Si un funcionario público comete un acto de corrupción, será inhabilitado de entre 5 a 20 años o incluso de por vida si forma parte de un grupo criminal o desvió recursos de programas sociales, sentencia la Ley de Muerte Civil impulsada en octubre en la República del Perú.
Ante los inacabables actos de corrupción entre los funcionarios del sistema político mexicano, el sector empresarial de la capital del país pidió a los legisladores a emitir una similar en México.
«[Los funcionarios] pueden cometer un conjunto de barbaridades en un puesto y pasar a otro sin ninguna consecuencia», dijo Jesús Padilla Zenteno, dirigente de la Coparmex Ciudad de México, en entrevista con este diario digital.
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Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno del Perú lanzó en octubre del año pasado la Ley de Muerte Civil, que inhabilita a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, ya sea de cinco a 20 años, o de manera perpetua si forman parte de un grupo criminal o desviaron recursos de programas sociales. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México urgió a los legisladores federales y estatales a emitir una similar que pudiera llamarse «Muerte Política» dirigida a aquellos corruptos del sistema político mexicano sentenciados.
«Hoy se encuentran en proceso el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales a los que los grupos en el poder buscan construir ‘a modo’, pero tampoco existe una ley que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro encargo en la función pública», acusó el sector empresarial de la capital mexicana dirigido por Jesús Padilla Zenteno.
«En la actualidad, el corrupto afronta la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de sus captores y sus detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio público que remediará, posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un electorado ‘comprado’ o el compadrazgo», añadió en un comunicado.
En entrevista, el dirigente patronal Jesús Padilla aseguró que «conociendo los niveles de corrupción en nuestro país», seguramente la propuesta de Ley para inhabilitar a los funcionarios públicos enfrentaría obstáculos, ya que existe «un esquema de protección para los funcionarios que han actuado de manera incorrecta».
El director de Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Iván Gidi, coincidió en que aunque es una propuesta bien intencionada, «el Estado de Derecho está vulnerado a tal punto que ya no se trata de leyes y políticas, sino de cambiar a los políticos que tienen hundido a México para que se cumplan».
El líder empresarial Jesús Padilla expuso que le toca a la Cámara de Diputados impulsar la Ley de Muerte Política porque pese a la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción, impulsado por la iniciativa privada y organizaciones civiles, «de alguna manera [los funcionarios] siguen cometiendo actos de corrupción tan descarados como los que hemos visto de diversos ex gobernadores, algunos ya procesados».
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Este viernes el ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue detenido al ser acusado de lavado de dinero y desvío de recursos. Este año el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue encarcelado luego de permanecer fugado durante unos días y enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito. El ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, está en proceso de extradición luego de ser detenido en Panamá señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, otros personajes continúan en cargos públicos, como el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, quien en un audio filtrado fue evidenciado de estar involucrado con la polémica constructora OHL México.
«Los que nos damos cuenta es que pueden cometer un conjunto de barbaridades en un puesto [público] y pasar a otro sin ninguna consecuencia», dijo el representante de Coparmex Ciudad de México. Ochoa Reza pasó de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la dirigencia del partido en el poder.
Iván Gidi, director de ONEA México, expuso que esa Ley debería aplicarse a desde el mismo Presidente de la República Enrique Peña Nieto; su gente cercana, y a los estados.
«El denominador común es la discrecionalidad en el manejo de los recursos, la manipulación de los órganos electorales y congresos locales, la ausencia de transparencia, rendición de cuentas y la más absoluta impunidad en sus acciones. Estaríamos hablando de una larga lista [de funcionarios públicos a todos niveles]», afirmó.
LA MANO DE LA CORRUPCIÓN TRAS SISMOS
La Coparmex Ciudad de México ha propuesto la Ley de Muerte Política en el marco de que empresas mobiliarias, como Canada Building y Dijon, han sido señaladas por construir edificios que registraron daños estructurales o incluso se derrumbaron durante el sismo del 19 de septiembre. También han habido cuestionamientos a las autoridades locales por emitir permisos de edificación pese a violar los reglamentos.
«Eventos como los recientes sismos ocurridos el mes pasado han puesto en tela de juicio la actuación de funcionarios públicos a nivel nacional quienes, por acción u omisión, podrían tener responsabilidades en las afectaciones de los movimientos telúricos», expuso la Coparmex CDMX en un comunicado.
Durante la entrevista, Jesús Padilla Zenteno enfatizó que desde un principio se ha exigido que se investigue a los responsables incluyendo autoridades relacionadas con las contrataciones.
Iván Gidi, titular de la ONEA México, agregó que ante los sismos «salieron a la luz» estas irregularidades, pero «donde le rasquemos en cualquier esfera relacionada con el gobierno vamos a encontrar la mano de la corrupción».
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Finalmente, respecto a los recursos públicos y privados que se planean destinar a la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos de septiembre, ambas fuentes consultadas afirmaron que la sociedad civil debe participar en la vigilancia para evitar desvíos.
«Se ha llamado a la iniciativa privada para formar parte de un fideicomiso maestro que pueda recolectar no sólo los fondos públicos sino también los privados, con el soporte del Comité Técnico, para fin de transparentar tanto la recepción como el destino de los mismos para tratar de evitar casos de corrupción», aseguró el líder empresarial Jesús Padilla Zenteno.
Gidi, por su parte, expuso que ante la falta de confianza ciudadana hacia la clase política, el monitoreo de los recursos para la reconstrucción debe ser por parte de la sociedad civil con mecanismos transparentes.
La semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) constituyó el Fideicomiso Fuerza México con la intención de agrupar los donativos y las aportaciones de las personas, organizaciones y empresas de todo el país e incluso del extranjero, para apoyar las acciones de reconstrucción. El sector empresarial llamó a una reconstrucción rápida, de calidad y transparente.
«Los sectores público y privado, actores políticos y toda la sociedad en su conjunto debemos diseñar medidas eficaces para asegurarnos de que los recursos destinados a la reconstrucción se ejerzan con plena transparencia, rendición de cuentas y calidad. Que cada peso que han comprometido diferentes instituciones públicas, partidos políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil se utilice para devolverles la seguridad patrimonial a los mexicanos que la perdieron», determinó el CCE.
