Los bosques de México enfrentan problemas graves que deben ser resueltos y, sin duda, la ley vigente no es suficiente para lograrlo. Sin embargo, los bosques y las comunidades son ajenos a las coyunturas político-electorales y necesitan una reforma de ley que realmente aborde los problemas, garantice la gobernanza y tome en cuenta y proteja a la gente que vive en ellos, pues son los auténticos custodios de la biodiversidad y de los invaluables beneficios que nos brinda.
Por Juan Carlos Carrillo/Doctor en derecho y política ambiental y abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- La degradación de los bosques es un proceso que también puede darse desde el papel.
Las reformas legales contenidas en la iniciativa de reforma a la Ley general de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobadas el pasado 7 de marzo en la Cámara de diputados y que hoy se encuentran en revisión en el Senado, pueden tener implicaciones adversas sobre los esfuerzos que el país y sus comunidades hacen por detener y revertir la deforestación y la degradación de los bosques, promover su uso sostenible y mantener su biodiversidad y capacidad para brindarnos beneficios ambientales fundamentales para la vida.
El pasado 7 de marzo diputados de los partidos Verde, PRI y PAN aprobaron el dictamen de la iniciativa de reforma de la ley mencionada con 239 votos a favor, 94 en contra y 8 abstenciones, además de 20 reservas al articulado. Aparentemente existe una gran prisa por lograr la aprobación de la iniciativa antes de que el proceso electoral domine las agendas legislativas y a pesar de las demandas de llevar a cabo un proceso de consulta amplio.
Así, por prisas de una naturaleza totalmente ajena a la situación de los bosques, las reformas no fueron presentadas ni consultadas en los principales espacios de participación social en materia de política forestal, tales como como el Consejo Nacional Forestal (Conaf), los consejos estatales, el Comité Técnico Consultivo para REDD+ (CTCREDD+), los ejidos y las comunidades forestales (indígenas y agrarias), que son dueños y poseedores legales de los recursos forestales en México.
No consultar a quienes tienen que ver con los bosques no es la única falla de la iniciativa. El contenido tiene omisiones y problemas graves, entre ellos:
– La iniciativa propone reducir al mínimo las funciones del Conaf (espacio en el que participan representantes de diversos sectores de la sociedad, incluyendo academia, agrupaciones de propietarios forestales, empresarios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales), lo que representa un retroceso con respecto a la Ley Forestal vigente que, en su artículo 155, señala que el Conaf “fungirá como órgano de asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política forestal y de los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley. Invariablemente deberá solicitársele su opinión en materia de planeación forestal, reglamentos y normas.”
– En el caso del Fondo Forestal, instrumento estratégico en el planteamiento de REDD+ en México (mecanismo para la distribución de beneficios generados por REDD+), la iniciativa de reforma propone cambiar radicalmente el papel del comité mixto y dejarlo únicamente con un carácter de órgano asesor, dejando totalmente en manos de la Conafor la toma de decisiones para captar y administrar fondos públicos y privados que ingresen a dicho Fondo. Esto abre a puerta al manejo discrecional y opaco de recursos, tema especialmente delicado cuando se vienen tiempos electorales. En la ley vigente, el comité mixto de gobierno vigila este fondo, lo que da ventajas en términos de transparencia, participación social y gobernanza forestal.
En lo que se refiere a derechos de pueblos indígenas y comunidades equiparables, la iniciativa de reforma modifica los objetivos de la Ley y con ello elimina elementos relativos al reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, quienes son propietarios de cerca del 60 por ciento del bosque en México. Para explicar esto, es importante decir que la Ley vigente establece de manera expresa que:
Artículo 2. Son objetivos generales de esta Ley:… V. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, …
ARTICULO 3. Son objetivos específicos de esta Ley: …
XXIII. Contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas,…
XXXI. Impulsar el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en los pueblos y comunidades indígenas, y …
Lo que buscamos es que la iniciativa de reformas no deje fuera estos derechos que actualmente ya están reconocidos en la Ley vigente. Esto representa una clara regresividad en materia de derechos humanos, lo que infringe la Constitución Mexicana, que en su artículo 1°. establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,…
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”.
– La iniciativa de reformas a la LGDFS también deja pasar la oportunidad de abordar una perspectiva de género y no discriminación de las personas, y no hace referencia al tema. Hoy en día, alrededor del 35 por ciento de la tierra ejidal y comunitaria está en manos de mujeres o de personas que carecen de reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra y que no cuentan con el apoyo ni el fomento adecuado para el desarrollo de actividades forestales. El papel que desempeñan las mujeres y personas sin derechos reconocidos en el manejo de los bosques, especialmente en lo que se refiere a productos no maderables y recolección de leña, es medular para un manejo forestal sustentable. Si la perspectiva de género no está presente desde los objetivos de la Ley, dificulta que los instrumentos de política forestal incorporen dicha perspectiva, con lo que mantienen la visión limitada, injusta e inequitativa del desarrollo forestal de México. El manejo forestal, que siempre se ha enriquecido por la experiencia, el trabajo y la visión de las mujeres.
Estos son algunos, no todos, de los profundos problemas que presenta la iniciativa presentada por el Verde. Los temas son tan importantes, que es evidente que no basta con hacer correcciones o poner parches a dicho dictamen.
Los bosques de México enfrentan problemas graves que deben ser resueltos y, sin duda, la ley vigente no es suficiente para lograrlo. Sin embargo, los bosques y las comunidades son ajenos a las coyunturas político-electorales y necesitan una reforma de ley que realmente aborde los problemas, garantice la gobernanza y tome en cuenta y proteja a la gente que vive en ellos, pues son los auténticos custodios de la biodiversidad y de los invaluables beneficios que nos brinda.
En este Día internacional de los bosques reiteramos nuestro mensaje y nuestra petición #LeyForestalAConsulta. Que quienes viven en los bosques, cuidan de ellos, los aprovechan y los conocen participen en el diseño del marco legal que les permita hacerlo mejor y, además, vivir dignamente.
