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Ricardo Ravelo

12/04/2019 - 12:03 am

Frenar crímenes de periodistas, la urgencia

Ruelas, activista incansable, dice que los protocolos y mecanismos de seguridad en México para proteger a los periodistas “son letra muerta”. Y enseguida cuestiona al régimen actual: «La narrativa oficial del actual Gobierno de López Obrador, quien asumió el poder en diciembre pasado, mantiene una clara división entre quienes simpatizan con el proyecto político del Presidente y los que no” están de acuerdo con su política.

por Estas Y Otras Razones Representantes De La Ong Reporteros Sin Fronteras rsf Acudieron Ante La Corte Penal Internacional Para Poner En Manos De Este Organismo Los 102 Expedientes De Igual Número De Periodistas Asesinados Y Otros Desaparecidos En México Entre 2012 Y 2018 Respectivamente Foto Rashide Frías Cuartoscuro

Debido a la impunidad que impide aclarar los asesinatos y desapariciones de periodistas en México, el reclamo hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha dejado esperar. A la atrofia de la justicia federal y del fuero común también se suma el cuestionamiento por el habitual uso del calificativo fifí cuando el mandatario se refiere a ciertos periodistas que obedecieron a los intereses del viejo régimen y, por ende, no simpatizan con su causa.

Este fue, en estricto sentido, el señalamiento que hizo el 1 de abril último la ONG Artículo 19, un organismo que ha destacado en México y a nivel internacional por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Es, junto con Reporteros sin Fronteras, una de las organizaciones con mayor presencia en la defensa del trabajo y la seguridad de los periodistas. Es una voz que aparece cuando el silencio oficial se impone ante la matanza de reporteros, como ha ocurrido desde el asesinato de Manuel Buendía, en mayo de 1984, considerado como el primer caso maquinado por la narcopolítica.

Y es que Ana Cristina Ruelas, directora en México de Artículo 19, le exigió al Presidente López Obrador que detenga la violencia en contra de los comunicadores. En un informe titulado “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, la ONG asegura, con base en sus cifras, que de los más de cien periodistas que han sido asesinados en México desde el año 2000, 47 corresponden al mandato del ex Presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo periodo –dice el informe –también se registraron cuatro desapariciones y 2 mil 502 agresiones.

“Más del 99 por ciento de estos crímenes continúan impunes”, sostiene la representante de Artículo 19, quien además reitera una verdad fuera de duda: «Que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y el más inseguro para el ejercicio de este oficio en toda América Latina”.

Ruelas, activista incansable, dice que los protocolos y mecanismos de seguridad en México para proteger a los periodistas “son letra muerta”. Y enseguida cuestiona al régimen actual: «La narrativa oficial del actual Gobierno de López Obrador, quien asumió el poder en diciembre pasado, mantiene una clara división entre quienes simpatizan con el proyecto político del Presidente y los que no” están de acuerdo con su política.

Y sentencia: “El mandatario, quien ganó las elecciones prometiendo acabar con la corrupción y la mafia del poder de las élites, tilda de “fifí” a la prensa que él considera de derecha o que no se adhiere a su proyecto”.

Y mientras la impunidad se impone sobre los casos de periodistas asesinados, el reclamo de justicia de varias ONG’s y el uso peyorativo del calificativo “fifí” por parte del Presidente, lo cierto es que los crímenes y agresiones en contra de los periodistas continúa en el país y, por ahora, no existe ninguna autoridad que ponga fin a esta oleada de violencia.

Tan sólo en lo que va del año han sido asesinados cuatro periodistas: en febrero último fue atacado, en Tabasco, el periodista Jesús Ramos Rodríguez. Recibió ocho balazos cuando departía en el restaurante de un hotel en la demarcación de Emiliano Zapata. Tenía 59 años y era conocido en el gremio como Chuchin. Conducía, desde hacía veinte años, el programa “Nuestra región hoy» en la estación Oye 99.9 FM. El caso sigue impune y un presunto móvil es la venganza.

En enero de este año también fue asesinado Rafael Murúa, a pesar de estar acogido al mecanismo de protección gubernamental desde el 2012, cuando empezó a recibir amenazas de muerte.

El 15 de marzo, en San Luis Río Colorado, Sonora, fue asesinado el periodista Santiago Barroso. Murió tras recibir varios balazos en su domicilio tras ser llamado por un sujeto. Al abrir la puerta, el periodista recibió los disparos en el abdomen y clavícula. Todavía con vida fue trasladado a un hospital donde horas después falleció. Este comunicador había publicado información relacionada con una red de tráfico humano ligada al cártel de Sinaloa. Su trabajo periodístico parece ser la principal línea de investigación para ahondar en el caso.

Otro caso es el de Omar Iván Camacho, periodista deportivo, cuyo cuerpo fue hallado debajo de un puente en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. Tenía 35 años y presuntamente desapareció a finales de marzo de este año. Tras el hallazgo de su cuerpo, las autoridades confirmaron que presentaba huellas de tortura, golpes y marcas en las muñecas, señal de que estuvo esposado por varias horas. El caso sigue impune.

Por estas y otras razones, representantes de la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) acudieron ante la Corte Penal Internacional para poner en manos de este organismo los 102 expedientes de igual número de periodistas asesinados y otros desaparecidos en México entre 2012 y 2018, respectivamente.

Además de los asesinatos, RSF tiene registrados en sus archivos 14 casos de desaparición forzada y las víctimas son comunicadores que, por desgracia, en México no han sido aclarados; por ello, le solicitan a la Corte Penal Internacional intervenir para esclarecer estos crímenes porque, de acuerdo con los indicios de que disponen, para la ONG en estos casos “hubo evidente complicidad de las autoridades”, que habrían estado involucradas al ordenar tanto los asesinatos como las desapariciones de los periodistas.

Emmanuel Colombie, representante de RSF en América Latina, se entrevistó en la secretaría de Gobernación con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El encuentro lo resumió en cinco palabras: “Tuvimos una respuesta muy positiva”.

Veracruz: Periodistas se organizan contra agresiones

Mientras en toda la República el gremio periodístico se mantiene dividido y en muchos casos hasta confrontado, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, los periodistas se empiezan a organizar para hacer frente a la violencia que trastoca el trabajo reporteril, pero también para afinar sus herramientas profesionales, muy necesarias, por cierto.

Hace unos días el periodista Fluvio César Martínez Gómez, uno de los más activos, asumió la presidencia de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos y, según explica en entrevista, se ha trazado el objetivo de ejecutar, como nunca antes había ocurrido, un amplio proyecto tendiente a reforzar la seguridad de los periodistas con base en nuevos protocolos de seguridad, así como profesionalizarlos mediante cursos, conferencias y talleres. El objetivo es seguirse superando.

Con nueve años de ejercer el periodismo, Fluvio César Martínez tiene un agudo sentido crítico respecto del régimen de Andrés López Obrador. “Es un opresor del periodismo”, dice, tajante.

Y cuestiona: “Desde el hecho de llamar prensa fifi a ciertos comunicadores ya está lacerando al gremio y los descalifica por el simple hecho de que muchos periodistas no están a su favor.

Y en la presidencia operan con una estrategia para descalificar a los periodistas que emiten una opinión crítica o expresan algún tipo de comentario cuestionativo, de inmediato un ejército de operadores atacan por medio de las redes sociales y empiezan a descalificar todo lo que se diga en contra del Presidente.

Yo creo –dice en entrevista telefónica –que en México hay periodistas muy objetivos que no están de acuerdo con él y que por opinar y criticar son atacados. “El Presidente minimiza a la prensa que lo critica, cuando ocurre algún delito estigmatizan a las víctimas, pero es increíble que nada se haga para frenar el número de asesinatos de periodistas, cifra que va en aumento desde que asumió el poder”.

Martínez Gómez sostiene que la postura del Presidente es muy clara: protege a los periodistas que lo apoyan y a los que lo cuestionan y critican no los protege. Y otra cosa con la que no estoy de acuerdo es que siempre le quiere imponer a los medios una agenda.

–¿Eso es problema del Presidente o de los medios? –se le pregunta.

–En parte del Gobierno porque fuera de ese guión ya no se quieren abordar otros temas que también son de interés público.

–¿Cuál es tu opinión del ejercicio periodístico en este nuevo régimen?

Vamos hacia un Gobierno opresor y el mismo Presidente dividió a los medios porque él no quiere que se haga periodismo crítico. Y muchos medios ya no lo están haciendo. La prensa ya está sectorizada y esto responde a una estrategia del régimen muy bien establecida. El objetivo de este Gobierno es que el periodismo crítico se acabe y lo que el Presidente busca es que los medios lo apoyen. Los que no lo apoyan, se vuelven enemigos, adversarios, como él los llama.

–¿Qué hará la Asociación de periodistas de Coatzacoalcos para exigir el esclarecimiento de los crímenes de reporteros en el estado?

–Hay un dato que es alarmante: el 99.3% de los casos de agresiones a periodistas están impunes. Los exgobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes fallaron. Yunes prometió aclarar estos casos y proteger al gremio, pero incumplió su palabra.

El presidente de la Asociación de Periodistas dice que en Veracruz hay mil 140 casos de agresiones y sólo 163 se han consignado a las instancias judiciales desde 2010 a la fecha. En nueve años, dice, hay más de mil casos por agresiones y sólo 11 resultados o fallos judiciales emitidos pero no hay detenidos ni funcionarios sancionados. En suma, todo sigue envuelto en la impunidad.

Durante el Gobierno de Javier Duarte y el bienio de Yunes Linares Veracruz sumó un total de 24 periodistas asesinados. En opinión de Fluvio César Martínez, no en todos los casos tiene que ver el narcotráfico, como concluyeron en su momento las autoridades estatales: muchos crímenes están relacionados con el trabajo periodístico, con la denuncia que exhibió la corrupción oficial y los vínculos de políticos con criminales y viceversa.

Ahora que Veracruz tiene nuevo gobernador –Cuitláhuac García Jiménez, cuestionado, por cierto, por sus yerros y desatinos –Martínez García sostiene que como cabeza de la Asociación de Periodistas buscará la conciliación con el Gobierno para solicitar un nuevo protocolo de seguridad para los periodistas en activo y a la par también pediremos que los asesinatos se aclaren.

Explica:

“Lo que verdaderamente urge es un protocolo eficaz, que funcione, porque en Veracruz, particularmente en el sur del estado, los periodistas estamos desprotegidos en nuestro quehacer diario, esta zona es una de las más violentas.

–Con una policía al servicio del crimen organizado , ¿Es confiable el Gobierno de Veracruz para garantizar la eficacia de un nuevo mecanismo de seguridad para los periodistas?

–Al Gobierno de Cuitláhuac García hay que darle el beneficio de la duda. Pese a los crímenes, Javier Duarte nunca implementó un protocolo para los periodistas. Yunes Linares tampoco, no obstante que enarboló la bandera de la defensa al gremio, pero no lo hizo. Mintió como todos.

Tras la oleada de crímenes de comunicadores que azotó a Veracruz durante los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, muchos periodistas abandonaron el estado debido a la inseguridad; otros más dejaron de publicar nota roja en sus periódicos, la seguridad por encima de todo.

–¿Continúa la autocensura en la información policiaca? –se le pregunta al reportero veracruzano.

–No, la información sí se publica, es más, hay varios portales con mucho auge. Aquí en Coatzacoalcos operan doce páginas web, seis estaciones de radio, de los cuales cinco tienen noticieros. La nota roja es posible cubrirla, con riesgos, claro, pero se cubre. Ayudan mucho las redes sociales. Cuando hay asuntos relevantes, los reporteros cubren la información en grupos y los medios impresos omiten el crédito del reportero por seguridad.

La Asociación de Periodistas de Coatzacoaldos cuenta con 163 agremiados, de los cuales 132 están activos. Fluvio César Martínez, quien oficialmente tomará posesión el próximo 7 de junio, también se ha trazado el reto de coadyuvar en la profesionalización de los periodistas. Para ello, prepara un amplio programa de actividades: cursos, talleres de redacción e investigación periodística, conferencias con comunicadores de prestigio, todo ello, dice, con el objeto de afinar nuestras herramientas y desempeñar mejor nuestro trabajo.

Todo indica que la labor de Martínez Gómez romperá con el letargo que por años sumió a la Asociación de Periodistas cuando estuvo encabezada por otro grupo que, según algunos señalamientos, sólo utilizó la posición para sus fines personales.

En la conferencia matutina del jueves 11, Andrés López Obrador ofreció apoyar a los buenos periodistas y respetar su trabajo. Esto vino a cuento porque hay varios periodistas con trayectoria que actualmente no pasan por los mejores momentos. A estos profesionales del periodismo les ofreció su apoyo y garantizar mejores condiciones para el buen desempeño de su trabajo.

Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.
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