Fue en 1938, en plena Guerra Civil española, cuando se promulgó la ya famosa Ley de Prensa del 22 de abril. La promulgó, ni más ni menos, que el falangista Ramón Serrano Suñer y su redactor fue el entonces jefe del Servicio Nacional de Prensa, José Antonio Giménez-Arnau. La ley fue derogada hasta 1966, luego de dejar incontables estragos. Entre otras medidas, en ella se establecía que el director de los diarios era nombrado (y, obviamente, removido) por el Ministerio del Interior, lo correspondiente a nuestra Secretaría de Gobernación, quien podía sancionar las faltas de desobediencia, la resistencia pasiva y, además, podía controlar la publicación de libros, folletos o publicaciones periódicas (nacionales o extranjeras) que fueran en contra de la avanzada nacionalista, que se apoyaba en la iglesia y el fascismo alemán e italiano. Poco después aparecería el llamado NO-DO (Noticiarios y Documentales), que controlaba radio, cine y televisión, cuya censura se hacía siempre “Por Dios y por España”. Con la reciente puesta a debate de las leyes secundarias de telecomunicaciones en México, aparte de la contienda que libran los dos monstruos mediáticos más grandes del país (Slim y Azcárraga), el artículo que ha puesto el dedo en la llaga es el 218, fracción VIII. En él se le faculta a la Secretaría de Gobernación para que pueda “vigilar” que las emisiones de televisión y radio respeten “la vida privada, la dignidad personal y no ataquen los derechos de terceros ni provoque la comisión de algún delito o perturbe el orden público”, contraviniendo con esto lo expuesto en los artículos 6 y 7 constitucionales, que confieren dicha labor al Instituto Federal de Teleomunicaciones (Ifetel). El poder, ahora, radicaría en un solo hombre (a este día Osorio Chong) y no en una institución, lo que –lo señalan los analistas- significaría un retroceso pues se corre el riesgo, como en la época más exacerbada del franquismo, de que la información que reciba la sociedad sea totalmente distinta a la realidad, confiriéndole a Televisa (al parecer la más beneficiada en todo esto) las funciones que el franquismo delegó a la Iglesia Católica. México podría jactarse, por ejemplo, de una paz que, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, brilla aún por su ausencia en el gobierno de Peña Nieto, empecinado en ponderar (es lo que evidencian estas leyes) un modelo de gobierno presidencialista. Los medios alternativos de comunicación (las redes sociales mismas) sólo confirmarían que no se puede tapar el sol con un dedo. Así que más vale prevenir: que curar.
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