La Auditoría Superior de la Federación, un órgano autónomo que ha ganado reconocimiento en la arena pública por arrojar luz en el mal manejo de recurso públicos federales, cambiará de titular. El contador Juan Manuel Portal Martínez se va en diciembre y deja la vara alta para los 41 aspirantes, entre los que destaca el académico Mauricio Merino Huerta, por un lado, y el ex contralor de la gestión de Javier Duarte en Veracruz, Iván López Fernández, por el otro.
Durante los ocho años de Portal Martínez los informes evidenciaron a instancias como la SCT o la Sedesol y a ex Gobernadores como Javier Duarte de Ochoa y a César Duarte Jáquez. Por ello organizaciones civiles están vigilando que en el proceso de designación de su sucesor haya imparcialidad, transparencia y evaluación técnica de los aspirantes. Pero, advierten, ya se comenzó a puerta cerrada.
«Si no hay legitimidad de origen, difícilmente se podrá llegar a la de ejercicio», dijo Héctor Rubio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y «Sin el componente técnico [en el mecanismo de selección] lo que decide son valoraciones políticas por cuotas y cuates».
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Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– La estructura sigue cuarteándose. México no tiene Procurador General, Fiscal Anticorrupción ni titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade). Ahora, 14 organizaciones civiles advierten que el proceso de designación del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación –órgano autónomo que vigila el uso de los recursos públicos federales y el cumplimiento de los programas públicos– comenzó sin transparencia y en fast track por lo que exigen especificar el mecanismo técnico de evaluación de candidatos, imparcialidad, rendición de cuentas y participación ciudadana sustantiva para dotarlo de legitimidad y confianza.
Su balance ha sido positivo. De 2001 a septiembre de 2017, la ASF ha recuperado más de 107 mil 770 millones de pesos para devolverlos al erario público, y de 1998 a 2016 ha interpuesto 872 denuncias penales, documentó Janet Oropeza Eng, investigadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
El viernes 17 de noviembre arrancó el proceso con la publicación de la convocatoria para el periodo 2018-2025. Pero a las organizaciones les preocupó que la elaboración y votación del Acuerdo se realizó «a puerta cerrada, de forma precipitada y con poca deliberación».
El domingo 26 de noviembre concluyó el registro de aspirantes. La Cámara de Diputados debe elegir entre 41 postulantes. El actual Auditor Juan Manuel Portales Martínez, quien concluye su mandato en diciembre, decidió no buscar la reelección.
Para las organizaciones, el perfil idóneo debe considerar que tenga buena reputación; no sea militante de ningún partido político ni ministro de ningún tipo de culto; no ser socio de ninguna empresa que preste servicios a la administración pública; no haber sido servidor público a quien se le hayan realizado observaciones sin aclararlas; tener conocimiento de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción; experiencia para coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización; estudios en administración pública, fiscalización o combate a la corrupción; así como tener conocimiento en lavado de dinero, fideicomisos públicos y financiamientos públicos, y el marco jurídico que los regula.
«La Auditoría Superior de la Federación es una de las instancias más importantes para la rendición de cuentas en México. Históricamente, ha generado evidencia sólida para señalar problemas y áreas de oportunidad en el ejercicio del gasto público. Al mismo tiempo, diversas reformas legales han ampliado sus atribuciones y facultades, hasta convertirse en una de las instancias clave del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. De la decisión que tomen los legisladores dependerá en gran parte el futuro del SNA», expusieron en un comunicado conjunto Artículo 19, Fundar, México Evalúa, Transparencia Mexicana, entre otras organizaciones.
En entrevista respecto a esos cambios, Héctor Rubio, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, otra de las firmantes, dijo que la labor de esta ASF ha sido «clave» porque adquirió nuevas atribuciones para ser un «control democrático» a los ejecutores de gasto público.
Antes, expuso, sus informes de Cuenta Pública se publicaban con dos años de desfase lo cual, más allá de la indignación, no era un factor de mejora en el ejercicio de los recursos. Pero adquirió «una inteligencia institucional» para auditar prácticamente en tiempo real y anticiparse a áreas de riesgo para su prevención. También ha tenido peso en el Sistema Nacional Anticorrupción al ampliar el catálogo de sujetos observados a nivel estatal pese a la oposición de los gobernadores, por lo que seguirá operando un papel relevante.
«Este nuevo potencial ya aparece en la última revisión de la ASF, y en el tema de salud observó que dos terceras partes del gasto de los gobiernos estatales no se estaba ejerciendo como debía y había focos rojos porque el dinero había desaparecido o se convirtió en caja chica, puntualmente el caso de Javier Duarte en Veracruz», documentó.
Sin embargo, en el proceso de designación lamentó que se estén repitiendo «los mismos vicios» de otros nombramientos empezando por una convocatoria cerrada y advirtió que «si no hay legitimidad de origen, difícilmente se podrá llegar a la de ejercicio».
Janet Oropeza, investigadora de Fundar, agregó que la información que ha generado en términos de irregularidades y malos manejos ha evidenciado casos de alto perfil como el socavón en el Paso Exprés en Cuernavaca, la Línea 12 del Metro y de gobiernos estatales como Javier Duarte. Además, dijo, es una fuente confiable de información de alto interés público.
LAS RECOMENDACIONES IGNORADAS
Tres días antes de la emisión de la convocatoria, el martes 14 de noviembre, Artículo 19 y Fundar enviaron al Diputado perredista Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, una serie de recomendaciones basadas en prácticas internacionales y nacionales para incorporar los más altos estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas a este proceso. Sin embargo, ninguna fue tomada en cuenta.
Entre las propuestas destaca la de llevar a cabo una comparecencia pública del actual Auditor Juan Manuel Portales, en la cual discuta con los miembros de la Comisión de Vigilancia el Informe Público, así como los principales retos que enfrenta la ASF, a raíz de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.
«Es fundamental no repetir procesos de designación cerrados, opacos, precipitados y sin claridad ni criterios de evaluación de las y los candidatos. Apegarse estrictamente a lo que establece la ley es un requisito indispensable pero no suficiente, por sí mismo, para generar confianza», agregaron las organizaciones.
La investigadora de Fundar, Janet Oropeza, aclaró que la Cámara de Diputados invitó a las organizaciones civiles a proponer candidatos, pero ese no es el interés, sino cuidar el proceso para asegurar el mejor perfil.
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LOS 41 ASPIRANTES
El desempeño del Auditor Manuel Juan Manuel Portal Martínez (2009-2017) dejó un estándar muy alto al colocar a la Auditoría Superior de la Federación como una institución prestigiosa y más cercana a la sociedad, coincidieron los miembros de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Fundar consultados.
«Lo que está en juego más allá del nombramiento del siguiente auditor o auditora es el prestigio de una institución que se ha ganado a pulso el reconocimiento y que tendrá un papel vital en el Sistema Nacional Anticorrupción», declaró Héctor Rubio.
Para Janet Oropeza, de Fundar, la ASF es una de las pocas instituciones en México que tiene una alta credibilidad ante la sociedad y abona a la rendición de cuentas porque durante estos años desde su fundación en el 2000 ha jugado un rol en la vida democrática del país.
Rubio lamentó que en México se siga «adoleciendo» de mecanismos que permitan valorar el mérito de los aspirantes, ya que «sin el componente técnico lo que decide son valoraciones políticas por cuotas y cuates».
Advirtió que a pesar de que todos nos conviene tener una Auditoría fuerte y blindada de los intereses políticos, hay perfiles que no cumplen ni siquiera con los requisitos de la convocatoria o que por su trayectoria representan un riesgo al tener vínculos con fuerzas políticas.
Entre los 41 aspirantes registrados destacan el académico y coordinador de Nosotrxs, Mauricio Merino Huerta; el ex Subsecretario de la Secretaría de la Función Pública y priista, Julián Olivas Ugalde; el ex Contralor del Instituto Nacional Electoral y ex Auditor (1997-2000) -cuando el órgano se denominaba Contaduría Mayor de Hacienda-, Gregorio Guerrero Pozas; y el ex Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), José Trinidad Zaldívar.
De acuerdo con las diputadas Araceli Damián y Claudia Corichi, el ex contralor del gobierno de Veracruz, Iván López Fernández, no puede ser elegido porque formó parte de las investigaciones que realizó la PGR por los casos de presunto desvío de recursos en la gestión del ex Gobernador, Javier Duarte.
Solo dos mujeres se postularon. María de los Ángeles Silva Mendoza, asesora técnica y titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, y Dora Buchahin Abulhosn, directora general de Auditoría Forense, de la Auditoría Superior de la Federación.
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