Detrás de los “Panama Papers”
En El Universal, el internacionalista Mauricio Meschoulam, escribe que: “la vasta mayoría de las 240 mil compañías creadas por la firma son legítimas, indica Mossak Fonseca, hoy ya famosa por las revelaciones de los #PanamaPapers. Un gran análisis de Consultoría Meraki, coloca el dedo en la llaga: Al hablar de una vasta mayoría cuyos recursos son de procedencia lícita, debemos asumir que hay una minoría de actores cuyos recursos no lo son. Ese es justo el punto: Las filtraciones exhiben cómo muchos empresarios, compañías o actores quienes no necesariamente han obtenido sus recursos de manera ilícita utilizan esquemas y redes similares que quienes sí. El dato a registrar acá, por consiguiente, tiene que ver mucho más con la existencia de estas redes, con los sistemas y mecanismos que utilizan, que con las cuestiones técnicas que pudieran legitimar su actividad. ¿Por qué? Porque si estos son mecanismos y esquemas atractivos para organizaciones criminales o actores que operan al margen de la ley, entonces combatir todo lo relacionado con crimen organizado requeriría un esfuerzo colaborativo entre los Estados para cerrar el paso a los múltiples huecos que estas actividades están exhibiendo […]. En esencia estamos hablando de corrupción y de esquemas que nutren la desigualdad. La cuestión es que, de acuerdo con investigación procedente de distintas fuentes (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002; Enamorado, López-Calva, Rodríguez-Castelán y Winkler, 2014; IEP, 2015), ambas variables se encuentran correlacionadas con la violencia. Es decir, estamos ante un mundo en donde el terrorismo se encuentra en crecimiento, en donde proliferan actores no-estatales violentos, en donde la falta de paz golpea a sociedades distintas, en donde millones de personas tienen que dejar sus hogares huyendo de la violencia. En un mundo en donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo la marca. Ese es el mundo que hoy se entera de cómo existen mecanismos que promueven entornos ideales para que en ellos se mueva la corrupción y la criminalidad. Así que, si de verdad existiera el interés en reducir la violencia para países tan lejanos como Siria o tan cercanos como el nuestro, lo primero es comprender que las revelaciones de los #PanamaPapers no se encuentran desvinculadas de esas condiciones”.
La Jornada, asegura en su Editorial, que: “la revelación de Los papeles de Panamá –una megafiltración de registros de la firma consultora Mossack Fonseca, con sede en ese país centroamericano, sobre el uso de empresas fantasmas y triangulaciones de dinero por políticos, empresarios, delincuentes y personalidades de la farándula– ha tenido el efecto colateral de generar una discusión sobre el origen, los efectos y las posibles agendas ocultas detrás de las filtraciones […]. En el caso de los papeles de Panamá la filtración ha resultado esclarecedora, no sólo porque exhibe conductas cuestionables, si no es que abiertamente delictivas, de individuos pertenecientes a esas clases dominantes, sino también porque muestra el carácter profundamente inmoral del sistema económico vigente. En efecto, mientras en la mayoría de los países el común de los ciudadanos padece un encarnizamiento fiscal y los efectos de recortes presupuestales de sus gobiernos (circunstancia que se agudiza en naciones dependientes y periféricas como México), las élites gozan de situaciones de privilegio fiscal, como la exhibida por los documentos sustraídos a la firma panameña. Paradójicamente, la reducida presencia de los ciudadanos estadounidenses en los documentos revelados hasta ahora podría explicarse como resultado de la laxitud en el cobro de impuestos a grandes fortunas dentro del propio territorio del vecino país, algunos de cuyos estados cuentan con regímenes tributarios equiparables a los de los llamados paraísos fiscales. Más aún: las revelaciones difundidas podrían tener un efecto beneficioso para la economía estadunidense, al hacer de ese país un destino más seguro para las fortunas hoy exhibidas por los papeles de Panamá. Sería lamentable que el episodio se saldara con un reforzamiento del poderío económico y político estadounidense, en la medida en que los paraísos fiscales son una versión radicalizada de los principios del libre mercado impulsados por Washington en todo el mundo. Dependerá de las sociedades y de su capacidad de indignación y organización exigir la limpieza y una reconfiguración profundas del sistema financiero internacional, que implique la aplicación de políticas progresivas y el combate a la opacidad”.
En el diario Reforma, el escritor Jorge Volpi, escribe que: “las escenas no son difíciles de imaginar. El primer cliente es, digamos, un político. Un líder regional. Un Diputado o un Secretario de Estado o un Primer Ministro. O incluso un Presidente. Todo es muy discreto […]. En el otro lado del mundo, un deportista famoso, un cineasta de culto, una cantante pop adorada por millones o un Premio Nobel […]. A la vuelta de la esquina o del planeta, el empresario. El hombre hecho a sí mismo o el heredero de una fortuna milenaria. El dueño de un holding en el sector de las telecomunicaciones o de la construcción o de la banca […]. Los ‘papeles de Panamá’, la inagotable serie de documentos que demuestran cómo políticos, empresarios y celebridades se las ingenian para no pagar impuestos y volverse aún más ricos, no es tanto una filtración como una confirmación. Igual que con Wikileaks y otras tantas revelaciones, en el fondo todos lo sabíamos o lo imaginábamos: las grietas o los aparentes resquicios en el sistema han sido diseñados por ellos mismos. Quienes forman el Sistema no se engañan: son distintos al resto de los mortales, sus vidas están regidas por otras leyes, no tienen que rendir cuentas ante nadie. Mientras los demás no tenemos más remedio que pagar impuestos, ellos se mantienen a salvo. Los paraísos fiscales y las cuentas offshore son su destino. La pregunta es si los demás llegaremos a cansarnos. Si tras el alud de filtraciones que nos confirman que quienes tienen poder y dinero eluden todos los controles, llegaremos al fin a hartarnos. Si dejaremos de creerles cuando nos dicen que la ley es para todos. Si en un punto nuestra rabia no solo ungirá políticos populistas sino que se volcará en contra del Sistema. Si al fin dejaremos de tragarnos sus explicaciones y mentiras para darnos cuenta de que, tras las fachadas de nuestras democracias liberales, la misma nobleza y la misma aristocracia contra las que tantos se levantaron siguen allí, disfrutando de sus paraísos y sus islas”.
Las andanzas de Zuarth
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “el líder del Senado, Roberto Gil Zuarth, es invitado del Presidente Enrique Peña Nieto en la gira internacional que este sábado emprenderá hacia Alemania como primer destino. El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) confía en que podrá platicar a profundidad con el mandatario federal sobre las reformas en puerta que sacará en los próximos días el Senado de la República, destacando la regulación del cultivo y consumo de la mariguana. Gil Zuarth, también, busca concretar la Reforma Penal que daría un enfoque humanitario y de reinserción social a las cárceles. Ayer fue muy claro en sumarse a las voces que reclaman poner punto final al pleito Procuraduría General de la República (PGR) vs. Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Hay que ir por los criminales, dijo, y desmantelar a la banda Guerreros Unidos que desapareció a los 43 normalistas”.
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “[el panista y presidente del Senado de la República, Roberto Gil] Zuarth, ya propuso que en las siguientes semanas los legisladores sesionen de lunes a jueves y no solo martes y jueves, como se acostumbra. Aún están pendientes los temas del mando mixto, la ley anticorrupción y los salarios mínimos, temas prioritarios para los diputados y senadores”.
CIDH: la confianza perdida
En Milenio, el columnista Liébano Sáenz, escribe que: “la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se explica por la necesidad de construir confianza, especialmente ante los padres de las víctimas y sus representantes legales. Para ello se creó, con financiamiento del gobierno, una comisión de expertos internacionales […]. La independencia era su fuerza moral. Sin embargo, no entendieron bien los términos de su mandato, actuaron con prejuicio y descuido, quizás esto venga de la misma CIDH, instancia que ha tenido desde hace tiempo una postura crítica no tanto a la grave situación de los derechos humanos en México, sino al desempeño de las autoridades en la materia […]. Es claro que la comisión de expertos actuó con el aval de la CIDH. El problema es que su actuación dejó de ser funcional para el objetivo primario: el encuentro con la verdad. El hecho más evidente fue el dictamen que rechazaba la posibilidad de que en el basurero de Cocula hubiera ocurrido la incineración de los restos de los estudiantes […]. También es preciso decir que buena parte del informe de los enviados de la CIDH avaló la versión de la PGR sobre lo acontecido. Lo más relevante: que los normalistas habían sido detenidos por las policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos […]. Los estudios del nuevo grupo de expertos concluyeron […]. Para desgracia de la CIDH las conclusiones corrigen las que con tanta vehemencia apoyó el GIEI. Sí había elementos probatorios para presumir que en el basurero de Cocula había ocurrido un incendio en el que pudieron haber desaparecido los restos de al menos 17 estudiantes […]. Frente a estas circunstancias, era de esperarse una disculpa pública de la CIDH […]. No ocurrió así. Con inexplicable soberbia, el GIEI reclamó a las autoridades haber hecho públicos los resultados y anunció que en adelante no colaboraría con la PGR en este tema […]. En este contexto son reveladoras las expresiones que hiciera en días pasados el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales […] al reconocer que fueron las policías municipales y los sicarios de Guerreros Unidos quienes desaparecieron y asesinaron a los jóvenes estudiantes”.
¿Plan ambiental en saco roto?
En El Universal, su Editorial, escribe que: “en cinco días —el 14 de abril— se cumplirá un mes de que la Ciudad de México y su zona metropolitana registraron el peor nivel de calidad de aire desde 2002. Una de las primeras medidas adoptadas fue restringir la circulación vehicular sin importar que los autos contaran con calcomanía cero o doble cero […]. La medida central es la misma que se había tomado en las dos semanas previas: endurecer el Hoy No Circula restringiendo el uso de vehículos automotores sin importar su antigüedad. Tratar de resolver el problema poniendo límites sólo a uno de los elementos que lo causan no ha bastado para contener la contaminación, de acuerdo con lo que todos hemos visto. Pese al anuncio y al endurecimiento, el primer día de las disposiciones la ciudad entró en una nueva crisis ambiental que obligó a prohibir la circulación de más vehículos el miércoles 6 —ese día aún se mantuvieron altos los niveles de contaminación. El tema de la contaminación atmosférica es añejo para los capitalinos […]. Se han creado y actualizado programas para atender el problema, pero no siempre se han cumplido […]. [E]xiste uno en vigor desde 2011, pero no se le ha dado puntual seguimiento. ProAire […] [es] un programa transexenal […] [cuyo] objetivo era aplicar una serie de acciones con el fin de que en 2020 los contaminantes se redujeran 50 por ciento […]. ¿Se ha cumplido con lo que estipuló el programa? No de manera óptima ni al 100 por ciento de como estaba previsto […]. La falta de una cultura de elaborar y atender planes transexenales se está reflejando en ignorar lo pactado previamente. Es válido evaluar todo lo que gobiernos anteriores han hecho, corregirlo y criticarlo de manera transparente con argumentos, e incluso desecharlo si se presenta una alternativa mejor. Lo que no debe hacerse es arrumbarlo o echarlo en saco roto. Las consecuencias las padecemos todos: en nuestra calidad de vida y en nuestra salud”.
Reversa a Ley Atenco, ¿jalón de orejas a Eruviel?
En El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: “hace unos días, en la oficina de Erwin Lino, secretario particular del Presidente, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, […] pedía ver al Presidente para comentar con él sobre su llamada Ley Atenco, impugnada y rechazada por organizaciones sociales y de derechos humanos que la consideraban represiva y violatoria de garantías constitucionales. Antes de esa reunión, Eruviel defendía su polémica legislación con el argumento de que los opositores sólo buscaban ‘entorpecer su gestión’ […]. Sin embargo, unos días después de aquella reunión en la residencia presidencial, Eruviel Ávila cambió totalmente de posición y en lo que los medios interpretaron como un recule, el Gobernador pidió a los diputados del Congreso local […] que promuevan un recurso de inconstitucionalidad contra esa legislación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la revise y determine si el ordenamiento viola los derechos humanos. ¿Cuál fue la razón por la que el Gobernador mexiquense reculó en una iniciativa que él mismo envió al Congreso de su estado y que había defendido a capa y espada? Oficialmente, Eruviel dice que lo hizo porque ‘un gobierno democrático escucha a la gente, todas las voces, aunque no estemos de acuerdo’, pero en la realidad todo indica que […] el Presidente Peña Nieto […] le solicitó dar marcha atrás a una ley tan polémica o por lo menos […] antes de que otros grupos políticos que la rechazaban lo hicieran y obtuvieran un fallo a favor por inconstitucionalidad […]. Como haya sido, lo que es un hecho es que en Los Pinos no estuvieron de acuerdo en los argumentos de Eruviel Ávila que consideraba a su Ley Atenco totalmente compatible con los derechos humanos y hasta la llegó a calificar como ‘un avance en materia de justicia’. Será la Corte la que determine ahora si la legislación mexiquense, que daba facultades a los policías para disolver manifestaciones de protesta que consideraran ‘ilegales’ y les permitía usar armas de fuego ‘en caso de amenaza’, viola o no la Constitución y los derechos humanos. Por lo pronto a Eruviel le dieron su ‘jalón de orejas’”.
Cacería de mapaches
En Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “no se lo digan a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle, y de Veracruz, Javier Duarte, pero los muchachos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que comanda Santiago Nieto traen a sus entidades en la mira. Sin hacer mucho ruido, llevan varios días realizando operaciones para detectar posibles delitos electorales en las campañas estatales que terminarán con los comicios de junio. Y aunque no pueden anunciarlo a voz en cuello porque alertarían a los posibles delincuentes, se sabe que están ojo avizor y poniendo bajo el microscopio a funcionarios estatales para evitar que ayuden a candidatos afines. Pero la cacería de ‘mapaches’ no acaba ahí, pues se sabe que muy pronto andarán por Quintana Roo y que hace no mucho tiempo encontraron toda una ‘madriguera’ en Tabasco. ¡Vaya plaga!”
Se une un tercer Yunes a la pelea electoral en Veracruz
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “si usted creía que ya eran muchos los Yunes en la contienda electoral de Veracruz, apunte uno más. El candidato de la Alianza Para Mejorar Veracruz, el priísta Héctor Yunes Landa, anunció la incorporación del senador José Yunes Zorrilla a su campaña, en busca de la gubernatura estatal. Nos comentan que Yunes Zorrilla —sin parentesco con alguno de los Yunes que aspiran a la gubernatura— solicitará licencia al Senado y a la presidencia de la Comisión de Hacienda para apoyar a don Héctor en la campaña, en la que el enemigo a vencer es Miguel Ángel Yunes Linares”.
Chernóbil: infierno y memoria /I
En Milenio, el periodista Ariel González Jiménez, escribe que: “hay días en los que el infierno parece tomar forma e instalarse en la desdichada tierra. El sábado 26 de abril de 1986, en Chernóbil, fue una de esas ocasiones en las que nadie duda que el hombre, en su ambición de progreso, puede convocar fuerzas demoniacas […]. La esperanza de toda evocación terrible es que no se repita y que la terca especie humana haya aprendido algo de ese siniestro episodio que marca un verdadero parteaguas en materia de desastres atómicos […]. El desastre de Chernóbil fue la suma de numerosos errores humanos, pero también de un conjunto de deficiencias y problemas que arrastraba la construcción del reactor que ese día se ponía a prueba […]. Entre sus terroríficos efectos, Chernóbil también creó una gran ciudad fantasma que ninguna novela gótica pudo imaginar antes. Las cosas están ahí; la gente ya no. Prypiat quedó como un enorme mausoleo del sueño soviético de desarrollo nuclear acelerado […]. [L]os 30 kilómetros a la redonda de Chernóbil son una zona muerta, aislada, que solo unos cuantos científicos recorren periódicamente para observar los efectos de la catástrofe y advertir del peligro que sigue entrañando ese cadáver que es el reactor 4 y que fue sepultado en un ‘sarcófago’ construido improvisadamente por los ingenieros soviéticos. Pero junto con el reactor, en más de un sentido también comenzó el entierro de la Unión Soviética. Fue hasta el 14 de mayo cuando Mijaíl Gorbachov, entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), logró vencer la opacidad informativa que privaba e informó con claridad del tamaño real del siniestro. Por supuesto, no satisfizo a todos en Occidente, pero si consideramos que en la antigua Unión Soviética la práctica común era no informar sobre nada, el avance de Gorbachov fue considerable. Reconocer los hechos e, implícitamente, el fracaso técnico y la simulación que los habían hecho posibles, no era cosa fácil”.
