El espionaje del gobierno mexicano para proteger actos de corrupción de funcionarios públicos, para proteger sus alianzas con sectores económicos actuando en contra de la salud pública, para bloquear y/o debilitar iniciativas de ley anticorrupción, para desviar las investigaciones sobre desaparecidos que implican a organismos del Estado, supera cualquier acto similar en un país democrático en el mundo. A tal grado ha sido la práctica de espionaje en México que pone en juicio el calificativo de democrático para nuestro país, ya que esta práctica de espionaje es totalmente contraria y violatoria de los principios democráticos.
Pero México no sólo es un país de espías, es también de fantasmas. Hay fantasmas por todas partes, la corrupción los hace emerger en barrios pobres en toda la República, fantasmas que registran empresas de un día a otro para realizar negocios multimillonarios. Y los espías son amigos de los fantasmas, trabajan de la mano.
En este país nada más basta levantar una piedra de la política para que brote la cloaca, y, en este caso, de espías y fantasmas. Los fantasmas, como todos los fantasmas reales, nacen tras nubes de humo para ocultar a sus creadores.
La Procuraduría General de la República, a través de Tomás Zerón, compró el sistema de espionaje Pegasus, de la empresa israelí NSO Group al Grupo Tech Bull de México. El Grupo Tech Bull se había constituido un año antes de la transacción y su dirección se ubica en una colonia popular de la delegación Álvaro Obregón. Mexicanos contra la Corrupción (MCC) ubicó a su apoderado legal, quien firmó el contrato con Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por 32 millones de dólares, es decir, alrededor de 544 millones de pesos actuales, para la venta del sistema de espionaje Pegasus.
Tanto el apoderado legal como el dueño y administrador único de Grupo Tech Bull viven en colonias marginales y, al parecer, si recibieron algún beneficio de esta transacción, fue muy limitado, de hecho dicen desconocer ese contrato. El dueño de la empresa declaró que vendió las acciones de la empresa que se constituyó con 50 mil pesos y que un año después, sin ningún antecedente previo, sin ninguna experiencia, realizó un contrato de 32 millones de dólares con la PGR para la venta del sistema más sofisticado de espionaje en celulares. Un dato que revela el reportaje de MCC es que la empresa se constituyó el mismo día en que su administrador se recibió como Contador Público a los 26 años.
Una línea de investigación, sin duda, se encuentra en la designación, trece días antes del contrato con PGR, de Armando Pérez como encargado de cobranzas y litigios de Tech Bull y la liga que aparece de Tech Bull con Balam Seguridad Privada. A través de Wikileaks se filtraron diversas comunicaciones en que Armando Pérez se presenta ante NSO Group y la compañía italiana Hacking Team como una filial de Balam. Balam es una empresa bien ubicada en abastecer de sistemas de seguridad al gobierno federal y a los gobiernos estatales.
Rodrigo Ruíz de Teresa, socio de Balam Seguridad Privada, respondió a MCC, que Tech Bull no ha sido filial de ellos y que sus datos fueron usados sin su consentimiento. Sin embargo, Rodrigo Ruíz de Teresa, sobrino del exdirigente del sector social del PRI, Guillermo Ruíz de Teresa, muy cercano al senador Emilio Gamboa, aparece involucrado en las negociaciones para adquirir el sistema de espionaje contratado con PGR.
La trama de corrupción, de espías y fantasmas, para ocultar las estrategias de vigilancia y combate a los activistas y periodistas que trabajan por el interés público, así como para hacer también de esta actividad un negocio a partir de la compra de los sistemas más sofisticados de espionaje, demuestra el enredo que crean quienes roban del erario, intentando crear una nube de humo para ocultar detrás sus actos.
¿Podrá la PGR investigarse a sí misma? ¿querrá la PGR investigarse a sí misma?
Por otro lado, acaso la información hecha pública por el New York Times, Citizen Lab, y MCC no es suficiente para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción reconsidere la solicitud del Comité de Participación Ciudadana de iniciar una investigación sobre el caso de espionaje a activistas, académicos y periodistas, que rechazó anteriormente al considerar que no había señalamientos claros de corrupción. ¿Siguen pensando lo mismo?
