Secretario Osorio Chong, no olvide que usted no los mató
En El Universal, el periodista Ciro Gómez Leyva, escribe que: “ha llegado abril, el mes en que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá presentar su informe final sobre los muertos y los desaparecidos de Iguala-Ayotzinapa-Cocula. Los expertos llegan a abril sin margen político para la coincidencia. Para salir airosos deberán concluir algo distinto a la aún hoy investigación más sólida que se conoce, la de la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam, expuesta en noviembre de 2014 y febrero de 2015. Por lo poco que han adelantado ellos y organizaciones sociales afines, el informe final irá en la línea del trabajo preliminar que presentaron hace siete meses. Y dígase lo que se diga, eso implicaría que no hay mayores discrepancias con la PGR en los tres primeros momentos de la tragedia: 1. Los normalistas fueron sometidos por policías municipales imbricados con grupos criminales. 2. Unos jóvenes fueron asesinados y los demás privados de su libertad por ese siniestro enjambre policiaco-criminal. 3. Por el tiempo que ha pasado, y aunque esto no se pueda determinar legalmente, todos los jóvenes estarían muertos. La diferencia con la llamada ‘verdad histórica’ de la PGR estriba en: 4. Lo que hicieron los criminales con los cadáveres. En la historia completa, este cuarto momento sería el de menor relevancia. Pero es ahí donde los expertos han tratado de fincar su singularidad, negando por ejemplo que la incineración de todos los cuerpos se diera en el basurero de Cocula. En esa intemperie, los representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos han demandado en días recientes que los expertos se queden en México una vez que venza el plazo que estipula el acuerdo de asistencia técnica, firmado con el gobierno mexicano el 12 de noviembre […]. Ante eso, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha sido rotundo: el trabajo de los expertos concluye en abril. Para disipar dudas, volví a consultar ayer con la Secretaría de Gobernación. Me confirmaron que el supuesto compromiso de ampliar el plazo carece de fundamento […]. Pretextos para no cumplir siempre existirán […]. Secretario Osorio Chong: habrá muchas cosas que reclamarle al gobierno y a usted en materia de seguridad. Pero usted no mató a los normalistas. No lo olvide”.
En El Universal, la periodista Katia D’Artigues, escribe que: “a partir del primer minuto de hoy, la PGR podría tener los resultados del tercer estudio sobre el fuego en el basurero de Cocula, mismos que conoceremos públicamente en los próximos días. Es ese peritaje al que la PGR apuesta para el ‘desempate’ a si lo dicho por Jesús Murillo Karam es ‘verdad histórica’ o ‘hipótesis muy dudosa’. El ex Procurador, por cierto, se reunirá el miércoles 6 de abril con los diputados federales que dan seguimiento al caso. Otros resultados que están próximos a conocer son los realizados a los restos óseos localizados en ese basurero y en el Río San Juan. El próximo lunes, Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, viajará a Innsbruck, donde se los entregarán. Permanecerán en un sobre cerrado, el cual se abrirá el jueves 7 en una reunión con los padres de familia de los normalistas y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) […]. El Gobierno federal da muestras claras de que ya está hasta el gorro del GIEI que colabora con el caso Ayotzinapa. Su segundo periodo, acordado con la CIDH, termina en abril. Miguel Ángel Osorio Chong ya dijo que el grupo se va terminando este periodo. Los padres de los 43 y sus representados dicen que el periodo se puede alargar… y sí. Se podría. Pero hay escasez de algo que se llama ‘voluntad política’. Ni porque Angélica de la Peña y Fernando Herrera, senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) también lo pidan. Yo lamento mucho este cierre; creo que a los mexicanos nos convendría mantener el grupo más tiempo en México. ¿Qué pasará cuando el GIEI deje de ser, aunque se resistan a verlo así, un parachoques de la indignación social? Sí es una institución que crea, por lo menos diálogo, entre las partes. Los mexicanos nos quedaremos con la papa caliente, muy caliente”.
En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “‘la insistencia en prolongar la participación del Grupo Interdisciplinario de la CIDH en la investigación del caso Iguala es insensata, no solamente porque el segundo plazo (vence el 30 de abril) fue de los seis meses que sus integrantes estimaron suficientes para llegar a conclusiones, sino porque su actuación por tiempo indefinido anularía de facto la responsabilidad constitucional del Ministerio Público. Para los cinco especialistas debe significar un alivio el inminente vencimiento de la prórroga, ya que lo más relevante y digno de reconocérseles que han logrado (luego de poner en duda el basurero de Cocula como el sitio de quema de los cuerpos de los jóvenes) es la realización del tercer peritaje multinacional que sugirió su perito de confianza, que determinará si en ese muladar pudo o no arder el fuego necesario para el intento de desaparecer los restos del horrendo crimen. Lo más importante de todo, que es dar con el paradero de los muchachos, no lo conseguirá (y menos con vida) el GIEI. Tampoco la PGR ni Dios, y de aquí a la eternidad persistirán las dudas”.
“Revelaciones” de un hacker
En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: “lo que dijo [Andrés] Sepúlveda a la revista Bloomberg Newsweek […] engarza con lo que cree una parte de los mexicanos interesados en la política. Es decir, que hubo una utilización delictiva de equipos materiales y humanos para espiar a los adversarios de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales de 2012 y para deformar el sentido de la competencia partidista mediante tretas negras, el aprovechamiento de información robada a los adversarios y la exaltación o depresión de determinadas tendencias o intereses en las redes sociales para confundir y manipular a los votantes. Según el hacker colombiano, quien estaría dando a conocer sus secretos con el propósito de que le sea reducida la estancia carcelaria, las tareas de espionaje y distorsión se realizaron en oficinas y equipo de comunicación de los candidatos Andrés Manuel López Obrador […] y Josefina Vázquez Mota […], pero con especial énfasis en el tabasqueño, quien por segunda ocasión consecutiva fue despojado de un triunfo electoral […]. Sepúlveda, según sus declaraciones, habría encabezado un equipo de seis hackers, habría manejado un programa especial de depredación de redes sociales y habría formado parte del estado mayor desde las sombras que dirigía Juan José Rendón, un venezolano experto en guerras electorales sucias que ha estado relacionado durante largos años con políticos priístas y que fue mencionado con insistencia en 2012 como estratega en trampas electorales al servicio de Peña Nieto. El precario testimonio del mencionado Sepúlveda podría ser falso o tener otras intenciones, entre ellas las de desahogar alguna rivalidad con su presunto ex jefe Rendón, pero aun así en México se ha conocido claramente ese tipo de correrías de defraudación tecnológica […]. De acuerdo con el reportaje […], el colombiano Sepúlveda aseguró que espiaba aparatos telefónicos y cuentas en redes sociales, manejaba unas 30 mil cuentas falsas de Twitter, aportaba a los peñistas información adelantada de lo que planeaban hacer los opositores, sobre todo López Obrador, y promovía propaganda negra adjudicando una eventual devaluación del peso si el tabasqueño llegaba al poder”.
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “un reconocido hacker internacional revela, desde su celda, que supuestamente realizó labores de espionaje cibernético y manejo de bots en redes para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Sería interesante saber, aunque sea por una vez, qué piensa al respecto Alejandra Lagunes, quien fuera la responsable de la estrategia digital en la campaña de 2012. ¿O a poco ese disco duro ya lo formatearon? Es pregunta random”.
Daphne, Tlatlaya y el desastre de la procuración de Justicia
En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “a primera vista, los dos casos parecen venir de dos mundos diferentes. Uno, la muerte a manos de soldados de un grupo de presuntos delincuentes en una bodega en medio de la sierra donde la disputa por la amapola lo es todo. La otra, una joven menor de edad de una escuela privada en Veracruz que una noche es raptada y abusada sexualmente por cuatro niños bien egresados de la misma escuela. Uno a manos de una fiscalía local, supuestamente autónoma; el otro a cargo de la procuraduría federal y la justicia militar. En ambos casos hay escándalo mediático, intervenciones tardías de comisiones de derechos humanos, involucramiento de organizaciones no gubernamentales, familiares de víctimas que no encuentran consuelo. En Veracruz, una joven y una familia que duda en acudir al Ministerio Público porque sabe que no existe protocolo alguno que ofrezca dignidad a quien denuncia algo así. En el intento de arreglo particular sale perdiendo y cuando acude a la justicia sus peores temores se confirman. Los poderosos influyen, maniobran, obstruyen. Quince meses después del hecho, casi un año después de la denuncia, la justicia no tiene nada. […]. ¿Alguien cree que 15 meses después se puede hacer un juicio justo para las partes? Pronto se cumplirán dos años de los eventos en una bodega en Tlatlaya. Primero ocultados por el gobierno del Estado de México, hechos opacos por la Procuraduría, estallados por un par de investigaciones periodísticas, acompañados por una durísima investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero de justicia, nada. En la justicia militar la mayoría exonerados, y en la justicia militar, casi dos años después de aquello simplemente no pasa nada. No es justo para las víctimas, no es justo para los acusados. Ahora que tanto se habla de desigualdad, no queda duda que está ahí, en la procuración de justicia la mayor muestra. Presa de los poderosos, o del miedo a afectar intereses, o simplemente inútil, lenta, corrupta. Ese sí es un problema estructural que a nadie interesa”.
Desapariciones: futuro
La Jornada, asegura en su Editorial, que: “de acuerdo con un informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 2012 y 2014 los casos de desaparición de niñas y adolescentes menores de 17 años aumentaron 191 por ciento, al pasar de 404 a mil 179. El conteo se inserta en el marco de un estudio más amplio que abarca de 2006 a 2014: durante estos años se reportaron más de 22 mil casos de desapariciones, cuyas víctimas son, en 30 por ciento de los casos, menores de edad. Por añadidura, de acuerdo con el documento, a partir del inicio del actual Gobierno federal se observa un despunte de desapariciones de niñas y adolescentes que no ha parado […]. [E]l país padece una proliferación sistemática y creciente de desapariciones y el Estado ha sido incapaz de poner un freno a esos eventos, que desembocan, por lo general, en trata de personas, explotación sexual y laboral, en los casos menos peores, o en ejecuciones extrajudiciales. Particularmente desgarrador es el incremento exponencial en los casos de niñas y adolescentes desaparecidas, no sólo por el desolador componente de género que se percibe tras ese fenómeno, sino también porque da cuenta de un país y un Estado que nada han hecho por evitar que un componente esencial de su futuro y viabilidad sea literalmente desaparecido, traficado y alienado. Lo anterior implica que las instituciones siguen siendo omisas en su responsabilidad fundamental y prioritaria de brindar seguridad a los habitantes y garantizar su derecho a la vida. En ese contexto, resulta difícil negar que el país atraviesa por una crisis gravísima de derechos humanos y por un quebranto generalizado del estado de derecho. En el caso particular de las desapariciones, ese quebranto persiste en la medida en que los ausentes permanecen en tal condición. El primer paso para resolver problemas como el comentado consiste en admitir su existencia; en cambio, la negativa oficial a los diagnósticos que reflejan de manera precisa la exasperante realidad que sufren miles de víctimas y sus entornos familiares abre un campo propicio para la persistencia de estos flagelos”.
Castigas a la Gente
En Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, escribe que: “los políticos que tomaron la decisión ni siquiera quisieron dar la cara. El anuncio de la reimplantación del Hoy No Circula a todos los autos lo hizo este 30 de marzo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), una amorfa institución burocrática que pretende diluir la responsabilidad de una decisión de alto nivel. Ninguna de las cabezas políticas involucradas estuvo presente […]. Los perpetradores quisieron dejar el anuncio a los segundones. Pura cobardía política. Las ausencias son más elocuentes que las presencias […]. Los verdaderos responsables tiran la piedra y esconden la mano. Una medida tan restrictiva como el Hoy no Circula no podría aplicarse en un país democrático, especialmente cuando ya se ha demostrado su ineficacia […]. En México, […], se vive un atavismo autoritario o se piensa que la compra de votos y los acarreos de electores tienen más peso que la impopularidad de una disposición condenada al fracaso. Las decisiones de la Comisión, sin embargo, requieren de la complicidad de cuando menos dos políticos de primer nivel: Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. Son ellos quienes han impulsado la prohibición […]. ¿Qué sucederá en el futuro? Tristemente ya lo sabemos. Entre más dure la prohibición, más incentivos se generarán para la compra de vehículos, especialmente usados […]. El problema es que los políticos tienen una imaginación perversa. Cuando el esquema fracase no pensarán que han cometido un error y que los ciudadanos tenían razón. Un político mexicano nunca se equivoca. Buscarán formas más severas de castigar a quienes tengan la arrogancia de querer mantener su trabajo”.
Drogas. después del Prohibicionismo
En Milenio, el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, escribe que: “hay un nuevo espacio de discusión para las drogas prohibidas en México. La Suprema Corte ha juzgado el consumo recreativo de la mariguana como un derecho humano […]. En el número de la revista Nexos que ha empezado a circular y estará online esta medianoche, pueden leerse materiales particularmente oportunos para el momento. En particular, la propuesta de regulación para el mercado de la mariguana, que permitiría a la vez incorporar a los productores, proteger a los consumidores, descriminalizar a los portadores y regular el mercado en una lógica ajena a la de la promoción comercial. Es la propuesta de Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero […]. De todo puede hablarse ahí, menos de un consenso. Sorprendente será para muchos el artículo más provocador o inesperado del número: la exploración hecha por Saúl López Noriega, a partir de un estudio de la Secretaría de Gobernación, sobre la posibilidad legal de que México, en ejercicio de su derecho al estupefaciente, legalice la producción de amapola con fines técnicos, científicos y sanitarios para cubrir sus necesidades hospitalarias de analgésicos terminales. Juan Carlos Garzón Guevara y Julian Wilches nos recuerdan con elocuencia el increíble camino de sangre que ha dejado tras de sí la prohibición de la coca en América Latina. Finalmente Steve Rolles emite una señal desde el futuro: Señores prohibicionistas: en materia de drogas sintéticas de última generación, la fiesta no ha hecho sino empezar. ¿Van a prohibir la química? La discusión informada sobre las drogas en México no ha hecho también sino empezar, pero ha dejado de ser el monopolio del ciego prohibicionismo policiaco y el rutinario prohibicionismo médico”.
Dengue: no hay enemigo pequeño
En El Universal, su Editorial, escribe que: “en México […] en al menos una decena de estados se siguen presentando enfermedades en las cuales la pobreza y la condición social de la población influyen en su propagación. El Universal reporta hoy que los casos de dengue pasaron de 2 mil 009 incidencias durante los primeros tres meses de 2015 a 2 mil 601 en similar periodo de 2016, lo que equivale a un aumento de 30 por ciento. En el apartado de casos probables la cifra crece casi 50por ciento, pues en 2015 hubo 13 mil y en este año 18 mil 600. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, aún se prevé que el pico más alto se presente en julio, agosto y septiembre. En los datos presentados por la dependencia, las entidades con mayor número de casos son aquellas en donde la pobreza es más elevada: Guerrero, por ejemplo. Y la relación no es casual. Si el dengue, a diferencia de esas enfermedades erradicadas del siglo pasado, se resiste a abandonarnos, es justamente en las entidades con mayores carencias. A la fecha sólo se ha confirmado una muerte por dengue, pero hay más de 15 casos que se analizan para confirmar si el deceso fue a causa de esta enfermedad. La detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad. Confiemos en que el bajo número de muertes que se reporta sea resultado de la atención oportuna a los afectados y que se mantenga en ese nivel. En los últimos meses las preocupaciones han sido, primero, el chikungunya, y actualmente el zika. ¿Se bajó la guardia ante el dengue? ¿Cuál es la explicación de la autoridad ante al incremento? En cualquier circunstancia que afecte a la salud de la población, la respuesta debe ser integradora y abarcar a gobiernos, sociedad e incluso medios de comunicación. Baste recordar cómo se enfrentó en 2009 la epidemia de AH1N1. Fue clave la respuesta de medios para difundir las medidas de prevención. El dengue no debe verse como enemigo pequeño. Las cifras de contagio son elevadas y deben prender las señales de alerta e iniciar con una intensa campaña para prevenirlo a la que se sumen de manera decidida gobierno, sociedad y medios… para no lamentarse después”.
Los pretextos de AMLO
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “a partir de hoy que arrancan las campañas para gobernador en 12 estados, la imagen de alguien que no contenderá por ese cargo, la del líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aparecerá decenas de miles de veces gracias a que, con el pretexto de apoyar a sus candidatos, se quedó con la mitad del tiempo aire. De los 30 segundos que dura cada spot, en los primeros 15 aparece el candidato respectivo, pero el resto del tiempo lo aprovecha AMLO para promover su imagen”.
Lord Ferrari, de la prepotencia al cinismo
En el Excélsior, el periodista especializado en temas parlamentarios, Francisco Garfías, escribe que: “el hombre se indigna de que lo hayan bautizado con el mote de ‘Lord Ferrari’. Se declara víctima de abuso de autoridad. Protesta, porque no lo dejan indemnizar a la víctima de sus guaruras y, lo peor: denuncia que le aseguraron su lujoso automóvil. En la queja que el cuestionado empresario Alberto Sentíes Palacio interpuso ayer ante las Comisiones de derechos humanos, local y nacional, denuncia también un linchamiento mediático e institucional […]. A Lord Ferrari se le olvidó que el escolta que zarandeó y golpeó salvajemente al joven Jair, el pasado 11 de marzo, dejó una carta antes de morir, supuestamente de un infarto al miocardio, en un hotel del Estado de México. En la misiva lo acusa de haber ordenado la agresión contra Jair, porque el joven se le cerró en Viaducto-Tlalpan. El fallecido escolta Sergio González Ibarra asegura que Sentíes Palacio lo empinó. ‘Me deja solo todo el paquete, ya que él da la orden de golpearlo y cuando ve que lo graban me dice que ya lo deje…’ […]. El empresario, señalado también como autor de varios fraudes, acusa a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de abuso de autoridad y exceso de atribuciones […]. Todo lo anterior, dice, le ha generado una afectación a su persona, su honra, reputación y patrimonio, y ha afectado a su familia, al haber dañado las relaciones personales, sociales y escolares de sus hijos y de su esposa […]. La queja termina con una exigencia con tintes de cinismo. Quiere las siguientes medidas cautelares: que el Ministerio Público dicte el retiro de redes sociales de todos los contenidos que afectan su derecho al honor. Pero también que se adopten acciones tendientes a asegurar su integridad y la de su familia, y asistencia sicológica para sus hijos adolescentes. Nosotros, desde este espacio, exigimos medidas cautelares que protejan al ciudadano de la prepotencia y agresividad de individuos como ‘Lord Ferrari’, que se sienten con derecho a violentar a los simples mortales, por la impunidad que prevalece desde siempre en este país”.
Rebelión de mujeres en Senado
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “senadoras priístas y perredistas no quieren que un hombre ocupe el escaño de Mónica Arriola Gordillo, quien falleció el 14 de marzo, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva sobre la demanda interpuesta por Mirna Isabel Saldívar, del sindicato magisterial, quien reclama derechos políticos para relevar a la hija de Elba Esther Gordillo. Nos dicen que el tribunal electoral ha notificado a la Mesa Directiva de la Cámara Alta que primero tiene que resolver el juicio abierto por doña Mirna. En el camino, las senadoras Diva Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Angélica de la Peña, del PRD, se opusieron a que Manuel Cárdenas Fonseca asuma el escaño, en una especie de rebelión para mantener la equidad de género, nos comentan. El pleito por la posición de Nueva Alianza va para largo en el entramado legal”.
Otra vez al grito de “¡eeeeh, puto!”
En el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, escribe que: “era el Mundial y los mexicanos éramos noticia internacional por la reacción de la FIFA ante ese grito en las gradas con el que creemos aliviar —aunque sea de forma momentánea— el coraje ante las injusticias del árbitro y el juego sucio del equipo contrario. Y ‘puto’ es, siempre lo ha sido, la palabra más recurrente para endilgarle al otro todos los significados que otorgamos a este sustantivo (totalmente adjetivizado). Y ‘puto’, dicen hoy los gritones que quieren ser políticamente correctos, nos es —en realidad— sinónimo de cobardía, a la ‘falta de huevos’, porque éstos nos hacen ‘valientes’. Entonces, vale la pena preguntarnos el porqué de la sexación de ambos conceptos. La virtud (la valentía) como un concepto asociado al principio de lo masculino. El defecto (la cobardía) como reflejo de lo femenino o su asociación (del ‘pareces vieja’ al famoso ‘puuuto’). Es la idea del ‘macho calado’ la que nos refiere, siempre, que todo aquello que tiene que ver con el sexo femenino o con la homosexualidad es sinónimo de debilidad […]. Siempre que hablamos de ‘valor’ o ‘valentía’ lo hacemos pensando en que quien carece de él merece cualquier cantidad de adjetivos, pero todos al sexo femenino, porque es ‘débil’, […] porque hemos crecido con la idea de que sólo los ‘verdaderos’ hombres son valientes […]. Así de pobre es nuestra comprensión de la complejidad emocional del ser humano, directamente reflejada en la pobreza de nuestro lenguaje. Así de enorme es la sobresimplificación de nuestra realidad y la extensión (a la cancha y fuera de ella) de nuestros prejuicios e ignorancia. Nos alarmamos de los discursos y las acciones de personajes como Donald Trump o el Estado Islámico, sin percatarnos que, así sea sólo con un aparentemente inofensivo canto futbolero, estamos actuando bajo el mismo principio. Ahora […] la Selección Nacional de futbol podría ser sancionada si la porra grita, de nuevo y con el mismo entusiasmo que en 2014, ‘¡eh, puto!’ desde las gradas, bien vale pensar qué tan dispuestos están los aficionados a que su cántico con notas de machismo y homofobia le cueste la clasificación a sus machos en la cancha. A ver si ‘tan machos’, diríamos si incurriéramos en su mismo error”.
