El Diputado panista Romero Hicks calificó el desafuero de Cabeza de Vaca como «un acto faccioso, discrecional y sesgado».
Ciudad de México, 30 abr (EFE).- El desafuero del Gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por corrupción, aprobado este viernes por la Cámara de Diputados de México ha sido un golpe que ha desestabilizado a la oposición mexicana, a poco más de un mes de las elecciones del 6 de junio.
«Este es un juicio que llega con más preguntas que respuestas, ¿por que ahora? si se habla de delitos añejos, ¿por qué en el arranque de las campañas electorales», cuestionó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador en el Congreso del Partido Acción Nacional (PAN), principal opositor del Gobierno actual.
«Estamos frente a un acto faccioso, frente a un proceso dirigido a tiempos electorales, que es discrecional y sesgado», añadió Romero Hicks durante la discusión de seis horas y media en el Congreso.
Erigida como Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados, aprobó el desafuero de García Cabeza de Vaca y el caso fue dirigido al Congreso de Tamaulipas, que de inmediato comenzó a sesionar y cuya mayoría es del PAN, institución política a la que pertenece el Gobernador.
En la sesión, el Congreso local rechazó, mediante un punto de acuerdo, el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados contra García Cabeza de Vaca, con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, en una sesión rápida.
«No procede la declaración de homologación de procedencia emitida por la Cámara de Diputados (…) y se determina que no ha lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución política estatal le otorga a García Cabeza de Vaca en su carácter de Gobernador», se apuntó en el proyecto aprobado.
Además, el Congreso local indico que no hay elementos para retirar el fuero que la Constitución le otorga al Gobernador estatal y señalaron que el mandatario puede continuar en el cargo.
La petición de declaración de procedencia fue formulada por los fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, de la Fiscalía General de la República (FGR).
Previamente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, mencionó que ni el imputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ni su defensa, presentaron incidente alguno de recusación.
? Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra del gobernador de Tamaulipas. https://t.co/5PgOrQiSdc
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 30, 2021
Tras seis horas y media de discusión, el dictamen fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.
DEFRAUDACIÓN FISCAL
García Cabeza de Vaca fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.
El daño al fisco federal fue estimado en 6.51 millones de pesos, lo que acredita el delito de defraudación fiscal, que se castiga con una pena de 3 a 9 años de prisión.
A la Cámara de Diputados no acudió García Cabeza de Vaca y su representación legal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, se presentó vía remota, ya que la sesión fue semipresencial.
El abogado precisó que «no hay ninguna prueba de que la familia del Gobernador tenga los novecientos y cientos de millones de pesos de los que hablan ya que «si existiera esa prueba, hubieran venido a la Cámara de Diputados a pedir el desafuero por todas esas operaciones».
Tras la decisión del Congreso, García Cabeza de Vaca publicó un video en el que acusó que la mayoría de diputados del partido en el Gobierno, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) «consumó un nuevo golpe a la Constitución y a la democracia».
Les presento mi postura ante la decisión tomada este día en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/kzhDDYe1Ye
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) April 30, 2021
Dijo que «a todas luces en un linchamiento político y penal orquestado desde el Gobierno (…) no hay quien se salve del uso de la instituciones públicas para la calumnia y para ser castigado, señalado y hasta encarcelado».
Pero para la Diputada Paola González, de Morena, García Cabeza de vaca es «un delincuente que ha robado los recursos que le pertenecen al pueblo mexicano» y dijo que «podría estar involucrado en otras actividades ilícitas, algunas, incluso, vinculadas con grupos de la delincuencia organizada».
ANTECEDENTES
Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR investigaba al Gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
El proceso iniciado por la FGR parte de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende del Gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador.
La UIF acusó al Gobernador de Tamaulipas de haber simulado la compraventa de un lujoso departamento en Santa Fe, en Ciudad de México, por 42 millones de pesos (unos 2.1 millones de dólares) como parte de un entramado de lavado de dinero.
Para comprar el inmueble y luego venderlo, García Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos (unos 715 mil dólares) de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma que sirvieron al Cártel de Sinaloa para «lavar dinero».
Además, la UIF halló más de 20 propiedades en Tamaulipas y en Texas (Estados Unidos) vinculadas a García Cabeza de Vaca a través de empresas familiares y socios.
El Gobernador ha negado las acusaciones y ha denunciado una «persecución política» de López Obrador y el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque la semana pasada se reveló que pagó 100 mil dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.
García Cabeza de Vaca, Gobernador desde 2016, también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN que en 2013 habrían recibido sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética del entonces Presidente Enrique Peña Nieto
