El sismo del martes pasado colapsó y dañó decenas de edificios en la Ciudad de México y puso en evidencia las consecuencias y riesgos del boom inmobiliario, temas sobre los que, desde hace años, han alertado los propios ciudadanos de la capital del país.
De 2000 a 2015, el número de viviendas aumentó un 20 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sobre todo en Cuajimalpa (63 por ciento), Milpa Alta (58 por ciento), Benito Juárez (37 por ciento) y Miguel Hidalgo (32 por ciento).
La Diputada Mayela Delgadillo, quien ha seguido de cerca este tema, asegura que la construcción es un sector que da ganancias mucho mayores al monto invertido por lo que ha provocado un significativo aumento en el levantamiento de varios proyectos de vivienda, a pesar de que implica «sacar agua y tierra permanentemente» lo que causa un severo impacto ambiental en la gran urbe.
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Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– Al reclamo de grupos de vecinos de la capital que durante años se han manifestado contra el boom inmobiliario por no considerar el impacto vial y ambiental, y sus efectos en el suministro del derecho básico al agua, se sumaron la quejas de ciudadanos a través de redes sociales en contra las empresas responsables de construir los edificios de departamentos que luego del sismo del martes presentan daños severos, o incluso colapsaron.
La desarrolladora Dekah Inmobiliaria construyó hace dos años un conjunto residencial de 12 pisos en la avenida Insurgentes Norte frente al Metro Potrero, en la Delegación Gustavo A. Madero. Tras el temblor, tuvo que ser desalojado por presentar grietas y «por el tipo de daños puede colapsar», evaluó el arquitecto José Bernal.
Un usuario de Twitter acusó que «es tiempo de auditar a empresas criminales, inspectores de obra y autoridades de la Ciudad».
Dekah ha recibido diversas quejas sobre los retrasos o servicios faltantes en la entrega de las unidades y sobre su nivel de seriedad durante los más de 4 mil 500 departamentos vendidos en 58 desarrollos en la Ciudad de México y Estado de México. «¿Quién demonios autorizó la construcción hace dos años de un edificio de departamentos de 12 pisos frente al Metro Potrero dañado por el sismo?», escribió otro.
La entrega de licencias de construcción corresponde a la Delegación, en este caso la de Gustavo A. Madero administrada por el perredista Víctor Hugo Lobo.
En la Delegación Benito Juárez, encabezada por el panista Christian von Roehrich, la empresa Canadá Building construyó un desarrollo de 24 departamentos en la calle Antillas, esquina con Emiliano Zapata, en la colonia Portales Sur. A pesar de que se inauguró apenas hace un año, fue el edificio que colapsó el martes por el temblor y del que sacaron los cuerpos de dos mujeres.
En esa misma colonia, un inmueble departamental ubicado en la calle Saratoga colapsó y otro en la calle Balboa presenta daños severos. Además, entre Metro Nativitas y Portales Norte, sobre Calzada de Tlalpan, hay otro en riesgo de venirse abajo.
La Diputada Mayela Delgadillo, quien ha seguido el tema del boom inmobiliario en la capital del país, aseguró que la construcción es un sector que da ganancias mucho mayores al monto invertido por lo que ha provocado un significativo aumento en el levantamiento de varios proyectos, a pesar de que implica «sacar agua y tierra permanentemente».
De 2000 a 2015, el número de viviendas aumentó un 20 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sobre todo en Cuajimalpa (63 por ciento), Milpa Alta (58 por ciento), Benito Juárez (37 por ciento) y Miguel Hidalgo (32 por ciento).
«Los ciudadanos nos estamos defendiendo de las decisiones erróneas que están tomando nuestros funcionarios», dijo Delgadillo.
El derecho a la ciudad es para habitar de una forma digna, sustentable y de largo plazo los espacios. Aunque se entienden los cambios a lo largo del tiempo, «tiene que estar planeado». El impacto ambiental ha evidenciado que las políticas de desarrollo urbano emitidas durante décadas para la capital del país «han sido erróneas» y hoy desemboca en la insostenibilidad, afirmó la Diputada.
«El Programa de Desarrollo General Urbano de esta ciudad no existe para que las inmobiliarias junto con funcionarios hayan logrado un nivel de corrupción al grado de que somos la quinta ciudad en el mundo que recibe inversión extranjera directa solo para el desarrollo de infraestructura», aseguró.
La Asamblea Legislativa (ALDF) ha discutido la aprobación de este Programa, pero en julio los ciudadanos de los Pueblos y Barrios Originales de la Ciudad de México presentaron un amparo para suspender su dictaminación, bajo el argumento de que no consideraba la consulta previa antes de la instalación de este tipo de mega proyectos, que afecta sus costumbres y suministro de servicios básicos.
No obstante, en agosto el Juzgado rechazó el amparo por improcedente ya que se demostró un «amplio robustecimiento» de los derechos de los pueblos y barrios originarios.
«Ningún desarrollo inmobiliario está por encima del interés superior de la sociedad y, mucho menos, de estos espacios que son históricos para el país y que contemplan desde las tradiciones hasta el trazado y la manera en que se brindan los servicios públicos», afirmó la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur).
Apenas dos meses antes, en junio, un grupo de vecinos de la delegación Álvaro Obregón y Cuajimalpa marcharon contra el proyecto «La Mexicana» en Santa Fe, que contempla un parque y mil 600 departamentos. Acusaron que se les dio acceso al estudio de impacto ambiental.
En otro caso, desde febrero de 2016 vecinos de Coyoacán, al sur de la ciudad, han enfrentado fallas en el suministro de agua potable a raíz de la construcción de la empresa desarrolladora “Quiero Casa” en el manantial Aztecas 215 a pesar de 27 irregularidades expuestas en el “Manifiesto de impacto ambiental” publicado por la la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital.
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Quiero Casa es una de las empresas miembro de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que cuenta con 65 socios. Durante este sexenio invirtió 14 mil millones de dólares en la Ciudad de México para el desarrollo de 132 inmuebles, dijo su presidente Salvador Daniel Kabbaz Zaga durante la firma del Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda en los que se comprometieron a cumplir las leyes.
“Tenemos calles donde hay agua un día y tres no. En otras zonas les cae sólo un chorrito de grosería, y en otros hemos pasado hasta tres meses sin una gota”, acusó un miembro de la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Pedregales de Coyoacán, en la Ciudad de México.
El crecimiento urbano de la Ciudad de México comenzó a acelerarse a partir de la década de los treinta y cuarenta con su expansión hacia las delegaciones Coyoacán, Azcapotzalco, Tacubaya, la Villa y San Ángel. A partir de 1950, la mancha urbana rebasó los límites del entonces Distrito Federal hacia los municipios del Estado de México, documenta un artículo del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Gabriel Sánchez Luna.
Sin embargo, desde el 2000 el boom inmobiliario comenzó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del Bando Informativo Número Dos prohibió la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Pero eso provocó que se concentraran en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Luego, ya bajo la gestión de Macerlo Ebrard Casaubón, se sustituyó el bando en 2007 con la Norma 26 para permitir la construcción de vivienda social en todas las delegaciones.
La Diputada Mayela Delgadillo advirtió durante la discusión para la Constitución de la Ciudad de México que las inmobiliarias estaban presionando para que no afectaran sus intereses.
Se planeaba cobrarles por cada piso adicional que hicieran. Este pago por edificación era benéfico por las altas tasas de plusvalía que generan, «pero se perdió la oportunidad».
