«Transparencia» es lo que pidieron funcionarios del Coneval cuando, la semana pasada, se confrontaron con los del Inegi por la medición de la pobreza. Sobre ese mal, padecido por más de 53 millones de mexicanos, la última década da cuenta de varios datos cerrados, como puede verse en los archivos del INAI y la plataforma Wikileaks. Algunos ejemplos: en 2009, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió no publicar las cifras de pobreza hasta que finalizaran las elecciones legislativas; dos años después, clasificó como “confidencial” una lista de denuncias de servidores públicos que se beneficiaron del programa Oportunidades, y en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013, el Coneval declaró que en sus archivos era “inexistente” el número de personas en crisis alimentaria por municipio atendido por la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Hoy, millones de mexicanos pasarán hambre. En la búsqueda de alimentos para amainarla, no tendrán a dónde acudir. Alejados de las ciudades, con las tierras secas, sin ingreso, tendrán que encararla. Otros, apenas alimentados, padecerán otras carencias como acceso a la salud o la educación. Para algunos más las horas pasarán sin casa donde refugiarse.
La diferencia entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por el cambio a la metodología del Módulo de Condiciones Socioeconómicas en 2015 puso en la palestra que sobre la pobreza debe permear la Transparencia. Pero en la última década, ese mal se ha convertido en un expediente con varios datos cerrados ante los ciudadanos. Una revisión en los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) y la plataforma Wikileaks arroja que tanto en el Gobierno de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto se tomaron decisiones para clasificar o postergar la publicación de la información relacionada con los pobres de México.
#DATOSCERRADOS CON FELIPE CALDERÓN
En 2011, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), recibió 43 mil 644 denuncias sobre personas que se habrían beneficiado de los apoyos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Una parte de esas denuncias fue porque algunas familias no necesitaban las becas. Otra, fue porque algunas personas inscritas en el padrón eran funcionarios públicos.
La dependencia, en ese momento a cargo de Heriberto Félix Guerra y poco antes bajo la titularidad de Ernesto Cordero Arroyo, clasificó esa información como “confidencial”; es decir, le puso un candado permanente que impide conocerla ahora y también en el futuro. En otras palabras: jamás se conocerá la lista de los nombres de los servidores públicos que presuntamente usaron a su favor el programa diseñado para abatir la pobreza, a menos que el Gobierno federal decida desclasificarla.
No fue el único acto de ocultamiento de datos. Tres años antes, en 2009, el entonces Presidente Calderón Hinojosa y los partidos políticos de oposición acordaron no divulgar las cifras sobre el crecimiento de la pobreza hasta que pasaran las elecciones legislativas de ese año, en las que el Partido Revolucionario Institucional consiguió la mayoría en el Congreso de la Unión, de acuerdo con un reporte de la Embajada de Estados Unidos en México.
En el cable identificado con la serie 09MEXICO2205 y fechado el 5 de julio de 2009, que aún cuelga de la plataforma de Wikileaks (https://wikileaks.org/plusd/cables/09MEXICO2205_a.html), se lee: “La divulgación de esta información políticamente sensible fue hecha con retraso, por un acuerdo entre el Gobierno y los partidos de oposición, hasta después de las elecciones legislativas del 5 de julio de 2009”. Y en efecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer las cifras de la pobreza dos semanas después de los comicios.
#DATOSCERRADOS CON ENRIQUE PEÑA NIETO
Una de las primeras acciones del Presidente Enrique Peña Nieto fue el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el 21 de enero de 2013, en Las Margaritas, Chiapas. El programa estaba dirigido a 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema y arrancó en 400 municipios elegidos con criterios basados en la información del Coneval.
En febrero de 2015, un peticionario de información le pidió al organismo el número de personas en pobreza alimentaria extrema por cada municipio, el número de personas en pobreza, la población potencial para cada programa por municipio y la población atendida en 2013.
El órgano encargado de la evaluación de los programas sociales respondió que esa información era “inexistente” en sus archivos.
En su respuesta, se lee: “Con el fin de incrementar la probabilidad de encontrar a la población objetivo de la Cruzada, el levantamiento se realizó en manzanas y localidades de estratos socioeconómicos muy bajo y bajo (definidos por el INEGI) al interior de las Zonas de Atención Prioritaria en los 400 municipios, tal como se señala en el IEPDS 2014 (página 132). Por ello no es posible hacer cálculos especificando por municipio el número de personas en pobreza alimentaria extrema, el número de personas en pobreza, la población potencial para cada programa por municipio y la población atendida en 2013”.
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La pobreza y miseria volvieron a danzar como tema político. El pasado 15 de julio, el INEGI publicó el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 e informó que sus resultados no eran comparables con ejercicios anteriores porque se había modificado el trabajo de campo al preguntar sobre el ingreso de los hogares más pobres. A su vez, el CONEVAL cuestionó la decisión unilateral de INEGI, por no haber sido informado de los cambios y criticó el impacto en las mediciones históricas de pobreza. El Coneval pidió Transparencia.
