Un copy paste para justificar un proyecto, medicamentos para el VIH de los que no se pudo comprobar la entrega, recursos millonarios de los que no sabe su paradero, gastos millonarios en trajes tipo sastre del Estado Mayor Presidencial, y subejercicio y falta de planeación de los programas de igualdad de género, entre otras irregularidades, son parte de lo que la Auditoría Superior de la Federación encontró en la Cuenta Pública de 2016 de Presidencia la República y de las secretarías de Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Educación, Salud y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– En 2016, las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sumaron un total de 104 mil 241 millones de pesos, de los que sólo logró recuperar 7 mil 896 millones. En todo ese cúmulo de revisiones, Presidencia y cinco dependencias federales pasaron por la lupa del órgano fiscalizador que detectó miles de millones en gastos no comprobados y hasta pagos por proyectos de los que simplemente se hizo copy paste.
De entre los resultados que resaltan del Tercer Informe de la Cuenta Pública de 2016 están que la Presidencia de la República ejerció 23 millones 869 mil pesos en trajes tipo sastre de dama y caballero para el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) usó mil 835 millones 630 mil pesos para la Promoción y Defensa los Intereses de México en un programa de Equidad de Género que no contó ni con un planeación anual de trabajo para dar cumplimiento a las atribuciones en materia de igualdad de género.
En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó políticas de equidad de género por las que erogó recursos por 3 millones 326 mil pesos, monto inferior en 77.1 por ciento respecto de los 14 millones 549 mil pesos autorizados. El dinero, con autorización de Hacienda, se traspasó al presupuesto de Provisiones Salariales y Económicas.
También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue auditada. La ASF encontró que el Programa de Trabajo 2016, que tiene 29 indicadores orientados a fortalecer la conectividad, facilitar el desplazamiento oportuno de personas y bienes en el ámbito nacional e internacional, detonar la actividad económica, democratizar la productividad e incrementar la competitividad del país, fueron sólo una transcripción de los objetivos y estrategias definidos en su planeación sectorial.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ocasionó un daño al erario por 724 millones 707 mil 883 pesos por transferencias de las que no se sabe su destino, pagos sin acreditar y de fianzas. Mientras, la Secretaría de Salud (SSa) a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida, un daño de 35 millones 069 mil 285 pesos.
LOS GASTOS DE PRESIDENCIA
Presidencia de la República tuvo para 2016 un presupuesto de mil 922 millones 652 mil pesos, 3 mil 550 millones 458 mil pesos y 306 millones 318 mil pesos en compensaciones que se otorgaron a personal militar asignado al Estado Mayor Presidencial.
Además de sus “servicios personales”: mil 515 millones 532 pesos y 29 millones 966 mil pesos en el pago de 164 plazas de personal militar y civil al servicio del Presidente.
En la partida 15902 «Pago extraordinario por riesgo» se registraron erogaciones por 56 millones 784 mil pesos, las cuales se revisaron en su totalidad, y se constató que corresponden al pago realizado a 862 puestos del Estado Mayor Presidencial y a 12 de la Oficina de la Presidencia de la República.
De las partidas de Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año y de Asignaciones adicionales al sueldo (ayuda de despensa, previsión social múltiple, ayuda de servicios, compensación por desarrollo y capacitación, seguro de retiro y ayuda de transporte), se ocuparon 128 millones 075 mil pesos.
En «Medicinas y productos farmacéuticos» en la que se ejercieron recursos por 17 millones 062 mil pesos corresponden a la adquisición de medicamentos para el abastecimiento del almacén de farmacia del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.
En la partida 27101 «Vestuario y Uniformes» se ejercieron 23 millones 869 mil pesos para uso del Estado Mayor Presidencial (trajes tipo sastre para caballero y para dama).
La ASF encontró que de dos contratos, uno debió celebrarse bajo una licitación pública y no de “invitación”. Además se detectó que esa empresa ganadora, que tuvo una propuesta de 8 millones 821 mil pesos, se formó 46 días antes de que se le invitara a participar.
En 24 procedimientos de adjudicación directa para la adquisición de vestuario y uniformes, por un momento total de 4 millones 143 mil pesos, la ASF señaló que se trató de compras que debieron hacerse bajo una Licitación Pública Nacional.
Incluso, en 14 casos no hubo evidencia de que los proveedores de este tipo de prendas cuenten con alguna autorización para su confección y comercialización.
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PROMOCIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO
Con Claudia Ruiz Massieu al frente de la SRE, se tuvo la tarea de promover la igualdad de género en el ámbito internacional; cumplir con las obligaciones en la materia encomendadas en Proigualdad 2013-2018, y contribuir a la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto de los tratados y convenciones internacionales, a fin de colaborar en la reducción de las brechas de desigualdad de género.
Para eso tuvo un presupuesto de mil 835 millones 630 mil pesos que ejerció la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDGyD).
Sin embargo, el programa sólo tuvo un objetivo a nivel de Actividad referente a la “Realización de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género” y un indicador para cuantificar el “Porcentaje de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género”.
La ASF señaló que eso resultó insuficiente para monitorear y evaluar los resultados que obtiene la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, ya que según el Reglamento Interior dicha dirección tiene las responsabilidades de coordinarse con las dependencias y entidades para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género y para la coordinación de la SRE con todas las áreas competentes.
Tampoco tuvo un programa anual de trabajo para dar cumplimiento a las atribuciones en materia de igualdad de género, no fijó metas en la coordinación de dependencias y entidades de la administración pública federal, y tampoco se pudo establecer la contribución de dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.
“La Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD) operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de utilizar la administración por resultados”, sostuvo la ASF.
En 2016, la SRE no contó con un programa anual de trabajo para cumplir con las atribuciones en materia de igualdad de género, en el que se incluyeran los compromisos, los objetivos, las metas programadas y alcanzadas, y los indicadores que den cuenta de la contribución de la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) con los tratados y convenciones internacionales.
Tampoco fue posible evaluar los resultados obtenidos, ni precisar los avances logrados porque no se fijaron metas para el efecto, y tampoco fue posible establecer la contribución de dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.
Aun así, la SRE ejerció 49 millones 826 mil pesos para la operación del programa presupuestario “Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral”, monto superior en 49.7 por ciento en relación con el presupuesto aprobado de 33 millones 283 mil pesos.
EL COPY PASTE Y LOS PROBLEMAS DE SINTAXIS
Para la Definición y Conducción de la Política de Transportes, la ASF evaluó la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política de transportes de la SCT, a fin de verificar que se contribuyó al desarrollo estratégico de la infraestructura.
Los resultados muestran que no se contó con una planeación de los objetivos, no se fijó el fenómeno problemático, las causas y los efectos y, en consecuencia, no estableció la congruencia del problema con el objetivo, la selección de alternativas y la estructura analítica del programa presupuestario. Ni siquiera estuvo alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Hubo hasta deficiencias en la sintaxis de los objetivos; éstos no se vincularon con la formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, ni con diseñar la implantación y operación de los programas o dar seguimiento a su cumplimiento.
En teoría, la Secretaría elaboró su Programa de Trabajo 2016, en el que incluyó 29 indicadores orientados a fortalecer la conectividad, facilitar el desplazamiento oportuno de personas y bienes en el ámbito nacional e internacional, detonar la actividad económica, democratizar la productividad e incrementar la competitividad del país, pero sólo transcribió los objetivos y estrategias definidos en su planeación sectorial, sin que incluyera mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación para medir el cumplimiento de los objetivos sectoriales y contribuir a consolidar una política de transporte unificada y congruente que favorezca al desarrollo estratégico de la infraestructura con los recursos físicos y humanos, responsables de su ejecución, y plazos de cumplimiento.
Ese año, la SCT careció de elementos que le permitieran demostrar que efectuó el seguimiento de la conducción de la política pública de transportes mediante los avances de los 29 indicadores del Programa de Trabajo 2016 y canceló las plazas de la Dirección de Evaluación Sectorial adscrita a la Dirección General de Planeación.
724 MILLONES DE DAÑO
La Sedatu, en manos de Rosario Robles Berlanga, reportó en 2016 un presupuesto original por 25 mil 613 millones 444 mil pesos, el cual como resultado de adecuaciones presupuestales, tuvo ampliaciones netas por 478 millones 504 mil pesos, aunque se encontró una diferencia de 134 millones 255 mil pesos de lo reportado a la Cuenta Pública.
La ASF previó daños al erario por 3 mil 922 millones de pesos por una fianza de cumplimiento que no se cobró, otro por 689 millones 220 mil 851 pesos por transferencias registradas en los estados de cuenta bancarios de cuentas concentradoras de la Sedatu sin identificar el destinatario de los recursos y otro por 31 millones 564 mil 092 pesos, por pagos realizados sin acreditar la recepción de los servicios.
PRESUPUESTO DE EQUIDAD DE GÉNERO AL RAMO 23
Mientras Aurelio Nuño tenía la titularidad de la SEP, para la implementación de políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo no se contó con el diagnóstico de necesidades en materia de difusión, que fundamentara su realización, ni con un programa de trabajo con estrategias y metas respecto de la población potencial y objetivo a la que se enfocaría la difusión para sensibilizar y concientizar sobre igualdad de género y disminución de la violencia.
“Esta situación implicó que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas”, señaló la ASF.
En ese año, la SEP ejerció un total de 3 millones 326 mil pesos mediante el programa “Políticas de igualdad de género en el sector educativo”. El gasto fue inferior en 77.1 por ciento respecto de los 14 millones 549 mil pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debido a que Hacienda autorizó reducciones presupuestarias para que la SEP traspasará recursos del programa presupuestario al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.
Sobre la capacitación de personal, no fue posible evaluar si esas actividades fueron suficientes para apoyar en las tareas de institucionalizar la perspectiva de igualdad de género y reducir la violencia contra las mujeres en el sector educativo, ya que la dependencia no acreditó que su Programa de Formación sobre la Incorporación de Perspectivas de Género y Derechos Humanos al Personal Directivo.
Tampoco dispuso de la información que justificara la meta de capacitar a 769 personas, ni de la evidencia documental de haber llevado a cabo dos cursos programados
No hubo evidencia documental de la elaboración de estudios, investigaciones y evaluaciones materia de perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, y la reducción de la violencia de género en el sector educativo, ni se detectó algún diagnóstico que sirviera de base para elaborar el programa de trabajo en el que se establecieran objetivos, metas e indicadores de desempeño relacionado con la elaboración de estudios e investigaciones en la materia.
MEDICAMENTOS NO ENTREGADOS
La ASF encontró en 2016, que el Censida adquirió 9 claves de medicamentos antirretrovirales que no sometió a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, para la atención de pacientes con tratamiento antirretroviral, por lo que los recursos utilizados no se destinaron en los medicamentos y documentación que fue analizada y revisada por dicho comité conforme a la información que le fue presentada para su estudio.
Además, que la Coordinación Estatal de VIH/SIDA de Chiapas no demostró la entrega de 2 mil 496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes del estado por un importe de 5 millones 354 mil pesos y tampoco demostraron la entrega de 337 medicamentos a pacientes por 416 mil pesos.
Los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y no aseguraron el registro oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes.
Por su parte, el INER no acreditó la entrega de 12 mil 437 medicamentos a pacientes por un importe de 29 millones 274 mil pesos.
El daño al erario público se prevé por 35 millones 069 mil 285 pesos.
