Distintas organizaciones de la sociedad civil acusan que la imposición de un basurero tóxico en el muncipio de Santo Domingo, así como una serie de empresas mineras en la zona, que forman parte de nuevos megaproyectos en la región, podrían dañar la salud de los habitantes, así como al medio ambiente. Acusan que en el caso del confinamiento, serían 20 mil las personas afectadas. Temen que aumenten los casos de enfermedades como cáncer o problemas renales.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).–Pueblos campesinos que habitan los municipios del altiplano potosino levantan la voz para externar su rechazo a la instalación del confinamiento de Residuos Tóxicos de Palula, dentro del predio denominado Ojo de Venado del ejido La Victoria en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, y por las mineras que pretenden imponer en la zona.
De acuerdo con el Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, el Comité en Defensa del Agua del Desierto de Catorce y la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, dichos proyectos amenazan gravemente el agua, sus tierras, así como la vida y la salud de los habitantes de la periferia, ya que al alojar desechos industriales, podrían filtrar a los pozos sustancias como arsénico y cianuro.
Por ello, los inconformes advirtieron que «llegarán hasta las últimas consecuencias» para defender sus derechos a la salud, a la tierra, al medio ambiente sano y a la vida.
Los activistas y pobladores prevén recurrir a las acciones legales y de resistencia civil necesarias y advirtieron que no permitirán la instalación del basurero ni los proyectos mineros.
El año pasado, los pobladores de San Luis Potosí y Zacatecas, pertenecientes a los municipios de Santo Domingo, Real de Catorce, Mazapil y Villa de Cos, así como 13 comisarios ejidales, aseguraron durante el Foro de Análisis y Evaluación del Tiradero de Desechos Industriales Tóxicos, que de construirse el proyecto aprobado por el Gobierno federal, “afectaría directamente el área natural protegida de Wirikuta”.
Edgar A. Coronado Luna, del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, acusó que el empresario José Cerrillo Chowell pretende imponer un basurero tóxico en un predio de 13 mil 800 hectáreas (con 40 pozos de agua, siembra y animales), donde han existido una serie de irregularidades, entre ellas, –denunció– la falsificación de firmas en el cambio de uso de suelo, así como la falta de una consulta pública.
“Jamás se solicitó nuestro consentimiento, al contrario, lo único que hemos encontrado han sido chantajes y presiones gubernamentales y empresariales, mentiras sobre el efecto negativo que tendrá hacer nuestras tierras una cloaca de las actividades industriales que por sí solas amenazan todos estos terrenos que son sagrados”, imputaron.
Los habitantes expresaron en conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), su preocupación porque se trata de una zona agrícola y ganadera, actividades que les permiten sostenerse económicamente.
Aunado a ello, Coronado señaló que –en caso de que se imponga el basurero– más de 20 mil habitantes serían afectados en la salud y en las actividades económicas. Los municipios de Cedral, Charcas, Catorce, Guadalcázar y Santo Domingo serían los más perjudicados.
“Este proyecto criminal viene a sumarse a las amenazas que se ciernen por la imposición que pretende hacerse de una serie de megaproyectos en toda la región”, indicaron.
Los niños nacerían con deformidades, los casos de cáncer se dispararían al igual que los problemas renales. La falta de agua sería una constante y la contaminación se impregnaría en los recursos naturales de la zona.
«No vamos a permitir que se vaya a tirar basura en nuestra casa. Es nuestra casa y la vamos a defender hasta las ultimas consecuencias», advirtió Coronado.
Asimismo, el inconforme aseguró que tanto empresarios como autoridades han intentado convencerlos que con la llegada del basurero, el pueblo tendrá empleos e infraestructura en carreteras.
«El Gobierno esta impulsando este proyecto. El Gobierno estatal y municipal de Santo Domingo en los hechos litiga a favor de la empresa, aunque dicen estar a favor del pueblo», remató el activista.
SIMULACIONES, DIFAMACIONES Y CHANTAJES
Mediante un comunicado, las organizaciones exigieron «que cesen las simulaciones, las campañas de división, los chantajes, los grupos de choque, las difamaciones y la compra de conciencias. No estaremos con los brazos cruzados mientras acaban con nuestro futuro, mientras continúe la amenaza sobre nuestro territorio y sobre nuestras vidas», advirtieron.
Y agregaron que no permanecerán callados ante las mentiras. «Venga de los funcionarios de Gobierno de cualquier nivel, o de los empresarios o de supuestos defensores de nuestras tierras que pretenden convencernos de negociar».
En su oportunidad, Óscar Tovar Villanueva, del Comité en Defensa del Agua del Desierto de Catorce, señaló que «el Gobierno dice que el subsuelo es propiedad de la nación, que entienda el Gobierno que nosotros también somos parte de la nación».
Alma Rosa Hernández, del Comité en Defensa del Agua del Desierto de Catorce, aseguró: «Sería fatal que nos pusieran la mina porque se contaminarían el agua y la comida».
«Llevamos 5 años tratando de que el Gobierno nos escuche. Nos estamos viendo pisoteados por el Gobierno. Queremos una vida sana. No queremos eso para nuestros pueblos, para nuestra gente», subrayó.
En 5 años la cantidad de basura que se recibiría, ascendería a 3 millones 050 mil toneladas y después del sexto año, se recibirá un millón de toneladas y así durante 50 años.
El presbítero de Matehuala Joel Donato acusó que «al Gobierno no le interesa la vida de su pueblo, solamente le interesa crear industrias y riqueza. No le interesa el pueblo, entonces ¿qué tipo de Gobierno tenemos?».
Asimismo, agregó que los empresarios han ofrecido dinero, casas y viajes. «El altiplano les gusta para eólicas, minería, invernaderos y tiraderos», lamentó.
