Los representantes de las organizaciones coincidieron en que la impunidad no sólo es un problema del estado de Guerrero, también afecta al resto del país.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– Organizaciones a favor del respeto a los derechos humanos denunciaron en Nueva York la corrupción política, violencia e impunidad que se vive en el estado de Guerrero.
Durante la presentación del informe «Justicia Fallida en el estado de Guerrero”, expuesto en la academia John Jay School of Criminal Justice, los representantes de las organizaciones coincidieron en que las fallas en el sistema de justicia en el estado posibilitan la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin que los perpetradores vean un riesgo de castigo por sus actos.
En la reunión estuvieron presentes Maria Luisa Aguilar, integrante de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Santiago Aguirre, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), y Ximena Suárez en representación de Open Society Justice Initiative.
«Si graves violaciones a los derechos humanos, como los asesinatos y actos de tortura cometidos en contra de estudiantes de Ayotzinapa en 2011 hubieran sido adecuadamente investigados, entonces tal vez no nos encontraríamos donde estamos ahora», señaló Luisa María Aguilar.
Los representantes de las organizaciones coincidieron en que la impunidad no sólo es un problema del estado de Guerrero, también afecta al resto del país.
«Guerrero no es una excepción. En todos los demás estados del país se pueden encontrar similares violaciones a los derechos humanos. Quizá no en la misma escala, pero sí los mismos patrones», destacó Santiago Aguirre del Centro ProDH.
Ximena Suárez, la representante de Open Society Justice Initiative pidió al nuevo Gobernador de Guerrero, Héctor Astillo Flores, tomar acciones concretas que pongan de manifiesto su voluntad para llevar a cabo las urgentes reformas en materia de justicia que el estado necesita.
El pasado 2 de febrero fue presentado el informe «Justicia Fallida en el estado de Guerrero”, elaborado por investigadores de la Open Society Justice Initiative con el apoyo de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, y el Centro ProDH.
EL INFORME
El informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero” es el resultado de más de dos años de investigación y análisis por parte de expertos nacionales e internacionales que pone de manifiesto la profunda ausencia de voluntad política para frenar los abusos y llevar ante la justicia a los agentes estatales implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
Asimismo, propone un plan de reformas que sienten las bases para la recuperación de la confianza en el sistema de justicia y el Estado de Derecho en Guerrero.
La investigación de la Justice Initiative comenzó desde 2012, con la intención de indagar las “atrocidades” cometidas desde 2006 cuando el gobierno federal desplegó a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada.
Aunque seleccionó cinco estados para su investigación (Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Guerrero), fue en éste último donde identificó “mayores retos políticos y estructurales para investigar, perseguir, sancionar y reparar casos de atrocidades y violaciones masivas de derechos humanos”, así como una de las tasas más altas de homicidios en el país y una impunidad generalizada para resolverlos.
El informe refiere que la Fiscalía General del Estado de Guerrero reportó 19 mil 434 homicidios entre 2005 y 2014, pero la existencia de fosas comunes y clandestinas no investigadas, muchas de ellas descubiertas tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, “sugieren firmemente que el número real de homicidios es mucho más alto”.
Además, de los delitos reportados no todos son investigados y mucho menos sancionados. Por ejemplo, de 2005 a abril de 2015 la Fiscalía inició 7 mil 965 averiguaciones previas por homicidio doloso, pero sólo hubo mil 601 acusaciones formales (es decir 20 por ciento de las averiguaciones) y apenas 764 sentencias condenatorias (9.6 por ciento de las averiguaciones previas).
