Familiares de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey que murieron en un fuego cruzado entre militares hace seis años, dijeron tener la certeza de que este caso se trató de una ejecución extrajudicial. El gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón identificó a los jóvenes como sicarios. Tras asesinarlos, el Ejército dijo que confundió a los estudiantes con criminales. En agosto de 2010 la CNDH reportó que los soldados intentaron hacer pasar a los estudiantes como pistoleros al sembrarles armas. También indicó que la PGR, la Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar obstaculizaron la investigación y casi no colaboraron.
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- A seis años de la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, las autoridades de justicia siguen sin consignar el expediente a un juez.
Familiares de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo que fueron asesinados el 19 de marzo del 2010 durante un supuesto tiroteo entre elementos del Ejército y miembros de un grupo delincuencial, dijeron tener la certeza de que este caso se trató de una ejecución extrajudicial.
“¿Fueron elementos del Ejército?, sí, eso nos queda claro. ¿Fue un error?, no, de eso no nos queda duda y lo sabemos porque durante meses revisamos el expediente. No fue fuego cruzado, fue una ejecución extrajudicial a sangre fría, y los militares siguen diciendo que se trataba de dos delincuentes”, dijo Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de Jorge Antonio.
Los familiares relataron que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), en especial del subprocurador Gilberto Hilguera, han faltado a su palabra en reiteradas ocasiones durante los últimos seis meses para consignar este caso ante un juez. Lo que levanta suspicacias de encubrimiento.
“En vez de procurar que la PGR tome cartas en el asunto, vemos que le da investigación a Emilio Álvarez Icaza, cuando aquí tenemos familiares que ha estado esperando seis años por la consignación”, expuso el director de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz Rendón.
El director explicó que no sorprendería que después las autoridades de Gobierno intentaran tergiversar la versión de los padres. Y recordó las participaciones del Ejército en casos relevantes como el de Ayotzinapa.
“El Gobierno y la Sedena debe reconocer los errores que se cometen, de manera que la impunidad no sea algo que nos afecte”, dijo Patricia Varela González, tía de Javier Francisco.
Los padres acusaron que fue una unidad de ocho elementos: “Había un capitán, un Sargento, el resto eran soldados. Al principio hubo una Unidad de Vinculación Ciudadano, era gente del Ejército y de derechos humanos que tenían relación con nosotros, y fueron tres años que estuvimos en espera de ellos. Nunca logramos hacer nada. Hasta que un día acusaron a uno de manipulación de los hechos, se llamaba Hipólito, como lo acusaron militarmente salió exonerado”, dijo Lorenzo Joel Medina Salazar, padre de Jorge Antonio.
Los familiares acusaron que sus hijos ahora son parte de las estadísticas de tragedia que dejó una “irresponsable” guerra contra el narco emprendida por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el 2006. Ya que el Ejérctio, a la fecha no cuenta con la preparación para interactuar con la ciudadanía.
Rosa Elvia Mercado Alonso relató que en su momento el otrora Secretario de Gobernación Francisco Gómez Mont les avisó que se prepararan porque se iba a transmitir un video sobre los hechos. La llamada se recibió el primero de mayo del 2010 a las seis de la tarde.
“El video mal editado, se vio claro, la inocencia de los muchachos. Se vio claro que no había sido un error. Que hubo muchas mentiras. Jorge se regresó porque él no iba a dejar a su amigo, y mostró su carnet, pero no le creyeron, o no le quisieron creer”, dijo.
CRIMINALIZAN A VÍCTIMAS
Los familiares acusaron que las autoridades criminalizaron desde el primer anuncio a las víctimas, la argumentación estuvo basada en que una de las víctimas recibió una bala de un calibre utilizado por grupos criminales.
“Una bala en el cuerpo de mi hijo era del calibre de la delincuencia, pero, ¿y los otros seis disparos que recibió? Dónde quedaron esas balas, qué calibre eran, nada se dijo”, dijo Mercado Alonso.
El expediente cuenta con 40 tomos, y tiene más de 100 declaraciones, informaron los padres, por lo que esperan que la Procuradora Arely Gómez González confirmar una reunión programada para el 8 de abril.
La madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiante de la maestría en Ciencias, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quien cursaba el doctorado en Ciencias, murieron a manos del Ejército Mexicano durante un tiroteo.
Los militares intentaron hacerlos pasar por sicarios del crimen organizado y les sembraron armas, hasta que se descubrió la verdad.
El gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón identificó a los jóvenes como sicarios. Tras asesinarlos, el Ejército dijo que confundió a los estudiantes con criminales porque momentos antes de que ellos salieran del campus del ITESM, los soldados habían sostenido un enfrentamiento con presuntos delincuentes que trataron de darse a la fuga y supuestamente se habrían internado en el Tecnológico.
Ese noche de marzo de 2010 según versiones de algunos compañeros, los jóvenes se encontraban en el campus revisando sus tesis. Tardaron varias horas en el campus y a su salida, durante la madrugada, fue cuando se encontraron con la balacera entre los elementos del Ejército y una banda de delincuentes.
En agosto de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que los soldados intentaron hacer pasar a los estudiantes como pistoleros, sembrándoles armas, y los golpearon hasta matarlos. También indicó que la PGR, la Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar obstaculizaron la investigación y casi no colaboraron.
