La única forma en que una mafia territorial como la de Michoacán pueda mantenerse a lo largo de tantos años es porque está cimentada en el poder público. La sabíamos, o más bien, lo sospechábamos, pero no existían los elementos para sostenerlo. La caída del secretario de Gobierno y gobernador interino, Jesús Reyna, y la aparición, según refiere Carlos Loret de Mola en su columna, de un video del hijo del gobernador Fausto Vallejo, “El Gerber”, con la Tuta, no hace sino corroborar eso que era evidente pero no se había demostrado.
Los vínculos entre la delincuencia organizada y el poder es orgánica. Eso no quiere decir, por supuesto, que todas las autoridades estén vinculadas con la mafia (es una simplificación absurda en la que los medios caemos con demasiada frecuencia) pero sí que toda mafia tiene necesariamente un vínculo político que la protege; detrás de una gran narco hay un gran político.
Uno de los peores errores que cometió Calderón en la lucha contra el narco, más allá de los obvios que tienen que ver con comunicación, fue no haber tocado la estructura política que le brinda protección. El único intento, y que le salió fatal, fue el famoso “michoacanazo”, pero en los escritorios de los tomadores de decisiones se quedaron decenas de expedientes sobre vínculos de funcionarios y gobernadores que protegían y protegen al crimen organizado y no quisieron, o no pudieron, dar ese paso. En la “nueva” estrategia del gobierno de Peña tampoco parece haber demasiado interés por tocar a la clase política. Salvo en el caso de Michoacán, donde para deshacer la madeja han tenido que cortar algunos hilos de alcaldes y al secretario de gobierno, el gobierno priista tampoco ha podido, querido, tocar altos funcionarios.
Si se comprueba el vínculo del hijo del gobernador con el narco, y ya detenido su operador político y hombre de confianza, Jesús Reyna, ¿qué sigue para Vallejo? Si lo dejan terminar el periodo tendrá un altísimo costo en la confianza de los ciudadanos con posibles repercusiones en lo electoral; si lo enferman (más de lo que está) será un mensaje de impunidad para todos los gobernadores del país; si lo tocan el mensaje será no solo para la Familia Michoacana, sino para toda la familia política de Michoacán y del país.
La convivencia entre narco y política no es exclusiva de Michoacán, sucede en muchos otros estados y ciudades de la república. Hasta ahora la estrategia del gobierno de Peña es apenas diferenciable de la de Calderón, y los resultados, aunque no les guste oírlo, idénticos. Lo que puede cambiar el rumbo del combate a las mafias y el crimen organizado es que ahora sí se persiga no solo a la Familia Michoacana sino también a la Familia Política. Una paso nada sencillo, pero fundamental para reconstruir el Estado de derecho en este país.
