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El Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, los funcionarios de seguridad pública más longevos en México, han dejado una estela de destrucción y muerte en Guanajuato, estado que ahora es el más violento del país, denunciaron especialistas en seguridad y crimen organizado consultados por SinEmbargo.

Ciudad de México, 3 de julio  (SinEmbargo).-  La crisis de violencia e inseguridad que vive Guanajuato se debe en gran parte a la omisión de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el cumplimiento de su deber y responsabilidad, denunciaron especialistas en seguridad y crimen organizado.

“La Secretaría de Seguridad Pública está encabezada por otro personaje igual de siniestro que Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca, quien tiene siete años en el cargo. Entonces, este par de funcionarios han ido dejando una estela de destrucción y muerte en el estado”, dijo Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y  cofundador de México Social.

Con más de 14 mil 632 personas asesinadas en el país tan solo entre enero y mayo del presente año, Guanajuato se ubica como el estado más violento del país, pues concentra el 13 por ciento del total de los homicidios dolosos.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer el pasado 30 de junio que iniciará una investigación al Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, debido a que se sospecha que la detención de cinco personas, entre ellas la madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa, fue un montaje.

Carlos Zamarripa Aguirre, policía de carrera, es el Fiscal más longevo en el país, pues ha estado a cargo de la procuración de justicia desde hace 11 años, tiempo en que ha sumado una larga cauda de quejas y acusaciones de ineficiencia.

Carlos Zamarripa fiscal general y Alvar Cabeza de Vaca secretario de Seguridad Pública Foto: Miguel Castro, Cuartoscuro.

Aplicación selectiva de la justicia, ocultamiento o “falsificación” de datos, falta de resultados en la persecución de delitos del fuero común, e incapacidad para la integración de carpetas de investigación de casos importantes que han dado como resultado la liberación de presuntos criminales, son parte de los señalamientos que tienen hoy a la Fiscalía guanajuatense sumida en una crisis de credibilidad que se ha acentuado en los últimos dos años ante el alarmante incremento de asesinatos y violencia en la entidad, coincidieron los analistas entrevistados por SinEmbargo.

“Lo que sí es un hecho es que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública han sido totalmente omisas en el cumplimiento de su deber y su responsabilidad, lo que hoy tiene al estado bañado en sangre”, destacó Arellano Almanza.

Activistas, empresarios y políticos han denunciado públicamente a los dos funcionarios. En septiembre de 2019, el mismo Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Guanajuato, publicó en sus redes sociales que la Fiscalía obstaculizaba la recepción de denuncias, al no entregar a los policías las herramientas que se requerían.

Basta de trabas y obstáculos. No es posible que la seguridad de más de 1.5 millones de leoneses esté a contentillo de una persona.
No hay que temerle al aumento de denuncias o a que empeoren los índices de impunidad en #Gto

Hay que ser responsables y atender el problema de raíz https://t.co/J4RkBSykj2

— José Arturo Sánchez Castellanos (@JArturoCCEL) September 17, 2019

El pasado 6 de febrero, las organizaciones Ciudadanos Hartos, Frente de Acción Ciudadana y Estudios ambientales, colocaron mantas en las que exigieron la renuncia del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Alvar Cabeza de Vaca.

FISCAL PERENNE

Carlos Zamarripa es un policía que se formó desde muy joven en la Fiscalía estatal de Guanajuato cuando era Procuraduría, recorrió casi todos los cargos para hacer una carrera policiaca en la entidad.

“Empezó desde proyectista, avanzó a Fiscal, avanzó a director de averiguaciones previas y a la subprocuraduría en una división general”, relató Saúl Arellano.

En febrero de 2009, en el sexenio de Juan Manuel Oliva, Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador General de Justicia. Posteriormente, el entonces Gobernador Miguel Márquez Márquez lo ratificó con el argumento que “había hecho un buen trabajo” y que tenía enormes calificaciones en instancias internacionales, sobre todo en agencias norteamericanas, como el FBI y la DEA.

En 2018, el actual gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nuevamente lo ratificó y el año pasado, en medio de manifestaciones y severas críticas, Zamarripa fue propuesto y designado como primer Fiscal de la entidad, con una duración de nueve años en el cargo.

“No sólo fue ratificado, sino impulsado como Fiscal ante un Congreso anodino y a modo, con la mayoría panista que le aprobó en fast track el nombramiento, en lo que se le llamó pase automático”, dijo el especialista.

A las afueras del Congreso decenas de manifestantes protestaron cuando  Zamarripa fue designado fiscal . Foto: ZonaFranca.

GESTIÓN CUESTIONADA

La gestión de Carlos Zamarripa como Procurador y Fiscal ha sido muy cuestionada en Guanajuato, al igual que la del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, quien lleva al menos siete años en el cargo.

Saúl Arellano, Doctor en Política Social por la Universidad de Baja California, explicó que perpetuar a funcionarios en un alto cargo dentro de dependencias gubernamentales provoca una “atrofia institucional”, y en este caso la consecuencia es el deterioro de las condiciones de seguridad para la población.

“Cuando tienes a una persona responsable de una institución durante muchos años, esta persona o este grupo desarrollan procedimientos, mecanismos y métodos de trabajo que se vuelven inerciados e inerciales que impiden la innovación y la transformación institucional”, aseguró.

Los asesinatos crecieron 61.08 por ciento en el primer año de gestión de Zamarripa, pues de 257 homicidios dolosos registrados en 2018 pasaron a 414 en 2009. Además, si se comparan los homicidios dolosos registrados en el año anterior a su ingreso con los registrados en 2019, este delito se disparó 570.28 por ciento.

“El incremento habla de la incapacidad de este par de funcionarios, de Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública, y el Fiscal Carlos Zamarripa”, destacó el investigador de la UNAM.

El analista también señaló que en Guanajuato ha habido una práctica selectiva de la aplicación de la justicia, con la represión hacia la movilización social, por un lado, y por el otro la permisividad ante los grupos delincuenciales.

En diciembre pasado, estudiantes de la Universidad de Guanajuato denunciaron que algunos participantes del movimiento estudiantil fueron detenidos ilegalmente por elementos de la policía capitalina tras una serie de protestas para exigir seguridad y fin a la impunidad.

“Este tipo de ejemplos dan muestra que algo muy raro pasa en la Fiscalía General de Justicia, lo que se suma a cuestiones muy graves como el ocultamiento y el falseamiento de datos”, añadió el también investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

El pasado 24 de mayo, el Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, aludió que la Fiscalía Guanajuato oculta información, pues reveló que la dependencia a cargo de Zamarripa no otorga de manera apropiada, ni en tiempo y forma, toda la información para la incidencia delictiva.

“La obligación de los estados es aportar información, no obstante, la Fiscalía General de Guanajuato no entrega información, nunca lo ha hecho, tenemos que recurrir a vías trianguladas para conocer, para tener una aproximación a la situación real de los números de violencia en Guanajuato […] Es francamente un absurdo. ¿Cuál es el motivo?, ¿esconden algo? No quiero yo cuestionarlo, pero lo hemos intentado por todas las vías, ya sólo faltaría la jurisdiccional”, dijo Durazo durante una reunión virtual con senadores de la Coordinación Política del Senado.

Aunque Arellano Almanza considera que hay una omisión de la Federación al no obligar por la vía jurisdiccional a Guanajuato a entregar la información delictiva de manera correcta, el analista recalcó que sobre todo “hay una enorme irresponsabilidad” por parte de la Fiscalía estatal al no cooperar con los datos que solicita el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además de ser el estado más violento, Guanajuato también es la entidad en la que más elementos policiales han sido asesinado. Foto: Luis Ramírez, Cuartoscuro

“INEFICIENCIA SOSPECHOSA”

La mala integración de carpetas de investigación que dan como consecuencia la liberación de detenidos a falta de suficientes elementos, es otro de los descontentos que se agregan a la lista contra Carlos Zamarripa.

María Eva Ortiz, Juana Erika Yépez y Rosalba “N”, madre, hermana y prima, respectivamente del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fueron liberadas este domingo por falta de pruebas. Las mujeres fueron parte de las 31 personas detenidas en un operativo de autoridades federales y estatales realizado el pasado 20 de junio en Guanajuato.

Sin embargo, esta reciente liberación de familiares de “El Marro” no ha sido la única. De acuerdo con  Telediario edición Bajío, al menos ocho integrantes del círculo cercano del líder del Cártel de Santa Rosa, entre los que destacan Karina Mora, la pareja, y Rodolfo Juan Yépez Godoy, padre, así como tíos y cuñado también han sido liberados tras una momentánea captura.

Para los analistas, la ineficiencia tan notoria en estos casos resulta sospechosa: “Son demasiados errores y demasiado seguidos como para que sean errores. Es decir, tú no puedes tener ministerios públicos tan chafas que no puedan integrar una sola averiguación previa bien. Esa es responsabilidad directa del Fiscal”, explicó Arellano.

Las detenciones de familiares de El Marro han sido fuertes detonadores de la violencia en Guanajuato. Foto: especial.

Para que los grupos de la delincuencia organizada se fortalezcan y tengan una rápida expansión, como ha sido el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima, tiene que haber corrupción y protección por parte de las autoridades, explicó el periodista Ricardo Ravelo, experto en temas del crimen organizado.

“En Guanajuato está muy claro el grado de contubernio policíaco. De lo que sí no hay duda es que las policías están metidas en la protección de Santa Rosa de Lima”, expresó el especialista.

Ravelo destacó que, si la corrupción y la protección al crimen organizado es la razón del crecimiento del Cártel Santa Rosa de Lima, eso pone en evidencia que Guanajuato está ante un escenario de vacío de poder.

“Una parte de la legalidad está totalmente atrofiada. Hay un vacío de Estado, vacío legal, y donde hay vacío legal reina la delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades”, detalló Ravelo.

Para Saúl Arellano la única alternativa que tiene Guanajuato es que Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca sean cesados del cargo.

“Es insostenible la situación en Guanajuato. Lo sorprendente es que el Gobernador se obstine en mantener un personaje que está generando costos políticos tremendos […] Si el Gobernador quiere salvar su sexenio y de verdad quiere salir bien librado, incluso en términos de responsabilidad jurídica y política, tiene que correr a estos personajes. Le haría bien al estado, le haría bien al dialogo político y a su propia administración”, sostuvo el académico.

“Ningún gobierno ha podido controlar la situación (crimen y violencia) en Guanajuato. La corrupción siempre ha sido un obstáculo, el contubernio de los grupos políticos dominantes con el crimen organizado”, dijo el especialista en temas del narcotráfico, Ricardo Ravelo, sobre la crisis de violencia que vive esta entidad del Bajío.

Ciudad de México, 26 de junio (Sin embargo).- Guanajuato, el estado más violento de México, ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) por casi 29 años. Durante la última década, los gobiernos dejaron crecer las redes de criminalidad y corrupción que permitieron el desarrollo, expansión y fortalecimiento de grupos de la delincuencia organizada que hoy tienen en jaque a la entidad, coincidieron especialistas en seguridad.

“Esta situación (de violencia) ha prevalecido al menos dos décadas (…) El hecho de que nada más el PAN tenga el control en el estado desde hace muchos años ha permitido la expansión de redes de contubernio y alianzas con las policías municipales y estatales y con políticos. Yo creo que ésta es una de las causas que generan la dinámica (de violencia)”, dijo a SinEmbargo Ricardo Ravelo, especialista en temas del narcotráfico.

El primer mandatario panista fue Carlos Medina Plascencia, quien llegó en 1991 cuando el Congreso del Estado lo nombró Gobernador interino tras la declinación del priista Ramón Aguirre Velázquez para asumir la gubernatura, luego del fraude electoral y las manifestaciones encabezadas por el entonces candidato panista Vicente Fox. Desde entonces, Guanajuato ha tenido ocho gobernadores emanados del PAN.

A nivel local, la mayoría de los 46 ayuntamientos están a cargo de administraciones panistas y priístas. Tan sólo el blanquiazul mantiene el control en al menos la mitad de los municipios.

LA VIOLENCIA

Un operativo de las fuerzas federales para capturar a integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, el principal grupo delincuencial dedicado al robo de combustible, desató una intensa jornada de violencia el pasado fin de semana.

Guanajuato se coloca como el estado más violento de México. De 14 mil 632 personas asesinadas en el país, entre enero y mayo del presente año, el 13 por ciento (1 mil 903 víctimas) se concentra en esa entidad federativa.

A nivel nacional se abrieron 12 mil 184 carpetas de investigación por los homicidios dolosos ocurridos en los primeros cinco meses del año, de los cuales, 1 mil 405 corresponden a Guanajuato, es decir, el 11.53 por ciento.

La violencia se disparó en Guanajuato a partir del año 2018, el último de Miguel Márquez Márquez como Gobernador. Los homicidios dolosos crecieron 140.68 por ciento con respecto al año anterior inmediato, pues pasaron de 1 mil 84 delitos de homicidio en 2017 a 2 mil 609 en 2018.

La crisis de inseguridad ha sido adjudicada a la guerra entre el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Sin embargo, para analistas como el periodista Ricardo Ravelo, especialista en temas del crimen organizado, otro punto que denotó el conflicto es “el golpe que el Gobierno federal dio a las redes de huachicol en enero de 2019” cuando inició su estrategia denominada “Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles”.

“En enero del año pasado, cuando hubo escasez de gasolina, Gobierno federal anunció una lucha contra el huachicol y los dos únicos estados donde se rebelaron los grupos contra el Gobierno y sus rivales fueron Puebla y Guanajuato”, recordó el especialista.

EL CÁRTEL SANTA ROSA DE LIMA

El Cártel de Santa Rosa de Lima –llamado así por la localidad donde nació y presuntamente vive su líder, “El Marro” – es un grupo delictivo regional “joven” que surgió en 2014 y tuvo una rápida expansión en Guanajuato.

“Creo que no es propiamente un Cártel, pero está en proceso de crecimiento importante. Es una organización delictiva que ha surgido al amparo de la corrupción policíaca y política, y que ha tenido un desarrollo importante en los últimos seis años, sobre todo en el robo de combustible. Esa actividad lo convirtió en un grupo poderoso”, platicó Ravelo.

Guanajuato es una zona clave para el robo de hidrocarburos porque en el municipio de Salamanca se encuentra una de las refinerías más importantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicaron Ricardo Ravelo y el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad.

“El huachicol se presenta porque precisamente ahí está una de las principales refinerías. Personas que están alrededor de las instalaciones de Pemex han vivido de eso (del robo de combustible) durante mucho tiempo”, dijo el militar.

En esa entidad se encuentra el llamado “Triángulo del Huachicol”, conformado por los municipios de Salamanca, Apaseo El Grande, León, Irapuato y Celaya. Se llama así porque por esos cinco lugares pasan los ductos que transportan hidrocarburos a varias zonas de México.

El Cártel de Santa Rosa creció rápidamente porque se dedicó sólo al tráfico de combustible y no competía con los cárteles de droga que ya estaban asentados en el lugar, como el caso del Cártel de Sinaloa, explicó Ravelo.

“El Cártel de Santa Rosa estaba dedicado –al menos hasta hace unos años– a una actividad ajena a estos otros grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas. Esto permitió a ‘El Marro’ esa libertad de crecimiento tan rápido”, dijo.

Sin embargo, ese no fue el único aspecto para su desarrollo. Un factor crucial para su fortalecimiento tuvo que ser la corrupción y la protección que recibió el grupo delincuencial por parte de las autoridades.

Presuntos miembros de bandas criminales incendiaron vehículos y bloquearon carreteras, en la ciudad de Celaya, en respuesta a un operativo federal en el estado de Guanajuato. Foto: EFE.

Para Ravelo, según señaló, en Guanajuato está muy claro el grado de contubernio policíaco: “de lo que sí no hay duda es que las policías están metidas en la protección de Santa Rosa de Lima”.

El General Francisco Gallardo Rodríguez añadió que la corrupción y protección pudo llegar hasta los militares, pues son los castrenses quienes resguardan las refinerías y sus ductos.

“Quien tiene la seguridad de Pemex y de los puntos estratégicos a nivel nacional –como CFE, presas, vías de ferrocarril– es el Ejército”, reiteró.

Al respecto, Gallardo recordó que el General de brigada Eduardo León Trauwitz, quien fuera escolta del Presidente Enrique Peña Nieto, está acusado por el saqueo de combustibles en la petrolera mexicana cuando fue jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex.

Ravelo destacó que si la corrupción y la protección al crimen organizado es la razón del crecimiento del Cártel Santa Rosa de Lima, eso pone en evidencia que Guanajuato está ante un escenario de vacío de poder.

“Una parte de la legalidad está totalmente atrofiada. Hay un vacío de Estado, vacío legal, y donde hay vacío legal reina la delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades”, dijo.

GUERRA ENTRE CÁRTELES

En Guanajuato se libran al menos dos guerras con tres cárteles como protagonistas, de acuerdo con Ravelo. Una es por el control del robo de combustible, disputada entre el Cártel de Santa Rosa contra el CJNG, que ingresó al estado con el objetivo es desplazar a “El Marro” del negocio del huachicol.

La otra es por el control del tráfico de drogas y extorsión. En ésta, de acuerdo con Ravelo, se presume que habría una alianza entre el Cártel Santa Rosa de Lima y miembros del Cártel de Sinaloa para enfrentar al CJNG.

“El Cártel de Sinaloa está aprovechando la guerra (que tiene el CJNG con Santa Rosa) para enfrentarse al de Jalisco en la zona del Bajío”, expresó.

El especialista apuntó que Guanajuato, en materia de cárteles de droga, es un territorio controlado por el Cártel de Sinaloa, aunque antes del año 2000 el control lo tenía el Cartel de Juárez, con Amado Carrillo.

El Bajío es una plaza valiosa para narcotráfico porque es la conexión hacia el norte del país, coincidieron Ravelo y Gallardo; además, es un mercado de drogas importante para Sinaloa.

“Guanajuato está en puro centro de trasiego de droga, de contrabando. Es un punto de quiebre que está entre el occidente, norte, sur y centro”, dijo Gallardo.

“Es una ruta muy socorrida por el crimen organizado”, añadió Ravelo.

La corrupción, el contubernio de grupos políticos con el crimen organizado y la colusión y coaptación de las policías municipales y estatales son los factores a los que se podría adjudicar el fortalecimiento de la delincuencia organizada en Guanajuato, consideraron los expertos.

“Ningún gobierno ha podido controlar la situación (crimen y violencia) en Guanajuato. La corrupción siempre ha sido un obstáculo; el contubernio de los grupos políticos con el crimen organizado. Por supuesto que también tiene mucho que ver la colusión de los grupos policiacos, tanto municipales como estatales”, explicó Ravelo.

FONDO POLÍTICO

Ricardo Ravelo reiteró que es importante tomar en cuenta que la violencia en el Bajío se disparó a raíz de la estrategia y lucha que emprendió el Gobierno federal contra el huachicol.

El analista recordó que “algo parecido ocurrió en Puebla antes que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gobernara”. El huachicol, detalló, estaba presuntamente protegido por el gobierno del panista de Rafael Moreno Valle y el Gobierno federal también lo combatió.

“La crisis política y seguridad que tuvo Puebla es un escenario muy parecido al de Guanajuato”, dijo.

Para el especialista, aunque sí hay una guerra criminal, el fondo se trata de una guerra política.

“Morena quiere entrar a gobernar en Guanajuato, pero para eso tiene que desmantelar redes criminales ligadas a la política. Fue el caso de Puebla, ya lo logró. Ahora va por el Bajío”, expuso.

Y concluyó: “Lo que queda exhibido es que la estructura de poder está de tres de este negocio y, en consecuencia, cuando vienen los golpes para desmantelar estas redes, se colapsa todo y eso es lo que hoy”.