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La FGR es “un elefante que no camina, reumático”: familias de Ayotzinapa a AMLO

viernes, septiembre 24th, 2021

Al término de una reunión con el Presidente, el abogado de los familiares de los 43 normalistas reveló que le reclamaron al mandatario nacional que no observan avances de la FGR.

Ciudad de México, 24 de septiembre (Zeta/EFE/SinEmbargo).– Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 7 años reclamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la falta de avances en el caso, el abogado de las madres y padres incluso se refirió a la Fiscalía General de la República (FGR) como “un elefante blanco que no camina, reumático“.

“La verdad que, como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, la Fiscalía es algo parecido, dijimos: ‘bueno tenemos ejemplos importantes de que no está caminando’”, dijo a medios el abogado Vidulfo Rosales Sierra la tarde del viernes al salir de una reunión de más de tres horas con el Jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional.

“Él [AMLO] quedó de revisar, quedó que se va a revisar el tema de la Fiscalía General. La Fiscalía General, ya lo hemos dicho y se le hicimos ver al Presidente de la República, pues no está caminando”, sentenció el litigante.

Rosales Sierra enfatizó que lo anterior se evidencia en el hecho de que no se han cumplimentado 40 órdenes de aprehensión desde hace más de seis meses, y que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sigue sin ser traído desde Israel a México para su enjuiciamiento.

Esta tarde, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, reveló que el Presidente López Obrador pidió por carta al Primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, la extradición de Tomás Zerón.

Vidulfo Rosales, reveló que López Obrador prometió “revisar” tanto la situación de la FGR como la línea de investigación que involucra al Ejército. “Se hizo énfasis que no vemos avances en la profundización de la investigación al Ejército Mexicano”, expresó Vidulfo Rosales.

“Lo que nosotros decimos es que hay datos de pruebas suficientes que indican que el Ejército mexicano estuvo siguiendo a los estudiantes”, insistió el abogado.

El defensor recordó que un testigo recoció que en septiembre de 2014 por lo menos 25 normalistas fueron ingresados al 25 batallón de infantería, factor por el que, consideró, tendría que realizarse una investigación exhaustiva.

EL CASO AYOTZINAPA

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero, y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El Gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero.

El Fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, dijo este viernes en conferencia que “existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada” en la investigación del Gobierno anterior.

Denunció que con la “verdad histórica” se intentó que “toda la responsabilidad recayera en unos policías municipales y no en el aparato criminal que convivía entre las autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada”.

Según datos del Fiscal, se han emitido 89 órdenes de captura contra responsables de la desaparición y autoridades del Gobierno de Peña Nieto que hicieron la investigación, de las cuales se han ejecutado 49.

La Comisión de la Verdad ha emprendido búsquedas en 133 puntos distintos, dos de los cuales comenzaron a ser rastreados este mismo jueves.

Mientras que al menos 21 personas relacionadas con el caso han muerto o han sido asesinadas desde 2014, lo que dificulta la investigación.

–Con información de Zeta y EFE.

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“El Mochomo”, clave en el caso Ayotzinapa, es trasladado a penal por delincuencia organizada

sábado, septiembre 19th, 2020

El hombre ha sido descrito por autoridades federales como clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– José Ángel “N”, identificado por autoridades federales como presunto líder del grupo criminal de Guerreros Unidos ligado al caso Ayotzinapa, fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya de Juárez, en el Estado de México, luego de permanecer más de dos mese en arraigo domiciliario.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) llevó al hombre, identificado en medios como “El Mochomo”, ante un juez federal por acusaciones relacionadas con el delito de delincuencia organizada.

Uno de sus abogados también fue llevado al centro de readaptación social por su presunta relación en el mismo delito.

Ambos hombres habrían sido detenidos ayer para ser puestos a disposición de un Juez federal.

“El Mochomo” ha sido descrito por la Fiscalía General de la República (FGR) como alguien clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

El hombre fue detenido en Metepec, Estado de México, en junio, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión, la cual giró un Juez federal de aquella entidad por su probable participación en el delito de delincuencia organizada.

El presunto líder de Guerreros Unidos fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”.

No obstante, una semana después de su captura, el 1 de julio, la FGR informó que había sido liberado por actos de corrupción en los que se destinaron varios millones de pesos.

La dependencia detalló que un Juez autorizó a la Seido realizar algunas intervenciones telefónicas que mostrarían que personas cercanas al imputado y al juzgado que atrajo su caso, el Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, estarían relacionadas con los actos de corrupción.

Al llegar al estacionamiento del penal donde lo esperaban familiares y abogados, José Ángel fue detenido el 1 de julio con una orden de presentación de la Seido y días después un juez ordenó que debía permanecer en arraigo, mismo que terminó el día de ayer.

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Los padres de los 43 normalistas se reunirán con el Fiscal General la próxima semana, anuncia AMLO

jueves, septiembre 12th, 2019

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario reconoció que los padres de los 43 estudiantes tienen toda la razón en querer que haya resultados para saber en dónde están sus hijos, por lo que a lo largo del encuentro que tuvo con ellos ayer, les explicó las decisiones que ha tomado su Gobierno para avanzar en el caso.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó esta mañana que los familiares de los 43 normalistas desparecidos en Ayotzinapa se reunirán con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la próxima semana.

“Se integró la Fiscalía especial, pero me pidieron que interviniéramos para tener una reunión especial con el Fiscal General, le pedí la entrevista a él y se va a llevar a cabo la próxima semana para que informe y yo voy a estar presente como testigo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario reconoció que los padres de los 43 estudiantes tienen toda la razón en querer que haya resultados para saber en dónde están sus hijos, por lo que a lo largo del encuentro que tuvo con ellos ayer, les explicó las decisiones que ha tomado su Gobierno para avanzar en el caso.

El Presidente durante su tradicional encuentro matutino con la prensa en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México

También refrendó que su interés es continuar con la búsqueda de los normalistas, debido a que se trata de un asunto de la más altas prioridad para el Gobierno. “Es una asunto humanitario”, agregó.

Este miércoles los padres y madres de los 43 reclamaron que, a casi cinco años de la desaparición, aún siguen sin contar con una repuesta concreta de qué pasó y dónde están los normalistas.

En una rueda de prensa, los familiares mostraron su inconformidad por la lentitud en la investigación del caso, pues destacaron que es preocupante que hasta la fecha, y a 10 meses de la nueva administración federal, aún no haya indicios o pistas sobre el paradero de los normalistas.

“Ya casi al llegar a los cinco años, nosotros como padres seguimos caminando en busca de verdad, justicia y sobre todo presentación con vida de nuestros hijos”, indicó Emiliano Navarrete, padre José Ángel Navarrete, una de las víctimas.

Los padres y sus representantes informaron que, en la reunión que sostuvieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador le exigieron acelerar las investigaciones que realiza la Comisión de la Verdad (instalada en enero del presente año).

Reprocharon que instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Sedena no caminen a la par de la Comisión de la Verdad, y que retrasen las indagatorias.

Además, demandaron la inmediata investigación y procesamiento penal contra los funcionarios que orquestaron la “verdad histórica”. En concreto, pidieron que Tomás Zerón, así como demás ex funcionarios sean procesados y castigados.

“Hemos llegado a un punto que, si no se procede contra los que obstaculizaron la investigación, muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de nuestros hijos”, dijo Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Zapata, uno de los normalistas.

Los padres también solicitaron al Ejecutivo profundizar en la cooperación y colaboración con instancias internacionales y solicitaron esquemas más cercanos y estrechos a los trabajos de la Comisión de la Verdad.

Informaron que Andrés Manuel López Obrador prometió sostener un diálogo más cercano y realizar reuniones periódicas, cada dos o tres meses.

Santiago Aguirre explicó que, durante la reunión, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, hizo un informe de los trabajos que durante los últimos ocho meses ha realizado la Comisión de la Verdad Ayotzinapa el 15 de enero de 2019.

“Después, los padres y madres expresaron sus principales preocupaciones, sus consideraciones y peticiones sobre el proceso [..] pero también externaron su preocupación de que otras instituciones del Estado mexicano se estén rezagando en los trabajos del la verdad y justicia, en concreto, a la necesidad que las fuerzas armadas entreguen la información y que la FGR tenga un seguimiento más ágil y estrecho con la Comisión”, dijo.

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Un juez ordena investigar a funcionarios de PGR por irregularidades en el caso Ayotzinapa

domingo, enero 13th, 2019

En su sentencia, el juez ordenó que se emitiera una nueva resolución “que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible “trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República. Además, “reconoció el interés jurídico de las víctimas indirectas” en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad.

México, 13 de enero (EFE).– Un juez ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General (PGR)  por irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa en el que 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, informaron hoy abogados de los padres.

Mediante un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), que representa a los familiares, indicó que el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de Ciudad de México, dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR.

Dicha resolución “consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa“, exonerando en los hechos a diversos funcionarios.

En su sentencia, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó que se emitiera una nueva resolución “que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible “trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría, se apuntó en la nota.

Además, “reconoció el interés jurídico de las víctimas indirectas” en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad.

También consideró que la resolución de la Visitaduría “no fue exhaustiva ni congruente” y advirtió que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad.

“En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas”, indicó el texto.

Para los familiares de los desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que la administración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del Caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo”.

La nota recordó que la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en su momento que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Pero se produjo un viraje “lamentable” que significaba una oportunidad perdida para, efectivamente, atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.

Bajo el mandato del ex Presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), el caso más mediático fue la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.

El Ejecutivo de Peña Nieto tuvo algunos encontronazos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa y echó abajo la versión oficial.

De acuerdo con la “verdad histórica” defendida por el Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula, estado de Guerrero.

Pero el GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los 43 hubieran sido quemados en el vertedero la misma noche en que desaparecieron y, además, sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

Nade más llegar al poder, el 3 de diciembre, López Obrador ordenó en su primer decreto presidencial la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa que será instalada esta semana.

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CNDH pide a tribunales federales revisar arresto erróneo en caso Ayotzinapa; Ombudsman llama a “corregir injusticia”

viernes, junio 22nd, 2018

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó hoy que presentó un amicus curiae a los Tribunales Federales que conocen del caso de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, el profesor que fue detenido erróneamente acusado de formar parte del grupo criminal Guerreros Unidos y participar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace más de tres años.

El ombudsman nacional recordó que el retrato hablado hecho con base en los testimonios muestran como el verdadero culpable a un hombre llamado Édgar, no a Erick Sandoval. “¿Quién va a resarcir? No hay compensación para eso, más allá de la reparación integral que estaremos solicitando, el daño está causado”, expusó, y enfatizó que acompñaran a sus familiares en la búsqueda de justicia.

México, 22 de junio (EFE).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México presentó a diversos tribunales federales, ante la “inacción” de la Procuraduría General de la República (PGR), un amicus curiae –o “amigo de la corte”, escrito en el que se presentan recomedaciones u observaciones sobre un proceso penal– para que se haga justicia en el caso del hombre detenido erróneamente por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

En un comunicado, el organismo denunció hoy el “silencio” en el que se ha sumido la PGR en lugar de atender el asunto, y lo tildó de “incomprensible”.

El pasado martes, la CNDH reveló que a uno de los detenidos por la desaparición de los 43 jóvenes, Erick Uriel Sandoval, se le atribuyó “de manera equívoca” la identidad de otra persona, a quien se identifica con los sobrenombres de “la Rana” o “el Güereque”.

La Comisión solicitó entonces la implementación de medidas cautelares para la salvaguarda del detenido y para otras 17 personas más, entre las que se encuentran familiares de Sandoval y testigos. No obstante, estas no han sido concedidas, indicó la CNDH.

El amicus curiae  es una figura que permite a actores ajenos a un juicio o proceso ofrecer razonamientos jurídicos y consideraciones vinculadas con los hechos investigados. En este caso, los escritos han sido presentados ante dos tribunales con residencia en Matamoros, Tamaulipas, los cuales llevan el caso de Sandoval.

“Esta Comisión Nacional expresa su convicción en que las autoridades judiciales valorarán los elementos que les fueron aportados y emitirán una resolución en favor de la justicia”, indicó el organismo.

En entrevista con medios el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, recordó que el juez a cargo del caso de Erick  Sandoval no encontró elementos para imputarlo, sólo dijo “pero no vaya a ser que se haya borrado el tatuaje”. Ante ello, el ombudsman recalcó que el organismo defensor de los derechos humanos ya comprobó que no hubo ningún borramiento de tatuajes, porque no es la persona, “ya dimos datos de en quién puede recaer precisamente la identidad que conforme a los testigos señalaron”, expuso.

González Pérez recalcó que el organismo defensor de los derechos humanos espera que la PGR “corrija una injusticia” y no deje de investigar a quienes sí cometieron el delito.

Asimismo, señaló que dará vista del caso ante la Secretaría de la Función Pública y la Visitaduría General de la PGR, el órgano de control interno de la fiscalía, para que analice si hay o no responsabilidades administrativas.

“La Rana” es, supuestamente, uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, vinculado con la desaparición de los 43 jóvenes en el  estado de Guerrero.

De acuerdo con la versión oficial, rechazada por familiares y expertos internacionales que investigaron el caso, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías que los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron los cuerpos en un vertedero de basura.

 

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