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El Gobernador de Chihuahua entró en conflicto con una empresa por un adeudo personal de casi 4 millones de dólares. ACM dice que intentó pagarle con dinero público y se negó. Acudió a un juez español, que ha ordenado embargar al mandatario y de paso hizo pública una lista de sus propiedades que lo hacen ver como un político con una considerable fortuna. Hasta 2015, de acuerdo con Transparencia Mexicana, César Duarte se había negado a hacer pública su Declaración Patrimonial.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Un juzgado español giró una orden de embargo en contra de las propiedades del actual Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, luego de que procediera una demanda de la empresa ACM, informó el abogado y activista Jaime García Chávez.

ACM dijo a las autoridades españolas que el Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anteriormente acusado de corrupción, le intentó pagar con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.

De acuerdo con Transparencia Mexicana, César Duarte se negó hasta 2015 a hacer pública su Declaración Patrimonial.

Por orden del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, representantes legales en México de la empresa Ángel Cano Martínez, Corporación Empresarial, S.L. (ACM), podrían ejecutar en cualquier momento el embargo de los bienes que Duarte Jáquez comparte con su esposa Bertha Olga Gómez Fong y que vienen enlistados en la resolución judicial.

Las propiedades enlistadas hablan de un político con un poder económico notable: el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso número 744743; la sociedad Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.; Akala S.A. de C.V.S.F.P.; Única Casa de Cambio, S.A.; Hotel Soberano (hoy Sheraton); Hidroponia de Parral, S.A de C.V.; Industrial Parral Forestal, S.A. de C.V.; e Hidroponia de Chihuahua.

En el exhorto también están incluidos los saldos corrientes de la pareja, que se encuentran depositados en Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer. HSBC, Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V., Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey.

La orden también abarca 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicadas en Parral, Chihuahua; nueve en Balleza y otra localizada en Ciudad Juárez.

La empresa ACM, fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, procedió a demandar a Duarte por el supuesto de que la deuda de casi 4 mil millones de dólares se pretendió negociar parcialmente con el pago 2 millones de dólares sustraídos del erario de Chihuahua.

Ante eso, según las fuentes informativas, se advirtió “un acto de evidente corrupción” por parte de la pareja, y no deseando poner en riesgo la solvencia moral de la firma, se malogró la negociación y se procedió judicialmente a la cobranza. Esto ocasionó el exhorto de referencia a los tribunales mexicanos.

En entrevista para SinEmbargo, García Chávez –quien puso al descubierto las acciones de Duarte en un banco de reciente creación– señaló que el enjuiciamiento que pide España va de la mano del escándalo que en México tiene la creación del Banco Unión Progreso.

“Es la comprobación del ejercicio del poder político coludido con intereses particulares en Chihuahua, para favorecer vía corrupción, la utilización de las instituciones para enriquecer a un grupo de gente del Estado que se han apoderado”, comentó.

De acuerdo con su información, la empresa ACM tiene presencia internacional y en Chihuahua tiene fuertes intereses en inversiones inmobiliarias e industriales, así que ante el intento de despojo por parte del este grupo de Duarte, se defendieron, señalando que se estaba echando mano de mecanismos de corrupción para pagar esa deuda, “quería pagar con fondos públicos deudas privadas. La empresa se negó”.

Para García Chávez, quien interpuso una demanda contra Duarte Jáquez por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades, el enjuiciamiento en España, comprueba el mecanismo de actuación de Duarte y lo considera también, un llamado a completar el caso del Banco Unión Progreso, ya que el enlistado de los bienes del Gobernador, configura todo un esquema de corrupción.

Agregó que es complicado que la orden de embargo pueda suspenderse y entonces, de proceder, se asegurarán los bienes y se verán qué acciones tienen Duarte y su esposa en las empresas morales que se mencionan en el documento; también qué depósitos bancarios y lo que posea en el Registro Público Federal.

EL BANCO DEL SEÑOR GOBERNADOR

Duarte y su esposa constituyeron un fideicomiso (contrato 744743) en noviembre de 2012, en Banorte, por 65 millones de pesos. En él instruye a Banorte que adquiera acciones en una institución financiera, Banco Progreso Chihuahua, que apenas se va a crear.

Ante la ola de acusaciones que ese acto desató, declaró que ese fideicomiso era un listado de las asociaciones crediticias que respaldarían algún riesgo que Banco Unión Progreso pudiera tener en el futuro, al estar de por medio más de 100 mil ahorradores y más de 3 mil accionistas. Fue un fideicomiso previo a la creación del banco, que hasta ese momento sólo existía en papeles.

Sin embargo, en marzo de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la creación del banco, donde el secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, es fundador y el Gobernador sería uno de los principales socios vía el contrato de fideicomiso por 65 millones de pesos para que la fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, siguiendo sus instrucciones, realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V. Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos de sus propios fondos a la Unión de Crédito Progreso (siendo Herrera su Director y representante legal y funcionario).

Así fueron 80 mil millones de pesos de Chihuahua para Unión de Crédito Progreso.

La socia mayoritaria de ese banco es Alma Dalila Martínez Corrujedo, quien es esposa del empresario Olegario Guzmán Ortiz, quien fuera secuestrado en 2011, cuando se había convertido en uno de los empresarios más reconocidos de la entidad por sus negocios de madera.

De acuerdo con García Chávez, Dalila frecuenta permanentemente la casa de Duarte en estos últimos años “como una figura casi familiar”. De la información que se tiene, Dalila figura en una estructura del Banco Unión Progreso como la principal accionista con 55 millones de pesos.

También estarían implicados Patricia Berges Chávez, esposa del empresario Jaime Galván Guerrero, Jaime Herrera, Secretario de Hacienda de Chihuahua y Carlos Hermosillo Arteaga, quien tiene una denuncia penal por enriquecimiento ilícito.

“Es la red que existe y ahora con esta información no hay duda. Hay todo un entramado que por primera vez se podrá exhibir fehacientemente. La figura de Galván, se ha mantenido al margen. No será una simple especulación y se ampliará el radio de ese grupo y aquí se tendría que iniciar la investigación del resto de los personajes”, sostuvo García Chávez.

Desatado el escándalo, un equipo de la periodista Denise Maerker le preguntó al Gobernador por qué tenía acciones en un banco. Le insistió en que tenía copia del fideicomiso.

–Está el fideicomiso, claro, y no lo leí –respondió Duarte–. A lo macho que no lo leí.

Luego agregó: “[El fideicomiso] es un listado de asociaciones crediticias que se unieron para respaldar en un momento determinado el riesgo que pudiera tener el Banco Unión Progreso. Y eso se hizo porque hay más de 100 mil ahorradores, más de 3 mil accionistas de una unión que hubiese sido una crisis social muy profunda en el estado”.

Pero cuando Duarte y su esposa crearon su fideicomiso, el Banco Progreso no existía sino en papeles. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó en marzo de 2015 la creación de ese banco.

Apenas semanas antes de que los Duarte formaran el fideicomiso, el Gobernador contrató como Secretario de Hacienda estatal a Jaime Ramón Herrera Corral, uno de los estrategas financieros del nuevo banco chihuahuense.

Herrera fue director de Unión de Crédito Progreso, una de las entidades financieras que, junto con una casa de cambio, se fusionarían para dar origen al Banco Unión Progreso. Fue el presentante legal de Unión de Crédito Progreso casi hasta 2014; es decir, aún siendo Secretario de Hacienda estatal.

Hasta donde se sabe, Herrera sigue siendo socio del banco.

–¿No hay un conflicto de interés entre usted como Secretario de Hacienda y a la vez accionista? –preguntó entonces a Jaime Herrera el equipo de la periodista Denise Maerker.

–He sido cuidadoso de justamente no generar un beneficio hacia la Unión o personal de ninguna naturaleza –respondió.

Sin embargo, entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre pasado, es decir, de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos de sus propios fondos a la Unión de Crédito Progreso. Mientras Herrera era a la vez funcionario público y socio. Más de 80 mil millones de pesos del Gobierno de Chihuahua, para la Unión de Crédito Progreso.

“Cuando se nombró a Jaime Herrera, de cero pesos depositados en Banco Progreso pasamos a una cantidad estratosférica de depósitos que ascienden a la cantidad de 80 mil millones, de acuerdo a una información rendida por transparencia en el estado de Chihuahua”, dijo Jaime García Chávez en una nota publicada entonces por SinEmbargo. “Para darnos una idea, el presupuesto de Chihuahua es de 54 mil millones de pesos para el 2014. Para el momento de presentación de la denuncia se habían realizado un conjunto de depósitos por 80 mil millones de pesos”.

–¡Es la colocación diaria del dinero! –respondió el Gobernador a los periodistas del equipo de Denise Maerker–. ¡Es un tema en el que… imagínese que a mí me hablaran todos los días para decirme: ‘Oiga, vamos a colocar, vamos a sacar, vamos a llevar, vamos a traer!’. Naturalmente a mí nunca me pidieron autorización para hacerlo, yo no hubiera autorizado hacerlo. Ya lo desautoricé, ¿eh?

Hasta 2015, el Gobernador de Chihuahua no ha hecho su declaración patrimonial.

“Compartir el patrimonio públicamente es un agravio para todos. Es un agravio para el que no tiene, y un reto para el que tiene”, dijo Duarte en 2015.

En un solo día, el 2 de diciembre del 2013, el gobierno de Chihuahua depositó al banco del que Duarte es socio la cantidad de mil 208 millones de pesos.