Los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo realizan distintas acciones en sus congresos, aún mayoritarios, para «blindarse» de la justicia al dejar su mandato. Los ciudadanos y el Partido Revolucionario Institucional deben detenerlos, exigen políticos de oposición.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Legisladores y un Gobernador electo piden al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también a los ciudadanos poner un alto a los gobernadores del tricolor que están por dejar el poder y que están tratando de blindarse por distintos medios.
El miércoles pasado, Javier Corral Jurado, Gobernador electo de Chihuahua, lanzó una plataforma digital para que funcionarios y ciudadanos puedan denunciar de manera anónima irregularidades y presuntos actos de corrupción, luego de que se propagara el rumor de que la administración del priista César Duarte Jáquez destruyó documentos vinculados con estos delitos.
“Atendiendo a los rumores de la destrucción de papelería dentro de la Administración actual que encabeza el Gobernador César Duarte, [se] lanzó este formato digital con la finalidad que empleados del Gobierno y ciudadanos puedan hacer sus denuncias anónimas sobre irregularidades, manejos indebidos y actos de corrupción en las dependencias estatales”, informó el panista en un comunicado.
El Gobernador electo de Chihuahua detalló que las denuncias podrán realizarse en el sitio web Denuncia Chihuahua, que tiene un apartado para subir fotos, videos y documentos que evidencias irregularidades cometidas por servidores públicos del actual Gobierno estatal.
Mucho antes de ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, Corral Jurado denunció al priista Duarte Jáquez por diversos delitos relacionados con corrupción, enriquecimiento ilícito y uso ilegal de recursos públicos, entre otros.
Un día después de su triunfo en las elecciones del pasado 5 de junio, el panista confirmó que uno de sus objetivos centrales será limpiar a la entidad de la corrupción.
“Chihuahua será el estado donde realmente toque fondo el sistema de intereses y de complicidades que llevó al enriquecimiento del Gobernador [César Duarte Jáquez], para que pueda liberarse una orden de aprehensión e inicie el proceso de recuperación de los bienes, que Duarte habría adquirido con dinero público”, expuso.
“Es irreversible nuestro compromiso, en eso vamos a documentar una de las acciones más importante que demanda el cambio político en el país que es romper el pacto político de impunidad”, expresó entonces.
En casi seis años de Gobierno, el priista César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda pública de Chihuahua, por motivos que aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos. Al recibir la gubernatura, los pasivos del estado sumaban 12 mil 547 millones de pesos, y de acuerdo con cifras oficiales de marzo de 2015 ahora son de 41 mil 926 millones .
Desde hace dos años existe ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia interpuesta por el activista Jaime García Chávez por el caso del banco Progresa Chihuahua. La misma denuncia se interpuso ante autoridades estatales, pero fue desechada, ante lo cual Corral Jurado afirma que se buscarán nuevos elementos para interponer una nueva querella.
Martha Angélica Tagle Martínez, Senadora independiente, dijo a SinEmbargo que el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto deben hacer un llamado al Gobernador Duarte Jáquez y a otros gobernadores, como Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, para detenerse en su intento de blindarse contra posibles demandas cuando en unos meses abandonen sus cargos.
“La parte desafortunada es que los congresos están controlados por ellos y es por eso que están aprobando estas reformas. Al único que le queda poder hacer algo es al titular del Ejecutivo Federal y a su propio partido para exigir que no se decreten y publiquen estas reformas para concluir este tema y promover cuestiones de juicio político, porque ellos están a punto de salir en un par de meses”, expuso.
La Senadora destacó que el principal problema en estados como Veracruz es que el Congreso local está totalmente controlado por el Gobernador.
“Estos congresos aprueban todo lo que los gobernadores manden: las cuentan públicas, el endeudamiento y ahora este tipo de reformas que están aprobando al fast track. Eso no se puede permitir. En Veracruz, por ejemplo, se controla incluso a los partidos opositores y hay varios partidos locales que han salido para servir al Gobernador”, destacó.
Jorge López Martín, Diputado federal del PAN, dijo que las maniobras de los gobernadores salientes del PRI se han dado porque no tienen otra forma de poder “salvar el pellejo”, debido al cúmulo de acusaciones de corrupción que pesan sobre sus cabezas.
“Es importante que la información fluya y se pueda conocer de qué monto y qué cantidad han sido los desvíos y desfalcos, y cuáles son las estrategias que están realizando”, consideró.
El Diputado afirmó que la impunidad en México es insostenible y que los legisladores del PAN pedirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “verifique y revise con lupa” lo que sucede en entidades como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
“Es indispensable que exista una voluntad política de las procuradurías de los estados para que los gobernadores sean procesados con todo el rigor de la Ley. Será indispensable que el PRI vea más allá de sus intereses políticos y ve más por los intereses de los ciudadanos y puedan plantear mecanismos de manera urgente para que estos delincuentes puedan ser procesados a través de los mecanismos legales y el estado de derecho que debe de prevalecer”, dijo.
Hasta el momento el PRI nacional tomó hoy distancia solamente del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien echó andar toda una estrategia a través del Congreso local para blindarse de acuerdo con sus detractores políticos.
“En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”, dijo Carolina Monroy, quien es la Presidenta interina del partido tricolor.
En conferencia de prensa Monroy dijo que “nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”.
CONGRESO DE VERACRUZ FRENA A JAVIER DUARTE
Ayer, el Congreso de Veracruz frenó la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en la entidad, cargo en el que se preveía se ratificara a Francisco Portilla Bonilla. Lo anterior luego de la presiones sobre el presunto blindaje que el Gobernador Javier Duarte pretendía con este nombramiento.
Se preveía que durante la novena sesión ordinaria del Congreso de Veracruz se sometería al pleno la designación de un Fiscal Anticorrupción, sin embargo en un primer momento el tema fue retirado del dictamen del día debido a que no alcanzó el consenso necesario entre los legisladores.
La propuesta fue frenada ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser subida al pleno. Incluso la mayoría priista del Congreso local dio un giro y decidió no respaldar la moción.
El Congreso veracruzano discutió la creación de una sala Especializada en materia de Anticorrupción, sin embargo, la discusión se volteó en críticas en contra de la propuesta que aseguran, es una Ley a modo para blindar al Gobernador Javier Duarte. Incluso, dentro del Recito Legislativo, diversas personas protestan con pancartas en las que lee: “#QueNoSeEscapeDuarte”.
Diversos legisladores de oposición subieron a la Tribuna y aseguraron que una Nueva Sala no es necesaria, ya que este trabajo lo puede llevar a cabo el Poder Judicial de la entidad e insistieron en que se trata de un intento por legislar a una Ley “a modo” para proteger a los funcionarios corruptos del Gobierno de Javier Duarte.
La Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Cristina Ledezma, consideró que “crear una sala especializada no implica una sola reforma, significa un nuevo atraco a las finanzas públicas del Estado”.
“Lamentablemente en este Congreso se siguen inventando magistrados. Ustedes están ocupando un Sistema Anticorrupción adecuándalo a su modo, para proteger a todos los funcionarios corruptos de este Gobierno”. Además, aseguró, el dictamen invade las facultades del Poder Judicial.
Hace unos días fue promulgada la reforma constitucional local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.
La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal Anticorrupción, que durará cinco años en el cargo, y del Contralor General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el PRI y sus partidos satélites locales.
Ante ello, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo, exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.
Duarte de Ochoa pretende dejar también al Contralor General y extender el poder de Luis Ángel Bravo Contreras, actual Fiscal General de Estado, durante nueve años más.
Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el mandatario dejaría una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por corrupción.
EN QUINTANA ROO, OTRO PRIISTA TAMBIÉN SE BLINDA
En Quintana Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo se «blindó» ante la amenaza de Carlos Joaquín González, Gobernador electo, de iniciar una indagatoria sobre su gestión.
Borge Angulo impulsó –a través del Congreso de Quintana Roo– la elección de Javier Félix Zetina González, un priista cercano a él y a la administración anterior, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.
Además, Borge diseñó la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia y a tres magistrados del Tribunal Superior. El Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría la propuesta de Borge.
De acuerdo con el documento Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, publicado por la SHCP, los cinco más endeudados al término de 2015 son la capital del país, con 71 mil 083 millones de pesos; Veracruz, con 45 mil 879 mdp; Chihuahua, con pasivos por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo, con una deuda de 22 mil 442 mdp, y Baja California, con pasivos que suman 18 mil 169 mdp, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que Quintana Roo ya tiene comprometido más del 87 por ciento de sus participaciones transferidas por la Federación y Veracruz el 85 por ciento; es decir, “ya tienen poco margen para endeudarse”.
La de Borge es una administraciones estatales más cuestionadas por parte de organizaciones sociales y activistas. Las difamaciones en contra de periodistas y legislaciones “a modo”, son algunas críticas que ha recibido en los poco más de cuatro años que lleva como Gobernador y que han colocado a su gestión como una de las más “represoras” en el país.
El 14 de septiembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, promovida por el Gobierno de Borge Angulo, por considerar que atenta contra el derecho a la información.
A principios de agosto de 2015, el Congreso de Quintana Roo aprobó la también llamada “Ley Borge”, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.
En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.
Por ejemplo, la legislación deja a Pedro Canché Herrera y a Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge.
La CNDH argumentó respecto al artículo 3 fracción XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condición de que la actividad sea “permanente”, que este concepto deja “fuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresión”.
Con esta modificación a la legislación, sostuvo el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, se podría dar lugar a diversas violaciones de los derechos de las personas “al no otorgarles el reconocimiento de la protección a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto debido a la temporalidad con la que desempeñen su actividad”.
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa, debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19.
–Con información de Dulce Olvera y Guadalupe Fuentes
