Una de las mejores cosas del Gobierno de Morena ha sido sin duda tener una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) activa. Santiago Nieto ha hecho de esta dependencia, que solía ser un florero dentro de la Secretaria de Hacienda, un verdadero centro de inteligencia. Esta arma del Estado para el combate al crimen organizado y delitos de cuello blanco estaba empolvada, guardada en un cajón y con balas de salva. Nieto la desempolvó, la aceitó, la modernizó y la cargó con tiros de verdad. La pregunta no es quién la empuña sino quién hacia a dónde apunta esa pistola.

El Presidente lo dijo con todas sus letras en una de las conferencias mañaneras en los primeros meses de Gobierno: Nieto me reporta a mí. Los reconoció con descaro, con desparpajo y hasta algo de altanería. Este no es un asunto menor; cada vez es más claro que desde Palacio Nacional la pistola se usa para amagar, para chantajear e incluso para hacer política partidista.

El Fiscal Gertz Manero se ha quejado del protagonismo y la falta de concreción de la Unidad de Inteligencia Financiera. Su queja es que en lugar de darle elementos para la persecución del delito le da escándalos mediáticos que hacen, además, quedar muy mal a la Fiscalía, pues esas denuncias que hace con bombo y platillo la UIF no se traducen en acusaciones formales y por lo tanto nunca se terminan en carpetas de investigación o procesos de justicia.

Visto al paso de dos años es claro que el objetivo de la Inteligencia Financiara es cada vez menos combatir el crimen y más su uso político y electoral. El 2 de diciembre pasado la UIF denunció que el Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, José Luis Vargas, había comprado residencias en Miami, Valle de Bravo y Polanco que iban más allá de sus ingresos como Magistrado. Esto no se convirtió nunca en una investigación, ni siquiera se destituyó al funcionario acusado de corrupción, sino que lo convirtieron en rehén para operar los intereses morenistas.

Otro caso reciente es el expediente abierto contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por lavado de dinero y evasión fiscal. Qué bueno que fiscalicen a gobernadores, exgobernadores, funcionario y exfuncionarios, para eso está la UIF, pero resulta demasiado burdo que lo hagan justo en esta semana, después de que la primera batería de encuestas de la elección a gobernador en ese estado muestra el desplome de la candidata morenista, Clara Luz Flores, y quien toma la delantera es el candidato del PRI, Adrián de la Garza, exfuncionario en el sexenio de Medina. Por cierto, otra vez, solo se filtró que se investiga, pero no hay aún denuncia alguna.

¿Qué opinaría el López Obrador del 2006 sobre el comportamiento faccioso de las instituciones del Gobierno de López Obrador en 2021? Seguramente está muy ocupado “transformando” al país y convertido en abogado de oficio de Salgado Macedonio como para ocuparse de pequeños e insignificantes detalles como la congruencia.

Diego Petersen Farah

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