Jan Jarab participó en la presentación de la campaña «No Olvidamos. Un llamado a la justicia», organizada por grupo civiles, y ahí señaló que “no hemos podido evitar que las desapariciones se hayan convertido en este país en una situación aparentemente normal para algunas instituciones, no se ha avanzado lo suficiente en la búsqueda de personas desaparecidas, ni en las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables de unos de los crímenes más horribles».
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Jan Jarab, consideró que el Gobierno de México ha fracasado en la políticas para enfrentar las desapariciones forzadas.
“No hemos podido evitar que las desapariciones se hayan convertido en este país en una situación aparentemente normal para algunas instituciones, no se ha avanzado lo suficiente en la búsqueda de personas desaparecidas, ni en las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables de uno de los crímenes más horribles», dijo Jan Jarab en la presentación de la campaña «No Olvidamos. Un llamado a la justicia», impulsada por organizaciones sociales.
El representante del organismo internacional señaló que las campañas de este tipo ponen en evidencia «que algunas acciones institucionales no se llevaron a cabo de la manera adecuada, que faltan muchas más por realizar» y consideró que la misma es «urgente y necesaria en México».
Jarab destacó también que son las familias de los desaparecidos las que «han asumido enormes riesgos por exigir justicia y verdad».
El funcionario arribó a mediados el mes pasado a nuestro país y fungirá como nuevo Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dará seguimiento a las observaciones y hallazgos hechos por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante su visita a México en octubre 2015.
En tanto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lanzó la campaña «No Olvidamos. Un llamado a la justicia», con el apoyo financiero de la Unión Europea, que pretende informar a la sociedad sobre los alcances y consecuencias del fenómeno de la desaparición en México, «dimensionando la realidad que muchos no han querido ver: su impunidad sistemática».
«Ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, se hace necesario visibilizar la situación, pero además denunciar la impunidad estructural que hace posible que estas violaciones continúen. Llamando a poner un fin a estas atrocidades que laceran a la sociedad mexicana. Porque decenas de miles de víctimas no pueden, ni deben seguir esperando justicia: ¡No Olvidamos!», planteó el organismo civil en un comunicado.
En ésta se describirá la historia de ocho casos de desaparición forzada, ocurridos en los estados de Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, y Morelos: Rosendo Radilla Pacheco un líder social desaparecido en 1974; Silvia Arce, madre de 3 hijos desaparecida en 1998; Miguel Orlando Muñoz Guzmán, militar desaparecido en 1993; Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en 2009; Óscar Reyes Ruíz trabajador desaparecido en 2012; Daniel Ramos Alfaro, capacitador de educación básica desaparecido en 2013; Jorge Antonio Parral Rabadán, funcionario federal desparecido y ejecutado en 2010 por militares, y Jethro Ramssés Sánchez Santana ingeniero y maestro desaparecido, torturado y ejecutado, igualmente por militares en 2011.
DESENCUENTRO CON LA ONU
La ONU ha sido my crítica respecto a las prácticas y políticas de seguridad de nuestro país, así como de las reacciones de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto ante las mismas.
En días pasados, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, señaló que el progreso ha sido insuficiente en la protección del derecho a la vida en México desde su misión al país en 2013.
“Las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”, destacó Heyns en su informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de México para implementar las recomendaciones para proteger el derecho a la vida que hizo tras su visita oficial al país hace tres años.
Previamente, otro relator de la ONU, Juan Ernesto Méndez, alertó en un informe que en México la tortura era generalizada. El documento fue presentado el 9 de marzo del año pasado y dio inicio a una embestida desde el Gobierno de México protagonizada desde distintos frentes en la que incluso participó el entonces Canciller José Antonio Meade Kuribreña.
El Embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, fue el primero en responder al informe. A unas horas de que el documento fuera dado a conocer, el diplomático dijo que se traba de una “falacia” que “no corresponde con la realidad”. Meade Kuribreña, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no se quedó atrás y el mismo dijo que el Relator Juan Méndez “sólo aportó información de 14 casos de los cuales de 13 ya se le presentaron avances significativos para su atención”.
Ante ello, Al Hussein sostuvo a fines del año pasado que hay un amplió consenso internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos que hay en México y alertó que las autoridades del país han reaccionado con “intolerancia ante la crítica pública” y ante informes de diversas instancias internacionales.
“Hay una fuerte convergencia de miradas sobre los alcances de los problemas de los derechos humanos en México entre la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y académicos del país”, dijo Ra’ad Al Hussein.
“Desde hace tiempo México ha sido muy generoso en sus invitaciones; por tanto, ha sido una sorpresa para nosotros cuando el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos actores políticos […]. Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en acciones sobre otros informes presentados recientemente”, puntualizó.
Sugirió: “En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje” y agregó que “si hay un punto de vista diferente, sentémonos y hablemos de la esencia”.
“Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en el país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la sociedad eligió”, dijo.
Incluso, relatores de la ONU también alzaron la voz para apoyar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de «la campaña de difamación» de la que eran víctimas cuando aún investigaban el caso Iguala.
En aquella ocasión, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el Relator sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, exigieron actuar activamente al Gobierno mexicano “en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos”.
