El trabajo legislativo de la única mujer entre los seis hijos del magnate Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien es egresada de la Licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, ha sido calificado por organizaciones civiles y partidos de oposición como incongruente y plagado de conflicto de interés. En el Senado de la República Ninfa Salinas Sada, representante del Partido Verde Ecologista de México, ha impulsado iniciativas de Ley polémicas y que, de acuerdo con los opositores, dañan gravemente las riquezas naturales del país y las ponen en bandeja de plata a la iniciativa privada.
Salinas Sada comenzó su carrera legislativa en 2009; tenía 29 años de edad cuando se convirtió en Diputada federal en la LXI Legislatura y fue, además, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
En ese periodo promovió algunas iniciativas para reformar leyes en materia ambiental y otras en asuntos de trata de personas, educación, protección civil, entre otras, pero nada que la colocara en el ojo del huracán, como es ahora en su paso por la Cámara Alta.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- La legisladora Ninfa Salinas Sada, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), está por concluir su participación en el Senado de la República y desde el 29 de agosto de 2012 –cuando tomó protesta como Senadora– hasta hoy, ha dejado a su paso sospechas de conflicto de interés entre su labor como funcionaria y como empresaria, de acuerdo con declaraciones de activistas y políticos opositores.
El trabajo legislativo de la única mujer entre los seis hijos del magnate Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien es egresada de la Licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, ha sido calificado por representantes de organizaciones civiles y partidos políticos como «incongruente» y «plagado de conflicto de interés». Durante los cerca de seis años que ha ocupado un escaño en el Senado ha impulsado iniciativas de Ley polémicas que de acuerdo con las fuentes consultadas atentan contra la riqueza natural y el equilibrio ambiental del país.
Salinas Sada, descrita por quienes han estado cerca de ella, como una mujer amable, preparada y segura, comenzó su carrera legislativa en 2009, a los 29 años de edad, como Diputada federal en la LXI Legislatura, tiempo en que fue presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Durante ese periodo promovió algunas iniciativas para reformar leyes en materia ambiental y otras en asuntos de trata de personas, educación, protección civil, entre otras, pero nada que la colocara en el ojo del huracán, como es ahora en su paso por la Cámara Alta.
El vínculo para que Salinas Sada debutara como legisladora, declara una fuente anónima, fue la amistad con Jorge Emilio González, conocido como el «Niño Verde» y las relaciones de negocios con Carlos Alberto Puente Salas, hoy dirigente nacional y coordinador del Partido Verde en el Senado.
Puente Salas fue asesor de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión; también fue director de Enlace y Atención Gubernamental en Televisión Azteca –empresa subsidiaria del conglomerado Grupo Salinas, que preside su padre–, compañía en la que también ostentó los cargos de gerente de Estrategias y Desarrollo Político y jefe de Administración de Convenios Públicos.
Por ello, la misma fuente afirma que dentro del Partido del Tucán existe tráfico de influencias y acuerdos establecidos con las televisoras y con el sector energético.
«Hay mucha gente en el Partido Verde que no sabe nada sobre medio ambiente, saben sólo de intereses políticos y económicos y Ninfa Salinas no es la excepción. Es gente que está colocada allí por un interés, económico, político o de amistad […] Ninfa Salinas es una mujer que tiene preparación y sentido común, pero obedece a intereses particulares», dice la persona que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias.
SENADORA Y EMPRESARIA DE ENERGÍA
Ayer Diputada y hoy Senadora, Ninfa no ha sido nunca electa por los ciudadanos, pues ambos cargos fueron concedidos vía plurinominal; es decir su partido le dio el puesto directamente.
En el Senado de la República, de acuerdo con la página oficial del mismo, Salinas Sada funge actualmente como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte, de Energía, de Recursos Hidráulicos y de Fideicomiso que promueve la obra artística y pictórica en la estructura arquitéctonica de la nueva sede del parlamento.
La mujer nacida en Dallas, Texas, Estados Unidos, el 1 de mayo de 1980, ha sido incluida en el ranking de las 50 Mujeres más Poderosas de México, realizado por la revista Expansión. El año pasado, ella, junto con sus hermanos Benjamín y Hugo, fueron nombrados vicepresidentes del Comité Ejecutivo del Consejo de Grupo Salinas, conformado por TV Azteca, Azteca America, Grupo Elektra, Advance America, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Italika, Punto Casa de Bolsa y Azteca Internet en México, con presencia en Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá.
En 1999, con 19 años de edad, se incorporó al área de Mercadotecnia de Grupo Elektra. Fue además directora general de Promoespacio, una empresa de publicidad, y de Agencia i, compañía líder en investigación de mercados en el país.
Actualmente, y a la par de su labor en el Senado, funge como presidenta de los consejos consultivos de Grupo Salinas. Además es presidenta y socia fundadora de Grupo Dragón, compañía de generación de energía renovable eólica, geotérmica y solar instituida en 2011.
La legisladora y empresaria fue quien presentó la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos. Recientemente, una reforma a esa Ley, promovida también por Salinas Sada, fue duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil al considerar que se le confiere más poder al Gobierno federal en turno –desde las más altas esferas– para evitar vigilancia a las empresas y se les permita continuar con la contaminación del país.
Lo anterior, porque, explicó la Alianza contra el Fracking, la reforma incorpora el artículo 27 Bis que le da la facultad al Presidente de la República –en este caso Enrique Peña Nieto– de designar a los cinco vocales que conformarán el Órgano de Gobierno de la Agencia.
En octubre de 2016, impulsó la Ley General de Biodiversidad, actualmente detenida, pero también sumamente criticada por ambientalistas y académicos. En su momento, Salinas Sada afirmó que de aprobarse, la LGB «colocaría a México a la vanguardia en el tema de protección al medio ambiente». No obstante, los opositores manifestaron que la Ley dejaría desamparadas a las áreas naturales protegidas (ANP) para llevar a cabo actividades mineras y de fracking o fractura hidráulica.
Esa última técnica de extracción de petróleo y gas, han advertido especialistas, es altamente dañina para el medio ambiente y, encima, requiere de miles de litros de agua.
«La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/día) de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Ello acarreará la disminución de la cantidad de agua disponible, lo que pondría en peligro los ecosistemas y la realización del derecho humano al agua y a la alimentación. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, regiones donde esta actividad ya se está realizando, la disponibilidad de agua es limitada al tratarse de regiones con alto estrés hídrico (donde la demanda es mayor a la disponibilidad)», explica la Alianza contra el Fracking.
Otro ejemplo que generó suspicacias sobre el accionar de la Senadora del Verde se dio en 2014, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa Desarrollos Zapal, subsidiaria de Grupo Invecture, relacionada con Grupo Salinas, la autorización para construir la mina a cielo abierto «Los Cardones» en un ANP de Baja California Sur. Aunque, finalmente, el año pasado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa decretó la nulidad, dio a conocer el medio Pie de Página.
En este sentido, el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas en su Fracción XI señala a la letra las obligaciones de todo servidor público, entre las que destaca evitar el conflicto de interés.
«Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte», dice a la letra.
LEGISLA PARA LA FAMILIA, ACUSAN
Ante estas evidencias, Ninfa Salinas Sada ha sido señalada por partidos de oposición y defensores ambientalistas como una Senadora que legisla sólo en favor de sus intereses, los de su familia y los de sus amigos.
En entrevista para SinEmbargo, José Francisco Gallardo Rodríguez, General Brigadier y defensor de los derechos humanos, afirma que durante la participación de Salinas Sada a inicios de la LXII legislatura, «la cachamos intentando legislar para su papá en los temas de minería y eólicas». El general recuerda que tras ser señalada por el conflicto de interés, finalmente desistió de proponer las iniciativas.
«Entre 2013 y 2014, ella presentó un asunto de telecomunicaciones, ligado a los negocios que tiene su papá […] Se descubrió que había conflicto de interés porque estaba apoyando a las empresas de su padre. Además, no es posible que siendo ella defensora de la ecología esté impulsando leyes o proyectos de reforma que van en contra de la ecología, como los de energía y minería», expuso el General, quien se desempeñó como coordinador de asesores en el Senado de la República de 2013 a 2015.
«Es una Senadora para asuntos de carácter familiar. Está con los verdes que están en alianza con el PRI [Partido Revolucionario Institucional], que son los que empujaron la Reforma Energética y otras que impulsó Enrique Peña Nieto. Es una Senadora que legisla para los intereses particulares de ella y de las empresas que tiene su padre», agregó Gallardo Rodríguez.
Por su parte, Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, consideró que, sin duda, la empresaria tiene un conflicto de interés porque mientras legisla «no se deslinda de los quehaceres de Grupo Salinas». Agregó también que mientras continúe con una participación empresarial activa y como Senadora, «por supuesto que nunca va a legislar sobre algo que vaya en contra de los intereses del sector empresarial que representa».
«Deslindarse del conflicto de interés no será posible, mientras [Ninfa Salinas Sada] tenga dos trabajos: como legisladora y ejecutiva de Grupo Salinas. Nunca va a legislar para frenar o poner mayores regulaciones al sector empresarial, al contrario va a beneficiarlo, de allí el conflicto de interés», destacó el activista.
Olivera Bonilla laboraba para Greenpeace México cuando la mujer comenzó su carrera política, recuerda que alrededor del año 2009 Salinas se acercó a la organización civil con presencia internacional y mostró interés por escuchar las problemáticas ambientales, pero jamás cumplió con legislar a favor del sector.
«Ofreció total apertura, después todo cambió, nunca más ha tenido otro acercamiento, nunca ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil en el tema ambiental. [Aquella reunión] sólo fue un intercambio de experiencias que al final no derivó en nada», rememoró.
Por si fuera poco, en junio de 2014, la entonces Senadora Layda Sansores San Román denunció la existencia de conflicto de interés en el actuar de Salinas Sada por participar en las comisiones dictaminadoras de la legislación energética, y paralelamente ser la presidenta de la subsidiaria de Grupo Salinas, con negocios en la industria eléctrica en Chiapas y Jalisco.
