Los enfrentamientos en los campamentos de dos importantes proyectos mineros se produjeron debido a conflictos con comunidades indígenas que reclaman el uso de terrenos comunales y la presunta afectación a recursos hídricos.
Por Franklin Briceño
LIMA (AP) — Los campamentos de dos importantes proyectos mineros de cobre en los Andes peruanos, de capitales chinos y mexicanos, sufrieron incendios en el marco de conflictos entre las compañías mineras y las comunidades donde se encuentran emplazadas.
El incendio, cuyos autores no se conocen al momento, ocurrió luego que vecinos de Huancuire se enfrentaron a unos 250 policías y personal de seguridad minero en un choque que dejó dos comuneros heridos por perdigones. Los comuneros dijeron que la Policía los agredió, mientras que la minera afirmó que los comuneros los agredieron cuando buscaban dar mantenimiento a una planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la zona invadida por los comuneros.
Uno de los incendios ocurrió la noche del martes en el campamento del proyecto cuprífero Los Chancas de la minera Southern Copper, propiedad del Grupo México. El alcalde de Tapairihua, Edwin Carpio, en cuya jurisdicción está el plan minero, confirmó el siniestro a AP.
Southern Copper dijo en un comunicado que unas 300 personas, «entre desconocidos y presuntos mineros informales e ilegales» atacaron el campamento usando explosivos y armas de fuego. Añadió que se destruyeron cuatro camionetas, tres grupos electrógenos, casetas de seguridad, más de quince módulos de viviendas, el comedor, carpas para laboratorio, almacén y los depósitos de combustible.
La minera pidió la intervención de las autoridades para evitar «nuevos actos delictivos y amenazas contra nuestro personal y la población de los distritos de Pocohuanca y Tapairihua, que también está siendo agredida por este grupo delictivo».
También, la mina Las Bambas, controlada por la estatal china Minmetals mediante su filial MMG Limited, confirmó el miércoles en un mensaje a The Associated Press que el incendio se registró la víspera y afectó a un taller mecánico, pero al momento no hay un cálculo exacto de los daños.
En algunas fotografías enviadas a AP por Las Bambas también se observan un cargador frontal, dos contenedores marítimos, una carpa y varios neumáticos quemados.
La producción de cobre en Las Bambas está detenida hace 42 días por un conflicto con campesinos indígenas de la comunidad de Huancuire que han ingresado a terrenos de la minera alegando incumplimientos de pactos previos. El Gobierno mantiene un estado de emergencia en la zona.
El Alcalde de Tapairihua envió además a la AP un comunicado grabado en video donde recordó que la minera está desde hace más de 24 años en la zona y que no tiene buenas relaciones con el distrito porque ha iniciado denuncias judiciales a un centenar de vecinos, incluidos «dirigentes, comuneros y ambientalistas». No dio más detalles.
La autoridad local dijo que en la zona hay comuneros dedicados a la minería artesanal, pero descartó que ellos hayan tenido motivos «para atentar contra el campamento». Los Chancas es un proyecto minero aún en estudios, con una inversión prevista de dos mil 600 millones de dólares.
Según la Defensoría del Pueblo, las comunidades de Tiaparo, ubicada en Pocohuanca, y Tapairihua se oponen a la actividad de Southern Copper en el proyecto Los Chancas. Tiaparo por una presunta falta de cumplimiento de acuerdos asumidos por la empresa durante 11 años y Tapairihua porque no contaría con el acuerdo del uso de terrenos comunales y por presunta afectación a recursos hídricos.
El Ministerio de Energía y Minas no ha realizado comentarios al momento.
Ambos proyectos se encuentran lejos uno de otro pero se ubican en Apurímac, una región rica en cobre, un metal del que Perú es el segundo productor mundial.
Perú acumula 209 conflictos en todo su territorio, de los cuales el 63 por ciento son de origen socioambiental ligados a actividades extractivas incluida la minería, según la Defensoría del Pueblo. Muchos de estos conflictos tienen más de una década y se fueron acumulando a lo largo de los años sin que los últimos gobiernos lo hayan resuelto.
El Gobierno del Presidente Pedro Castillo, que inició su gestión hace 10 meses, ha cambiado cuatro veces de Primer Ministro y cinco veces de titular del Ministerio de Energía y Minas.
La escasa continuidad de ministros en el cargo y la debilidad política del mandatario, que enfrenta incluso una investigación fiscal por presunta organización criminal, no ha permitido que los funcionarios logren acuerdos para apaciguar los conflictos entre las comunidades y las mineras.
La minería es clave para los ingresos fiscales de Perú y constituye aproximadamente el 60 por ciento de las exportaciones.
