El Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire es una iniciativa lanzada por organizaciones civiles que tiene la tarea de realizar informes sobre los niveles de contaminación en México con la finalidad de generar propuestas y coadyuvar en la mejora de políticas públicas, urgir al gobierno a tomar medidas para un problema que año con año cobra la vida de miles de personas a nivel nacional, así como evidenciar el incumplimiento de la normatividad existente. De acuerdo con la organización El Poder del Consumidor, la mala calidad del aire le cuesta a nuestro país el 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles lanzaron esta mañana el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire con el fin de evaluar la política pública que impacta en la calidad del aire y promover acciones desde el Gobierno que garanticen el derecho a un aire limpio, ya que datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) arrojan que durante 2010, en el país fallecieron 17 mil personas a consecuencia de la mala calidad del aire.
«La mala calidad del aire es un problema de escala global. Provoca 3.7 millones de muertes prematuras al año en el mundo. […] Es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón», alertó José Luis Texcalac, investigador en salud ambiental en el INSP.
Asimismo, estimó que el problema cuesta a los países desarrollados el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que, a los que se encuentran en vías de desarrollo, hasta el 5 por ciento. En ese sentido, Stephan Brodziak, coordinador de Calidad del Aire en EPC, estimó que a México le cuesta el 4.5 por ciento del PIB.
El experto señaló que la calidad del aire está asociada con el incremento de mortalidad y morbilidad por problemas cardiovasculares, enfermedad isquémica del corazón; problemas respiratorios y cardiopulmonares; algunos tipos de cáncer, efectos reproductivos, del desarrollo y neurológicos; nacimiento prematuro, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil; diabetes, alzheimer, y susceptibilidad genética.
Además, dijo, la población más susceptible es la que se encuentra en condiciones de pobreza, personas que viven y/o trabajan cerca de vías de alto tránsito vehicular, quienes realizan actividad física al aire libre, personas fumadoras, mujeres embarazadas, niños con asma, adultos mayores, entre otros.
El Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire realizará informes regularmente con el fin de reportar el avance de sus propuestas, así como evidenciar el incumplimiento de la normatividad cuando sea necesario.
PROPUESTAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
Ante este panorama, Greenpeace México, El Poder del Consumidor (EPC), el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), el Instituto Fundación Tláloc y Bicitekas hicieron un llamado para que las autoridades correspondientes refuercen la políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire, entre ellas, la Ley de Gestión de la Calidad del Aire, la Estrategia Nacional de Calidad del Aire y el Proaire Megalopolitano, que aún no son publicadas.
Las ONGs llamaron a las autoridades a reforzar la implementación y el fortalecimiento de las redes de monitoreo de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y a la NOM-156. «Es urgente actualizar las normas», urgió Mariana Tapia, investigadora del área de ciudades y desarrollo urbano del IMCO.
Otra de las propuestas consiste en aumentar la capacitación técnica para el mantenimiento, operación y ubicación de las estaciones de monitoreo, así como emitir información sobre la calidad del aire, ya que «hay riesgos no comunicados a la población por falta de datos en tiempo real en varias redes de monitoreo del país», señalaron.
Xtabai Paula, coordinadora de Política Climática ITDP, recomendó revertir la tendencia de continuar destinando presupuesto mayoritariamente en infraestructura para el automóvil particular, así como promover el desarrollo del transporte público y la movilidad no motorizada.
Lo anterior incluye la implementación de sistemas integrados de transporte público seguro y de calidad «como una de las estrategias más efectivas para descender los niveles de contaminación, de saturación vial y de recuperación del espacio público».
Asimismo, propuso implementar impuestos verdes, en los que se incluya un cobro por congestión en las zonas urbanas de México, donde exista un colapso vial, tal como está asentado en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
