En los últimos dos sexenios, los gobiernos perdonaron, de manera masiva, el pago de impuestos, multas y recargos a un reducido número de contribuyentes, sean personas físicas o morales.
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– Del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 172 mil 300 millones de pesos, la cantidad de 2007 a 2019 ascendería a 247 mil 600 millones de pesos. En canto a los créditos cancelados para el primer periodo se habrían dejado de cobrar 572 mil 700 millones de pesos. Que para 2019 serían 814 mil 700 millones de pesos.
El periodo comprende parte de los sexenios de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).
De las bases de datos recién liberadas se habla de condonaciones a 7 mil 800 contribuyentes y 9 mil créditos condonados porque hay contribuyentes que tuvieron varias resoluciones. Las cancelaciones corresponden a 9 mil contribuyentes y 21 mil créditos cancelados. Esas cifras excluyen a las personas que se ampararon, pero conforme esos procesos se vayan liberando, los nombres serán publicados.
Haydee Pérez Garrido, Directora del Centro de Investigación y Análisis Fundar, detalló en conferencia de prensa que la publicación de estos documentos son resultado de una batalla legal de 10 años “para obtener esta información que es de interés público y que interesa”.
En 2009 y 2010, contó, se elaboraron solicitudes de información al SAT para conocer el nombre de las personas beneficiadas por condonaciones y cancelaciones fiscales, el monto, la fecha y la razón por la que se les otorgó el beneficio. El SAT se negó alegando un secreto fiscal. Luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y argumentó que l protección del secreto fiscal era constitucional, pero el SAT podía entregar la información.
“En la discusión pública se debía discutir el tema del privilegio fiscal, porque ni la cancelación ni la condonación son malos, son instrumentos que tienen una razón de ser, pero la sociedad tiene que conocer a fondo la actuación de la autoridad tributaria, para saber que los criterios son aplicados de la misma manera para todos”, agregó.
En 2015 se aprobó la Ley de Transparencia donde dice que los créditos fiscales debe ser información pública, razón por la que los datos de 2015 a la fecha son públicos y se actualizan. Y tras cuatro años de juicio, el SAT entregó a Fundar la información relativa a las condonaciones y cancelaciones fiscales del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.
La directora de Fundar explicó que las condonaciones son un perdón fiscal que se puede dar por diferentes por motivos y las cancelaciones, son una especie de pausa que la autorizada pone a la deuda, pero que la deja firme.
La titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, dijo durante su participación que los “impuestos requieren transparencia cuando se dejan de percibir”.
“La condonación es legítima, pero si un contribuyente no pagó en principio, el que sí pagó, tiene derecho a saber quién no lo hizo, por qué, cuándo y bajo qué condiciones. El artículo 134 constitucional dice que los recursos económicos que se dispongan se administrarán con eficiencia, eficacia, economía y transparencia. Pero cuando se condonan en 2006 y 2012 se dejó de disponer de ello. Esos impuestos no ingresaron a la nación, no se dispuso de ellos, nunca llegaron a donde debía”, señaló.
Dijo que el secreto fiscal no debe amparar una condonación porque lastima a la sociedad entera y pone en entredicho la obligación de contribuir para los gastos públicos de manera proporcional de que dispongan y por lo tanto, si alguien se excluye no es ni proporcional ni equitativo.
“Este asunto da mucho de donde cortar pero había lagunas. Es una condonación que se permitió con las leyes fiscales. No hay dos clases de contribuyentes, para todos pagar impuestos es un sacrificio. Si alguien se beneficia a costa de los demás, así lo mandate la ley, los demás deben saberlo”, finalizó.
Las bases de datos estarán disponibles en la página de Fundar, ya que la información fue entregada en formato de datos abiertos y no “en cajas o Archivos PFD como ha ocurrido”, puntualizó Pérez Garrido.
