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“El Estado mexicano podría exigir que sus empresas multinacionales reporten de manera detallada qué gastos realizan, cuántos salarios pagan y de dónde obtienen sus ganancias, una práctica denominada Reporte País por País que ya ha sido implementada por corporaciones de otras naciones”.
“La labor de las personas jornaleras agrícolas es esencial para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, pero continúa siendo realizada en condiciones de alta precariedad. Por ello es de suma importancia regular y garantizar las condiciones para prevenir los riesgos del trabajo en el campo”.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el Presidente de la República reconoce que la actual Ley Minera, expedida en 1992, fue diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas y puesta al servicio de los grandes capitales y no de la sociedad.
“Aun cuando estas fuerzas de seguridad no reciban órdenes de desaparecer personas, su presencia constante en el territorio para tareas de seguridad es propicia para la generación de redes complejas de criminalidad donde la línea divisoria entre autoridades y grupos delictivos se vuelve difusa”.
“(…) si las evaluaciones no sustentan la decisión final –sobre todo las del Consejo de Evaluación– quedará manifiesto que las motivaciones obedecen a otros criterios distintos a los méritos, vaciando de contenido esta buena práctica de las comisiones dictaminadoras y prestándose a una mera simulación”.
El GIEI nos ha revelado cómo la Marina intervino burdamente el lugar, horas antes de que los trabajos ministeriales y periciales iniciaran formalmente y sin que quedara constancia alguna de su intervención en el expediente de la investigación.
“Así, parece que, a casi cuatro años de Gobierno, sigue sin haber certidumbre sobre las políticas de salud públicas, lo que genera afectación en las y los pacientes. Basta tan solo recordar los grandes problemas de desabasto que se han presentado”.
“Esperemos que el Senado de la República y su comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana llamen a rendir cuentas a la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”.
“Este 8M y ante el llamado al Paro Nacional de Mujeres el 9M, llamamos a que se concluya la reforma constitucional que incorpora el Sistema Nacional de Cuidados, y que se fortalezcan los programas y los presupuestos orientados a garantizar acciones de política pública que redistribuyan, revaloricen y reformulen la carga económica, material y psicológica que recae en las mujeres (…)”.
La desaparición de mujeres en México es un crimen ya histórico que a finales de la década de los noventa resonó ante la creciente desaparición de mujeres en la frontera norte del país.
“(…) una política pública integral al tema de la vivienda también debe contemplar los beneficios fiscales y las posibilidades de evasión fiscal que trae la adquisición, la propiedad y la transferencia de los bienes inmuebles, así como un impuesto predial más progresivo”.
“Pareciera que en el discurso de la actual administración la corrupción es una de las prioridades más importantes. Sin embargo, a tres años del inicio de este Gobierno, el análisis del presupuesto en la materia permite entender dónde están las prioridades y como se materializa el combate a la corrupción”.
Entre los aspectos más regresivos que subsisten en el texto constitucional están que el Estado mexicano sigue manteniendo una visión paternalista y de tutelaje jurídico hacia los pueblos, al considerarlos sujetos de “interés público” y no sujetos de “derecho público”, tal como se exigía desde San Andrés.
“Cualquier nueva iniciativa legislativa para fortalecer la identificación humana es bienvenida, pero se debe tener cuidado de no distraer los esfuerzos y recursos respecto de las políticas públicas que ya se han creado”.
Por falta de información actualizada en formato de datos abiertos se desconoce cuántas comunidades rurales, indígenas y equiparables están siendo afectadas por proyectos extractivos, como el caso de Tecoltemi, comunidad nahua de Puebla que demandó judicialmente a la Secretaría de Economía en 2015 por haber otorgado sobre su territorio dos concesiones mineras sin consulta y sin su consentimiento.
“La identificación de cuerpos permite recuperar la identidad de quienes esperan retornar con los suyos. En este sentido, los cuerpos deben ser comprendidos no solo en su dimensión biológica-material, sino como sujetos con nombre e historia, revestidos por los afectos que los vinculan con sus seres amados”.