Etiqueta: reos

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, aproximadamente 50 internos alteraron el orden y lograron herir elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. No se reportaron fallecidos.

Por Argenis Salmerón

Acapulco, Guerrero, 21 de febrero (ElSur).- Hoy en la madrugada 13 policías estatales y cuatro efectivos de la Guardia Nacional (GN) resultaron lesionados en la cárcel de Las Cruces, luego de un proceso de traslado de 25 mujeres y 36 hombres privados de la libertad, para ser enviados a penales federales.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal explica que las 1:10 horas, un aproximado de 50 internos de otros dormitorios alteraron el orden y se organizaron para intentar evitar los traslados.

https://twitter.com/SSPGro/status/1495759962869489678

Señala que los reos ocuparon el edificio de Gobierno y agentes antimotines de la Policía Estatal realizaron presencia de disuasión.

Informa que el Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, ordenó reforzar la seguridad por parte de personal de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal adentro y fuera del penal.

Se reporta que la situación fue controlada y que durante los hechos no se registraron personas fallecidas.

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Redacción/SinEmbargo

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México

El Procurador confirmó que aún no se ha logrado apresar al líder del grupo, quien ha sido identificado como José Artemio Maldonado Mejía, alias «El Michoacano».

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre (AP).— Las autoridades detuvieron a tres de los nueve reos que huyeron en una espectacular fuga de una cárcel del centro de México y otras ocho personas vinculadas al grupo delictivo que participó en el hecho.

En el estado central de Hidalgo fueron recapturados tres de los nueve presos que huyeron la víspera del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la localidad de Tula, dijo el jueves a la prensa el Procurador General de la entidad, Alejandro Habib Nicolás.

Durante las acciones de búsqueda que se activaron tras la fuga las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas a la banda que participó en el evento, indicó Habib Nicolás.

Cerca de las 04:00 am del 1 de diciembre, un grupo de individuos llegó amenazando a los custodios, para facilitar su huida detonaron dos coches bombas uno cerca del penal y otro cerca del Hospital Regional. Foto: Juan Donojú, Cuartoscuro.

El Procurador confirmó que aún no se ha logrado apresar al líder del grupo, quien ha sido identificado como José Artemio Maldonado Mejía, alias «El Michoacano», quien fue uno de los nueve presos que huyó del Cereso tras la irrupción de un comando de unas 10 personas armadas, quienes con la ayuda de un camión de tres toneladas, que tenía soldada una chapa en su parte frontal, lograron tumbar un portón de la cárcel para facilitar la fuga.

En la operación se emplearon dos vehículos que se incendiaron para distraer a las fuerzas de seguridad mientras el comando armado ingresaba a la cárcel, y otra unidad donde se encontraron unos objetos que se presume podrían ser explosivos, precisó el Procurador.

Habib Nicolás dijo que los nueve presos fugados eran procesados por los delitos de homicidio y secuestro.

Entre los reos recapturados están Román Farfán Sánchez, Juan Valentín Rangel Albor y Abel Millán Gaspar, informaron medios locales.

Elementos de las policías, el Ejército y la Guardia Nacional están participando en las operaciones de búsqueda que se activaron el miércoles y han continuado durante el jueves, señalaron a la AP autoridades estatales.

Fotografía cortesía del Diario La Región de Tula, que muestra los restos de un auto alrededor del penal de Tula, hoy en el estado de Hidalgo (México).
Fotografía cortesía del Diario La Región de Tula, que muestra los restos de un auto alrededor del penal de Tula, hoy en el estado de Hidalgo. Foto: Diario La Región de Tula vía EFE

En Tula se ubica una gran refinería y el área está plagada de bandas armadas que roban combustible perforando los ductos.

Las fugas espectaculares no son algo nuevo en México. Joaquín «El Chapo» Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa, ahora en prisión en Estados Unidos, escapó por segunda vez de una cárcel en 2015 a través de un túnel habilitado con rieles por los que recorrió en una moto el kilómetro y medio que conectaba su celda de máxima seguridad con el exterior.

En 2012, más de 130 reclusos escaparon también a través de un túnel de la prisión de Piedras Negras, ciudad fronteriza con Texas, y dos años antes se fugaron 141 presos de una cárcel de Tamaulipas, en el noreste del país, por una entrada para vehículos del personal penitenciario.

México

Mario Vargas Soto, Secretario de Seguridad Pública de Tula, confirmó más temprano la detención de uno de los reos que escaparon, Román «N», de 35 años, purgado por una condena por secuestro.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPEH) reportara la fuga de nueve reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, se han recepturado a tres de ellos.

La Policía de Hidalgo confirmó haber atrapado ya a tres de los nueve reos del Tereso de Tula, además de dos integrantes del comando armado que participó en la fuga de la madrugada de este miércoles 1 de diciembre.

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De acuerdo con Francisco Villeda, del periódico Milenio también ya están detenidos seis personas que participaron en la fuga, presuntamente sicarios.

Además según la información del periodista Villeda, 12 custodios del Cereso de Tula fueron presentados por agentes de la Policía de Investigación ante la PGJEH para que rindan su declaración por los hechos suscitados la madrugada de este miércoles.

Mario Vargas Soto, Secretario de Seguridad Pública de Tula, confirmó más temprano la detención de uno de los reos que escaparon, Román «N», de 35 años, purgado por una condena por secuestro.

Según las primeras investigaciones, al rededor de las 4:00 horas, un vehículo se acercó al portón de entrada y fue detonado con dinamita.
Según las primeras investigaciones, al rededor de las 4:00 horas, un vehículo se acercó al portón de entrada y fue detonado con dinamita. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Secretario, la detención se dio en una calle de la colonia Nantzha, en el municipio de Tula; el convincto fue ingresado al Cereso de Tula el pasado 4 de agosto.

Tras la fuga de los reos, se iniciaron operativos en las dos carreteras que colindan con el Estado de México y la de Querétaro a donde presuntamente huyeron los internos.

¿Cómo fue la fuga?

Un grupo armado ingresó este miércoles al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tula, Hidalgo, en donde liberó a nueve reos. Además se reportó la detonación de tres carros bomba en diferentes puntos del municipio.

Los reos fugados formarían parte de un grupo criminal dedicado al robo ilegal de hidrocarburos —una actividad conocida como huachicoleo en México—, así como al secuestro y la extorsión.

Uno de los reos liberados sería un importante líder delictivo de la zona y se le conocería como José Artemio Maldonado Mejía, alias “El Michoacano”, capo de Pueblos Unidos.

La madrugada de este miércoles, un grupo armado rescató a por lo menos nueve personas del Centro de Readaptación Social de Tula, Hidalgo.
La madrugada de este miércoles, un grupo armado rescató a por lo menos nueve personas del Centro de Readaptación Social de Tula, Hidalgo. Foto: Cuartocuro

Asimismo, se dio a conocer que entre los prófugos se encuentra Mariano Maldonado, hermano de “El Michoacano”; Jovani Sánchez Martínez; Román Farfan Sánchez; Juan Valentín Rangel Albor; Abel Millán Gaspar; Fernando Cerón; Yair Alejandro Hernández Martínez, y Jaime Eusebio.

¿Quién es el «Michoacano»?

José Antonio Maldonado Mejía, alias ‘El Michoacano”, es conocido como un importante líder delictivo de la zona, capo de “Pueblos Unidos”, un grupo criminal dedicado al robo ilegal de hidrocarburos, una actividad conocida como huachicoleo en México.

Además, el grupo estaría involucrado en los delitos de secuestro y extorsión.

Más tarde, en varios puntos de la ciudad, por lo menos tres vehículos más también fueron explotados.
Más tarde, en varios puntos de la ciudad, por lo menos tres vehículos más también fueron explotados. Foto: Cuartoscuro

“El Michoacano” fue detenido el pasado 26 de noviembre en el municipio de Texcoco, en el Estado de México.

México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 558 en 2020.

Redacción/SinEmbargo

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La ley mantiene la inyección letal como el método principal de ejecución si el estado cuenta con el fármaco, pero en caso de no tenerlo autoridades penitenciarias podrán usar la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento.

Por Jeffrey Collins 

Carolina del Sur, Estados Unidos, 17 de mayo (AP) — El Gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, convirtió en ley un proyecto que obliga a que los reos en pena de muerte escojan entre la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento, con la esperanza de que el estado pueda retomar las ejecuciones luego de una pausa involuntaria de 10 años.

Carolina del Sur ha sido uno de los estados más prolíficos de su tamaño en cuanto a ejecutar la pena de muerte. Pero la falta de fármacos para la inyección letal frenó las ejecuciones.

McMaster promulgó la ley el viernes sin ceremonia, de acuerdo con el sitio web oficial del poder legislativo estatal. Fue el primer proyecto que el Gobernador resolvió de casi 50 que llegaron a su escritorio el jueves.

La ley mantiene la inyección letal como el método principal de ejecución si el estado cuenta con el fármaco, pero requiere que las autoridades penitenciarias usen la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento en caso de no tenerlo.

La Fiscalía indicó que tres presos han agotado todas sus apelaciones normales, pero no pueden ser ejecutados debido a que, de acuerdo con la ley anterior, los reos que no elijan la silla eléctrica deben morir por inyección. Todos han elegido el método que no puede aplicarse.

La fecha de inicio de las ejecuciones sigue en el aire. La silla eléctrica está lista para usarse. Autoridades penitenciarias están realizado un estudio preliminar sobre la forma en que los pelotones de fusilamiento llevan a cabo las ejecuciones en otros estados, pero no están seguros cuánto tiempo tomará formar uno en Carolina del Sur.

Los otros tres estados que autorizan un pelotón de fusilamiento son Mississippi, Oklahoma y Utah, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Mundo

El hallazgo hizo que la institución reconsiderara el papel del Cementerio Woodland en medio de la agitación reinante en las universidades en torno a cómo reconocer el legado de la esclavitud y del trabajo forzado. Rhondda Thomas, profesora de literatura afroestadounidense en Clemson, también planteó que se ofrezcan becas a los descendientes de las personas enterradas, como hizo la Universidad de Georgetown en el 2019.

Clemson, Carolina del Sur, EU, 13 de abril (AP).— En un sector del cementerio del campus de la Universidad de Clemson, decenas de pequeñas banderitas blancas con moños rosados reemplazaron las latas de cerveza que tiran los aficionados que parrandean en las afueras del Memorial Stadium.

Las banderas son una adición reciente y marcan las tumbas de los esclavos y los reos que construyeron la universidad, así como las de los trabajadores de la plantación que supo funcionar allí. Hay cientos de banderas en ese sector, por el que hasta hace poco caminaba la gente sin saber que pisoteaban viejas tumbas.

En el cementerio fueron enterrados por casi un siglo los restos de profesores y otras personalidades de la universidad. Ahora, investigadores identificaron más de 600 tumbas sin lápidas de afroestadounidenses, encima de las cuales fueron luego enterradas personas de raza blanca.

Círculos blancos marcan los sitios donde hay tumbas de afroestadounidenses en el Cementerio Woodland de la Universidad de Clemson, Carolina del Sur. Foto: AP

El descubrimiento hizo que la universidad reconsiderase el papel del Cementerio Woodland en medio de la agitación reinante en las universidades en torno a cómo reconocer el legado de la esclavitud y del trabajo forzado.

Rhondda Thomas, profesora de literatura afroestadounidense en Clemson, encabeza un equipo que trata de identificar a las personas enterradas y homenajear “a quienes fueron tan deshonrados e irrespetados”, según dijo.

“Como universidad, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros alumnos y a nuestra comunidad a confrontar una historia compleja, dolorosa, problemática. Necesitamos empezar por nuestra propia historia”, declaró Thomas en una entrevista.

La plantación de Fort Hill fue fundada por John C. Calhoun en 1825, año en que accedió a la vicepresidencia. Luego fue senador y defendió a pie firme la esclavitud. Su familia donó la plantación al estado de Carolina del Sur en 1888 y allí se instaló la universidad. El estado construyó luego el campus, usando reos, muchos de ellos detenidos por cosas menores para obligarlos a trabajar sin cobrar.

Thomas pasó buena parte de su gestión documentando la experiencia de los afroestadounidenses en la historia de la universidad. Organizó una visita guiada que incluye un paso por un sector cercado donde la universidad reubicó algunas decenas de tumbas de afroestadounidenses en la década de 1960.

Un cerco rodea un sector de un cementerio donde se encontraron tumbas sin lápida de esclavos afroestadounidenses. Foto: AP

“El relato (de la visita) cuenta la historia de la deuda que tiene Clemson con los trabajadores negros, a quienes debe su existencia”, expresó la profesora. “Pensé que era importante para el público, y para la comunidad universitaria, conocer esa historia”.

Archivos del campus y documentos legales indican que la universidad supo por décadas acerca de las tumbas sin lápidas que había en la colina donde los Calhoun enterraron a su primer familiar en 1837.

Una comisión de la universidad recomendó homenajearlos con un cartel en 1946, pero nunca fue instalado. En 1960 un juez autorizó a Clemson a exhumar algunos restos para permitir “el desarrollo ordenado y apropiado del campus”. Un documento de una planificación del 2003 señaló que en algunas partes del campus podía haber tumbas sin lápidas.

Clemson, sin embargo, empezó a investigar el tema recién el año pasado, después de que dos estudiantes, molestos con el estado de las tumbas, hablaron con Thomas.

Rhondda Thomas, profesora de literatura de la Universidad de Clemson. Foto: AP

Una de ellas, Sarah Adams, dijo que se había sentido desconsolada luego de participar en una de las visitas organizadas por Thomas, por el contraste entre las tumbas bien mantenidas de los miembros de la universidad y las de los trabajadores afroestadounidenses.

Thomas puso en contacto a Adams y a otra estudiante, Morgan Molsson, con el personal del cementerio y con el historiador de la universidad Paul Anderson, dando paso a los esfuerzos por limpiar el sector y homenajear a los muertos. El rector asignó fondos para investigar el lugar usando radares de profundidad. Luego de tres rondas de investigaciones, se habían descubierto restos de 667 personas hasta enero del 2021.

“No queremos ocultar nada”, dijo Anderson.

Documentos publicados por la universidad en las redes sociales indican que tras la muerte de Calhoun en 1850, el censo registró 50 esclavos en la plantación. Fueron considerados propiedad de la plantación cuando su hijo adquirió Fort Hill cuatro años después. Había desde una mujer de 100 años llamada Phebe hasta varios niños de corta edad. Doce años después, cerca del final de la Guerra Civil, 139 esclavos vivían en la plantación.

Algunas pierdas halladas y documentos de archivos dan una idea de cuántas personas fueron enterradas, pero Thomas se sintió conmovida al ver cientos de banderas entre las tumbas de los empleados de Clemson, prueba de que el cementerio había sido profanado.

Las primeras 215 tumbas sin lápidas fueron descubiertas en pleno fervor del movimiento Black Lives Matter el año pasado. Foto: Universidad Clemson

No hay forma de saber si los partidos de fútbol americano de la universidad se juegan en terrenos donde hay tumbas. Una de las guías de las visitas, La’Neice Littleton, dijo que, de haber habido tumbas allí, habrían sido destruidas al construirse el estadio. Los círculos blancos que marcan sitios donde hubo tumbas, no obstante, llegan muy cerca del estadio.

Las primeras 215 tumbas sin lápidas fueron descubiertas en pleno fervor del movimiento Black Lives Matter el año pasado y algunos estudiantes y profesores plantearon reclamos en torno al trato de los afroestadounidenses. Solo el seis por ciento del alumnado de Clemson es de raza negra a pesar de que los afroestadounidenses constituyen el 27 por ciento de la población de Carolina del Sur.

Thomas planteó que se ofrezcan becas a los descendientes de las personas enterradas en el cementerio, como hizo la Universidad de Georgetown en el 2019.

Y algunos profesores están incorporando la incómoda historia del cementerio a sus clases. La oficina de admisiones, por otro lado, incluye el cementerio en el recorrido que da a los potenciales estudiantes.

México

En el segundo trimestre, según esos cálculos, el número de contagios en penitenciarias aumentó hasta en un 271 por ciento respecto del primero.

México, 11 de noviembre (EFE) .- La situación de la pandemia de COVID-19 podría agudizarse en las cárceles mexicanas ante un riesgo inminente de rebrotes y una » curva de contagio s en constante crecimiento», alertó este miércoles la ONG Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

«El último trimestre de la COVID-19 en los centros penitenciarios describe opacidad y peligro» ya que se acumulan semanas consecutivas «donde la información sobre el sistema penitenciario ha sido cada vez más escasa», advirtió AsiLegal en un comunicado.

Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México emitió el pasado fin de semana medidas cautelares para evitar rebrotes en las cárceles.

La CNDH solicitó «Adoptar las medidas cautelares para reforzar todas las acciones, gestiones y medidas preventivas que eviten, en la medida de lo posible, un repunte de contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios».

El ente considerado «imperioso que las autoridades penitenciarias y de salud a nivel nacional se avoquen a realizar las gestiones necesarias para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal que labora al interior de estos centros».

Según los datos más recientes del organismo, fechados el 4 de noviembre, las prisiones mexicanas registran en su interior dos mil 674 casos de COVID-19 confirmados, 215 sospechosos y 234 decesos a causa de la enfermedad.

AsiLegal consideró «oportunas y acertadas las apreciaciones de la CNDH» y recordó que la pandemia «desde la privacidad de la libertad se mueve y evoluciona con parámetros diferentes al exterior».

«Del 31 de marzo al 30 de junio, se registraron 904 contagios. Es decir, 301,3 cada mes. En el siguiente trimestre, del 1 de julio al 30 de septiembre, el acumulado asciende a dos mil 453 (817.6 por mes) «, detalló la ONG con un recuento propio.

En el segundo trimestre, según esos cálculos, el número de contagios en penitenciarias aumentó hasta en un 271 por ciento respecto del primero.

Durante el trimestre en curso, hasta este martes, registró legal 172 contagios, es decir una disminución del 9.7 por ciento respecto a las primeras seis semanas de los tres meses anteriores.

«Es importante notar que esto no quiere decir que la amenaza decrece, sino que la información a la mano aún no se termina de recopilar, pues los accesos han sido cada vez más limitados», detalló la asociación.

Las autoridades sanitarias del país consideran la epidemia «controlada» a nivel nacional, con un balance de más de 978 mil casos y 95 mil 842 muertos hasta la fecha.

  • El mural, con la leyenda «La cárcel no es un basurero de la humanidad», se montó cerca del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Ciudad Nezahualcóyotl

 México, 7 nov (EFE).- Organizaciones civiles inauguraron este sábado el mural «Las Otras Voces de la Reinserción» en el central Estado de México para denunciar el estigma que afrontan los reos y el peligro de contagio por la pandemia de la COVID-19 en el país.

«Las personas que viven dentro de las prisiones no dejan de ser personas y aparte se olvida el Estado de todo lo que tiene que tener una persona para sobrevivir dentro», expresó Lucía Alvarado, del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM).

El mural, con la leyenda «La cárcel no es un basurero de la humanidad», se montó cerca del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Ciudad Nezahualcóyotl, uno de los municipios del país más afectados por la violencia por sus altos grados de marginación.

El mural es un acto de denuncia. Foto: EFE

Familiares de los reclusos fueron los encargados de realizar la pinta junto a artistas urbanos para denunciar que el sistema penitenciario de México no ofrece un regreso a la normalidad.

«Desafortunadamente, las personas privadas de la libertad cuando salen de prisión solamente hacen eso, en realidad no recuperan la libertad», lamentó Itzayana Borgua, representante de la asociación Derechos sin Barreras.

La manifestación ocurre en un contexto en el que la crisis de la COVID-19, que acumula casi 95 mil muertos y más de 955 mil casos en México, ha agudizado el escrutinio de las condiciones de las cárceles mexicanas.

Por la falta de medidas sanitarias, en las prisiones hay al menos 3 mil 529 casos y 332 muertos entre reclusos y custodios, afirma la organización de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

La crisis sanitaria también ha provocado 22 incidentes de violencia dentro de las prisiones, con el Estado de México, Colima y Chiapas como las entidades con más disturbios, según la asociación.

Familiares de la víctimas también participaron en la creación del mural. Foto: EFE

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió este sábado a los encargados de los sistemas penitenciarios en el país adoptar medidas «para reforzar todas las acciones, gestiones y medidas preventivas» que eviten un repunte de contagios.

La CNDH también documento 1.212 casos de influenza entre las personas encarceladas.

«Las autoridades penitenciarias y de salud deben privilegiar la salud física y mental, el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención médica especializada oportuna», exigió la comisión.

México

Las medidas que se llevan a cabo en los penales para proteger a internos, familiares y personal son jornadas de sanitización, aplicación de pruebas a nuevos internos y videollamadas con familiares vulnerables para evitar contagios.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Se reportan 73 casos de coronavirus en distintos penales de la Ciudad de México.

La Secretaria de Gobierno de la capital Rosa Icela Rodríguez, informó que en el sistema penitenciario hay un total de 73 casos positivos y han sido 54 el número de defunciones ocasionados por el coronavirus.

«Actualmente hay 73 personas con COVID-19 en todo el Sistema Penitenciario, que representan el 0.27 por ciento de las personas privadas de su libertad (en la capital). En total, desde que se inició la aplicación de pruebas, se han dado mil 40 casos positivos acumulados, que son el 3.9 por ciento de la población», indicó a través de una videoconferencia de prensa.

Desde el 16 de marzo, el sistema penitenciario en coordinación con la Secretaria de Salud capitalina implementaron un protocolo de atención ante el coronavirus con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas privadas de la libertad, basándose en el derecho fundamental, que es preservar la salud.

«En #videoconferencia informamos que gracias a las acciones que se realizaron, en coordinación entre el Sistema Penitenciario y @SSaludCdMx, se pudieron contener los casos de #COVID19 en los centros penitenciarios de la capital. @Claudiashein», publicó la funcionaria en Twitter.

Las medidas que se llevan a cabo en los penales para proteger a internos, familiares y personal son jornadas de sanitización, aplicación de pruebas a nuevos internos y videollamadas con familiares vulnerables para evitar contagios.

La titular de la Secretaría informó que posteriormente se dará a conocer puntualmente los casos de coronavirus por cada centro penitenciario. Y aclaró que es difícil detectar cuándo comenzó el primer brote ya que en el centro entran y salen, visitantes, familiares, médicos, personal de seguridad quienes probablemente podrían haber llevado el virus, e incluso hasta los nuevos ingresos.

Sin embargo la reacción de las autoridades médicas ha sido favorable para el control de la pandemia en los centros penitenciarios.

«Quiero reconocer el trabajo de salud que en cuanto veían un problema buscaban una solución (…)  el Reclusorio Sur y Norte cuentan con su zona COVID-19 pero si se divide 73 positivos activos en 13 centros, el promedio es bastante menor. Son personas que se tienen en un cuidado especial y se pueden atender por los médicos», aclaró la funcionaria.

Redacción/SinEmbargo

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Elementos de seguridad y custodia activaron los protocolos correspondientes logrando controlar la situación y restableciendo el orden al interior del centro penitenciario.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).-La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó a través de la Coordinación General del Sistema Penitenciario la muerte de cuatro internos tras la riña entre reos en el área de ingresos del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya del Municipio de Xochitepec.

La riña se registró el día de hoy miércoles 1 de julio por la mañana. Elementos de seguridad y custodia activaron los protocolos correspondientes logrando controlar la situación y restableciendo el orden al interior del centro penitenciario.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad Pública resaltó que el resultado de las agresiones entre los internos, dejaron cuatro personas que fallecieron en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por golpes

Asimismo, se registró un lesionado atendido en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) sin que presentara lesiones que requirieran una atención especializada y dos internos más trasladados para su atención médica a un centro hospitalario.

De igual manera, la CES notificó que a través de la Coordinación General del Sistema Penitenciario y con el apoyo de elementos de la CES, Guardia Nacional y SEDENA, se tiene controlada la situación en el centro de reclusión y se establecerán las medidas de seguridad y seguimiento del caso, a fin de establecer las sanciones que se deriven de los hechos.

Redacción/SinEmbargo

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México

Según el último reporte oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, las cárceles mexicanas acumulan 100 enfermos por COVID-19, 79 casos sospechosos, nueve decesos y tres motines relacionados con el virus desde el inicio de la pandemia.

Por Eduard Ribas i Admetlla

México, 14 may (EFE).- Las cárceles de México viven la crisis del coronavirus con críticas por el hacinamiento y la corrupción imperante en los penales, que no han podido frenar la entrada del virus y han evidenciando que liberar a presos es la mejor medida para protegerlos de la COVID19.

Lorena llevaba seis años en una cárcel de Tijuana, donde participaba en el grupo de danza. El 6 de mayo fue aislada con problemas para respirar y falleció.

Las autoridades de la cárcel descartaron que fuera por coronavirus pero sus compañeras creen que la COVID19 -que suma 40 mil 186 casos y 4 mil 220 muertos en el país– ya entró al penal.

Según el último reporte oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, las cárceles mexicanas acumulan 100 enfermos por la COVID-19, 79 casos sospechosos, nueve decesos y tres motines relacionados con el virus desde el inicio de la pandemia.

Unos datos cuanto menos extraños dado que, por ejemplo, Baja California, donde se encuentra Tijuana, no ha reportado casos oficiales de coronavirus en sus cárceles pero sí cinco de las nueve defunciones en prisiones que se han dado en todo el país.

Organizaciones de la sociedad civil ponen en cuestión las cifras oficiales y creen que el impacto de la pandemia es mucho mayor en las cárceles, donde se da la paradoja de que mientras el país está en cuarentena, estar encerrado en prisiones no protege de la enfermedad.

«El hecho de estar en una cárcel no significa que estén en una isla fuera del mundo. El hecho de que no puedan salir no significa que el virus no pueda entrar a través del personal penitenciario», resumió a Efe Maïssa Hubert, integrante del colectivo EQUIS Justicia para las Mujeres.

UN SISTEMA PENAL OBSOLETO

En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17 mil reclusos y 309 penales estatales con unos 176 mil encarcelados, según las cifras oficiales, siendo el segundo país latinoamericano con más presos por detrás de Brasil.

De acuerdo con organizaciones civiles, casi la mitad de los reclusos están en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia firme, lo que ha saturado las cárceles, pues el 37 por ciento tienen problemas de hacinamiento.

«El Gobierno pide sana distancia entre las personas pero eso es imposible en una celda de 4×4 con 40 personas en el interior», dijo a Efe la directora de la asociación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, quien opinó que «la pandemia ha confrontado el sistema carcelario con su propia corrupción».

Según la activista, la ingobernabilidad de algunos penales, controlados por los propios presos, y la corrupción del personal penitenciario dificulta aplicar las «medidas sanitarias» contra el virus.

Por un lado, varios estados han prohibido las visitas en las cárceles, pero la inmensa mayoría de reclusos depende de la comida y jabón que reciben de sus familiares, mientras que personal penitenciario vive de sobornos por dejar pasar estos productos.

Y con todo, se han evidenciado las carencias sanitarias en las cárceles.

María, compañera de Lorena en el penal La Mesa de Tijuana (nombres falsos para proteger su identidad) contó por teléfono a Efe que ella y varias reclusas tienen síntomas, pero ni las aislan ni les hacen la prueba de coronavirus.

«En mi celda, hemos tenido temperatura (fiebre), hemos perdido el gusto y el olfato, dolor de huesos y dolor de cabeza. Gracias a Dios no hemos llegado al punto de no poder respirar», relató.

LAS EXCARCELACIONES COMO SOLUCIÓN

Ante esta situación, tanto la Ciudad de México como el vecino Estado de México, las dos entidades con más reclusos del país, han optado por liberar a decenas de presos con brazaletes que permiten su seguimiento.

«Nuestro objetivo principal es despresurizar los penales ante la sobrepoblación que tenemos», dijo a Efe Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad del Estado de México, cuyas cárceles tienen capacidad para 13 mil 500 personas pero albergan a 31 mil reclusos.

El Gobierno del Estado de México ha solicitado al Poder Judicial la liberación de al menos 380 personas con sentencias menores a cinco años o con enfermedades crónicas.

Cervantes señaló que la pandemia «vino muy bien» para que los jueces se mostraran abiertos a las preliberaciones y  señaló que antes de la crisis sanitaria el Estado de México ya tenía «un ambicioso plan» para liberar hasta a 4 mil personas.

Sin embargo, advirtió que de poco servirán estos mecanismos si no se reduce el número de gente encerrada en prisión preventiva: «No ayuda mucho si ingresa a prisión la misma cantidad o más de personas que salen», dijo.

Y es que para las organizaciones sociales, México necesita un cambio radical hacia un sistema penal que no se base en encarcelaciones masivas.

«México ha generado un sistema donde justicia es sinónima de venganza. Los jueces no se atreven a implementar medidas alternas. El número de gente en prisión por delitos que no deberían serlo es una locura», opinó Niño de Rivera.

El Senado dio un paso en ese sentido al aprobar en abril una ley de amnistía que prevé la liberación de mujeres encerradas por abortar, indígenas que no contaron con traductores en el juicio, personas que robaron sin violencia o poseedores de pequeñas cantidades de droga.

Aunque el alcance de esta ley se prevé reducido – unas 4 mil personas-, dado que solo aplicará en los penales federales y no en los estatales, desde EQUIS celebran que simboliza «un proceso de restitución de derechos y un reconocimiento de injusticias estructurales».

De todos modos, Maïssa Hubert avisó que «se necesitan miles de otras reformas para resolver la situación de justicia en el país», especialmente de las mujeres, que representan el 5 por ciento de la población penitenciaria.

«Por su falta de recursos, muchas mujeres son utilizadas por los cárteles para transportar cantidades chiquitas y acaban en prisión. La política de drogas tiene que ser reformada por completo», concluyó.

La mayoría de los reclusos que fabrican las mascarillas ya trabajan en talleres de costura en prisiones, mientras que 30 más se involucraron en la costura cuando empezó la pandemia.

Por Samuel Petrequin

Bruselas, 27 de abril (AP) — Reclusos en prisiones belgas han fabricado hasta ahora 42 mil mascarillas de tela reutilizables para otros prisioneros y empleados penitenciarios a fin de enfrentar la escasez en el país, pero siguen sin satisfacer la demanda, informó el lunes una funcionaria.

Kathleen Van De Vijver, vocera de la administración penitenciaria, le dijo a The Associated Press que la mascarillas han sido enviadas con prioridad a personal penitenciario y reclusos involucrados en la preparación de comidas en cárceles.

Las mascarillas son hechas a mano en cuatro diferentes sitios y también han sido entregadas a personal de agencias federales y jueces investigadores, agregó.

“Tenemos pedidos hasta finales de mayo. Seguimos recibiendo grandes pedidos, pero no podemos seguir el ritmo”, dijo. “Mientras tanto, nuestro objetivo es asegurar que cada recluso tenga una mascarilla”.

La mayoría de los reclusos que fabrican las mascarillas ya trabajan en talleres de costura en prisiones, mientras que 30 más se involucraron en la costura cuando empezó la pandemia, dijo.

Van De Vijver indicó que 13 reos han dado positivo para el virus en las prisiones belgas, mientras que 61 empleados de prisión se infectaron. Entre los empleados que dieron positivo, a 28 les han permitido volver al trabajo.

Bélgica tiene planeado aliviar gradualmente la actual cuarentena a partir del 4 de mayo, cuando usar una mascarilla o bufanda protectora será obligación en el trasporte público para toda persona mayor de 12 años.

La Primera Ministra Sophie Wilmes dijo la semana pasada que el Gobierno trabaja para proporcionar por lo menos una mascarilla de tela gratis a cada ciudadano belga, pero el secretario de justicia Koen Geens le dijo a la televisora flamenca VTM durante el fin de semana que no será posible por la capacidad de producción limitada en el país.

El país tiene 11.5 millones de habitantes y ha registrado 7 mil 207 muertes vinculadas con COVID-19 y un total de 46 mil 687 infecciones.

Mundo

Dada la incertidumbre en torno a la duración de la crisis del COVID-19 en Latinoamérica, queda la duda sobre qué tan “temporales” podrían ser estas concesiones.

Por Eimihin O’ Reilly

América Latina, 26 de abril (Insight Crime).- A medida que la crisis por el coronavirus deja en evidencia las fragilidades de los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, miembros de la élite criminal de la región están buscando que se les conceda libertad condicional o arresto domiciliario de manera temporal.

Dada la incertidumbre en torno a la duración de la crisis, queda la duda sobre qué tan “temporales” podrían ser estas concesiones.

A continuación, InSight Crime presenta la lista de los detenidos más destacados que buscan indulgencia por el coronavirus:

ALEJANDRO TOLEDO

El ex Presidente de Perú (2001-2006) está acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht, la cual creó una red de corrupción que ha implicado a decenas de las figuras políticas y empresariales más destacadas de Latinoamérica. Toledo fue arrestado en julio del año pasado por agentes estadounidenses en California, donde se encontraba como académico visitante en la Universidad de Stanford. Desde el momento de su arresto, el equipo de abogados de Toledo ha intentado evitar la solicitud de extradición que, de ser aprobada, lo devolvería a Perú.

El 20 de marzo, un juez de Estados Unidos decidió aceptar la solicitud de libertad de Toledo bajo una fianza de un millón de dólares, informó AP. “El temor de la corte era que Toledo huyera del país”, declaró el magistrado Thomas S. Hixson en su decisión, “pero actualmente es difícil realizar viajes internacionales”. En su decisión, Hixson señaló además que Estados Unidos tiene la obligación de regresar a Toledo vivo a Perú. Con una edad de 74 años, Toledo forma parte de la población que corre más riesgo de desarrollar enfermedades graves por el virus.

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JESSICA OSEGUERA

Jessica Oseguera es hija del narcotraficante mexicano Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Oseguera fue arrestada el 26 de febrero cuando ingresaba a un tribunal estadounidense para asistir a la audiencia de su hermano, juzgado por cargos de narcotráfico. Un gran jurado secreto la había acusado de crímenes financieros.

Oseguera, que posee la doble ciudadanía estadounidense-mexicana, fue acusada de asociación con negocios vinculados al CJNG a los que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido en su lista negra.

El 19 de marzo, el abogado de Oseguera adujo que su clienta podría adquirir el coronavirus en una solicitud para que se la liberara bajo fianza; ofreció como garantía la casa de la tía de Oseguera en California. Sin embargo, según el Courier Journal de Louisville, los fiscales alegaron que Oseguera sobrevaluó deliberadamente la propiedad para engañar al tribunal.

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El 24 de marzo, la jueza Beryl A. Howell negó la solicitud tras considerar que hay altas probabilidades de que Oseguera se fugue y que su riesgo de enfermar gravemente es bajo, pues solo tiene 33 años.

SERGIO RODRÍGUEZ ORELLANA Y DOUGLAS BUSTILLO

En diciembre pasado, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo fueron condenados a 30 años de prisión, junto a otras cinco personas, por su participación material en el asesinato, en 2016, de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres. En un comunicado de prensa del 7 de abril, la organización fundada y dirigida por Cáceres hasta su muerte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), “hizo graves denuncias” de presuntos intentos del equipo de abogados de Orellana y Bustillo de conseguir una liberación temporal.

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El documento habla de “enormes esfuerzos” para sacar a Bustillo y Orellana de la cárcel por “supuestas razones médicas” y de intentos similares para obstaculizar el caso contra David Castillo. Acusado de orquestar el asesinato cuando se desempeñaba como coordinador de seguridad de la compañía hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Castillo ha enfrentado un juicio con numerosos retrasos, el cual ha estado prácticamente paralizado desde abril del año pasado.

DARÍO MESSER

Dario Messer, comerciante de divisas brasileño, era la figura clave de un esquema internacional de lavado de dinero desmantelado por las autoridades brasileñas como parte de la investigación anticorrupción Lavado de Autos (Lava Jato). Dicha red, que operaba en 52 países, fue valorada en más de US$ mil 600 millones, e involucró a los niveles más altos del poder en la región. El ex Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien actualmente enfrenta cargos por lavado de dinero, describió a Messer como su “hermano del alma” y supuestamente le envió US$500 mil entre 2013 y 2018.

Messer, de 61 años, argumentó que su edad, así como antecedentes de tabaquismo e hipertensión lo ponen en alto riesgo de enfermar por el coronavirus. Sus abogados también alegaron que podría poner en riesgo a otros reclusos, pues a finales de marzo había sido sometido a cirugía en un hospital donde hay casos confirmados de coronavirus.

Según ABC Color, el Juez federal Marcelo Bretas decidió aceptar la solicitud el 26 de marzo y concedió el arresto domiciliario por razones humanitarias. Sin embargo, Bretas también declaró que “esta medida se volverá a revisar tan pronto como esta emergencia y las circunstancias excepcionales terminen”.

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PETER FERRARI

Pedro Pérez Miranda, más conocido por su alias, “Peter Ferrari”, fue el principal capo del oro en Perú; es acusado por las autoridades peruanas de exportar 13 toneladas de oro ilegal, y es buscado por funcionarios estadounidenses por presuntamente haber lavado miles de millones de dólares. Antes del surgimiento del COVID-19, Ferrari había estado recluido en una cárcel de Lima desde enero de 2017, a la espera de la resolución de su caso, que ha avanzado lentamente en los tribunales peruanos.

El 13 de abril, el equipo de abogados de Ferrari presentó un Habeas Corpus ante el Tribunal Constitucional de Lima en el que solicitaron que fuera trasladado a arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

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La moción, que fue publicada por La República, afirma que la continua detención de Ferrari representa “un retraso indebido e inconstitucional, que, debido a la situación de la pandemia actual, podría causar un grave impacto en la salud [de Ferrari], e incluso podría llevar a su muerte”.

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Redacción/SinEmbargo

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A través de una tarjeta informativa la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó del nombramiento de Navarro Ávila, quien se destaca por sus 31 años de experiencia en el sector público.

Ciudad de México, 10 febrero (SinEmbargo).- Esta tarde Salvador David Navarro Ávila, fue nombrado  director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, después de la fuga de tres reos el pasado 29 de enero.

A través de una tarjeta informativa la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó del nombramiento de Navarro Ávila, quien se destaca por sus 31 años de experiencia en el sector público.

El recién nombrado director del Reclusorio Sur se ha desarrollado profesionalmente en el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país, la Dirección General de Reclusorios y actualmente se encontraba en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la CdMx, entre sus cargos más destacados.

La mañana del 29 de enero la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que tres reos se fugaron del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la Alcaldía Xochimilco, al sur de la capital.

De acuerdo con la dependencia, se trata de Luis Fernando Meza González y Victor Manuel Félix Beltrán, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa, recluidos por delitos contra la salud; así como también Yael Osuna Navarro, proveniente de Nayarit y acusado de asociación delictuosa.

En un comunicado, señaló que los procesos penales de éstos se llevaban ante juzgados federales y existe una orden de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos.

A raíz de la fuga el entonces director del centro penitenciario presentó su renuncia a solicitud de la Secretaria de Gobierno.

Días más tarde once servidores públicos fueron detenidos por su probable responsabilidad  en la fuga.

Redacción/SinEmbargo

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En el marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemoró el 24 de enero, el titular de la Subsecretaría, Hazael Ruíz Ortega, comentó que de ese 60.5 por ciento, el 29 por ciento cumple estudios formales, mientras que el 31.5 por ciento lo hace de manera extraescolar.

México, 25 ene (EFE).- El 60.5 por ciento, de las 24 mil 800 personas internas en los centros de reclusión de la Ciudad de México cursan algún tipo de estudios, desde alfabetización hasta nivel licenciatura, así como materias extraescolares, informó este sábado la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la capital mexicana.

En el marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemoró el 24 de enero, el titular de la Subsecretaría, Hazael Ruíz Ortega, comentó que de ese 60.5 por ciento, el 29 por ciento cumple estudios formales, mientras que el 31.5 por ciento lo hace de manera extraescolar.

Mediante un comunicado, el funcionario detalló que 196 personas privadas de la libertad cursan estudios de alfabetización, 571 de primaria, mil 218 de secundaria, cuatro mil 822 de nivel bachillerato y 342 de licenciatura.

El 60.5 por ciento, de las 24 mil 800 personas internas en los centros de reclusión de la Ciudad de México cursan algún tipo de estudios. Foto: Cuartoscuro

Mientras que unos siete mil 843 asisten a los cursos cuatrimestrales extraescolares que se desarrollan con diversos temas de interés, como historia, matemáticas, contabilidad, idiomas o computación.

Recordó que la Subsecretaría de Sistema Penitenciario cuenta con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), del Centro de Educación Extraescolar para Jóvenes y Adultos (CEDEX), del Colegio de Bachilleres, de la Preparatoria Abierta de la SEP, así como de la UNAM y el IPN, para la aplicación de exámenes y expedición de certificados con validez oficial.

Además explicó que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), a través del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social (PESCER), ofrece la opción de cursar una licenciatura al interior de los centros penitenciario capitalinos.

Dijo que el Gobierno de la Ciudad de México cumple con el derecho a la educación de todas las personas, incluso las que se encuentran privadas de la libertad, por lo que en los centros penitenciarios hay espacios destinados para que puedan iniciar o continuar sus estudios.

Del total de la población penitenciaria en la Ciudad de México, el 47 por ciento cuenta con estudios de nivel secundaria, el 24 por ciento de primaria, el 17 por ciento de bachillerato o nivel técnico, el 6 por ciento tiene estudios profesionales y cerca de un 2 por ciento son analfabetas, concluyó.

Mediante un comunicado se informó que 196 personas privadas de la libertad cursan estudios de alfabetización, 571 de primaria, mil 218 de secundaria, cuatro mil 822 de nivel bachillerato y 342 de licenciatura. Foto: Cuartoscuro

Las mayoría de las uniones se dan entre hombres o mujeres que están detenidos en algún centro penitenciario con mujeres u hombres que no están privados de su libertad, pero también hay casos de personas que se encuentran en algunos de los centros de reclusión.

México, 29 dic (EFE).- Unas 475 bodas se celebraron en los centros de reclusión de la Ciudad de México durante 2019, informó este sábado el Sistema Penitenciario de la capital mexicana.

Mediante un comunicado, se explicó que el Sistema Penitenciario, en coordinación con la Dirección General de Registro Civil, llevó a cabo ese número de enlaces matrimoniales.

«De esta manera se contribuye a que las personas privadas de la libertad ejerzan su derecho a formar una familia», dijo el subsecretario de Sistema Penitenciario, Hazael Ruíz Ortega.

El funcionario expresó que estas acciones, a su vez, facilitan los trámites de acceso de visitas en los días de convivencia familiar.

Además, resaltó la importancia «al acto de regulación de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad con sus parejas e hijos».

Las mayoría de las uniones se dan entre hombres o mujeres que están detenidos en algún centro penitenciario con mujeres u hombres que no están privados de su libertad, pero también hay casos de personas que se encuentran en algunos de los centros de reclusión.

El funcionario precisó que la mayoría de matrimonios se celebró en el Reclusorio Norte (211), mientras que en el Reclusorio Oriente, hubo 96 y en el Sur, 48.

En tanto, en la Penitenciaría y en el Módulo Diamante, 21 en cada uno.

Además en el Centro Varonil de Santa Martha huno 20 y 19 en el Femenil, así como 16 en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (Cevasep) I y 18 en el Cevasep II.

Otros tres en el anexo Oriente, uno en el anexo Norte y una más en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi).

Ruíz Ortega detalló que adicional a las 475 bodas, el Registro Civil ofreció la oportunidad de que las personas privadas de la libertad «pudieran registrar o reconocer a sus hijos sin costo alguno».

Las campañas de matrimonios civiles colectivos que se realizan al interior de los centros penitenciarios de la capital permite la unión civil de las parejas sin costo de trámite y la expedición gratuita de la primera acta certificada.

Las autoridades han identificado a Clemente como uno de los prisioneros que se fugaron, junto con Brynn Martin, de 40 años; Troy McDaniel Jr., de 30; y Lawrence Lee III, de 29.

Gallipolis, Ohio, EU (AP). — Cuatro reos sometieron a dos oficiales correccionales con un arma de fabricación casera y escaparon de una cárcel de un condado de Ohio el domingo, de acuerdo con la policía.

El Departamento de Policía del condado Gallia indicó que los cuatro hombres abrieron por la fuerza una puerta de seguridad en la cárcel de Gallipolis, a lo largo del Río Ohio en el sureste de Ohio, la madrugada del domingo. Los funcionarios dijeron que los prisioneros recibieron ayuda de al menos una persona en el exterior del penal.

Las autoridades de Pensilvania señalaron que el centro comercial Westmoreland en las afueras de Greensburg fue evacuado el domingo por la tarde ante la creencia de la policía de que uno de los reos, Christopher Clemente de 24 años, se hallaba en las inmediaciones.

Las autoridades han identificado a Clemente como uno de los prisioneros que se fugaron, junto con Brynn Martin, de 40 años; Troy McDaniel Jr., de 30; y Lawrence Lee III, de 29.

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