Los menores de edad con sobrepeso y obesidad en México están completamente desamparados por el Gobierno federal, pues la estrategia nacional para combatir estas enfermedades fueron hechas sin compromiso real, coincidieron Organizaciones No Gubernamentales y especialistas en salud consultados por SinEmbargo. Hay un discurso contradictorio de las autoridades que ponen en la Reforma Fiscal un impuesto al refresco por considerarlo dañino y al mismo tiempo el Presidente Enrique Peña Nieto promueve que los mexicanos tomen Coca Cola, plantearon.
CUARTA Y ÚLTIMA PARTE
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– El futuro del país crece gordo y enfermo: los niños son los grandes olvidados de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto hace ya tres años, coincidieron especialistas y activistas de la salud.
«Es muy lamentable que en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes no se incluya ningún apartado especial que considere a los niños. No hay ninguna actividad ni estrategia ni iniciativa que esté orientada justo a prevenir o a tratar los efectos de la obesidad en la infancia. Vemos que hay poca seriedad en esta estrategia, pues se redactó para no tener el compromiso de emitir resultados. Es un esfuerzo inservible, fallido en este momento y muy lejano que, además, requiere urgencia. Hoy los niños que tienen sobrepeso y obesidad están completamente desamparados de una atención al nivel que se demanda», planteó Julieta Ponce Sánchez, directora del Centro de Orientación Alimentaria, en entrevista para SinEmbargo.
De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en México, hasta 2012, 5 millones 664 mil 870 niños en edad escolar presentaban sobrepeso u obesidad y uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años vivían con dichos padecimientos. Incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a inicios de este año expuso al país como el primer lugar en obesidad infantil.
Dicha enfermedad no transmisible se caracteriza por el incremento de la masa grasa en un persona en la etapa pediátrica que podría ser desde el nacimiento hasta los doce años. Cuando el peso esperado para la edad sobrepasa el 20 por ciento se considera como obesidad, explicó Ponce.
Las causas de dicho padecimiento en México, dijo, se atribuyen principalmente al ambiente, el cual abarca el sedentarismo o escasez de ejercicio físico, el consumo de alimentos con ingredientes de riesgo como son azúcares adicionados, sodio y grasas.
La ENSANUT reveló en 2012 que el 58.6 por ciento de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no refirieron haber realizado alguna actividad física organizada durante los últimos 12 meses previos a la encuesta; el 38.9 por ciento señaló haber practicado una o dos actividades y sólo el 2.5 por ciento más de tres actividades; donde el futbol destacó como la más frecuente.
Por otro lado, la falta de lactancia materna, señaló la especialista, también influye para desencadenar el problema, además de la predisposición fetal, o sea, si la madre cursó el embarazo con sobrepeso, obesidad o diabetes gestacional, el bebé es más propenso presentar alguna de ellas.
Aunado a ello, alertó que el padecimiento viene acompañado de otros problemas de salud, entre ellos, trastornos metabólicos que ocasionan la elevación de triglicéridos y colesterol, que desencadenan en una enfermedad llamada dislipidemia mixta que anteriormente sólo padecían los adultos; hipertensión arterial; diabetes y en el futuro, incluso algunos tipos de cáncer.
«Estas anormalidades metabólicas son condicionantes para que tengamos niños con diabetes o por lo menos con glucosas elevadas. Hay poblaciones donde el 11 por ciento de los niños que tienen sobrepeso y obesidad ya tienen glucosas elevadas anormales y al menos el 3 por ciento ya tiene diabetes tipo 2, la que antes sólo padecían los adultos y aunque no tenemos en este momento evidencia de casos de cáncer relacionado con la obesidad, probablemente puedan hacerse correlaciones cuando sean adultos», alertó.
Además, reveló, un niño con sobrepeso u obesidad tiene más riesgo de sufrir fracturas por el propio peso que posee; anormalidades en las rodillas y/o en la columna y dolores articulares. Otra consecuencia es la disminución de su capacidad de oxígeno, cuando duermen pueden sufrir apnea del sueño, ronquidos que pueden en el futuro condicionar su salud cardiovascular por un crecimiento del corazón, pequeños lapsos sin respirar cuando están dormidos, esto debido a que la grasa a nivel del cuello también puede ser un signo de obstrucción parcial de la vía aérea
Los menores con sobrepeso u obesidad, comentó, «actualmente tienen un envejecimiento de la sangre y quienes presentan acantosis nigricans, que es el oscurecimiento del cuello, las axilas y/o las ingles ya manifiestan un signo de resistencia a la insulina, una condición que va a ser un factor para que visiten por lo menos cada seis meses a un especialista».
URGE EL ESFUERZO DEL GOBIERNO
ADEMÁS:
Evitar que los niños sobrepasen el peso ideal requiere que desde el embarazo la madre reciba un acompañamiento nutricional, que al nacer, el pequeño inicie la lactancia, y se mantenga como único alimento durante los primeros seis meses de vida y –en la medida de lo posible– se extienda hasta los 2 años, además de descartar el consumo de fórmulas que pretenden sustituir la leche materna –salvo en casos específicos–, «ya que son promotores de obesidad cuando no son recomendados por pediatras», explicó Ponce.
La especialista en nutrición recomendó también incluir una canasta básica de alimentos naturales, sin la presencia de industrializados, ya que durante esa primera etapa de vida se fortalecen los gustos.
Para asegurar la salud en los siguientes años, remarcó, se necesitan medidas estructurales como la garantía de alimentos saludables en estancias infantiles, comedores escolares; espacios de recreación y acceso al agua natural en espacios públicos (escuelas, parques, hospitales y centros deportivos, por ejemplo); regulación de los alimentos potencialmente dañinos, así como de la publicidad de los mismos.
Urgió también a que distintas secretarías –además de la de Salud– trabajen en conjunto para lograr resultados positivos, entre ellas, dijo, debe estar la Secretaría de Economía, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la de Salud, entre otras dependencias que la estrategia asegura incluir.
La experta afirmó que no existe vinculación de las secretarías, «sólo está a cargo de la de Salud y no hay alguien que asegure, por ejemplo, alimentos saludables para las poblaciones como medida preventiva». Ante el panorama agregó:
«Urge una política alimentaria, una política de largo alcance o mínimo una propuesta de trabajo de aquí al 2030. Urge que la estrategia sea vinculante de forma intersecretarial porque estamos viviendo las consecuencias de hacer pequeños esfuerzos aislados por secretarías en torno a la alimentación: Sagarpa no se vincula con Salud, Salud no se vincula con la SEP, la SEP no se vincula con la Secretaría de Economía y entonces estos vacíos que ha dejado la ausencia de la política alimentaria los ha ocupado la industria».
De igual manera hizo un llamado a que el Gobierno defina cuál es el papel de la industria alimentaria y realice un «mapeo» de cuáles son los alimentos que puede producir el país para garantizar productos saludables «por derecho», de igual manera hace falta, dijo, generar en el corto plazo la ley general del derecho a la alimentación, el cual está «todavía pendiente desde el 2011. También urge que haga un esfuerzo por informar a la población que tiene derecho al acceso a alimentos nutritivos suficientes y de calidad y que tiene derecho a la salud».
En el mismo sentido, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, dijo en entrevista para este medio que «desgraciadamente en la estrategia hay una ausencia muy fuerte de lo que tiene que ser una política por la salud alimentaria que implicaría un planteamiento de un sistema agroalimentario que garantizara la producción y el acceso de alimentos saludables».
Aunque la estrategia del Gobierno federal asegura que enfatizaría en «los aspectos de información nutricional para el consumidor a través del etiquetado frontal y la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil», Calvillo subrayó que existe una regulación ya desde hace dos años que es obligatoria y sancionable para alimentos y bebidas en escuelas, sin embargo, «la mayor parte de las escuelas no la cumplen, no hay vigilancia ni una campaña de orientación como debiera ser», acusó.
En 2008, la Encuesta de Salud en Escolares reveló que los refrescos se encontraban entre los cincos productos más consumidos en las escuelas primarias y secundarias públicas del país.
«La regulación de la publicidad en alimentos y bebidas no recomendables para menores de 12 años es muy pobre porque nada más está en televisión de 2:30 a 7:30 pm de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 7 de la noche en fin de semana y de acuerdo con un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se regulan las horas que más ven los niños», ya que, menciona, «los menores ven la programación de las 8 a las 10 de la noche aún entre semana», expuso.
Además, dijo, «se excluyen en el horario series, telenovelas y películas y esos son justamente los programas que más ven los menores, es decir, en los programas que más ven los niños no hay regulación. Tampoco se regula la publicidad en exteriores dirigida a este público ni la Internet ni las herramientas de engaño y manipulación como los ‘tazos’ y los juguetes de la ‘cajita feliz'».
El activista mencionó que el impuesto al refresco –establecido en 2013– ha dado resultados, «pero quedó a medias, o sea tendríamos que tener el impuesto del 20 por ciento por litro como lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)». Al respecto, Ponce opinó: «vemos un discurso contradictorio de las autoridades que ponen una Reforma Fiscal y un impuesto al refresco por considerarlo dañino y al mismo tiempo el Presidente promueve que los mexicanos los tomen», esto por el video difundido hace algunas semanas, donde Peña Nieto aseguró que diariamente consume una Coca Cola Light.
«Les puedo decir que el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días… Coca-Cola Light. Espero que esta sea una buena publicidad para los productos de ustedes, o no lo sé ya, pero me confieso como consumidor de sus productos», dijo el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de septiembre, al inaugurar el Centro de Innovación y Desarrollo de Coca-Cola para Latinoamérica, en la Delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México.
La frase del Primer Mandatario causó una inmediata reacción de los usuarios de redes sociales, que tomaron en son de burla la confesión. Pero, más allá de eso, especialistas en salud alimentaria se refirieron al conflicto de interés que suscitan sus palabras y, en particular, al mensaje que manda el Jefe del Ejecutivo federal: «consuman este refresco, no importa los efectos nocivos que tenga para su salud».
México es el país con el mayor consumo de refresco en el mundo –con más de 163 litros per cápita al año–, así como de pastelillos –con 19 kilogramos por persona anuales–. Pero, a cambio, también se tienen 8 millones 600 mil diabéticos por sobrepeso u obesidad, de acuerdo con el estudio “Kilos de más, kilos de menos: Los costos de la obesidad en México”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La diabetes, destacó esa investigación, es la segunda causa de muerte entre los mexicanos, por lo que tan sólo en 2013 cobró la vida de 89 mil 492 personas.
Datos de la Alianza por la salud señalan que anualmente los mexicanos consumen en promedio 163 litros de bebidas azucaradas y cada año, 24 mil personas al año mueren en el país a causa del consumo de dichos productos.
Ante este panorama, la experta destacó la «urgencia» de que el Gobierno establezca los mecanismos de detección oportuna para anticiparse al daño metabólico en todos los niños que hoy tienen sobrepeso y obesidad, «me refiero a que toda la población infantil diagnosticada con dichas enfermedades tengan acceso a la detección vía análisis clínicos en sangre para tratarlo o prevenirlo».