La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco encuentró violaciones a derechos de mujeres privadas de la libertad, quienes fueron llevadas a otras cárceles de hombres para sostener “eventos sociales”. Autoridades cuestionaron la legalidad de los traslados, mientras que custodias y medios de comunicación piden profundizar el trasfondo de las visitas y posibles casos de prostitución.
Por Ramón Blanco Villalón
Tijuana, Baja California (Zeta).– La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación a las autoridades de seguridad de esa entidad al advertir irregularidades en la excarcelación de mujeres del Centro de Reinserción Femenil, al menos en 23 eventos, para ser llevadas a los tres penales para hombres del complejo penitenciario de Puente Grande. Investigaciones de medios de comunicación van más allá y presumen la existencia de una red de trata de personas con fines de prostitución.
El 1 de septiembre, el organismo protector de derechos difundió que las mujeres del centro penitenciario fueron trasladadas a las prisiones varoniles para la disputa de torneos inter-reclusorios de carácter deportivo y de tipo cultural con el ensayo de una obra de teatro, de acuerdo con los resultados de su investigación y la aceptación de los hechos por parte de las autoridades carcelarias.
La primera de las quejas fue interpuesta el 23 de abril de 2021 por parte del representante de la Organización Nacional de Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, sobre hechos que consideraban ilegales realizados en los penales del núcleo de prisiones ubicado a 17.5 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, entre otros, permisos fuera de reglamento a reclusas, como pasar lista fuera de dormitorios y horarios establecidos; visitas íntimas sin el protocolo correspondiente; traslados hasta por dos días para que las mujeres permanecieran en otros penales en visita íntima y libertades realizadas sin respetar los protocolos de seguridad.
Diversas quejas y señalamientos del propio personal del vigilancia y custodia de sexo femenino abundaron sobre las visitas de grupos de mujeres a las cárceles de hombres, y denunciaron un hecho grave acontecido el 24 de marzo de 2020, en el que 64 internas fueron trasladadas al Reclusorio Preventivo (Comisaría de Prisión Preventiva) para que se disputara un evento deportivo y una posterior convivencia social. La gravedad radicó en que 11 de esas mujeres regresaron a su prisión de origen con aliento alcohólico, según reportes del área médica del penal.
Pese a lo anterior, los eventos sociales siguieron registrándose, con todo y que se decretó el confinamiento para los jaliscienses con motivo de la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2, saliendo mujeres privadas de la libertad en grandes cantidades a los encuentros sociales. En algunos traslados iban las internas que jugaban futbol y voleibol, pero además, aquellas que se apuntaban para la “porra”. En otras ocasiones las beneficiadas formaban parte de la compañía de teatro penitenciario.
La investigación de la CEDHJ llegó a la conclusión de que los traslados fueron ilegales al no haber sido tramitados por los directivos del penal ante un Juez de Ejecución de Penas, como se establece para aquellos casos en que las mujeres privadas de la libertad son cambiadas de establecimiento de forma transitoria o definitiva. Se documentaron 23 visitas entre el 13 de febrero y el 27 de agosto; sin embargo, el Ombudsman no abundó en la pesquisa del trasfondo de dichas acciones y todo se debatió entre la legalidad o ilegalidad de los traslados, así como de las reclusas alcoholizadas, entre ellas, dos pacientes psiquiátricas.
Datos de Grupo Milenio aseguran que se trata de una posible red de prostitución, en la que reclusos pagan a las internas con tarjetas telefónicas. También MVS Radio Guadalajara expuso que la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se queda corta porque los eventos sociales son el pretexto para varias de las trasladadas se queden a pernoctar, principalmente en el Reclusorio Metropolitano, de máxima seguridad estatal, donde hasta hace una semana, el líder del autogobierno era Jesús Alfredo Beltrán Guzmán “El Mochomito”, quien horas después de conocerse el escándalo, fue liberado.
LA RECOMENDACIÓN
De la recomendación 147/2021 de la CEDHJ se desprende que 14 de los 23 traslados de mujeres a penales varoniles se registraron al Reclusorio Metropolitano, ocho al Centro de Reinserción Social (Comisaría de Sentenciados) y uno al Reclusorio Preventivo. Convivencia en la que las 11 mujeres privadas de la libertad referidas habrían ingerido bebidas embriagantes. En seis ocasiones se argumentaron “eventos deportivos”, y en el resto de las visitas, 17 traslados, “ensayo de la obra de teatro”.
También se conoció que dos de las custodias que ventilaron el asunto ante el Ombudsman fueron separadas del cargo y ya no les fueron renovados sus contratos, mientras que a otras cuatro elementos femeninos de seguridad les cambiaron su adscripción de centro penitenciario y las enviaron a otras regiones fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara sin apoyo para viáticos y con sus mismos horarios de 24 horas de trabajo por 48 de descanso.
Personal técnico también fue removido por la inconformidad manifestada ante la situación que les generaba incertidumbre para la aplicación de los programas de reinserción social.
En las salidas documentadas por la CEDHJ, calificadas de irregulares, estuvieron involucradas directora y subdirectora de la penitenciaría de mujeres, además de los directivos de los tres centros para hombres; el director general del sistema penitenciario de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez; el coordinador de seguridad carcelaria, José Guadalupe Covarrubias Ramírez; y los comandantes José Luis Villegas Alvarado y Óscar Ricardo Hernández Zamora.
Los traslados fueron corroborados con información de la propia autoridad de prevención y reinserción social, con fechas, tipo de evento social y número de reclusas en cada viaje, en uno o dos autobuses:
La CEDHJ determinó que en este caso se probó la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con relación al incumplimiento de la función pública por transgresión al principio de la debida custodia, a la igualdad y no discriminación, al trato digno, así como al acceso a la procuración de justicia con perspectiva de género, por lo que recomendó a la Secretaría de Seguridad de Jalisco, inscribir a las implicadas en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas, se investigue a los servidores públicos involucrados y se les instruya procedimiento de responsabilidad administrativa.
RECHAZO OFICIAL
La investigación se basó en los traslados irregulares, contrarios a la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) y a las internas que regresaron con aliento alcohólico después de uno de estos “eventos deportivos”. El cuarto visitador de la CEDHJ, Javier Perlasca Chávez, expresó “que el traslado, por ejemplo, debe solicitarle la autorización y notificación al Juez de Ejecución de Pena o al Juez de Control, según sea el caso, cosa que no aparece documentada”. No se profundizó sobre la presunta trata de personas que algunas custodias y familiares de las reclusas expresaron en forma extraoficial.
Pese a lo anterior, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco rechazó la recomendación emitida por la CEDHJ y, a través de un comunicado, la institución de la cual depende la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES) aseguró que cada acción que se señala está plenamente sustentada y acreditada en la Ley especial. Con esa respuesta, se descarta que se realice una investigación al respecto.
Sobre los traslados referidos como ilegales, la SSP respondió: “… estos se llevaron a cabo con estricto apego al orden jurídico y los reglamentos respectivos, teniendo como objetivo dar cumplimiento al mandato constitucional de la reinserción social, ya que se trataron de actividades deportivas y culturales, derivadas de programas institucionales”.
Del evento donde las 11 internas regresaron con aliento alcohólico, detallaron que se trató de dos encuentros deportivos celebrados entre las 12:30 y 14:40 horas del 24 de marzo de 2020, que está plenamente documentado y se detectó por parte del mismo personal.
“Al ser traslados legales, no existe el supuesto de ‘ejercer represalias’ en perjuicio de algún o alguna policía custodia, ya que no hay violación a los derechos humanos, puesto que, en el caso de las dos conclusiones de contrato, la no renovación del mismo se realizó en estricto apego a los derechos, además, se subraya que estas personas no formaron parte de los traslados y tampoco han presentado alguna queja sobre la conclusión de su relación laboral”, destaca el boletín.
Entrevistado al respecto el lunes 6 de septiembre, muy molesto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reprochó la recomendación al asegurar: “Si hay algún asunto que surja de la investigación, pues por supuesto que tendremos que actuar en consecuencia, pero lo que no podemos es aceptar un señalamiento falso como el que se hizo de manera ligera por parte de la Comisión Estatal. Lo lamento mucho, porque me parece que esa no es la relación que se ha tenido, de respeto, de trabajo y de coordinación. Yo siempre he aceptado las recomendaciones de la Comisión, pero creo que hay que, antes de hacer un señalamiento así, tener la información completa”.
RED DE TRATA DE PERSONAS
En pieza informativa del 2 de septiembre, el equipo de Azucena Uresti advirtió por Milenio que las presas sacadas a “fiestas” son víctimas de prostitución en otros penales. En el caso del evento en el Reclusorio Preventivo el 24 de marzo de 2020, el medio señala que “a cambio de tarjetas de teléfono las reclusas fueron prostituidas”. Incluso se advierte que cuenta con documentos como los partes médicos del Centro de Reinserción Femenil, que si bien ninguna de ellas presenta huellas de violencia física, se detalla la frase “paciente con aliento alcohólico”.
Por su parte, MVS Radio Guadalajara informó que la recomendación de la CEDHJ se queda corta por el espacio de tiempo investigado, ya que desde finales de 2019 se implementaron los torneos inter-reclusorios y la presunta compañía de teatro que ensayaba una obra denominada “Vaselina”. También refiere que el hermano de un alto directivo penitenciario se encargaba de proveer todo lo necesario para el montaje teatral.
La coordinación de los eventos deportivos, consistentes en futbol y voleibol, estaba a cargo de una interna identificada como “Charis”, ante quien se anotaban en una lista las mujeres privadas de su libertad que deseaban participar en los torneos, o bien, acompañarles como “porra”; mientras que “Doña Carmen”, otra presa de edad madura, se encargaba de coordinar todo lo relacionado con la obra de teatro.
Presuntamente las mujeres que echarían “porras” duplicaban a las deportistas y en ocasiones eran seleccionadas para asistir a los encuentros con internos de los penales de varones, principalmente al Reclusorio Metropolitano, considerado de máxima seguridad, donde estaba “El Mochomito”, hijo del narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” y con liderazgo del autogobierno en esa prisión. Acostumbraban llevarle a una reclusa conocida como “La Colombiana” por su nacionalidad.
Entrevistado por Zeta, Alfonso Partida Caballero, investigador académico y miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, aseguró: “Me tiene aterrado ese tipo de situaciones porque definitivamente vulneran de manera total un sistema de seguridad pública”, y lamentó que el Gobierno de Jalisco, con el que tiene conflicto la universidad pública, se dedique a combatir a universitarios manifestantes, encarcelándoles y presionándolos punitivamente.
“Los señalamientos sobre los penales no los considera graves. Aquí ni siquiera hubo un comentario o no le mereció un comentario al gobernador de estas acciones. En cualquier parte del mundo, una circunstancia de esta naturaleza le costaría no solamente el cargo, sino la libertad a los funcionarios responsables. Me parece que hay un ostracismo, una opacidad casi total, en lo que sucede en los centros penitenciarios de Jalisco, porque ahí no ha disminuido el nivel de venta de droga, su tráfico, ni ha bajado la seguridad”, argumentó el doctor en Derecho.
La salida de prisión de Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, también sobrino del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se produjo la madrugada del jueves 2 de septiembre, al serle otorgado el beneficio de libertad condicionada por parte de un Juez de Ejecución de Penas. Condenado a 10 años de prisión por delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso de las fuerzas armadas y posesión de cartuchos, “El Mochomito” cumplió con el 50 por ciento de la pena y los requisitos legales del beneficio, entre estos, haber observado “buena conducta”.
