El Estado como expresión de un contrato social que vela por el interés y bien general, como expresión de la democracia, de una soberanía que reside en el pueblo, está cada vez más lejos de la realidad tras su captura tanto por los poderes fácticos legales (las grandes corporaciones), como por los poderes fácticos ilegales (la corrupción y el crimen organizado).
La participación social en la gestión pública, entendiendo a ésta participación en su dimensión amplia, desde las comunidades hasta los expertos independientes, es combatida por los poderes fácticos legales como ilegales. Para el crimen organizado es una amenaza que existan organizaciones civiles que protejan el bienestar colectivo en una región que controla o pretende controlar, para una gran corporación representa una amenaza que exista representación de expertos y organizaciones independientes en los órganos que regularán sus prácticas.
La dimensión del impacto de la captura del Estado por los poderes fácticos legales se puede entender si consideramos que las prácticas de las grandes corporaciones son responsables de más muertes en el siglo XX que las provocadas por las guerras. Se estima que la industria del tabaco fue responsable de la muerte de alrededor de 100 millones de personas el siglo pasado. Esta estimación la realizamos sólo considerando los impactos de las corporaciones que producen y comercializan productos que atentan contra la salud en el mundo (comida chatarra, tabaco y alcohol) y cuyos impactos podrían evitarse con regulaciones basadas en la evidencia científica, regulaciones que han sido propuestas y que el poder de estas corporaciones ha logrado posponer, debilitar o manipular. No hablamos de prohibiciones, sólo de regulaciones.
Bajo esta lógica, no es de extrañar que las principales causas de enfermedad y muerte a escala global son provocadas por un grupo de grandes corporaciones que impiden que se regulen la comercialización de sus productos. La omnipresencia de sus productos y su intensa y poderosa publicidad con alto poder persuasivo marcan las pautas de consumo.
La industria de la comida chatarra, la del tabaco y la del alcohol son en este momento la principal causa de enfermedad y muerte. Su práctica es Legal pero Letal. “Lethal but Legal” es el título del libro de Nicholas Freudenberg en el que documenta como las corporaciones multinacionales nos manipulan, se hacen del poder y llevan al hiperconsumo de sus productos y sus consecuencias sobre la salud de las personas.
Freudenberg expone como las corporaciones niegan la evidencia científica de sus impactos, evitan las regulaciones y controlan las políticas públicas y los órganos reguladores. No sólo documenta las prácticas de las corporaciones de la comida chatarra, el tabaco y el alcohol; expone cómo la industria de las armas ha invadido el mercado haciendo accesible sus productos a bajos precios a los más jóvenes, con regulaciones extremadamente débiles o inexistentes, demostrando que sus prácticas de comercialización han aumentado la cantidad de muertes por armas; cómo la industria farmacéutica ha introducido una serie de productos al mercado de forma irresponsable provocando que la mortalidad por reacciones a los medicamentos duplique ya la mortalidad por alcohol y cómo la industria automotriz se ha resistido a mejorar la seguridad en los vehículos y disminuir sus emisiones provocando decenas y cientos de miles de muertes por accidentes y por contaminación del aire que podrían haberse prevenido con tecnología existente y accesible. En algunas naciones la seguridad y eficiencia en los vehículos ha avanzado, sin embargo, las empresas trasnacionales producen vehículos con doble estándar, más seguros y eficientes para el primer mundo, más inseguros e ineficientes para el tercer mundo. En México se producen más seguros y eficientes para el primer mundo y más inseguros e ineficientes para el mercado interno.
La concentración de la producción en un puñado de grandes corporaciones ha generado una acumulación económica que les ha dado a estas corporaciones un poder superior al de la mayor parte de las naciones del mundo.
Sin mencionar los impactos en enfermedades crónicas que afectan la economía de las familias y del Estado, la mortalidad provocada por productos como el tabaco y la comida chatarra son, sin duda, la principal causa de muerte en nuestro país.
En México mueren alrededor de 60 mil personas cada año por fumar o haber sido expuestas de manera crónica en el trabajo o el hogar al humo de fumadores. Se estima que uno de cada dos fumadores muere a causa de una enfermedad generada por el tabaco. El poder de las tabacaleras en México ha sido determinante para evitar y debilitar las regulaciones. Las inversiones de Carlos Slim en la industria del tabaco y su participación en el consejo directivo de Altria y Philip Morris International y su cabildeo con el presidente Fox llevó a negociaciones que impidieron durante años que se incrementaran los impuestos al tabaco y que se regulara débilmente su publicidad. Lo que ha seguido lo conocemos: el bloqueo del establecimiento una regulación federal para los espacios libres de humo, el establecimiento de una fuerte regulación de la publicidad que incluya la publicidad integrada en programas de televisión y películas, que los impuestos al tabaco se ajusten a la inflación, que las imágenes en las cajetillas sean mayores y realmente persuasivas, que se evite la exposición del producto en los puntos de venta y prohibir estrategias de comercialización a los jóvenes. En cientos de miles de tiendas en toda la República, desde misceláneas hasta los Oxxos, este producto se expone directamente a los consumidores al momento de pagar, justamente tras el dependiente, con el mejor posicionamiento.
Por su parte, la comida chatarra tiene impactos desastrosos en la economía y la salud pública del país. Tan sólo el consumo de refrescos se estima causa más de 24 mil muertes anuales en México. Evidencia científica muy reciente comprueba que el consumo de estas bebidas aumenta los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares con niveles de consumo como los que tiene en promedio la población mexicana. Esta evidencia seguramente disparara las proyecciones de mortalidad por el consumo de refrescos en México y el mundo. Por su lado, la diabetes es responsable de más de 80 mil muertes y los costos de la obesidad se estiman que llegarán a más de 200 mil millones de pesos en el 2017, de acuerdo a una declaración reciente de un alto funcionario de Salud. Tres de cada cuatro camas de hospital es ocupada por una persona que sufre un daño provocado por el sobrepeso y la obesidad.
Sin embargo, la publicidad de alimentos y bebidas sigue siendo engañosa e invasiva con una regulación débil y no aplicada en la mayoría de los casos; los productos llevan etiquetados que nadie entiende y que inducen al consumo de altas cantidades de azúcar; la industria maneja los precios, por ejemplo, para vender más barato el refresco que el agua. La industria de la comida chatarra y los refrescos cabildea y bloquea legislaciones en el Congreso; logra el apoyo de instituciones gubernamentales, como COFEPRIS, para diseñar las regulaciones a su manera, estableciendo como obligatorios etiquetados que nadie entiende y regulaciones a la publicidad dirigida a la infancia que dejan un margen muy efectivo para seguir impactando a esta población de manera altamente disuasiva.
En nuestro país, las regulaciones al tabaco y la comida chatarra se mantienen debilitadas bajo la influencia de las grandes corporaciones a través de una estrecha cercanía entre las corporaciones y la autoridad reguladora. A los expertos, las instituciones de salud púbica y las organizaciones libres de conflicto de interés no participan en la elaboración de estas regulaciones, se les ha hecho a un lado. No sólo se hace o mantiene la regulación a modo de las grandes corporaciones, el gobierno actúa apoyando la estrategia de estas corporaciones en organismos internacionales para combatir regulaciones que otras naciones han implementado. Se ha documentado aquí en Sin embargo cómo la Secretaría de Economía protestó, al lado de la industria del tabaco, contra las regulaciones de Australia sobre el empaquetado de los cigarrillos; también su intervención para oponerse al etiquetado frontal del semáforo en Ecuador para alimentos y bebidas: ambas regulaciones reconocidas como las más avanzadas a escala internacional.
La humanidad durante el siglo XX presentó avances en esperanza de vida, en higiene, en combate a las enfermedades transmisibles. Sin embargo, a partir de los años cincuenta del siglo pasado dio inició el desarrollo de grandes corporaciones que comenzaron a dominar mercados. Con la era de Reagan y Thatcher, se debilitaron las regulaciones a las prácticas anticompetitivas y monopólicas y muchas otras regulaciones que velaban por el interés público. Las corporaciones avanzaron en la concentración de poder, gracias a que diversos gobiernos pusieron su interés en velar más por los beneficios privados de la gran industria que por el bienestar público.
“Con lo que sabemos hoy, cambiando la práctica de unas cientos de corporaciones se tiene el potencial de prevenir millones de muertes prematuras y decenas de millones de enfermedades y daños”, escribe Nicholas Freudenberg, señalando que nunca antes la humanidad había tenido el conocimiento y la capacidad para enfrentar esta situación que afecta de manera más grave a los más pobres, a los que sufren la profunda inequidad que está aumentando a escala global.
Freudenberg reconoce el papel que han jugado las corporaciones en el mundo moderno y deja en claro que no tiene una posición contra las corporaciones, aunque señala que el proceso que se ha vivido en los últimos decenios, con la captura y secuestro del Estado, está implicando que sus prácticas se conviertan en un atentado y amenaza contra la salud de la población mundial.
Es así que las prácticas de estas corporaciones se mantienen como legales pero letales, convirtiéndose en la mayor causa de enfermedad y muerte en el mundo.
