiones, reportados fue la Ciudad de México con 51 casos, seguida por Nuevo León con 19, Baja California con cuatro, Sonora con tres y Querétaro con dos.
“Las cárceles se encuentran bajo esa idea social de que las malas personas están dentro de ellas, por lo que supondría que no hay que hacer nada por ellas. Y esto permite una institución opaca, donde e facilitan los abusos”, apuntó Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Hasta julio de 2016, en México hay 233 mil 469 personas privadas de libertad, de las cuales el 40 por ciento, 92 mil 369, se encuentran esperando sentencia.
La cantidad de reclusos rebasa la capacidad de albergue las prisiones al grado que 24 mil 221 forman parte de la sobre población.
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) -que inició en el 2008 y terminó en el 2016- o la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, expuso Cortez, no lograron suplir la necesidad de una política que atienda a los presos en México.
“Si vemos el sistema anterior hay gente que llega a estar hasta siete años sin tener una sentencia y esto pues, evidentemente, es un signo de violaciones de derechos humanos fundamentales”, dijo Karen Silva.
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El uso de prisión preventiva que contribuye al hacinamiento de las cárceles es aún promovido por las autoridades. Este año el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa o el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales han abogado por cerrar la agilización en las puesta en libertad de los sindicados de presuntos delitos.
“Creo que es muy claro que el Sistema Penal Acusatorio no ha madurado, y no se ha logrado consolidar como un modelo distinto respecto al viejo sistema”, señaló el investigador.
Este lunes el penal Sergio García Ramírez, conocido como de “Chiconautla”, registró una riña a las 7:45 horas de la mañana. Un grupo de internos habría buscado atacar al reo Luis “N”, alias “El Tato”, quien se dedicaría a extorsionar.
En Chiconautla hay una sobrepoblación del 379 por ciento, hay sólo hay 958 espacios para 4 mil 591 reclusos.
De acuerdo con el Diagnóstico de la CNDH 20165, la entidad que presentó el mayor número de desórdenes fue Sonora con Sonora con 238; secundada por Chihuahua con 33, Nuevo León con 29, Quintana Roo con 10, Nayarit y Puebla con ocho cada uno, Morelos con seis; y Baja California Sur y Veracruz con cuatro cada uno.
“Hay una idea de que como son personas que delinquieron y están pagando un delito, tuvieran que sufrir cualquier tipo de pena. Pero, es muy equivocada, porque después de ser sentenciada los derechos que se les afectan a las personas son la privación de la libertad y el derecho electoral. Todos los demás siguen siendo vigentes”, dijo Cortez.
