La promesa que lanzó esta mañana Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, sobre que todos los funcionarios públicos, de todos los niveles, deberán transparentar información propia y familiar, no será una opción a partir de abril. La entrada en vigor de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción hace obligatorio que las declaraciones patrimoniales incluyan información que legalmente ahora pueden reservar y no hacer pública, incluyendo en algunos datos de familiares que puedan causar conflicto de interés.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Los funcionarios del Gobierno federal y de los gobiernos locales deberán presentar a partir de los días últimos de abril –con la entrada en vigor de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción– sus declaraciones patrimoniales con la información que legalmente ahora pueden reservar y no hacer pública, incluyendo en algunos datos de familiares que puedan causar conflicto de interés, dijo Alexandra Zapata Hojel, directora de Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“No le quiero quitar crédito al nuevo Gobierno federal, pero a partir de abril no tendrán opción: será obligación de Ley hacerlo, ojalá que lo empiecen hacer desde ahora […]. Ahorita los funcionarios tienen la obligación gubernamental de presentar la declaración a través de Declaranet, los funcionarios federales, y tienen la opción de que sea pública o que toda sea reservada. Con la entrada en vigor de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción entran los nuevos formatos con campos obligatorios”, explicó la especialista en una entrevista con SinEmbargo.
Zapata Hojel se refirió al compromiso que realizó Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, esta mañana durante su conferencia prensa.
“Yo mañana, precisamente, voy a dar a conocer mis bienes y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la Ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia”, dijo López Obrador.
El Jefe del Ejecutivo federal agregó que todos los funcionarios públicos de su Gobierno estarán obligados a dar a conocer sus bienes, incluso los de sus familiares cercanos.
“Todos van a dar a conocer sus bienes. Sí. Nadie va a poder trabajar en el Gobierno si no da a conocer sus bienes, si no trasparenta sus bienes, a todos los niveles, familiares, todo, familiares cercanos; o sea, esto tiene que cambiar. Lo dije en la toma de protesta: ‘el principal problema de México es la corrupción’, no lo olvidemos”, agregó.
Sin embargo, la experta en transparencia del IMCO explicó que en la actualidad todos los funcionarios públicos, de todos los niveles, realizan una declaración patrimonial al ingresar al servicio público.
La diferencia radica en que los campos y las preguntas que se le exigen a un Secretario de Estado, no son las mismas –ni tienen el mismo nivel de profundidad– que a una persona que trabaja en la intendencia de una Secretaría, añadió. Tampoco todas son públicas.
“La diferencia está en el número de preguntas: un trabajador de limpieza no contesta las mismas preguntas que un Secretario. La parte clave, y es en donde es importante la transparencia, es si son funcionarios de alto nivel con capacidad de tomar decisiones y gestión sobre el uso de recursos públicos. Si es alguien que está en compras, en licitaciones, tiene mayor interés público que alguien que no tiene acceso a recursos, pero por Ley todos la tienen que presentar”, dijo.
Zapata explicó que los nuevos formatos son más ambiciosos y se incluyen preguntas sobre los familiares cercanos–cónyuges, hijos, padres, hermanos–, su patrimonio y posibles conflictos de interés con el funcionario.
“Los familiares no son funcionarios, no tienen porqué declarar ante el Gobierno. Cuando hablamos de datos de familiares, son los datos que se incluyen en los datos de funcionarios públicos. Algunas cosas que se refieren al patrimonio de los esposos, esposas y dependientes económicos, incluye los intereses de la familia cercana, sus inversiones, en dónde trabajan el cónyuge, los papás, los suegros, todo eso es parte de los intereses”, precisó.
Alexandra Zapata destacó que a lo que se refiere el Presidente, con su declaración de la mañana, es a que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones de “buena fe y de una manera muy honesta”.
“Pero lo que vimos es que quien debió haber empezado a dar el ejemplo fue la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde primero reservó sus declaraciones, luego las hizo públicas cuando ella se supone debería poner el ejemplo máximo de rendición de cuentas. Queremos ver que los funcionarios cambien. Estos nuevos formatos son uno de los resultados de la batalla que dimos los ciudadanos con la iniciativa ‘3de3’”, dijo.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, explicó que será la Secretaría de la Función Pública es la encargada de recopilar toda la información de los funcionarios federales, como lo hace hasta ahora, a través de Declaranet. Y aunque todos los funcionarios declaran, quizás no toda la información está digitalizada.
“Lo que podría llevar tiempo es que se hiciera púbico el Declaranet para todos, porque haces tu declaración y entonces, aún cuando entras a un nivel bajo lo haces por escrito. No tengo claro si ya desde que se hizo el Declaranet lo hacen en la vía digital o solamente desde ciertos puestos. De dirección para arriba ya lo meten; jefes de departamentos, enlaces, que son los puestos más bajos, eso llevaría más tiempo porque hay que recuperar todas las declaraciones por escrito de los más bajos y no creo que todos estén en el sistema”, añadió Ruelas.
Sobre la información de familiares cercanos, la directora de la organización Artículo19 recordó que a nivel internacional las mejores prácticas en materia de transparencia indican que se deben transparentar datos sobre el patrimonio de los funcionarios y de sus familiares cercanos.
“Pero hay que tomar en cuenta que en determinados casos en el hecho de poner la dirección de los hijos, de alguno de los familiares en ciertos estados de la república, puede generar alguna afectación de seguridad. Los funcionarios públicos tienen un espectro de privacidad distinto, pero si los hijos no son funcionarios públicos ellos no tienen porqué poner su dirección, pero sí debe aparecer que tienen una casa de 50 millones de pesos, por ejemplo. Lo planteado por el Presidente es posible porque ya existe, es posible que el sistema se haga público, pero es importante que haya ciertas consideraciones de protección de datos personales para los familiares”, argumentó.
NO SE PUEDE CONDICIONAR TRABAJO A FUNCIONARIOS
Carlos González Martínez, presidente del Instituto para la Democracia de Proximidad, consideró que López Obrador no puede obligar y condicionar el trabajo a los funcionarios públicos a informar sobre datos de familiares, o propios, que vayan más allá de lo permitido por la Ley.
“En el Estado de derecho lo que rige son las leyes. Las voluntades son importantes porque definen prioridades en el Gobierno, pero no puede obligar en aras de un ánimo de transparencia radical a nadie a que deje de hacer algo que la Ley le confiere como derecho como el preservar sus datos personales o los de sus familiares. Esto es un Estado de derecho, todos los funcionarios son personas, con responsabilidades legales y a las personas físicas, en sí, nos está permito todo, excepto lo que está prohibido por la Ley, cuando nos convertimos en servidores públicos nuestra condición jurídica cambia: sólo nos está permitido lo que está permito en la Ley”, dijo.
El también ex Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal explicó que la Ley actualmente exige a los funcionarios del nuevo Gobierno federal presentar una declaración patrimonial de inicio o a encargo.
“Y no es a voluntad de nadie, ni siquiera del Presidente, eso lo tienen que hacer obligadamente y hay un formato definido y hay una versión pública […]. Termino: pedir que familiares presenten sus declaraciones es inadecuado y está fuera de la Ley. Lo que debe ocurrir es que los funcionarios pueden con base en las leyes aplicables, y deben en algunos casos específicos, presentar una declaración de conflicto de intereses: si yo voy a dirigir Pemex [Petróleos Mexicanos], no puedo tener pipas de gasolina. Si las tengo debo declarar que las tengo y no las puedo contratar en Pemex. Eso aplica a familiares en determinados grados: hijas, hermanos, papás. No es que ellos presenten, sino que el funcionario diga”, expuso.
González Martínez añadió que no existe una instancia pública que reciba declaraciones patrimoniales de los familiares de los funcionarios.
“Los familiares no pueden, ni deben, ni tienen porqué presentar sus declamaciones patrimoniales si no tienen un cargo público. No pueden aunque quieran presentarlas, porque las controlarías no se las van a recibir”, dijo.
En este caso, agregó, no se puede condicionar a permanecer en un puesto público a ningún funcionario bajo la condición de que se presenten declaraciones de familiares.
“Si estamos hablando de una persona de confianza, ahí pueden tomar sus acuerdos y decisiones como mejor les parezca, pero esas mismas personas, y ya no digamos los sindicalizados y personas de base, están amparados ante la Ley y tienen derechos laborales, se pueden amparar y sin duda con el primero que lo hagan habrá el primer amparo”, preciso.
Carlos González destacó que existe un “cúmulo de información sensible” que debe cuidarse, como los domicilios, las cuentas de banco y algunos datos patrimoniales.
“Me parece muy bien que este Gobierno, y cualquier otro, tenga una política radical de transparencia y rendición de cuentas, pero debe ser en el marco de la Ley. Lo que se puede pedir es que los funcionarios de esta administración se ajusten a la ‘3de3’, pero no que hagan públicos datos protegidos”, finalizó Carlos González.
