Con mucho cariño, a la memoria del maestro y amigo Víctor Ariel
Bárcenas, quien no cejó, a pesar de la persecución y
la tortura, de promover la justicia y el amor al prójimo.
En los últimos decenios millones de dólares de las grandes corporaciones han fluido hacia grupos de “expertos”, de “científicos” y “organizaciones independientes” con el fin de que nieguen la evidencia científica que demuestra que las prácticas y/o productos de estas compañías atentan contra la población y el planeta. El efecto de la actividad de estos individuos ha contribuido al bloqueo y/o retraso de políticas urgentes que podrían haber salvado cientos de miles y millones de vidas, así como a detener el deterioro del medio ambiente. Estos científicos han pasado a formar parte de una estrategia corporativa en la que participan cabilderos y agencias de relaciones públicas que han ido sirviendo a uno y otro sector industrial para proteger sus intereses de las políticas públicas
Desde la industria del tabaco que destino millones de dólares a “expertos” y campañas para negar el impacto del tabaco en la salud y su carácter adictivo; pasando por la industria del petróleo, el carbón y el gas que ha destinado millones de dólares a científicos, organizaciones y campañas para negar que el cambio climático esté relacionado con la quema de combustibles fósiles; hasta la industria de las bebidas azucaradas y la comida chatarra que financia científicos y organizaciones a modo para negar su vínculo con la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares que se extiende por el planeta; desde entonces hasta ahora, diversos grupos de científicos han jugado un papel fundamental para defender los intereses de la gran industria y bloquear las políticas para la protección de la salud pública y el medio ambiente.
El caso del tabaco es ejemplar porque muestra la estrategia de las grandes corporaciones. Desde los años 1940 se descubrió la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer pero fue hasta 1964 que en los EUA, oficialmente, fueron reconocidos sus efectos. Y tendrían que pasar 40 años más para que a escala internacional se aprobara la Convención Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 2004. La liberación de miles de documentos internos de la industria de tabaco, a partir de demandas que se presentaron en los EUA, mostraron la estrategia de la industria para detener las regulaciones que podrían afectar sus ganancias a costa de la salud y vida de cientos de miles y millones de personas. Hay que recordar que uno de cada dos fumadores muere por una enfermedad relacionada al tabaquismo. ¿Cuántas vidas no se hubieran salvado si se hubiera actuado en cuanto la evidencia existía?. La estrategia de la industria del tabaco se enfocó en un aspecto central: mantener la controversia científica en contra de la evidencia.
Hay que partir de que las políticas públicas se elaboran por consensos y de que la investigación científica se caracteriza por la incertidumbre. Y la incertidumbre se reduce con la evidencia. Las corporaciones del tabaco se enfocaron, como las petroleras y las de bebidas y comida chatarra lo hacen hoy en día, en negar la evidencia, generar la duda, crear la sensación de incertidumbre. Para ello, los científicos que trabajan para el interés privado se enfocan en alentar la controversia para detener las políticas públicas, las regulaciones.
En uno de los documentos internos de Philip Morris liberados a partir de las demandas a la industria tabacalera se establecía la estrategia: “nosotros estamos proponiendo en países clave establecer grupos de científicos organizados por un coordinador nacional y abogados americanos con el fin de mantener la controversia sobre el humo del tabaco (daños)”. El fin es mantener la controversia, señalar que hay incertidumbres, que no hay consenso. No importa que sean un puñado reducido de expertos frente a cientos y miles más que muestran la evidencia y llegan al consenso; ellos tendrán, gracias al poder de las corporaciones, el espacio suficiente en los medios de comunicación, el acceso a los tomadores de decisión, a los legisladores, para sembrar la duda.
Esta estrategia la siguió la industria de los combustibles fósiles financiando a una serie de “mercenarios” científicos que se dieron en llamar los “escépticos” porque no creían en el cambio climático. Desde 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la industria ligada a estos intereses conformó la Coalición Global del Clima, que llegó a esa cumbre de la mano del presidente Bush para impedir cualquier acuerdo de reducción de emisiones de gases invernadero. Tiempo después, la empresa British Petroleum (BP), reconoció públicamente que durante años patrocinó al American Legislative Exchange Council un organismo dedicado a influir en la percepción de los congresistas de los EUA para que negaran que el cambio climático era generado por la quema de combustibles fósiles. Toda esta labor siempre fue sustentada en los documentos de los científicos a modo. BP terminaría aceptando, junto con Shell, el cambio climático y su origen antropogénico, no así la mayoría de las petroleras estadounidenses. Esta práctica ha sido determinante para que la mayor parte de la población estadounidense no reconozca las causas del cambio climático y que en el congreso de los EUA no se firmen los acuerdos internacionales para combatirlo.
El caso del cambio climático es claro: un puñado de científicos niegan su causa humana frente a miles de expertos en clima de todo el mundo que participan en el mayor esfuerzo científico internacional de la historia de la humanidad a través del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) creado por Naciones Unidas. El IPCC no sólo ha concluido que este fenómeno está causado por las actividades humanas, ha alertado el riesgo de que estemos entrando en una situación climática irreversible, de retroalimentación en que el cambio climático se acelere. El puñado de “escépticos” ha estado formado por expertos financiados, principalmente, por la industria de los combustibles fósiles, una industria que los posiciona en los medios y les abre las puertas para influir en los tomadores de decisión. Es así que la evidencia queda puesta en duda y el cambio climático avanza. Se han perdido más de 25 años sin que se tomen las medidas necesarias para disminuir el impacto del cambio climático, un periodo insignificante en la historia de la humanidad pero muy grande en relación al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y avance del cambio climático. La posición de Obama y del Papa Francisco puede impulsar un cambio positivo.
La industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas ha entrado de lleno en esta práctica de financiar a expertos y organizaciones para tratar, a través de generar la controversia y la duda sobre la evidencia científica, de bloquear las políticas de salud pública que pueden afectar sus ventas y ganancias. El escándalo se desató recientemente en los EUA a partir de un artículo del New York Times en que se dio a conocer que la organización Global Energy Balance Network (Red Global de Balance Energético), ha venido recibiendo financiamiento de Coca Cola. Esta organización, compuesta por un grupo de científicos que se ha dado en llamar “la voz de la ciencia”, se ha enfocado en señalar que el problema de salud pública que vivimos por la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, no está en lo que se come, sino en la falta de ejercicio. El NYT no sólo reveló el financiamiento de Coca Cola a esta organización, incluso, encontró que el registro de la página web se había realizado desde la casa matriz de Coca Cola en Atlanta.
Para esta industria México es de especial interés ya que somos los mayores consumidores de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados y, especialmente, a raíz de los impuestos que se han establecido a estos productos. Por lo tanto, se ha lanzado una nueva etapa de esta estrategia en México. La semana pasada la gran industria de alimentos y bebidas, sometidas a la estrategia de Coca Cola, trajo a México a parte de estos “expertos” para realizar el foro “Evidencia Actual en Edulcorantes y Salud”, con el objetivo central de sembrar la duda, generar la percepción de incertidumbre y combatir las medidas regulatorias y de política pública contra la obesidad. Los “expertos” señalaron que el consumo de azúcar y las bebidas azucaradas no tienen relación con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y, especialmente, que los impuestos a estos productos no funcionan. El tema es el consumo y gasto de calorías, no el tipo de alimentos: los mismos argumentos de los científicos pagados por Coca Cola en EUA y que generaron el escándalo.
El grupo de “expertos” venía comandado por el Dr. James Rippe que se ha especializado en negar el impacto del azúcar y el consumo de bebidas azucaradas sobre las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes. El Dr. Rippe recibió más de 10 millones de dólares para realizar su investigación de parte de la Asociación de Refinadores de Maíz de los EUA que producen el jarabe de maíz de alta fructuosa utilizado para endulzar los refrescos y las bebidas azucaradas, además de una paga mensual de 40 mil dólares por parte de esta asociación. El Dr. Rippe ha creado una institución con su nombre gracias al financiamiento de varias empresas, entre ellas Coca Cola. Otros de los invitados fue el Dr. Johnm Sievenpiper que ha recibido fondos directos para investigación, y para realizar viajes para presentar sus resultados, por parte de la empresa Coca Cola. El tercer invitado a hablar sobre el tema fue el Dr. John White que se dedica a dar servicios profesionales a la industria de alimentos y bebidas.
Como en el caso del tabaco y del cambio climático, la evidencia sobre los daños del azúcar – ya sea azúcar de caña, de remolacha o jarabe de maíz de alta fructuosa – tiene ya una larga historia. La evidencia llevó a que la Organización Mundial de la Salud, desde 2002, estableciera una recomendación de máximo de consumo tolerable de azúcar al día correspondiente a 10% del consumo total de calorías. Es decir, para un adulto con un promedio de 2000 calorías al día, el máximo tolerable debería ser de 200 calorías. Convertidas en cucharadas cafeteras son 10 cucharadas cafeteras como máximo para todo un día. Una Coca Cola de 600 ml contiene 12 cucharadas: más que el máximo para todo un día. Para 2014, con toda la evidencia científica disponible, la OMS volvió a realizar esta recomendación señalando que para un mayor cuidado de la salud el consumo de azúcar no debería exceder el 5% del consumo total de calorías, es decir, 5 cucharadas cafeteras al día, lo que contiene un solo Frutsi.
Una serie de instituciones de investigación, academias científicas, organismos internacionales y asociaciones de profesionales han establecido y reconocido la evidencia del daño de los azúcares añadidos en la salud. Para que la OMS llegara a las recomendaciones sobre ingesta de azúcar pasaron muchos años de acumulación de evidencia sobre el daño de este producto, como había pasado con el tabaco. El común denominador de estas instituciones es que están libres de conflicto de interés, su posición no está determinada por las corporaciones de alimentos y bebidas. Nuevamente, son un puñado los expertos que niegan esa evidencia, que patrocinados por la industria buscan sembrar la duda, la incertidumbre. Del otro lado, son cientos y miles los expertos respaldados por las más prestigiosas instituciones y por los organismos internacionales que urgen políticas públicas para disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados que tienen en común un alto contenido de azúcar, grasas y/o sal.
Para darse una idea de los grupos que forman parte de esta estrategia de la industria para evitar las regulaciones en México hay que señalar que el evento de la semana pasada fue organizado por el International Life Sciences Institute (ILSI) de México, que tiene como miembros asociados a Coca Cola, Bimbo, Danone de México, Kellogg´s de México, Kraft Foods de México, Mars México, Nestlé México, Monsanto Comercial y PepsiCo, entre otros. ILSI de México está bajo la presidencia de Raúl Portillo A. quien a su vez es director de asuntos científicos y regulatorios de Coca Cola. El ILSI ha sido considerado como un grupo de cabildeo y presión de la industria. El propio Parlamento Europeo en 2012 se enfrentó a miembros de la Autoridad Europea de Seguridad en Alimentos señalando sus vínculos con ILSI y que esto constituía un conflicto de interés que afectaba la misión de esa autoridad para la protección de la salud pública. De igual manera, la OMS decidió retirar la participación de ILSI de un grupo de consulta sobre estándares de seguridad para alimentos y agua por conflicto de interés en 2005.
Al evento de la semana pasada también convocó el Rippe Lifestyle Institute, formado por el propio Dr. Rippe, que ha recibido financiamiento de PepsiCo International, Kraft Foods, ConAgra Foods y Weight Watchers. Los socios del Rippe Lifestyle Institute incluyen a Coca- Cola, Dr. Pepper, Snapple Group, McDonald´s, Kellogg´s y General Mills.
Paralelamente al escándalo en EUA y al lanzamiento de la nueva etapa de la estrategia corporativa en México, y en sentido totalmente contrario: la Organización Panamericana de la Salud, que es la representación en la región de la Organización Mundial de la Salud, publicó el reporte «Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas». que muestra como el creciente consumo de alimentos ultraprocesados, justamente los que producen estas empresas, son el motor de la epidemia de obesidad en América Latina.
La defensa de la salud pública, del medio ambiente, de los bienes comunes, se ha convertido en un enfrentamiento contra los intereses de ciertos grupos de corporaciones que representan la principal amenaza. En su defensa, las empresas involucradas se han armado con grupos de científicos y organizaciones a las que financian abundantemente. Los tomadores de decisión, los medios de comunicación, los profesionales, los estudiantes, la sociedad en general, deben vigilar el conflicto de interés de los expertos y de las organizaciones que los promueven. Es una pena que universidades como la Iberoamericana y la del Valle de México hayan aceptado co-convocar a este evento y llevado a sus estudiantes sin generar en ellos una visión crítica del conflicto de interés. Espero que este artículo llegue a algunos de ellos.
Por último, puede existir la investigación financiada por la iniciativa privada, pero cuando esta se dirige o es utilizada para posicionarse frente a políticas públicas, debe vigilarse que no exista ningún conflicto de interés, de lo contrario, el bienestar público será sacrificado por el beneficio privado, como ha venido ocurriendo en muchos casos.
