Etiqueta: Explotación infantil

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La explotación de niñas abarca aspectos como la esclavitud doméstica, el alistamiento en grupos armados, la explotación sexual con fines comerciales o el trabajo doméstico, explicó Juliette Bénet, portavoz de la ONG Plan International. Además, esta situación empeoró en el contexto de la pandemia por coronavirus, en el que las menores son las primeras afectadas. 

Por Léopold Picot

Ciudad de México, 11 de octubre (RFI).- En las minas y los campos, en las fábricas y las tiendas, en el agua y en la tierra, trabajan 63 millones de niñas. Y esta cifra, ya de por sí considerable, está subestimada. «Estos datos de la Organización Internacional del Trabajo y de la Alianza 8.7 no pueden tener en cuenta las peores formas de explotación de las niñas, en particular la esclavitud doméstica, el alistamiento en grupos armados, la explotación sexual con fines comerciales o el trabajo doméstico, por falta de cifras», explica Juliette Bénet, una de las dos portavoces de la ONG Plan International, que lucha por el respeto de los derechos de la infancia y la igualdad entre niñas y niños.

Un problema metodológico que puede distorsionar la percepción de la opinión pública, lamenta Julien Beauhaire, segundo portavoz de la ONG: «Esta cifra, frente a los 97 millones de niños trabajadores, podría hacer creer que las niñas están menos afectadas que los niños, pero no es cierto: estas otras formas de explotación invisibilizan el destino real de las niñas”.

LAS NIÑAS ESTÁN MÁS EXPUESTAS

La crisis sanitaria podría, según las primeras estimaciones, poner a trabajar a otros nueve millones de niños, sin contar la explotación informal. Este aumento se debe a la crisis económica, que está empobreciendo a la población, pero también a los sucesivos confinamientos. En situaciones de emergencia, durante conflictos, catástrofes sanitarias o medioambientales, las niñas son las primeras afectadas: tienen 2.5 veces más probabilidades de no ir a la escuela que los niños. «Cuando la pobreza aumenta un 1 por ciento, el trabajo infantil aumenta un 0.7 por ciento. Y existe una clara relación entre la pobreza y la explotación de las niñas. Una niña en casa es una boca que alimentar, representa una carga económica para sus padres», afirma Julien Beauhaire.

La explotación sexual de la niñez en el mundo ha aumentado- UNAM Global

La pérdida de escolaridad por el encierro hace que las niñas dejen de asistir a la escuela y las expone a peligros, añade Juliette Bénet: «Cuando una niña ya no va a la escuela, la familia prefiere confiarla a un marido, para evitar tener una boca más que alimentar. También están expuestos a la violencia sexual, especialmente en el seno de la familia”. Algunos se ven obligados a trabajar 10 horas al día para mantener a sus familias cuando están encerrados en casa. Está surgiendo otra tendencia alarmante, con un aumento durante el confinamiento: la explotación sexual de niñas en la web. En Filipinas, el número de casos notificados aumentó de 50 mil a más de 120 mil entre febrero y marzo de 2020.

FOMENTAR LA VUELTA AL COLEGIO

Las zonas más afectadas por el trabajo infantil son el sur de Asia y el África subsahariana. En el continente africano, uno de cada cinco niños está afectado. Jane Mrema es responsable del programa de protección de la infancia de Plan International en Tanzania. Cada día, ve las desigualdades de género en el acceso a la escuela: «Sobre el terreno, hay niñas que deberían estar en la escuela pero que no lo están, que ayudan a llevar el negocio familiar, la pesca, la agricultura. La pobreza puede ser un factor, pero también lo son las expectativas de la familia, que quiere que la niña ayude a llevar la casa”.

La escuela es un santuario, donde las niñas están protegidas de la mayoría de las formas de explotación. La escolarización conduce a una mejor comprensión de las desigualdades de género y, por tanto, a la posibilidad de romper un círculo vicioso. «Una niña que abandona la escuela repetirá el ciclo que ha atrapado a las niñas durante generaciones, el del matrimonio forzado. El embarazo y el parto prematuros son la principal causa de muerte entre las adolescentes», afirma Julien Beauhaire.

Prevalece la explotación laboral infantil

Por razones económicas, la posibilidad de entregar a su hija a un marido puede resultar atractiva para las familias, confirma Jane Mrema: «Los matrimonios precoces permiten a los padres obtener una dote rápidamente, por lo que también concienciamos a los padres de los beneficios que pueden obtener sus hijas si van a la escuela, y buscamos con ellos otras fuentes de ingresos, como los préstamos”. Las ONG también presionan a los gobiernos para que cambien las políticas educativas. «Pedimos a los gobiernos que garanticen a las niñas un ciclo de 12 años de educación gratuita, segura y de calidad, y que dediquen el 20 por ciento de su renta nacional a la inversión en educación», afirma Julien Beauhaire.

LUCHA CONTRA EL SEXISMO INTERIORIZADO

Más que la pauperización o el contexto sanitario, lo que hay que combatir es la mentalidad sexista de las sociedades. El sexismo está profundamente arraigado en las sociedades, como en Tanzania. «Debido a su género, las niñas son consideradas directamente inferiores a los niños. Las comunidades tienen expectativas específicas sobre sus hijas: tienen que encargarse de la casa, pero también contribuir económicamente a mantener el hogar», lamenta Jane Mrema.

Cambiar la visión de la sociedad sobre la posición de las niñas y el trabajo infantil en general es la tarea más difícil para el activista de Tanzania, especialmente cuando las víctimas de estas desigualdades son a veces ellas mismos reacias a hacerlo. Jane Mrema describe cómo la mayoría de las niñas han interiorizado estas desigualdades como normas legítimas: «La mayoría de las niñas lo ven como algo normal, debido a su cultura, sus creencias, su socialización… quieren ajustarse a las expectativas de la sociedad, a los roles que se les asignan”. De ahí la labor de concienciación llevada a cabo entre las comunidades, los padres y las niñas por activistas locales como Jane: «Algunas de ellas, que han sido sensibilizadas, que han estado en nuestros proyectos, entienden sus derechos como niños y se sienten lo suficientemente seguras como para pedir ayuda, para buscar el apoyo de las asociaciones», dice Jane Mrema.

Explotación Infantil en México

Los Estados se están concienciando poco a poco del problema y las leyes están empezando a cambiar. Sin embargo, una vez puesto en marcha el aparato legislativo, aún queda mucho camino por recorrer. Juliette Bénet concluye: «El verdadero reto es la aplicación de estas leyes sobre el terreno, con el fin de aplicar sanciones reales a los empresarios que sigan utilizando a los niños, y que las niñas y los niños estén acompañados cuando sea necesario”.

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Redacción/SinEmbargo

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La mujer pone varios vendajes en la pierna de la adolescente, a quien sienta en una silla de ruedas mientras carga un cartel que señala: «Ayúdame soy discapacitada», con el que pide ayuda económica a los transeúntes

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Un hombre denunció a través de un video difundido en redes sociales a una mujer por cubrir con vendas a una adolescente para hacerla pasar por una persona con discapacidad y pedir limosna en el Departamento de Bucaramanga, Colombia.

Un video que compartió Juan Carlos Cárdenas, Alcalde de Bucaramanga, evidenció el momento en que la mujer baja de una motocicleta con una adolescente, a quien le pone varios vendajes en su pierna y la sienta en una silla de ruedas para pedir ayuda económica a los transeúntes.

“Ayúdame soy discapacitada”, se puede leer en un cartel que sostiene la adolescente, según detalló el hombre que grabó la situación.

«Esta vaina no puede ser hermano, esto no es real, cómo es posible. Yo estaba cuando ellos llegaron bien vestidos y se transformaron. ¡Uy no, no me la creo! Cómo una mamá puede hacer eso porque al parecer es la hija. Qué rabia», afirmó el denunciante.

«Esto merece una explicación, ellos llegaron y duraron 15 minutos cambiándose, es que miren el casco de la moto, es de los buenos. Yo no me aguanto esta vaina, voy a confrontarlos», agregó el ciudadano, quien decide confrontar a la mujer.

Por ello, y mientras graba la situación, el hombre se acerca a la mujer y le cuestiona el motivo por el que utiliza a la menor para pedir limosna, a lo que ella le respondió: «no se meta en lo que no le importa» al tiempo que se tapa con el cartel.

Tras viralizarse la situación, Juan Carlos Cárdenas, Alcalde de Bucaramanga, condenó la situación y anunció que emprendería una indagatoria al respecto.

«No hay derecho. No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante», dijo.

«Desde la Secretaría del Interior ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso. Gracias por la denuncia», escribió el Alcalde en su cuenta de Twitter.

Redacción/SinEmbargo

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De acuerdo con datos la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Papa Francisco destacó que los niños explotados son más de 150 millones, más que los habitantes de España, Francia e Italia.

Ciudad del Vaticano, 13 de junio (EFE).- El Papa Francisco lamentó que los niños explotados en el mundo «sean más de 150 millones, más que las poblaciones de España, Francia e Italia juntas», y afirmó que no puede ser posible «cerrar los ojos» ante esta esclavitud infantil.

Tras el rezo del ángelus asomado a la plaza del San Pedro, Francisco recordó que el sábado se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y afirmó que «no es posible cerrar los ojos a la explotación de niños, privados de sus derechos a jugar, a estudiar y a soñar».

El pontífice destacó que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), «los niños explotados son más de 150 millones, más que los habitantes de España, Francia e Italia. Esto sucede hoy, tantos niños sufren».

Ante ello, realizó un llamamiento para «eliminar esta esclavitud infantil de nuestros tiempos».

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), durante los últimos cuatro años, el número de niños que trabaja ha aumentado en 8.4 millones, elevando hasta 160 millones el número de menores que desempeñan alguna tarea laboral.

El estudio advierte que los avances para acabar con el trabajo infantil se han estancado por primera vez en 20 años, invirtiendo una tendencia a la baja que permitió reducir esta lacra en 94 millones entre 2000 y 2016.

Cacho participó en el seminario online «La libertad de expresión en la era digital», organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Logroño, España, 8 junio (EFE).- «Soy una reportera de guerra en mi propio país, México«, afirmó este martes la periodista mexicana y activista en Derechos Humanos Lydia Cacho, superviviente de torturas por sus investigaciones sobre redes de explotación infantil.

Cacho, autora de libros superventas sobre la trata de blancas y esclavismo, participó en el seminario online «La libertad de expresión en la era digital», organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en colaboración con Nueva Revista y dirigido por la vicepresidenta de El Español y presidenta de Tribune for Human Rights (THRibune), Cruz Sánchez de Lara.

«La libertad de expresión es un derecho que tenemos todos, no sólo los periodistas», añadió Cacho, de 58 años, durante su intervención, de la que informó UNIR.

Incidió en que el periodismo es «una linterna para iluminar el mundo» y «una profesión indispensable para la sociedad, pero para poder ejercerlo necesitamos la libertad de expresión».

Cacho se refirió a su experiencia al enfrentarse con «una poderosa red de explotación sexual infantil (..), en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos» y, con sus investigaciones, demostró «la connivencia entre políticos, banqueros y tratantes de niños», que publicó en el libro Los demonios del Edén.

Por ello recibió fuertes presiones para que se retractara, fue arrestada ilegalmente y sometida a torturas pero, años después, el 90 por ciento de los miembros de aquella red han sido procesados.

También investigó las redes internacionales de explotación sexual de mujeres y lo que descubrió lo reflejó en su libro Esclavas del poder.

«La autocensura es la hija desgraciada del miedo» porque «paraliza» e impide ejercer el periodismo con libertad, defendió Cacho, quien abandonó México y aprendió a convivir con el miedo desde que «hace 25 años me pusieron una pistola en la cabeza».

Esta periodista hace 30 años tomó conciencia de la conexión «entre el periodismo y la defensa de los derechos humanos» y, al ver que «no era escuchada en los medios la voz de las mujeres», decidió aportar una perspectiva de género en sus investigaciones periodísticas.

«El feminismo ha creado una nueva cultura narrativa para explicar los derechos humanos», añadió al referirse a «los abusos contra la mujer» en el ámbito de la violencia doméstica, entre otros, pero también «contra el varón, en la trata de niños, en redes de droga, prostitución y organizaciones paramilitares».

Además, apuntó que «la desinformación en las redes sociales» es otra amenaza contra la libertad de expresión y citó el caso del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, por lo que es necesario «desactivar a los que desinforman», subrayó.

Mundo

En la región, según cálculos entregados por Unicef con motivo de la conmemoración este viernes del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se estima que hay 17.4 millones de niños y niñas trabajadores, cifra que equivale al 16 por ciento del total de menores que viven en esta parte del orbe.

Por Claudia Polanco Yermanos

Bogotá, 11 jun (EFE).- América Latina, epicentro creciente de la COVID-19, se enfrenta hoy no solo a los estragos económicos y de pérdidas humanas que deja el virus sino también a la amenaza de que la pandemia empeore una enfermedad social que, aunque para muchos es invisible, afecta a sus pobladores más vulnerables: el trabajo infantil.

En la región, según cálculos entregados por Unicef con motivo de la conmemoración este viernes del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se estima que hay 17.4 millones de niños y niñas trabajadores, cifra que equivale al 16 por ciento del total de menores que viven en esta parte del orbe.

Los pequeños, algunos de los cuales no alcanzan la mayoría de edad, víctimas del maltrato, del abuso sexual o de las deplorables condicionales laborales a las que son sometidos, se desempeñan principalmente como sirvientes, agricultores, comerciantes, mineros, recolectores de basura o pescadores.

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A esta preocupante situación se suma ahora el nefasto panorama que dejará el coronavirus. Unicef y Save The Children alertan de que unos 16 millones más de niños latinoamericanos podrían vivir en la pobreza cuando termine el 2020 si los gobiernos no hacen ya lo que les corresponde.

EL AHOGO DE LA POBREZA

Al respecto, la directora de Save The Children Colombia, María Paula Martínez, aseguró a Efe que «es probable que aumente el número de niños que empezará a trabajar debido a la pandemia, así como el de aquellos que se verán enfrentados a desarrollar trabajos peligrosos y adolescentes que iniciarán su vida laboral sin condiciones de trabajo decente».

Lo anterior se generará debido a que las medidas de control de contagio del virus aumentarán significativamente los niveles de desempleo y, como consecuencia, se incrementará el subempleo, en donde por lo general se ven vinculados los menores.

Además, ahondó Martínez, «se debe entender que si los proveedores del hogar son adultos mayores o población en riesgo de contagio y las medidas de aislamiento han disminuido la manutención de los hogares, serán los más jóvenes de la casa quienes deban asumir esa carga».

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Precisamente en Brasil, el segundo país en el mundo más afectado por el virus, con más de 39 mil muertos y casi de 780 mil contagiados, el Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil consideró que «el riesgo de crecimiento de la explotación frente a los impactos de la pandemia es grande» porque mucha mano de obra formal puede ser sustituida por niños.

Por ello, los menores seguirán teniendo una «educación interrumpida» para ayudar al sustento de sus hogares y estarán expuestos a enfermedades, inclusive al propio coronavirus, manifestó el director de la OIT en Brasil, Martin Georg Hahn.

No menos aterrador es lo que pasa en Venezuela, en donde los menores que viven de los ingresos que puedan generar en sectores informales están al borde del precipicio por la pandemia, y ni qué decir de aquellos que en el último sexenio, cuando el país entró en la debacle económica, quedaron en la indigencia.

«La situación es especialmente áspera debido a lo vulnerables que están los niños en el marco de la emergencia» y se hace más compleja porque «no hay una política de Estado, estadísticas ni diagnóstico», aseguró a Efe Fernando Pereira, coordinador de la organización Cecodap, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los menores desde 1984.

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Otros que están a un paso de la desesperación son los miembros de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia, que pidieron al Gobierno dotarlos de medidas de bioseguridad ante la urgencia que tienen de salir a trabajar para mantener a sus familias a pesar del riesgo de enfermarse o, incluso, morir por el virus.

CON LAS MANOS LLENAS DE TIERRA

Las labores del campo, que desde siempre han sido orgullo de buena parte de los latinoamericanos, son las que concentran el 52 por ciento del trabajo infantil en la región, que casi siempre los aleja de la escuela e imposibilitan con ello que salgan de la pobreza.

En ese sector, considerado uno de los más peligrosos para la infancia y adolescencia debido a las largas jornadas que demanda, la exposición a climas extremos y el contacto con productos químicos, se ganan el sustento el 34.5 por ciento de los 2.3 millones de niños mexicanos que trabajan.

También, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador señalan que en las áreas rurales del país andino se trabaja cerca de cinco veces más que en las ciudades y que por etnias, la población indígena tiene a más número de niños entre los cinco y 14 años trabajando, con un 26 por ciento.

Cosechar, acarrear agua y tratar a los animales son algunas de las actividades que la OIT denuncia que realizan cerca de 200 mil pequeños argentinos, de los cerca de 763 mil 544 que están sometidos al trabajo infantil, un problema que no se ha visto como tal, puesto que la mayoría de las veces se da en el ámbito familiar y se considera una responsabilidad ante los padres.

Soldados y trabajadores con trajes protectores limpian uno de los centros de distribución de alimentos más grandes de América Latina para contener la propagación del nuevo coronavirus en Bogotá, Colombia, el viernes 10 de abril de 2020.
Soldados y trabajadores con trajes protectores limpian uno de los centros de distribución de alimentos más grandes de América Latina para contener la propagación del nuevo coronavirus en Bogotá, Colombia, el viernes 10 de abril de 2020. Foto: Fernando Vergara, AP

En ese sentido, el especialista de la OIT contra el trabajo infantil en Argentina, Gustavo Ponce, sostuvo a Efe que «hay que correr ese velo y mostrar que si un chico ingresa a los ocho años al mercado laboral, esto tiene un impacto en su trayectoria escolar y lo aparta de cosas simples como el tiempo libre o el deporte».

HAMBRE, CONFLICTO Y MIGRACIONES

En Colombia, aunque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que entre 2012 y 2019 la cifra de trabajo infantil se redujo de 10.2 al 5.4  por ciento, persisten males como el reclutamiento ilícito de menores que se ha acrecentado durante la emergencia por la COVID-19.

Por esta razón, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió a la Fiscalía investigar a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otros grupos armados que los están usando para llevar a cabo homicidios, actos de terrorismo, tortura y desplazamiento forzado.

«Hay una amenaza latente porque al haber una reducción del ingreso surge la necesidad de que los padres le digan a los hijos que tienen que salir a rebuscarse. Esta es una amenaza sobre la cual debemos luchar fuertemente», advirtió al respecto el director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, Mauricio López.

Coincide en ello la vocera de Save The Children, María Paula Martínez, quien a su turno teme por los niños inmigrantes venezolanos que atraviesan el continente caminando junto a sus padres o, en ocasiones, solos con la ilusión de poder enviar dinero a sus casas.

Con frecuencia, afirmó, «ellos experimentan maltratos, aislamiento, omisión del pago de salarios y la amenaza de ser denunciados ante las autoridades».

Todo lo anterior demuestra que, a pesar de la gran cantidad de niños involucrados en el trabajo en esta región, sus necesidades no siempre están sobre el tapete político y los gobiernos siguen quedando cortos a la hora de elaborar respuestas efectivas para proteger a quienes, sin embargo, publicitan en sus campañas como el prometedor futuro de América Latina.

El trabajo doméstico es el 10 por ciento del total de empleo informal de Latinoamérica, lo que lo ubica como una de las ocupaciones con mayores índices de informalidad. El 7 por ciento de las personas ocupadas de Latinoamérica (unos 18 millones) se dedica al trabajo doméstico y el 93 por ciento de ellas son mujeres.

Por Carolina Flechas Anzola

Bogotá, 1 may (EFE).- «La chacha», «la niña de la cocina» o «la sirvienta» son las maneras despectivas para referirse a las empleadas domésticas en América Latina, donde si bien se han registrado avances para legalizar este oficio, sigue siendo mal pagado o se equipara a la esclavitud y la explotación infantil.

A ello se suma la informalidad, los fallos en remuneración y de seguridad social y la ausencia de regulación, lo que ha convertido el asunto en uno de los principales temas de reclamo a propósito de la celebración del Día Internacional del Trabajo.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apuntan que el 7 por ciento de las personas ocupadas de Latinoamérica (unos 18 millones) se dedica al trabajo doméstico y el 93 por ciento de ellas son mujeres.

TRABAJO DOMÉSTICO IGUAL A TRABAJO INFORMAL

El trabajo doméstico constituye el 10 por ciento del total de empleo informal de Latinoamérica, lo que lo ubica como una de las ocupaciones con mayores índices de informalidad.

A pesar de que esa modalidad se ha reducido en un 2.6 por ciento y que países como Paraguay, México y Colombia ya cuentan con normativas al respecto, se estima que un 77.5 por ciento de quienes ejercen el trabajo doméstico en la región lo hace de manera informal, afectando especialmente a las migrantes.

María Arteta, especialista de Género y No Discriminación de la OIT, subrayó a Efe que el trabajo doméstico remunerado «es una de las ocupaciones con peor calidad del empleo: extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y alto nivel de incumplimiento de las normas laborales».

Por ello el organismo ha señalado que es necesario tomar medidas urgentes, en especial en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay, donde los ingresos por el trabajo doméstico son iguales o inferiores al 50 por ciento del promedio de personas ocupadas.

ROSTROS DE UNA LUCHA

La discriminación, abuso y mala paga persisten en varios países, situación que es más alarmante entre niñas menores de 18 años que migran del campo a la ciudad para trabajar en casas, donde en muchos casos no les respetan sus derechos e incluso existen denuncias de esclavitud.

En Paraguay, a través de «Doméstica Ñe’e» (La voz de la doméstica, en idioma guaraní), un espacio de radio comunitaria del barrio La Chacarita, en Asunción, cada domingo durante dos horas reivindican sus derechos con audios enviados por oyentes que viven sus mismas situaciones.

«Nosotras tratamos como sindicato de ayudarlas y acompañarlas en lo que está pasando al ser maltratadas o abusadas físicamente, por eso siempre estamos luchando para que puedan conocer sus derechos y apoyarlas», aseguró a Efe Librada Maciel, integrante del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico de Paraguay (Sintradepy).

Otro de los problemas es la falta de acceso a la educación pues muchas de las niñas que llegan a trabajar en hogares no han completado su formación básica o media.

«Muchas de la compañeras, por ejemplo, desde criaditas (niñas) vinieron porque supuestamente era para continuar el estudio, pero eso es historia», indicó Marciana Santander, secretaria general de Sintradepy.

«Ahora si viene la chica, entra a trabajar y (..) lo que nosotras hacemos es buscar las formas de capacitación», agregó.

UNA RADIOGRAFÍA A LA REGULARIZACIÓN

Las mujeres dedicadas a los oficios de hogar han sufrido prejuicios y estereotipos al «no requerir de competencias especiales sino solo habilidades innatas», asegura Arteta, al advertir que esto dificultó por mucho tiempo la regularización de la actividad.

«Una baja valoración de las tareas de cuidado hacen más difícil que se la reconozca como una actividad laboral o profesional como cualquier otra. Además, se unen prejuicios y desigualdades étnicas y raciales», añadió la experta.

Ante la discriminación y ser considerado con frecuencia un trabajo no calificado, organizaciones y sindicatos han alzado la voz por el reconocimiento legal de esta labor.

En las últimas cuatro décadas, según la OIT, los marcos legales han cambiado paulatinamente, buscando a partir del año 2000, la equiparación de derechos con otras ocupaciones, con la adopción por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo del Convenio 189 y su respectiva ratificación en catorce países de la región.

¿QUÉ SE HA LOGRADO?

Las leyes han amparado a las empleadas para que no sean vulnerados sus derechos.

En Colombia es obligatorio un contrato escrito o verbal, afiliación a seguridad social, primas legales y jornadas dignas de trabajo.

En República Dominicana, la Mesa Intersectorial de Género propuso una ley especial para regular el trabajo doméstico y cumplir con el Convenio 189 de la OIT.

México puso en marcha un programa de cobertura social y médica para más de 2,3 millones de empleadas del hogar, el 4,1 % de su población ocupada y uno de los sectores más desprotegidos y discriminados.

Las empleadas domésticas de Paraguay lograron que el Senado aprobara por unanimidad el proyecto de ley que les garantiza el 100 por ciento del salario mínimo, unos 350 dólares, y no un porcentaje de ese sueldo como se hacía antes.

Una ley en Chile obligó a la formalización con un contrato escrito que debe ser entregado a la Inspección del Trabajo, además de la no obligación de usar delantal fuera del hogar y disminuir la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales.

En Centroamérica, solo Costa Rica ha ratificado el Convenio de la OIT.

«Durante el 2017, la Caja Costarricense de Seguro Social lanzó un programa de extensión de la seguridad social al trabajo doméstico, el nuevo programa busca ampliar la cobertura dando un especial énfasis para la población que labora por jornadas parciales o por horas y además para quienes tienen dos o más empleadores», detalló Arteta.

Y El Salvador ha permitido la afiliación voluntaria a la seguridad social, pero la tasa de cobertura es muy baja.

La especialista de la OIT resaltó, además, que «en todos los países los sindicatos de trabajadoras domésticas están llevando a cabo campañas de sensibilización» sobre sus derechos.

Además de que «se requiere concienciar al público sobre el valor del trabajo doméstico para las sociedades, sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores y los empleadores y sobre la importancia de formalizar el sector», como asegura Arteta.

La madre fue asesinada en enero de 2018 cuando inició una búsqueda después de que su hija desapareciera en el municipio al sur de Veracruz. Cuando la joven fue localizada en la capital, tenía lipotimia y perdida de memoria por breves lapsos.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Veracruz/Ciudad de México, 10 de julio (PlumasLibres/SinEmbargo).- La policía capitalina rescató en la colonia Centro a una joven que había sido secuestrada desde diciembre del año pasado en el estado de Veracruz. Fue encontrada en un negocio de la calle de Belisario Domínguez después de que le diera una crisis de lipotimia y perdiera la memoria por lapsos.

La joven rescatada dijo que tras abordar un taxi, en Jaltipan, al sur de Veracruz, un hombre se subió a la unidad y la raptó. Que la trasladó a la capital del país y la obligó a ejercer trabajos contra su voluntad.

Miguel Soria González, Jefe de Estado Mayor Policial, detalló que los policías capitalinos que auxiliaron a la menores solicitaron apoyos de los servicios médicos, quienes diagnosticaron a la menor con lipotimia.

Se informó que la madre de esta joven fue asesinada en enero de 2018, cuando inició su la búsqueda de su hija.

La menor fue trasladada a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes desde donde se buscará a sus familiares.

Soria González detalló que el lugar en el que se encontraba la menor es una tienda de productos, pero que se investigará si era obligada a trabajar o a prostituirse. Además indicó que no hay ninguna persona detenida hasta el momento.

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De acuerdo con experto el proceso de certificación que garantiza que los diamantes son extraídos sin explotación infantil solo se aplica cuando se trata de diamantes cuya venta financia rebeldes que pretenden derrocar gobiernos.

El trabajo infantil y la ausencia de derechos laborales siguen estando detrás de la extracción de este mineral. Foto: EFE

Por Carlos Rey

Bruselas, 18 de noviembre (EFE).- La aprobación del Kimberley Process en 2002 logró reducir el comercio de «diamantes de sangre», como se denomina a los utilizados para financiar guerras en África, pero el trabajo infantil y la ausencia de derechos laborales siguen estando detrás de la extracción de este mineral.

Así lo aseguraron a EFE Serge de Backer y Marie d’Huart, los fundadores de My Fair Diamond, una compañía que se dedica a la venta de «diamantes éticos», aquellos que pueden garantizar por completo su trazabilidad.

«Todos nuestros diamantes se compran en minas que cumplen con el estándar Mandeleo de la ONG Iniciativa por el Desarrollo a través del Diamante (DDI por sus siglas en inglés)», explicó d’Huart, auditora social con experiencia en la asesoría de la industria del diamante.

El Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS), acordado entre 69 países en 2002, redujo el tráfico de diamantes en bruto procedentes de zonas de conflicto hasta un 0.2 por ciento del total.

Sin embargo, tal y como denuncian desde My Fair Diamond, «el KPCS tan solo se aplica cuando la venta de diamantes se usa para financiar a rebeldes que pretenden derrocar a gobiernos legítimos».

De esta forma, diamantes extraídos en zonas en las que se vulneran derechos sociosanitarios de los trabajadores o se utiliza mano de obra infantil pueden seguir siendo comercializados, situación que denuncia también la ONG Global Witness.

«Muchas voces dentro de la industria del diamante están pidiendo que el KPCS se amplíe para atender también al cumplimiento de los derechos laborales», afirmó d’Huart.

En caso de que ese objetivo se lograra, la cuestión sería cómo enfocar su implementación y su control «para que no se quede en un deseo vacío».

A día de hoy, My Fair Diamond trabaja con trece minas artesanales de Sierra Leona que cumplen el estándar Mandeleo de DDI, aunque no descartan extender sus compras a Guinea o la República Democrática del Congo «cuando hayan sido certificados desde un punto de vista ético».

La primera colección de la empresa nació este mismo año después de que en 2015 el Consejo CAP -una sociedad enfocada al desarrollo sostenible- acordase su lanzamiento con el Centro del Diamante de Amberes (AWDC), ciudad por la que pasa el 84 por ciento de los diamantes en bruto del mundo.

El comercio de diamantes no está exento de polémica: la propia ONG Global Witness se retiró como observador del Kimberley Process en 2011 alegando que no había cumplido su propósito y que no facilitaba «la seguridad necesaria para asegurar cuando no se está ante diamantes de sangre».

Marie d’Huart indicó que los estándares del KPCS no recogen situaciones como la financiación de dictaduras a través de la extracción y el comercio de diamantes.

También existen críticas a la industria por su reparto de beneficios, como la del presidente de Zimbabue -uno de los principales productores de diamantes-, Robert Mugabe, quien denunció en 2016 que su país tan solo «recibió 2 mil millones de dólares por el comercio de diamantes cuando los beneficios ascendían a unos 15 mil millones».

En este sentido también se manifestó el ministro de Recursos Minerales de Sudáfrica, Godfrey Oliphant, durante la celebración esta semana en Bruselas de la Conferencia Africana del Diamante (ADC), asegurando que «la mayor parte de los beneficios se van lejos de África».

Curtis Simoneau se hacía pasar por una niña de 14 años para engañar a menores y haciéndoles creer que tenían una relación le enviaran fotos y videos de ellos desnudos.

El hombre se hacía pasar por una adolescente de 14 años para hacer que los niños le mandaran fotos y videos. Foto: Especial

Boston, 3 de octubre (AP).- Un hombre de Massachusetts fue sentenciado a 17 años en prisión por explotar sexualmente a unos 150 niños haciéndose pasar por una menor y convencerlos de enviarle fotos y videos de ellos desnudos, informaron las autoridades.

Curtis Simoneau, de 24 años, fue sentenciado en un Tribunal Federal el lunes luego de declararse culpable en junio por coerción e incitación de menores y por poseer pornografía infantil.

Los fiscales dijeron que Simoneau contó a un niño de 13 años que era una niña de 14 años que vivía en Maine. Las autoridades señalaron que la víctima creyó que estaba en una relación online con una niña y que los dos intercambiaron fotos y videos de ellos desnudos.

Los investigadores encontraron fotografías de desnudos y sexualmente insinuantes, además de videos, en la casa de Simoneau que habían sido enviadas por menores.

El actor compareció este miércoles en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de EU para pedir a los congresistas que apoyen los esfuerzos de su organización para combatir la explotación sexual infantil.

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Washington, 16 feb (EFE).- El actor Ashton Kutcher ha hecho un llamado al Congreso de Estados Unidos para combatir la explotación sexual infantil, una lacra contra la que el intérprete lucha a diario desde su fundación Thorn.

«He estado en redadas del FBI en las que he visto cosas que nadie debería ver. He visto un vídeo de una niña de la misma edad que la mía (2 años) violada por un estadounidense que estaba en Camboya de turismo sexual», afirmó Kutcher con los ojos lagrimosos.

«He conocido a víctimas traídas desde México, víctimas en Nueva York, en Nueva Jersey, por todo nuestro país», agregó.

El actor protagonista de «That ’70s Show» o «Two and a Half Men», compareció este miércoles en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de EU para pedir a los congresistas que apoyen los esfuerzos de su organización para combatir la explotación sexual infantil.

Fundada en 2012 por Kutcher y su entonces esposa, la actriz Demi Moore, Thorn es una organización que diseña software para localizar a las víctimas de la explotación sexual infantil en internet, principal mercado (63 %) de compra y venta de niñas y niños según uno de sus estudios.

Kutcher explicó que una de las herramientas creadas por Thorn, llamada Spotlight, logró identificar a 6.000 víctimas en tan solo seis meses.

«La tecnología puede utilizarse para permitir la esclavitud, pero también para desactivarla. ¿Podemos diseñar unas herramientas mejores que las suyas para combatir lo que está sucediendo?», dijo el actor en el Senado.

Kutcher reveló que, en una ocasión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) pidió ayuda a Thorn después de investigar durante tres años los abusos sexuales a una niña que entonces tenía siete y ser incapaces de encontrar al culpable.

«Éramos la última línea de defensa. Un actor y su fundación», exclamó el actor, quien confesó que no pudieron ayudar al DHS a localizar a la víctima y que en ese momento eso le «destrozó».

«Durante los siguientes tres meses, tuve que acostarme cada noche pensando que esa niña seguía siendo víctima de abusos y que si hubiera creado el software correcto la hubiésemos podido salvar», añadió. EFE

De acuerdo con la Segunda Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Ciudad Valles, Elvira Viggiano Guerra, uno de los casos proviene de la zona de Tanchachín, en el municipio de Aquismón y mientras que el otro se ubicó en la localidad de Tanlajás.

Detalló que presuntamente en campos cañeros se utilizó a menores de edad para realizar diversas faenas del campo, cuestión que está prohibida por la ley. Foto: ElPulso

Miguel Barragán

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo/ElPulso).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo dos casos de posible trata de personas, menores de edad que trabajan en campos cañeros de la Zona Huasteca, en San Luis Potosí.

De acuerdo con la Segunda Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Ciudad Valles, Elvira Viggiano Guerra, uno de los casos proviene de la zona de Tanchachín, en el municipio de Aquismón y mientras que el otro se ubicó en la localidad de Tanlajás.

Detalló que presuntamente en campos cañeros se utilizó a menores de edad para realizar diversas faenas del campo, cuestión que está prohibida por la ley.

Otra de las quejas que recibió el organismo, es que las jornadas laborales son demasiado prolongadas y extenuantes, así como un salario demasiado bajo, porque no corresponde a las actividades que realizan.

Mencionó que los casos se canalizaron a la CNDH porque, además serán analizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que la contratación del personal fue realizada por un particular, el organismo nacional vigilará que la STyPS cumpla con la investigación y resuelva la problemática.

El asunto fue evidenciado debido a que la Comisión también se encuentra indagando el uso de niños náhuatl en el municipio de Villa Juárez (en el centro de la entidad), en campos de cultivo, quienes trabajan las condiciones infrahumanas y de insalubridad.

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Redacción/SinEmbargo

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«Si aprobamos esta ley seremos cómplices de fomentar el trabajo infantil en la India», aseguró durante el debate el Diputado Dushyant Singh Chautala.

Tras la enmienda ningún niño menor de 14 años de edad podrá trabajar a no ser que lo haga en los negocios familiares, lo que ha causado la polémica. Foto: AP
Tras la enmienda ningún niño menor de 14 años de edad podrá trabajar a no ser que lo haga en los negocios familiares, lo que ha causado la polémica. Foto: AP

Nueva Delhi, 27 jul (EFE).- El Parlamento indio ha aprobado la enmienda a una ley de 1986 que regula el trabajo infantil y que ha sido muy criticada por políticos y ONG defensoras de la infancia por «regresiva», al fomentar que trabajen niños en negocios familiares.

La nueva «Ley de Trabajo Infantil (prohibición y regulación)» fue aprobada a última hora de la tarde de ayer en la Lok Sabha (Cámara Baja) tras una sesión maratoniana de casi seis horas con un enardecido debate avivado por diputados en contra de la enmienda.

La ley original prohibía a los menores de 14 años trabajar en 83 tipos de labores consideradas peligrosas, mientras que tras la enmienda ningún niño en esa franja de edad podrá trabajar a no ser que lo haga en los negocios familiares, lo que ha causado la polémica.

«Si aprobamos esta ley seremos cómplices de fomentar el trabajo infantil en la India», aseguró durante el debate el Diputado Dushyant Singh Chautala, del partido regional Indian National Lok Dal (INLD).

Más llamativa fue la crítica de Varun Gandhi, diputado por el gubernamental Partido Bharatiya Janata (BJP) -impulsor de la enmienda- e hijo de la popular ministra india de Desarrollo del Niño y la Mujer, Maneka Gandhi.

«No se trata de aprender nuevas habilidades, lo hacen en contra de su voluntad y se trata de un tipo de esclavitud», aseveró el diputado, nieto de la ex primera ministra india Indira Gandhi, en relación al trabajo de los niños en negocios familiares.

Varias organizaciones no gubernamentales de apoyo a la infancia como la internacional Save the Children o la india Bachpan Bachao Andolan (BBA, Movimiento para Salvar la Infancia), del premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi, también han mostrado su rechazo.

Save the Children se oponía a esta enmienda porque según ellos el objetivo final debería ser «la prohibición absoluta del trabajo infantil», mientras que BBA calificó la aprobación de ayer como «una oportunidad perdida para millones de niños».

«La definición de familia y negocio familiar en la ley es deficiente; esta cláusula se escuda en los valores de la familia india para justificar la explotación económica de los niños», sentenció en un comunicado Satyarthi.

Con unos 50 millones de niños trabajadores, la India es el país del mundo con mayor incidencia de empleo infantil, una cifra que se redujo en diez millones durante los últimos años, según estimaciones de BBA.

El Gobierno indio, por su parte, asegura que esa caída fue todavía mayor, al pasar de los doce millones de menores explotados que el país registraba en 2004 a cinco millones en la actualidad.

Miles de menores de edad, algunos de tan solo siete años, trabajan en condiciones precarias y sin equipo de seguridad en pequeñas minas de cobalto en el sur del Congo para fabricar baterías utilizadas para aparatos de Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler y Volkswagen. Las empresas evalúan cómo actuar al no estar seguras de la procedencia del material.  «Millones de personas se benefician de las nuevas tecnologías, pero no preguntan cómo se producen», criticó un experto.

Apple, Samsung o Sony no hacen las comprobaciones básicas para asegurarse de que sus productos no utilizan cobalto extraído con mano de obra infantil. Foto: EFE.
Apple, Samsung o Sony no hacen las comprobaciones básicas para asegurarse de que sus productos no utilizan cobalto extraído con mano de obra infantil. Foto: EFE.

Johannesburgo, 19 ene (dpa/EFE) – Algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo utilizan en sus computadoras y smartphones baterías fabricadas a partir del cobalto extraído gracias al trabajo infantil en minas congoleñas, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).

«Es hora de que las grandes marcas asuman parte de la responsabilidad de la extracción de las materias primas con las que hacen sus lucrativos productos», apuntó el investigador de AI, Mark Dummett.

Según la organización humanitaria, miles de menores de edad, algunos de tan solo siete años, trabajan en condiciones precarias y sin equipo de seguridad en pequeñas minas de cobalto en el sur del Congo.

Muchos de ellos sufren daños pulmonares permanentes a cambio de sueldos míseros que rondan entre uno y dos dólares estadounidenses al día, afirmó la organización.

El cobalto es un mineral fundamental para la producción de las modernas baterías de litio de los smartphones y computadoras portátiles. Más de la mitad del cobalto que se extrae en el mundo procede del Congo.

Amnistía Internacional entrevistó a unos 90 trabajadores de las pequeñas minas, donde normalmente se trabaja con las manos o con herramientas muy primitivas. Según el Gobierno congoleño, esos yacimientos son responsables del 20 por ciento de la producción del mineral

«Pasaba 24 horas allí abajo, en los túneles. Llegaba por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente (…) Tenía que hacer mis necesidades allí abajo», relata Paul, un niño huérfano de 14 años que empezó a trabajar en la minería a los 12.

Desde las minas el cobalto llega a través de intermediarios -la gran mayoría chinos- principalmente hasta Congo Dongfang Mining (CDM), una filial de la compañía china Huayou Cobalt. Después, el mineral se vende a los productores de baterías.

Estas dos empresas procesan el cobalto y lo venden a fabricantes de componentes de baterías en China y Corea del Sur. Estas venden a su vez a empresas fabricantes de baterías que aseguran que suministran sus productos a empresas tecnológicas y automovilísitcas, entre las que se encuentran Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler y Volkswagen.

Amnistía Internacional contactó con estas y otras 10 multinacionales, de las que sólo una, South Corean LG Chem, admitió tener conexión con Huayou Cobalt. «Si el riesgo de violaciones se confirma como grave y serio… consideraremos una amplia gama de acciones efectivas», declaró la compañía a Amnistía.

Apple, por su lado, afirmó estar evaluando si el cobalto de las baterias de sus aparatos provenía del Congo al tiempo que afirmó que «el trabajo infantil nunca estuvo tolerado» en su cadena de montaje y que investigará todas esas acusaciones.

Microsoft y Samsung SDI afirmaron no estar en condiciones de afirmar con certeza si su cobalto provenía del sur del Congo, mientras que Sony, Volkswagen y Daimler dijeron que no había evidencias claras de que eso estuviese ocurriendo.

Hoayou Cobalt, por su parte, aseguró que durante una inspección a dos minas en el año 2014 no se encontraron indicios de trabajo infantil.

AI instó a todos los fabricantes de electrónica y de automóviles a asegurarse de que en la fabricación de las baterías que utilicen sus productos no haya cobalto extraído de minas en las que trabajen menores de edad.

La organización pro derechos humanos también hizo un llamamiento a las autoridades congoleñas para vigilar de forma más efectiva las pequeñas minas y así asegurar mínimas condiciones laborales y de seguridad.

El gobierno de Kinsasa rechazó las acusaciones vertidas por Amnistía en el informe. El portavoz del gobierno, Lambert Mende, afirmó que se trataba de artimañas de otros países exportadores de cobalto para ampliar su cuota de mercado.

El fondo de las Naciones Unidas para la infancia calculó en 2014 que unos 40 mil menores de edad trabajan en las minas del sur del Congo.

Desde AI, el experto Mark Dummet criticó también a los consumidores: «Millones de personas se benefician de las nuevas tecnologías, pero no preguntan cómo se producen. (…) Las glamourosas tiendas y campañas de marketing contrastan con los niños que arrastran piedras en sacos, con los mineros golpeados y con el daño pulmonar permanente».

Redacción/SinEmbargo

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Trabajaban en condiciones infrahumanas. Los menores pasaban largas temporadas sin ser expuestos a la luz del sol y no recibían una buena alimentación.

Nueva Delhi, 16 dic (EFE).- Las autoridades indias rescataron a 56 menores, 26 de ellos menores de 14 años, que eran explotados en fábricas ilegales de bisutería en el sureste de la India, informó hoy a Efe una fuente policial.

Los niños fueron encontrados durante varias redadas de la policía ayer en el casco antiguo de la ciudad de Hyderabad, donde trabajaban «en cuartos oscuros, mientras eran expuestos a químicos tóxicos y peligrosos», explicó el subcomisario V. Satyanarayana, que dijo que algunos de ellos mostraban erupciones y otros daños en la piel.

«Trabajaban en condiciones infrahumanas», manifestó el subcomisario, que detalló que los menores hacían brazaletes durante jornadas de 12 a 14 horas al día, por lo que recibían un salario de 2 mil rupias al mes (unos 30 dólares).

Además, según la fuente, los menores pasaban largas temporadas sin ser expuestos a la luz del sol y no recibían una buena alimentación, la cual se hallaba en ocasiones en mal estado.

Durante las redadas en tres fábricas la Policía detuvo a cinco responsables de los talleres, que serán llevados hoy ante un tribunal en Hyderabad, capital compartida de los estados de Andhra Pradesh y Telangana, anotó Satyanarayana.

Los niños provenían de los estados orientales de Jharkhand y Bengala y del estado septentrional de Bihar.

En los primeros cuatro meses de 2015 fueron rescatados al menos 385 menores en varias fábricas de Hyderabad.

Con unos 50 millones de niños trabajadores, la India es el país del mundo con mayor incidencia de empleo infantil, una cifra que se redujo en diez millones durante los últimos años, según la ONG Bachpan Bachao Andolan (Movimiento para Salvar la Infancia).

El fundador de esta organización, Kailash Satyarthi, recibió el premio Nobel de la Paz de 2014 compartido con la joven paquistaní Malala Yousafzai, conocida universalmente por su lucha a favor de la educación de la mujer.

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Guatemala, 13 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron hoy a un hombre acusado de explotación laboral infantil y violencia contra la mujer, informó la policía guatemalteca.

Según las investigaciones, el sujeto se dedicaba a contratar a personas, incluyendo menores de edad, a quienes supuestamente «les daba una capacitación» para vender perfumes, edredones y otros productos.

Para obtener una plaza en este curso de instrucción tenían que vender los productos, pero al final «nunca obtenían el trabajo que les ofrecían».

Además, los aspirantes a las plazas tenían que costearse los anuncios en las redes sociales y en los medios escritos y radiales para reclutar más personas.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al detenido como Juan Natalio Bravo Díaz, de 46 años, quien fue capturado en la zona 18 de la capital.

Bravo Díaz está sindicado de los delitos de «explotación laboral, violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, contratación de personas y estafa».

Por este mismo hecho también fue allanada una de las oficinas de la empresa Tesoros Collection S.A., ubicada en la zona 1, donde fueron encontrados dos venezolanos que fueron puestos a disposición de Migración por no contar con permisos de residencia en el país.

Los sujetos fueron identificados como Elvis Eduardo Salas Aparicio, de 23 años, y Rafael Segundo Franco López, de 25 años.

La orden de aprensión y de allanamiento fue emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, con fecha 9 de octubre de 2015.

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