Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).–En la víspera de la entrega del Tercer Informe de labores del Presidente Enrique Peña Nieto, los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente hace casi un año en Iguala, Guerrero, presentaron un «Contra Informe» en el que señalaron que el Gobierno federal ha conducido al país a una crisis de derechos humanos, de la que el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa significa «la peor y más indignante atrocidad» en la historia reciente.
“Sintetiza”, dijeron, “la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos».
El documento, leído ante medios de comunicación por el vocero de los familiares de los normalistas, Felipe de la Cruz, enumeró distintos casos de violaciones a derechos humanos ocurridos en los tres primeros años del gobierno peñista, recalcando que «el más indignante, que demuestra con más claridad la impunidad y la ofensiva de los gobiernos contra los movimientos sociales» ha sido la desaparición forzada de los 43 estudiantes, perpetrada el 26 de septiembre pasado.
Recordó que en ese ataque, además de la desaparición de 43 estudiantes, fueron asesinadas seis personas. Asimismo cuestionó la versión que dio la Procuraduría General de la República (PGR).
«El día de hoy ya nadie cree en la versión oficial de la supuesta ‘verdad histórica’ de la PGR que intenta convencernos de que la narco delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar la vuelta a la página», dijo.
El «contra informe», elaborado en conjunto con organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Frente Popular de la Ciudad de México, hizo un recuento de lo que ha significado para el país la implementación de las llamadas reformas estructurales impulsadas por el Gobierno federal.
El texto menciona que las reformas han propiciado la privatización, la pérdida de la soberanía, el aumento del desempleo, el «saqueo» de recursos naturales y «despojo» territorial, la destrucción de ecosistemas, y la criminalización de los movimientos sociales y uso de «medidas de excepción» para legitimar el uso de la fuerza.
El «contra informe» también reivindicó los puntos programáticos de la Convención Nacional Popular: presentación con vida de los 43 normalistas y de todos los detenidos y desaparecidos del país, castigo a los culpables de esos crímenes y justicia para los agraviados, libertad a presos y procesados políticos, destitución del Presidente Peña Nieto «y toda la estructura del Estado», abrogación de las reformas estructurales, justicia contra crímenes de Estado como tortura, desaparición forzada y ejecución extra judicial, cumplimento a las recomendaciones de la ONU y la CIDH sobre tortura y desapariciones forzadas, y soberanía nacional y autonomía política, económica y social.
Al concluir la lectura del «contra informe», Mario Gonzañez, padre de uno de los normalistas desaparecidos, dijo que la posición de los padres es que permita la segunda etapa del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Agradeció que ellos han tenido la posibilidad de levantar la voz, gracias a la visibilización que tuvo su caso. Sin embargo, apuntó, la lucha no es sólo de los 43 padres de familia por encontr a sus hijos, sino de las miles de familias que también buscan a sus desaparecidos.
María de Jesús, también madre de un normalista desaparecido, expresó el sentir de los familiares ante la postura que ha asumido el gobierno en este casi año.
«Nosotros estamos aquí encambronados, tenemos mucho coraje, mucha indignación en contra del gobierno, porque el gobierno no ha hecho nada por ayudarnos, por encontrar a nuestros hijos».
Omar García, normalista de Ayotzinapa y uno de los sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre, dijo que desde ese día se han mantenido «en pie de lucha», y pese a que no ha sido sencillo, dijo, les ha enseñado a no guardar silencio ante los crímenes.
«Es cierto que ellos no asumen ningún tipo de costo, es cierto que no siquiera se dignan en fingir un tipo de justicia», djo sobre las autoridades, y señaló qe casos como Tlatlaya o Narvarte evidencian que las autoridades siempre buscan «chicos expiatorios» para responsabilizarlos.
«Hemos ido aprendiendo que al no asumir su responsabilidad ellos como Estado, como autoridades, tenemos que ir viendo nosotros la forma de buscar una justicia diferente, una justicia alternativa, de manera pacífica, de movilización social», manifestó. «Dicen que los movimientos pasan de moda, pasarán de moda los movimientos, pero no pasan de moda la inseguridad, el crimen de todos los días, los desaparecidos. Si eso pasara de moda quizá dejarían de tener razón de ser estos movimientos».
El pasado 26 de agosto, 11 meses después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, sus padres expresaron su hartazgo e indignación ante la falta de respuesta de las autoridades para cumplir su única exigencia: la aparición con vida de los jóvenes.
Al término de una marcha en la Ciudad de México en protesta por la desaparición forzada, algunos de sus padres y compañeros hablaron ante la multitud que los acompañó desde el monumento del Ángel de la Independencia. Desde un templete acomodado afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijeron hartos de la postura del Gobierno federal, que no ha cumplido con los compromisos que les hicieron y, por el contrario, ha tratado de dividirlos y desmovilizarlos.
Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, refirió que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió con ellos (el pasado 15 de agosto) a darle más tiempo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para continuar su trabajo en la revisión de la investigación oficial del caso. Sin embargo, dijo el padre de familia, el funcionario condicionó el aplazamiento a la entrega del informe final del grupo de expertos.
En estos 11 meses, los padres de los estudiantes desaparecidos han pasado del dolor a la rabia, como expresó la madre de Jorge Álvarez Nava.
“Aquí estoy recordándole a este Gobierno corrupto que queremos que nos entregue a nuestros hijos, que ya basta de mentira, porque el dolor que traemos no nos lo merecemos nosotros”, espetó. “Cómo madre yo le exijo que nos diga la verdad […] Si pensaba que nos íbamos a quedar callados, pues se equivocó porque jamás lo vamos a hacer. Siempre lucharemos con todo el corazón, porque no andamos luchando por quincenas, ni por aguinaldos, andamos luchando por vidas, vidas de nuestros hijos”.
Melitón Ortega, también padre de un normalista, refirió que en estos 11 meses los familiares de los estudiantes desaparecidos han sido hostigados e intimidados con la intención de acallarlos. No obstante, dijo, el movimiento continuará.
“Aún con esa amenaza del Gobierno vamos a seguir porque nuestro movimiento es digno, es pacifico, lo hemos demostrado que este movimiento va por la vida de los 43 jóvenes y no nos cansaremos […] mientras no regresan a esos jóvenes de la Normal de Ayotzinapa seguiremos recorriendo en las calles, en todo el país”, expresó.
