La Sección 7 de la CNTE en Chiapas reiteró que las personas que ayer agredieron a seis maestros en el municipio de Comitán de Domínguez, en Tuxtla Gutiérrez, son ajenas al magisterio. Dijo que se trata de infiltrados de los gobiernos federal, estatal y municipales para desprestigiar al movimiento. Esto lo confirmó uno de los docentes agredidos, quien aseguró que en el lugar no había ni un sólo maestro de la Coordinadora.
Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- La Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas se deslindó de la agresión que sufrieron ayer seis maestros en Tuxtla Gutiérrez, a quienes acusaron de «traidores», los esquilaron y los obligaron a caminar descalzos por varias calles.
En entrevista para Primero Noticias, Manuel Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la sección 7 de la CNTE, condenó este día los hechos en el municipio de Comitán de Domínguez, donde la tarde de ayer un grupo de maestros que se dirigían a Tuxtla Gutiérrez a entregar la lista de asistencia de los profesores fueron interceptados por supuestos integrantes de la Coordinadora.
“Fueron agentes infiltrados del Estado quienes hicieron esta acción y con ello pretenden desprestigiar, arreciar la guerra sucia”, aseguró.
Por su parte, Armando Castellanos, supervisor de la Zona 6 de Comitán, uno de los maestros que fue rapado y obligado a caminar descalzo por las calles de Comitán, aseguró en entrevista con Radio Fórmula que los responsables de estos hechos no forma parte del magisterio, sino de una agrupación, aparentemente campesina, ajena a la CNTE.
«No son maestros, como se está manejando. Es un grupo de esas asociaciones que se han creado por esos rumbos. tal parece campesina. No había ningún maestro», dijo Castellanos, quien además aseguró que tiene más de 20 años trabajando en Comitán y «conozco a la mayoría de padres de familia y maestros […] También comenté con los directores; les pregunté si conocían a alguien, y tampoco».
El supervisor de la zona 6 en Comitán recordó que «había muchos jóvenes ahí, pero de inmediato usted se da cuenta que no son maestros. No son maestros. Ninguno de ellos es maestro» y externó su apoyo al movimiento del magisterio contra la Reforma Educativa.
El maestro enfatizó en que durante la agresión estaban presentes policías municipales y no intercedieron por ellos.
Tras la agresión, la CNTE y la Sección 7 denunciaron en un comunicado que grupos infiltrados pagados por los presidentes municipales de Comitán y San Cristóbal de las Casas, Mario Antonio Guillén Domínguez y Marco Antonio Cancino González, respectivamente, retuvieron a maestros, quienes fueron vejados, rapados y humillados «para tener argumentos para denostar y calumniar la noble lucha que hoy pueblo y maestros libran contra el Estado mexicano».
Aseguraron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han salido «cínicamente a intentar confundir haciendo creer que defienden los derechos de sus agremiados [..]. cuando son culpables de la embestida a la educación pública y el empleo».
SEP DICE QUE FUERON MAESTROS Y LOS DARÁ DE BAJA
La SEP condenó los hechos en contra de supervisores y directores escolares en Chiapas “que cumplían con las acciones legales de notificación a los maestros que han faltado por más de tres ocasiones a sus labores docentes”.
La dependencia informó que por instrucciones del Secretario Aurelio Nuño Mayer, la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control de la SEP coadyuvarán con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “a fin de que se finquen las responsabilidades penales, para que los autores de dichas agresiones sean llevados ante los tribunales competentes”.
Además informó que “de conformidad con lo que dispone la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, se iniciarán las acciones en contra de los agresores a fin de que sean dados inmediatamente de baja del servicio público educativo”.
