En el marco del Día de la Libertad de Prensa es importante traer a colación el Informe “Negación” (2021) de Artículo 19, en particular el capítulo donde aborda la violencia contra la prensa. Como es públicamente conocido, desde hace 10 años, los informes anuales de Artículo 19 han dado visibilidad a la persistente ofensiva contra la prensa en México, siendo nuestro país uno de los sitios más peligrosos a nivel mundial para el ejercicio periodístico. 

No hay que olvidar que la labor del periodismo es esencial para consolidar modelos democráticos sostenibles en cualquier país como lo afirma la periodista Carmen Aristegui: “El trabajo de los periodistas es una cosa importante en las democracias, puede resultar odioso, […] antipático, […] incómodo, […] lo que usted quiera, pero al final de cuentas los periodistas tenemos una tarea que hacer y en esa tarea se involucran […], los ejercicios de debate sobre interés público y crítica”. 

De esta manera, como preocupante preámbulo, Artículo 19 expone de forma contundente que durante los tres primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han cometido 85 por ciento más de agresiones contra la prensa que el mismo periodo de Gobierno de Peña Nieto. Es decir, se contabilizan un total de mil 945 agresiones contra la prensa, entre ellas 33 asesinatos en lo que va del sexenio. Por lo tanto, más que un cambio en 2021 se observa una continuidad de las tendencias vistas en años pasados. 

Vale mencionar que los ataques más comunes registrados en 2021 fueron las intimidaciones, las amenazas y/o el uso ilegítimo del poder público. Sobre los asesinatos, los 40 meses que corren de la actual administración ya superan en número a los mismos periodos de los gobiernos de Felipe Calderón (26) y Peña Nieto (19). Hay que decirlo con todas su letras: México vive una violencia desatada contra la prensa que ya supera a las administraciones que antecedieron.

Puntualmente, fenómenos sociales como desplazamiento forzado de periodistas y la autocensura por miedo a represalias existentes son las perniciosas consecuencias del clima de violencia contra la prensa. Así se construyen verdaderas “zonas silenciadas” en diferentes zonas de México, donde hay tópicos y actores de relevancia pública que no son tocados, vulnerando así el derecho a la información de la sociedad.

Además, los patrones de opresión contra la prensa se han generalizado en lo nacional, pese a que el 16 de julio de 2021, AMLO afirmara que la violencia era un tema “muy focalizado”. Las agresiones contra la prensa lo contradicen: 2021 fue el primer año en el que se registró al menos un ataque contra la prensa por su labor en cada entidad del país. Otro hallazgo de A19 es que aún cuando los riesgos del periodismo en cada estado varían según su coyuntura particular, se observa una peligrosa colusión entre grupos de la delincuencia organizada y/o otros poderes fácticos con autoridades de todos los niveles de Gobierno como fenómeno evidente que está lejos de ser atajado y desmontado. 

En lo referente a los principales catalizadores del aumento de la violencia hallados por A19, en primer lugar, se encuentra la participación de funcionarios/a público/as como principales agentes de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Poco más de la tercera parte (222) de los 644 ataques registrados durante 2021 fueron perpetrados por autoridades de los diferentes niveles del Estado. 

Particularmente, se destaca el aumento de ataques cometidos por las autoridades federales que en 2019 habían disminuido pero vuelven a estar a niveles del Gobierno de Peña Nieto (52 al año en promedio). Además, se observa que coberturas como “corrupción y política”, así como “seguridad y justicia” vuelve a los periodistas blanco fácil ante la ausencia de garantías de prevención, protección, verdad, justicia y reparación por parte de las autoridades. Lo anterior, da vida al ciclo de impunidad que deja un claro mensaje: la violencia contra los periodistas es permisible. 

Aún más grave es que esta permisividad ha dado pie a la desaparición de Jorge Molotzin Centlal en 2021 y 15 asesinatos registrados entre 2021 e inicios de 2022, en cuyo caso 11 tienen como posibles autores materiales a grupos delincuenciales. No obstante, el estado de impunidad que impera da como resultado que no se identifique la autoría intelectual en muchos de ellos y es ahí donde confluyen intereses criminales y políticos que destacan cuando hacemos un somero análisis de las coberturas y ataques previos recibidos por las víctimas.

Otro catalizador de la violencia es la formalización política del estigma contra medios y personas críticas con el actual régimen en la sección “Quién es Quién en las Mentiras” de la denominada «mañanera» encabezada por AMLO. Es preocupante que sea la cabeza del Estado quien define los criterios de quién “miente o no” en la prensa imponiendo un criterio de verdad. Con esta actitud, además de estigmatizar, promueve la censura, afecta la pluralidad mediática y el derecho a informar e informarse de la prensa y la sociedad, además de manipular la opinión pública. 

Esta situación ha traído dos repercusiones importantes: 1) un “efecto cascada” del discurso del mandatario siendo reproducido al menos en 46 actores privados y/o públicos, de todas la entidades y 2) el “efecto domino” que se refleja en el aumento de campañas del desprestigio tomando fuerza actualmente por medios digitales y apoyándose en la violencia digital que polariza y genera bandos como lo afirma SignaLab del ITESO en su más reciente informe sobre los discursos hostiles y los señalamientos contra la prensa en Twitter.

A los patrones de opresión sistémica como catalizadores se suman la precariedad y la discriminación. Referente a la primera, si bien la normalización de la precarización del periodismo no es nueva, esta sí se agravó con la pandemia por falta o disminución de salarios y la ausencia de seguridad social. La causa medular apuntada en el informe es la reducción de montos de publicidad oficial y la correlativa falta de modelos económicos que se sacudan la dependencia del dinero público. En este marco, la disminución del gasto de comunicación social no reduce las ganancias de los dueños de consorcios mediáticos, pero sí los derechos laborales de los y las comunicadoras.

En cuanto a la discriminación, hay que decir que la violencia contra la prensa impacta de forma diferenciada dependiendo el contexto. En su inédito análisis interseccional, A19 evidencia que una persona puede acentuar los riesgos y repercusiones de violaciones de los derechos humanos por sus condiciones sociohistóricas, siendo el caso más exponente el de los ataques a periodistas comunitarios indígenas vinculados actividades de periodismo de investigación sobre la tierra y el territorio por sus luchas legítimas y ancestrales.

Finalmente, Artículo 19 reconoce que los cambios que necesita México para revertir la violencia contra la prensa tomarán tiempo, pero a tres años del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador es imperativo emprender acciones que se materialicen en tolerancia a la crítica, en mayor flujo de información, en el robustecimiento del debate público, en el fortalecimiento de las políticas de prevención, protección y acceso a la justicia y en garantías para que en México haya un periodismo libre y sin violencia. 

Sin embargo, vemos que al abordarse el tema de la violencia contra la prensa prevalece la negación: “son solamente unos estados”, “es el crimen organizado [quien mata a periodistas]”, “no hay impunidad”. Sin reconocer plenamente el problema y todas sus aristas, seguiremos atestiguando la aplicación de paliativos y parches, cuando se requiere una cirugía mayor que evite el crecimiento de la violencia, la autocensura y las zonas de silencio.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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