En el editorial de Semanario desde la Fe, la Arquidiócesis mexicana señaló que «a poco más de un año de que el GIEI iniciara sus trabajos para aportar elementos relativos al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el diálogo se rompió, y su encomienda no fue refrendada bajo polémicas indagatorias contra la verdad histórica».
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– La Iglesia católica aseguró que el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Iguala fue «demoledor» y que puso de manifiesto los males que aquejan el sistema judicial mexicano.
Criticó además que «lo que suponía la intervención esperanzadora para saber qué paso en uno de los más dramáticos asuntos penales en la presente administración, llega a su fin con más preguntas que respuestas».
En el editorial de Semanario desde la Fe, la Arquidiócesis mexicana señala que «a poco más de un año de que el GIEI iniciara sus trabajos para aportar elementos relativos al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el diálogo se rompió, y su encomienda no fue refrendada bajo polémicas indagatorias contra la verdad histórica».
Agrega que el informe presentado el pasado domingo, «resultó tan demoledor como el de septiembre de 2015». Consideró que el primer informe «puso en duda el destino final de los desaparecidos, el último fue más allá al esgrimir contundentes recomendaciones sobre la procuración de justicia y el sistema legal».
Señaló que el documento presentado «toca los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita. Como afirma el documento, ‘lo procesal sacrifica frecuentemente lo sustancial, y la forma está muchas veces por encima del contenido y la verdad’”.
«El caso Ayotzinapa entra en una nueva etapa. Conviene a la presente administración dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito. El tiempo pasa y los 43 son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos», señala la Iglesia católica.
El editorial alerta que el sistema legal del país «está hecho para cocinar culpables, desgraciando destino y vida de inocentes; las cárceles están ocupadas por gente que nada ha hecho, pero son víctimas de las deformaciones del derecho e injusticias maquiladas en el escritorio para cubrir cuotas sin perseguir delitos reales. Sembrar pruebas, inculpar inocentes, violar el debido proceso y obstruir la justicia con infames tecnicismos y nimiedades legaloides, burlar la contundencia de testigos y probanzas sólidas, son los grandes males que infectan el organismo legal en México».
Y agrega que «estamos ante la prostitución y perversión del derecho que funciona a los poderosos para aplastar a los mexicanos en desventaja, principalmente a los pobres, quienes son aniquilados en su libertad por sus condiciones sociales y económicas».
Recuerda además que de forma paralela, la opinión pública «es impactada por recientes casos de tortura exhibidos en noticieros, o bien cuando los responsables de la persecución de los delitos, funcionarios, fiscales y ministerios públicos, son descubiertos al exigir a los subordinados resultados con base en números, privilegiando estadísticas y cuotas políticas, y socavando elementales derechos en el proceso penal».
