Entre el 23 y el 25 de diciembre fueron ejecutadas más de 35 personas. 28 en los linderos entre Jalisco y Michoacán, 9 en Sinaloa. Todos muertos por las balas del narcotráfico que en México, en plena Nochebuena, aterrorizó a la sociedad mientras el gobierno inconmovible no atinó a hacer declaración alguna de los hechos que bien pueden considerarse narcoterrorismo.

Como si los habitantes de pueblos lejanos, con gobiernos débiles, policías con escasas herramientas de defensa y capacitación, y enclavados en la ruralidad, por ello y por sus condiciones climáticas y geográficas en poder del crimen organizado, fuesen menos que los de cualquier ciudad capital.

Lo que sucedió en la zona de Concordia, Sinaloa, en Briseñas, Michoacán, Pihuamo y Ayotlán, Jalisco, es de una gravedad tan terrible para la seguridad de México, cuanto delicado para el empoderamiento de los cárteles que con balas y billetes se han adueñado de esos y otros pueblos de México.

Ya en una de sus declaraciones iniciales el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, refirió la existencia de entre 60 y 80 cartelitos en el País, productos todos ellos de la impunidad que durante el sexenio pasado se proveyó al crimen organizado, y de la guerra encarnizada entre los mismos narcotraficantes que provocó escisiones en las estructuras ilícitas.

Sin embargo el Procurador Murillo olvidó decir dónde y quiénes manejan esas células criminales, cuáles son las principales rutas ilícitas de las mismas y quiénes a partir de la corrupción les permiten en el Estado Mexicano contar con protección para hacer lo que hicieron: matar inocentes, sacar personas de una fiesta para fusilarlos, secuestrar y torturar policías hasta ejecutarlos y algunos desmembrarlos.

La guerra del narcotráfico no ha cambiado y la estrategia de combate del Gobierno de Enrique Peña Nieto no ha iniciado, mientras los civiles siguen cayendo por decenas. Un recuento del semanario ZETA publicado en su última edición de este año y con límite de tiempo al 27 de diciembre, da cuenta que en el primer mes de Peña se contabilizan 208 ejecutados por el narcotráfico. En el mismo periodo pero en 2006 antes que Felipe Calderón iniciara su propia guerra contra el crimen organizado, la suma de ejecutados llegó a 62.

Las cifras, terribles, graves, nos dicen que el clima de inseguridad es peor. Que hay más crimen organizado y desorganizado que hace seis años, pero que tenemos en México un gobierno indolente que no acaba de armarse, asumirse y comprometerse, a pesar que el equipo de transición funcionó desde julio de 2012, y se supone creó un plan de acción para atacar el problema más grave que aqueja a nuestra nación: la inseguridad producto del narcotráfico.

Y vaya, no es el origen del narcoterror en Sinaloa, Michoacán y Jalisco, no está en los cárteles de mayor antigüedad, impunidad y número de integrantes, como pueden ser el cártel de Sinaloa o Los Zetas (que por más declaraciones de aniquilamiento por parte del gobierno continúan matando y trasegando droga), sino en lo que Murillo calificó como cartelitos: Los Caballeros Templarios, La Resistencia, Los Corona, Los Beltrán Leyva, Los Mazatlecos. Estructuras criminales todas dedicadas a la producción, el embalaje, el contrabando, el trasiego y la venta de droga, con el ejercicio de actividades criminales adicionales como el secuestro, la extorsión, y, lo que es evidente en días recientes, el asesinato, la ejecución para aterrorizar a la sociedad.

Son lamentables, terribles las muertes de estos Mexicanos, y es grave, aterradora, desilusionante y muy mal pronóstico de lo que viene, la indiferencia e indolencia del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia los primeros ejecutados de su gobierno.

Mientras el Procurador insiste en una depuración de su institución que realmente no llega, y el secretario de Gobernación ahora responsable de la seguridad federal sigue discutiendo con las Cámaras, y el Presidente vacaciona de fin de año, los que no descansan, los que ejercen su poder criminal, son los cartelitos de los que el gobierno de Peña Nieto conoce bien, pero no ha reaccionado para controlarlos.

En estas condiciones de indiferencia gubernamental, inicia el conteo de ejecutados del nuevo Gobierno, aquellos que Enrique Peña Nieto no ha podido salvar como es su obligación de proveer seguridad, tranquilidad y paz a los mexicanos todos.

Adela Navarro Bello

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